El proceso de subasta de CITGO no deja de generar controversias, tanto por lo accidentado y complicado de la venta, como por sus implicaciones políticas y el desempeño de sus protagonistas, entre ellos, el designado perito judicial de la venta por el Tribunal de Delaware, ampliamente cuestionado en su desempeño: Robert B. Pincus.
También denominado maestro especial, Pincus, exsocio de Skadden Arps Slate Meagher & Flom LLP, tiene en su haber la impronta de la acusación por sobrefacturación de sus honorarios profesionales, tanto en la subasta de CITGO, como en otros en los que ha desempeñado roles similares, tal es el caso de TransPerfect, donde fue señalado de irregularidades y de incrementar sus honorarios por encima de USD 2 millones, cifra establecida legalmente por tales funciones. Se lo señala de conflictos de interés con actores del sistema judicial de Delaware.
Se sabe que en septiembre de 2021 Venezuela, PDVSA, ConocoPhillips y Crystallex remitieron al Tribunal de Delaware cartas archivadas bajo secreto en la que objetaron el pedido de Robert Pincus al juez Leonard Stark para que le autorizara superar el límite legal de honorarios de USD 2 millones (1).
El caso TransPerfect
Robert B. Pincus fue designado custodio de la venta de TransPerfect, una firma que provee a escala mundial soluciones lingüísticas y tecnológicas para empresas globales. La subasta de esta empresa tuvo lugar por una disputa entre sus cofundadores.
Como ya se dijo anteriormente, Pincus fue acusado de facturar hasta USD 90 000 mensuales en conceptos sin desglose detallado; imponer tarifas de USD 1 425 por hora; no utilizar el fondo de custodia para sus honorarios al exigir pago directo a la empresa; presentar facturas que una auditoría independiente calificó como imprecisas o infladas.
TransPerfect acusó a Pincus de deshonestidad, poco ético, mala conducta y de retener indebidamente USD 4 millones de fondos en custodia bajo falsos pretextos. Igualmente lo señaló de generar más horas facturables. TransPerfect logró que los tribunales rechazaran una acusación falsa de sanciones presentada por Pincus (2).
Designación de Pincus como perito judicial de la subasta de CITGO
Robert B. Pincus fue designado para coordinar la subasta de CITGO por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware, instancia que le encomendó supervisar el proceso de venta de las acciones de PDV Holding Inc., empresa matriz de CITGO Petroleum Corporation.
La venta del paquete accionario se circunscribe a la causa Crystallex International Corporation v. la República Bolivariana de Venezuela que cursa en el Tribunal de Delaware. Las partes en disputa han denunciado que Pincus excedió el límite de USD 2 millones en honorarios, al haber facturado más de USD 30 millones junto con su equipo.
Del mismo modo, se le señala de favorecer a ciertos postores, ocultar datos clave, y dificultar el acceso a información para los acreedores. En tal sentido, fue objeto de una moción de descalificación por parte de PDVSA, Citgo y la República de Venezuela, en la que recusaron su designación. El juez, Leonard Stark denegó el pedido, a pesar de cuestionamientos de parcialidad y falta de rendición de cuentas.
Actuación de Pincus en la subasta de CITGO
Por su papel en la subasta de CITGO, se han cuestionado los honorarios extraordinarios de Robert B. Pincus por onerosos, en razón de que él y su equipo han facturado casi USD 30 millones, con tarifas que llegan hasta USD 2 350 por hora — un solo mes de trabajo alcanzó los USD 4.1 millones (3).
Se dice que Pincus mantiene una posición parcial y manipula el proceso toda vez que ha bloqueado el acceso a información y diseñó un cronograma favorecedor de ciertos postores y limitante de las oportunidades de otros.
También propuso un plan que priorizaba “certeza de cierre” por encima del precio más alto, lo cual algunos califican de favoritismo hacia ciertos grupos (4).
Se acusa a Pincus de intentar frenar recursos legales paralelos de acreedores (ex parte), para proteger el proceso, actuación que genera sospechas sobre su neutralidad. Se le señala de formar parte de un “club” informal de influencias junto a figuras judiciales de Delaware, lo que debilita la percepción de independencia judicial.
Incluso, el juez de la causa, Leonard Stark lo reprendió públicamente por no respetar las reglas y por su excesiva facturación en septiembre de 2024 (5). Se le imputa que sus decisiones en la subasta de CITGO han levantado barreras legales y generado retrasos significativos (6).
Reputación pública y mediática de Robert Pincus
En artículos y reseñas de periodísticas de Reuters, Bloomberg, Law360 y Business Wire se han criticado las prácticas de Robert B. Pincus. Incluso, en vallas publicitarias en Washington D.C. lo apodaron como “El ambicioso profesor Pincus”.
Asimismo, organizaciones como Citizens for a Pro-Business Delaware han solicitado investigación sobre sus manejos. De él acusaron:
“Skadden y Pincus se han salido con la suya durante demasiado tiempo, abusando de sus ganancias mediante facturas legales excesivamente infladas. Nos aseguramos de que estos malhechores rindan cuentas públicamente por sus intentos desleales de inflar sus ganancias a costa de quienes supuestamente representan” (7).
Igualmente, esta organización critica el desempeño de Pincus en la subasta de CITGO por su sobrefacturación y por, supuestamente, dedicarse “a usar sus estrechos vínculos judiciales para estafar a la gente”. Subrayan que “Pincus incluso ha logrado la hazaña de unificar a las partes rivales en la disputa, ya que todas las partes involucradas… —incluyendo Venezuela, su petrolera estatal PDVSA, ConocoPhillips y Crystallex— han enviado cartas exigiendo saber por qué Pincus excedió el límite impuesto por la corte tan rápidamente” (8).
Pincus y los extrabajadores de PDVSA
La actuación de Robert B. Pincus en la subasta de CITGO genera grandes suspicacias en torno a los beneficios que obtiene por tal conducta, ejemplificada entre otros asuntos con su rechazo reiterado a las solicitudes de Leroy Garrett y de los extrabajadores de PDVSA.
Esto supondría beneficios tanto legales, estratégicos, como económicos, toda vez que al aceptar el pedido de los extrabajadores petroleros los estaría reconociendo como partes interesadas en el caso, lo cual complicaría el litigio actual, añadiendo nuevas demandas, reclamos y audiencias. También aumentaría la supervisión pública y legal sobre su rol y decisiones.
Del mismo modo, con esta conducta, Pincus mantiene el proceso cerrado y bajo control, sin tener que justificar sus decisiones ante un grupo adicional de acreedores.
Es significativo que, si Pincus acepta que los extrabajadores son acreedores válidos, podría forzarse una reasignación de fondos del proceso de subasta de CITGO para pagar compensaciones laborales y beneficios sociales. De allí su accionar frente a este grupo. Al rechazarlos, evita que se diluyan los fondos disponibles, lo que podría afectar los pagos destinados a su firma y a otros acreedores más poderosos como Crystallex o ConocoPhillips.
Por otra parte, aceptar las preguntas de Garrett podría implicaría la entrega información detallada sobre cómo se está manejando la subasta de CITGO y revelar cuánto está cobrando por su desempeño.
Robert B. Pincus evita tener que rendir cuentas públicamente así esto genere opacidad en sus decisiones, pues preserva su autoridad sin oposición. Su interés es, por tanto, proteger su autonomía y evitar que más partes reclamen un pedazo del proceso, lo que podría afectar los honorarios que él y su equipo cobran.
Minimiza cuestionamientos a sus cobros excesivos, al no tener que explicarlos frente a víctimas o trabajadores despedidos. Cuanto más cerrado y técnico se mantenga el proceso, más difícil es para terceros cuestionar sus honorarios.
Conducta reiterada que amerita revisión
Los patrones repetitivos de sobrefacturación, falta de transparencia y conexiones con el poder judicial de Delaware requieren de amplia una revisión e investigación independiente sobre la actuación de Robert B. Pincus, como perito judicial, tanto de la subasta de CITGO como de otros procesos en los que ha actuado.
El preciso exigir:
- Acceso público a todas las facturas de Robert B. Pincus.
- Supervisión externa e imparcial de sus actuaciones.
- Participación equitativa de todas las partes afectadas, entre ellos los 23 000 extrabajadores de PDVSA excluidos del proceso Citgo.
Vea en Sin Filtros “Maduro, Presos, Petróleo y Sanciones | Musk vs Trump”:
