El caso federal contra David Rivera: FARA, lavado de dinero y la batalla legal que podría redefinir el alcance del lobby extranjero en EE.UU.
El proceso penal federal contra el excongresista republicano de Florida David Rivera y su coacusada Esther Nuhfer avanza hacia una fase decisiva con implicaciones que trascienden lo judicial y alcanzan la política exterior, la seguridad nacional y la regulación del lobby extranjero en Estados Unidos.
El caso —United States v. David Rivera et al., No. 22-20552-CR-DAMIAN—, iniciado en noviembre de 2022 con un superseding indictment, se desarrolla en el Tribunal del Distrito Sur de Florida bajo la jueza federal Melissa Damian. A febrero de 2026, el juicio se aproxima en medio de decisiones clave: la corte ha denegado intentos de descalificar a fiscales y ha anulado citaciones a figuras políticas consideradas irrelevantes para el proceso.
En el centro del expediente, el Departamento de Justicia acusa a Rivera y Nuhfer de violar la Foreign Agents Registration Act (FARA), conspirar contra EE.UU. y participar en esquemas de lavado de dinero vinculados a presuntas operaciones de influencia del entorno del régimen venezolano.
El origen del caso: un contrato millonario y la sospecha de influencia extranjera
La investigación federal se remonta a gestiones de lobby realizadas en Washington presuntamente en nombre del empresario venezolano Raúl Gorrín, aliado político de Nicolás Maduro y sancionado por Estados Unidos por corrupción.
Según la acusación, un contrato de consultoría por 50 millones de dólares con PDV USA, filial estadounidense de PDVSA, habría servido como fachada para promover intereses políticos del gobierno venezolano en territorio estadounidense.
El Departamento de Justicia sostiene que PDV USA operaba como instrumento del régimen y que Rivera y Nuhfer actuaron como intermediarios para influir en decisiones políticas, relaciones diplomáticas y disputas corporativas vinculadas al sector energético.
Los cargos: FARA, conspiración y lavado de dinero
La acusación federal incluye tres ejes principales:
Violación de FARA
La acusación sostiene que Rivera y Nuhfer realizaron actividades políticas en nombre de un principal extranjero sin registrarse ante el Fiscal General, requisito obligatorio bajo FARA. Estas gestiones habrían incluido reuniones con funcionarios estadounidenses, intentos de normalizar relaciones con Caracas y esfuerzos para mitigar sanciones.
Conspiración contra Estados Unidos
Los fiscales alegan un acuerdo para ejecutar estas actividades mediante comunicaciones cifradas, coordinación financiera y contactos políticos estratégicos.
Lavado de dinero
El expediente señala que Rivera habría recibido más de 23 millones de dólares derivados del esquema y desviado fondos a empresas vinculadas, pagos a Nuhfer y a terceros, incluyendo transacciones destinadas a ocultar el origen de los recursos.
El núcleo jurídico: ¿consultoría legítima o agencia extranjera encubierta?
La disputa central del caso gira en torno a la naturaleza del contrato con PDV USA.
El gobierno federal sostiene que:
- PDVSA es controlada por el régimen venezolano;
- cualquier actividad política vinculada a sus intereses equivale a actuar para un gobierno extranjero;
- y el incumplimiento del registro bajo FARA constituye delito.
La defensa de Rivera, en contraste, afirma que:
- el contrato fue legítimo y comercial;
- las gestiones eran consultoría estratégica, no lobby político;
- y no existía obligación de registrarse al no actuar directamente para el gobierno venezolano.
El precedente judicial en casos como United States v. Rafiekian obliga al gobierno a demostrar control directo del principal extranjero, un elemento que podría ser determinante para el veredicto.
El papel del testigo cooperante Hugo Perera
Una figura clave del caso es el empresario y exnarcotraficante, Hugo Perera, quien introdujo a Rivera en la red de contactos vinculada a Gorrín y posteriormente cooperó con las autoridades federales entregando documentos, comunicaciones y registros financieros.
Perera no enfrenta cargos penales, pero su testimonio es considerado central para demostrar la intencionalidad de las operaciones y la estructura financiera del esquema investigado.
El rol de Marco Rubio: testigo, no acusado
El actual Secretario de Estado Marco Rubio aparece en el expediente como figura periférica pero relevante.
Según la acusación:
- Rivera se reunió con Rubio en 2017 para discutir propuestas relacionadas con Venezuela;
- las comunicaciones buscaban facilitar un eventual proceso político o diplomático con Caracas.
Rubio ha reconocido la reunión, pero ha sostenido que desconocía cualquier vínculo de Rivera con el gobierno venezolano y mantiene su posición pública de respaldo a sanciones contra el régimen de Maduro.
Fiscales podrían llamarlo como testigo para corroborar las gestiones de lobby; la defensa, en cambio, busca usar su testimonio para argumentar que se trató de contactos políticos legítimos y no de influencia clandestina.
No existe ninguna acusación penal contra Rubio.
Susan Wiles: un nombre descartado por la corte
Otro actor mencionado fue Susan Wiles, actual jefa de gabinete de la Casa Blanca, quien fue citada por la defensa debido a su pasado como lobista en la firma Ballard Partners, donde trabajó en proyectos relacionados con Globovisión.
El tribunal anuló su citación al considerar:
- falta de relevancia directa con los cargos;
- carácter especulativo del testimonio;
- y potencial interferencia con funciones oficiales.
La decisión refuerza la postura judicial de limitar el proceso a evidencias directamente vinculadas al núcleo del caso.
Implicaciones para el sistema FARA y la política estadounidense
El proceso se desarrolla en un contexto de mayor escrutinio sobre la influencia extranjera en Washington.
Desde 2016, el Departamento de Justicia ha intensificado la aplicación de FARA, usándola como herramienta para enfrentar operaciones políticas encubiertas de gobiernos extranjeros.
Una eventual condena podría:
- ampliar el alcance interpretativo de FARA;
- afectar contratos con empresas estatales extranjeras;
- y fortalecer investigaciones sobre redes de lobby vinculadas a gobiernos sancionados.
Una absolución, por el contrario, podría limitar la capacidad del gobierno para demostrar agencia extranjera en contratos con entidades corporativas controladas por Estados.
Un juicio con consecuencias más allá del tribunal
El caso Rivera se ubica en la intersección entre derecho penal, geopolítica y seguridad nacional. Con el juicio en el horizonte, el veredicto tendrá repercusiones que podrían redefinir la interpretación moderna de FARA y el tratamiento penal de operaciones de influencia vinculadas a Estados extranjeros en territorio estadounidense.