En el intrincado mundo del narcotráfico transnacional, pocos casos ilustran tan claramente la intersección entre el poder estatal y el crimen organizado como el de Carlos Eduardo Orense Azócar, conocido como «El Gordo». Este venezolano de 70 años, originario de Anaco en el estado Anzoátegui, ha sido un engranaje clave en el denominado Cartel de los Soles, una red criminal que involucra a altos funcionarios militares y políticos de Venezuela. Su trayectoria culminó en una condena por narcotráfico y posesión de armas en una corte federal de Nueva York, donde el juez de la causa determinó que debe pasar el resto de su vida tras las rejas.
El juez el juezVernon S. Broderick, titular del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York dictó sentencia de cadena perpetua más una sentencia de 30 años de prisión, tras haber sido declarado culpable por un jurado previamente que analizó los documentos judiciales presentados por la fiscalía, haber escuchado testimonios de testigos cooperantes y conocer reportes periodísticos, que comprobaron cómo Orense Azócar operó durante más de una década como facilitador logístico para el envío de miles de kilogramos de cocaína hacia Estados Unidos, con el respaldo de instituciones venezolanas como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y Petróleos de Venezuela (PDVSA). La sentencia se produjo luego de múltiples aplazamientos, el último en diciembre de 2025 con lo que, junto al veredicto de culpabilidad de diciembre de 2023, se sella su destino: una vida tras las rejas en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, donde ha pasado más de tres años y medio en condiciones precarias.
Los orígenes: de empresario a narcotraficante
Carlos Orense Azócar no surgió de la nada en el mundo del crimen. Antes de su involucramiento en el narcotráfico, trabajó como funcionario aduanero e inspector financiero en Venezuela. En la década de 2000, se convirtió en propietario de una finca lechera en Anaco, pero su verdadero ascenso vino de la mano del Cártel de los Soles, una organización que utiliza uniformes militares y recursos estatales para proteger envíos de droga. Según la acusación del Departamento de Justicia de EE.UU., Orense facilitaba pistas de aterrizaje clandestinas en territorio venezolano, coordinaba pagos multimillonarios y aseguraba la protección de cargamentos de cocaína procedentes de Colombia, con destinos en Puerto Rico, República Dominicana, México y, finalmente, Estados Unidos.
Sus conexiones eran de alto nivel: testimonios en el juicio lo vincularon directamente con Hugo Armando Carvajal Barrios, alias «El Pollo», exjefe de inteligencia militar venezolana; Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional; y Tareck El Aissami, exvicepresidente. Orense pagaba sobornos a militares venezolanos para usar uniformes oficiales en operaciones de seguridad y obtenía combustible de PDVSA para aviones y lanchas rápidas «go-fast boats». Envíos clave incluyeron 5.000 kilogramos a México en 2007-2008 y múltiples cargamentos de 1.000 kilogramos en Caracas entre 2008 y 2009. En 2016, interceptaciones marítimas de la Guardia Costera de EE.UU. decomisaron cerca de 1.250 kilogramos en operaciones vinculadas a él.
Orense no era un simple transportista; su rol era estructural. Testigos cooperantes (identificados como CW-1, CW-2, CW-3 y CW-4 en documentos judiciales) describieron cómo armaba equipos con ametralladoras AK-47, M4 y FN P90 para proteger los envíos, violando leyes federales sobre armas en relación con delitos de drogas. A diferencia de otros acusados como Carvajal o Clíver Alcalá Cordones, Orense rechazó cooperar con la justicia estadounidense, lo que eliminó cualquier posibilidad de reducción de pena.
El proceso judicial: de la extradición a la condena
Arrestado en Italia en abril de 2021 bajo una alerta roja de Interpol, Orense fue extraditado a EE.UU. en 2022. El caso, United States v. Azocar (1:21-cr-00379, SDNY), se inició con cargos por conspiración para importar cocaína (21 U.S.C. § 963), violación de leyes marítimas de drogas (46 U.S.C. § 70506), y posesión de armas en delitos violentos (18 U.S.C. § 924(c) y (o)).
El juicio, que duró 12 días en diciembre de 2023, presentó evidencia abrumadora: testimonios de cooperantes, registros de comunicaciones y decomisos. El jurado lo declaró culpable en tres de cuatro cargos, absolviéndolo solo del relacionado con lanzagranadas. La fiscalía enfatizó el daño causado por el flujo de cocaína a EE.UU., mientras la defensa cuestionó la credibilidad de los testigos.
La defensa presentó mociones para un nuevo juicio en mayo de 2025, argumentando insuficiencia de pruebas, pero el juez Broderick las rechazó. La sentencia se aplazó repetidamente: de octubre de 2025 a diciembre 10 de 2025, y nuevamente en esa fecha, convirtiéndose en una conferencia de estatus. El juez anunció una decisión escrita inminente, considerando factores humanitarios bajo 18 U.S.C. § 3553(a).
El resto de su vida en la cárcel
Antes del dictamen del juez, se manejaron varias hipótesis con respecto a la sentencia, manejado desde establecerle la pena mínima obligatoria: 10 años por los cargos de drogas más 30 años consecutivos por armas, totalizando 40 años. Para un hombre de 70 años con hipertensión, diabetes tipo 2 y problemas prostáticos, esto igualmente habría significado morir en prisión pues habría sido una cadena perpetua de facto. La defensa, en un memorando de 13 páginas, suplicó clemencia, citando su rol familiar (padre y abuelo devoto), falta de antecedentes previos y las duras condiciones en MDC Brooklyn: apagones, confinamientos prolongados, violencia diaria y atención médica deficiente. Cartas de familiares, como su hija Virmaryz, describen el impacto emocional: nietos preguntando por su regreso, temiendo que nunca vuelva.
La fiscalía, por su parte, insistió en todo momento en los 40 años exactos, destacando la escala del crimen y su rechazo a colaborar. Orense, incluso, apeló el veredicto.
Implicaciones más amplias: un golpe al Cartel de los Soles
Este caso expone cómo el Cartel de los Soles opera como una extensión del Estado venezolano, exportando no sólo droga, sino corrupción y violencia. Orense Azócar podría haber sido un testigo clave en los juicios contra Maduro y otros, pero su silencio lo condena. En un contexto donde Venezuela es un hub de narcotráfico —con reportes de 2024 señalando pagos a militares por protección—, su caída envía un mensaje: la justicia estadounidense no ceja en desmantelar estas redes.
Ahora la decisión escrita del juez Broderick, determina el destino de «El Gordo»: una vida en prisión, simbolizando el costo de aliarse con el narcoterrorismo.