La “Empresa criminal conjunta bolivariana” encabezada, primero por Hugo Chávez y luego por su sucesor, Nicolás Maduro, tendría en la “Empresa criminal del MAS” en Bolivia, un apéndice dedicado a actividades ilícitas que incluyen narcotráfico y narcoterrorismo —operando con el Cartel de Los Soles, las y el Cartel de las Estrellas—, corrupción sistémica y sobornos, fraude electoral asistido por Venezuela y Cuba, así como violaciones masivas de derechos humanos como tortura, secuestro, encarcelamiento
y ejecuciones extrajudiciales.
Así lo sostiene una demanda legal que alega una vasta conspiración criminal y terrorista internacional centrada en el régimen de Bolivia, principalmente bajo Evo Morales Ayma y Luis Arce Catacora, identificados como la potencial Empresa Criminal MAS.
Además, la demanda acusa al Departamento de Justicia de EE. UU. por supuesta negligencia, al no investigar estas violaciones ni liberar información FOIA, lo cual supuestamente facilitó los abusos y causó daños a miles de víctimas y un testigo protegido en Miami.
La empresa criminal del MAS
Ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida se presentó una demanda judicial interpuesta por » John Doe» —nombre de una organización de derechos humanos y 1 000 víctimas—, quien acusa a altos funcionarios del gobierno de Bolivia, específicamente a figuras del partido Movimiento al Socialismo (MAS), como Evo Morales Ayma y Luis Arce Catacora, de operar una vasta empresa criminal transnacional.
La demanda sostiene que esta organización, denominada la «potencial Empresa Criminal del MAS», está implicada en narcoterrorismo, fraude electoral sistemático, violaciones graves de derechos humanos y corrupción a gran escala, con operaciones que se extienden a territorio estadounidense.
La acción legal también se dirige contra altos funcionarios de agencias de EE. UU. por negligencia y por no investigar ni actuar sobre las múltiples denuncias presentadas, lo que viola leyes como la Ley de Reclamos Federales por Agravios (FTCA) y la Ley de Libertad de Información (FOIA).
Puntos clave de la demanda
La demanda busca compensación para las víctimas, la designación del MAS como una organización criminal y terrorista, al tiempo que exige que las agencias estadounidenses investiguen y sancionen a los responsables bajo leyes como RICO, la Ley Global Magnitsky y la Ley Antiterrorista.
Los puntos clave de la demanda son:
Empresa criminal conjunta:
Se alega que el MAS forma parte de la «Empresa criminal conjunta bolivariana», una red transnacional iniciada por Hugo Chávez, la cual utiliza empresas estatales como PDVSA para lavar dinero, financiar actividades ilícitas y sostener regímenes aliados en Bolivia, Cuba y Nicaragua.
Narcoterrorismo:
La demanda acusa a los regímenes de Morales y Arce de colaborar con el «Cartel de los Soles» de Venezuela y las FARC de Colombia, creando un «Cartel de las Estrellas» en Bolivia. El objetivo era no solo el enriquecimiento, sino también «inundar» a Estados Unidos con cocaína, utilizándola como un arma contra el país.
Fraude electoral perpetuo:
Se detalla un plan de fraude electoral sistémico financiado y orquestado por Venezuela desde 2006. Esto incluye la intervención en la digitalización de cédulas de identidad y la creación de un padrón biométrico inflado con hasta 2 millones de «votantes fantasmas», un sistema que, según una ex vocal electoral, asegura que el MAS «nunca pierda una elección».
Violaciones de Derechos Humanos:
Se documentan extensas violaciones, entre ellas la detención arbitraria y encarcelamiento falso de más de 300 opositores políticos bajo el pretexto de un «golpe de Estado» en 2019, así como tortura, persecución judicial y asesinatos extrajudiciales. Se destaca la muerte en circunstancias no esclarecidas de un testigo protegido en Miami, Florida, tras recibir amenazas de muerte del régimen de Arce Catacora.
Corrupción y lavado de activos:
Se exponen múltiples esquemas de corrupción, entre ellos sobornos de empresas como Odebrecht, un presunto esquema de sobornos familiares del expresidente Arce a través de la empresa petrolera estatal YPFB y la intermediaria Botrading. Asimismo, acusa el lavado de miles de millones de dólares a través de bancos en Panamá, el Vaticano y bienes raíces en el sur de Florida.
Fundamentos de la demanda legal
La demanda se dirige principalmente contra altos funcionarios de cinco agencias federales de los Estados Unidos en sus capacidades oficiales:
- Departamento de Estado: Marco Rubio
- Departamento de Justicia: Pam Bondi
- Departamento de Seguridad Nacional: Kristi Noem
- Departamento del Tesoro: Scott Bessent
- Oficina Federal de Investigaciones (FBI): Kash Patel
La base de la demanda es la presunta negligencia y omisión de estas agencias al no investigar ni actuar sobre la información proporcionada por los demandantes desde 2023. “John Doe! alega que esta inacción permitió la continuación de graves crímenes en Bolivia y en territorio estadounidense.
La demanda se sustenta en un amplio marco legal estadounidense, que incluye:
| Ley invocada | Propósito en la demanda |
| Ley de Libertad de Información (FOIA) | Acusa al DOJ de negarse a entregar registros solicitados sobre funcionarios bolivianos implicados en narcotráfico y corrupción. |
| Ley de Reclamos Federales por Agravios (FTCA) | Permite demandar al gobierno de EE. UU. por negligencia de sus empleados, alegando que su inacción contribuyó a las violaciones de derechos humanos en Bolivia. |
| Ley contra Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión (RICO) | Se utiliza para argumentar que el MAS opera como una «empresa criminal» involucrada en un patrón de actividades ilícitas como narcotráfico, extorsión y lavado de dinero. |
| Ley Antiterrorista (ATA) | Permite a ciudadanos estadounidenses demandar por daños causados por actos de terrorismo internacional, alegando que el narcotráfico del MAS y sus amenazas constituyen dichos actos. |
| Ley de Protección a Víctimas de Tortura (TVPA) | Busca compensación para las víctimas de tortura y asesinatos extrajudiciales cometidos por funcionarios del régimen boliviano. |
| Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) | Fundamenta la necesidad de investigar los esquemas de soborno a funcionarios bolivianos para obtener contratos y ventajas comerciales. |
| Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos | Se invoca para solicitar sanciones contra los funcionarios bolivianos responsables de graves violaciones de derechos humanos y corrupción. |
Vínculos transnacionales de la «Empresa criminal del MAS»
Un tema central de la demanda es la caracterización del Movimiento al Socialismo (MAS) no como un partido político legítimo, sino como una «potencial empresa criminal» integrada en una red delictiva más amplia.
La Empresa criminal conjunta bolivariana
La demanda sitúa al MAS dentro de la Empresa criminal conjunta Bolivariana, una estructura identificada en investigaciones como una red global dirigida originalmente por Hugo Chávez y continuada por Nicolás Maduro.
La Empresa criminal conjunta Bolivariana utiliza una red de empresas fantasma y paraísos fiscales para lavar dinero, traficar drogas y oro, y financiar regímenes aliados en Cuba, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Surinam y El Salvador.
La petrolera estatal venezolana PDVSA es descrita como el principal instrumento financiero de la Empresa criminal conjunta Bolivariana, similar al rol de Odebrecht en Brasil, canalizando fondos ilícitos a través de ventas de petróleo ficticias, préstamos fraudulentos y megaproyectos de infraestructura.
Se alega que los gobiernos de Morales y Arce replicaron este modelo, utilizando la empresa estatal YPFB para realizar compras de petróleo con sobreprecios a través de intermediarios como Botrading en Paraguay, presuntamente vinculada a un hijo de Luis Arce, así como a empresas como VITOL y TRAFIGURA, con antecedentes de corrupción.
Colaboración con el narcoterrorismo: FARC y el «Cartel de los Soles»
La demanda detalla una alianza estratégica entre el régimen del MAS, las FARC de Colombia y el «Cartel de los Soles» de Venezuela.
Se alega que altos funcionarios bolivianos, bajo el liderazgo de Evo Morales, formaron su propio cartel, denominado «Cartel de las Estrellas». Este grupo, en conjunto con el «Cartel de los Soles», habría utilizado las instituciones del Estado boliviano (militares, policía, justicia) para facilitar el narcotráfico.
El objetivo de esta alianza no era meramente económico, sino que también priorizó el uso de la cocaína «como un arma contra América», buscando «inundar» a EE. UU. con la droga para causar daño social.
El régimen del MAS presuntamente proporcionó apoyo material a las FARC, tal como refugio seguro y acceso a corporaciones y bancos estatales para lavar las ganancias del narcoterrorismo. A cambio, las FARC habrían entrenado a milicias paramilitares del MAS (los «Guerreros Azules») y proporcionado apoyo logístico.
La expulsión de la DEA de Bolivia en 2008 por parte de Evo Morales es presentada como una acción deliberada para convertir al país en una ruta más atractiva y segura para el tráfico de drogas.
Fraude electoral sistémico financiado por Venezuela
La demanda sostiene que el control del poder por parte del MAS se basa en un aparato de fraude electoral perpetuo, diseñado e implementado con el apoyo económico y logístico de Venezuela desde 2006.
Refiere la demanda que, en 2006, el gobierno de Chávez intervino directamente en la digitalización de las cédulas de identidad en Bolivia, un proceso que involucró al director de Tecnología de la Presidencia de Venezuela y al Director de Identificación de ese país. Se alega que este proceso, realizado de noche, fue el primer paso para manipular las bases de datos de identidad.
Agrega que, en 2009, con financiación venezolana y la participación de la empresa Smartmatic, se creó un nuevo padrón biométrico. En solo 6 semanas, el número de inscritos aumentó en un 94 %, pasando de 2.6 a 5.08 millones. Un estudio denominado «La Danza de los Números» calificó este crecimiento de anómalo y sentó las bases de una «ingeniería de fraude electoral».
Se estima que este proceso generó entre 1.5 y 2 millones de «votantes fantasma», un excedente que permite al MAS manipular los resultados electorales.
La demanda reitera las conclusiones de la auditoría de la OEA sobre las elecciones de 2019, que encontró manipulación deliberada, incluyendo el desvío de datos a servidores ocultos, falsificación de actas y una tendencia estadísticamente improbable en el conteo final.
A pesar de que la OEA recomendó 57 puntos de corrección, las elecciones de 2020 se realizaron con el mismo aparato electoral corrupto, el mismo personal y sin implementar las reformas.
Se cita la renuncia de la vocal del Tribunal Supremo Electoral, Rosario Baptista, quien afirmó que el sistema electoral está «secuestrado por intereses ajenos» y diseñado de tal manera que el partido gobernante «nunca perderá una elección».
Violaciones de Derechos Humanos y represión política
La demanda alega un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos para reprimir a la disidencia y mantener el control autoritario.
Refiere que más de 300 personas, entre ellos militares, líderes cívicos y ciudadanos, fueron encarceladas bajo la acusación de haber participado en un «golpe de Estado» en 2019. La demanda califica esto de «encarcelamiento falso» con el argumento de que fue una represalia por protestar contra el fraude electoral de Morales.
Se acusa a Evo Morales de ordenar una operación que resultó en la ejecución de tres ciudadanos extranjeros, presuntamente para crear un falso caso de terrorismo y justificar la persecución de opositores en Santa Cruz.
Se alega que Morales ordenó el asesinato de su piloto, el general, Germán Valenzuela Lemaitre, en 2011, después de que este se negara a seguir transportando cocaína en aviones de la Fuerza Aérea Boliviana y contactara a la DEA.
También se acusa al régimen de Morales de organizar una masacre en 2009 para incriminar y arrestar a Leopoldo Fernández, un prefecto opositor.
Se citan actos de tortura contra miembros de grupos como la «Resistencia Juvenil Cochala» y la muerte de figuras que denunciaron corrupción, como Marco Antonio Aramayo (exdirector del Fondo Indígena) y José María Bakovic (expresidente del Servicio Nacional de Caminos), quienes fallecieron mientras enfrentaban cientos de procesos judiciales.
Por otra parte, un alegato clave de la demanda es la muerte en «circunstancias no esclarecidas» en Miami de un testigo protegido en un caso de sobornos contra el gobierno de Arce. El testigo había grabado un video una semana antes de su muerte, calificando las amenazas del ministro de Justicia, Iván Lima, como su «sentencia de muerte». Se argumenta que esto demuestra el «largo brazo» de la organización criminal.
Corrupción, sobornos y lavado de dinero
La demanda describe múltiples esquemas de corrupción utilizados para saquear el tesoro boliviano y enriquecer a los miembros de la «empresa criminal».
Se alega que la campaña presidencial de Evo Morales en 2006 fue financiada con un soborno de USD 100 millones de Odebrecht S.A.
Se acusa a Luis Arce Catacora de designar a sus familiares en altos cargos de empresas estatales estratégicas (ENTEL, YPFB) para facilitar esquemas de corrupción. Se detallan acusaciones sobre la compra de propiedades por valor de USD 5.47 millones por parte de su hijo, Rafael Arce Mosqueira, y su participación en la empresa intermediaria Botrading, que habría cobrado comisiones con sobreprecio a YPFB.
Entre 2007 y 2011, el programa «Bolivia Cambia, Evo Cumple» canalizó USD 50 millones de Venezuela. De estos, al menos USD 16 millones se usaron para comprar medios de comunicación como La Razón y ATB para asegurar una línea editorial favorable al gobierno.
Se cita una denuncia que señala la existencia de cuentas en el Banco del Vaticano a nombre de Evo Morales (€ 244.25 millones), Álvaro García Linera (€ 16.15 millones) y Gabriela Zapata (€ 135 millones).
Se alega que en su huida en 2019, Evo Morales cargó dos camiones blindados con dinero y oro del Banco Central en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. El avión hizo una escala en Paraguay, donde el contenido de los camiones fue presuntamente descargado.
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