En el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York las autoridades judiciales se enfrentan al conflicto de representatividad en Venezuela y deben decidir quién tiene el poder legal para representar a diversas entidades estatales venezolanas en casos diversos, donde cada parte asegura haber sido contratada por una autoridad legítima diferente de Venezuela.
Esta situación involucra casos de alto perfil contra las FARC y figuras vinculadas a Nicolás Maduro, lo que afecta activos estratégicos de Venezuela en el extranjero.
El dilema está en manos de la juez, Sarah Netburn, quien debe resolver la disputa y, en razón de que el asunto está ligado al reconocimiento diplomático que el gobierno estadounidense otorga a las autoridades de dicho país, el tribunal solicitó formalmente la intervención del Departamento de Justicia.
Se conminó al gobierno de los Estados Unidos a presentar una declaración de interés que aclare su postura política y legal antes del 11 de febrero de 2026. Sin embargo, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitó una prórroga para emitir la referida declaración de interés en relación con varios litigios complejos, incluidos casos contra las FARC y el régimen de Maduro.
El gobierno argumentó que necesita tiempo adicional para coordinar una postura oficial con los Departamentos de Estado y del Tesoro.
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Conflicto de representatividad en Venezuela: ¿quién es legítimo para contratar?
En el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York se libra en la actualidad un dilema ante una cuestión procesal de carácter crítico y preliminar: determinar qué consejo legal posee la autoridad legítima para representar a ciertas entidades estatales de Venezuela en litigios activos.
Este Conflicto de representatividad en Venezuela repercute en lo legal, toda vez que involucra a importantes firmas de abogados con reclamos de autoridad contrapuestos, derivados de diferentes órganos de gobierno venezolanos.
Dado que la resolución de este asunto puede estar intrínsecamente ligada al reconocimiento oficial del gobierno de Venezuela por parte de los Estados Unidos, el tribunal pidió formalmente la intervención del gobierno estadounidense a través de una declaración de interés.
El tribunal consolidó o relacionó varias causas legales bajo el análisis de la juez magistrada, Sarah Netburn, que, a saber, son;
| Número de caso | Demandantes | Demandados / asunto |
| 16-MC-00405 | Keith Stansell, et al. | Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), et al. |
| 18-MC-00545 | Olivia Pescatore, et al. | Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pienda, et al. |
| 20-MC-00249 | N/A | Reclamaciones contra la cuenta Valero-Petrocedeño |
| 25-MC-00390 | Meudy Alban Osio, et al. | Nicolás Maduro Moros, et al. |
Conflicto de autoridad para representar
La disputa central, denominada por el tribunal como el asunto de «autoridad para representar», radica en la legitimidad de las instrucciones dadas a las firmas de abogados por distintas facciones que reclaman el control de las entidades estatales venezolanas.
White & Case LLP:
- Argumento: sostienen que su autoridad para representar a las entidades estatales venezolanas emana de la Junta Directiva Ad Hoc de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y del Consejo para la Administración y Protección de Activos.
- Origen de autoridad: estos organismos fueron creados por la Asamblea Nacional de Venezuela de 2015.
Leon Cosgrove Jimenez LLP y Kellner Herlihy Getty & Friedman LLP:
- Argumento: afirman que fueron autorizados por oficiales individuales de cada una de las mismas entidades estatales involucradas.
- Postura: contradicen la exclusividad de la representación reclamada por White & Case LLP.
Implicaciones diplomáticas y legales
El tribunal reconoce explícitamente que la resolución de quién tiene la autoridad para representar a estas entidades no es meramente un asunto de procedimiento civil, sino que tiene profundas ramificaciones políticas y diplomáticas.
Señala que este problema puede comprometer o depender de las decisiones del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos respecto al reconocimiento del gobierno legítimo de Venezuela.
En tal sentido, la orden de la juez Netburn apunta que los eventos recientes en Venezuela motivan la necesidad de claridad sobre la posición oficial de los Estados Unidos. Por ello, emitió las siguientes disposiciones:
- Invitación al gobierno de EE. UU.: invitó a los Estados Unidos a presentar una «declaración de interés» conforme a la norma 28 U.S.C. § 517.
- Alcance de la declaración: el gobierno puede pronunciarse específicamente sobre el conflicto de autoridad de representación y sobre cualquier otro tema derivado del litigio que considere de interés para la nación.
- Fecha límite: el gobierno estadounidense tenía hasta el 11 de febrero de 2026 para presentar dicha declaración.
- Notificación oficial: el secretario del Tribunal fue instruido de notificar esta orden al Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
Esta orden, fechada el 12 de enero de 2026, establece un periodo de espera crucial mientras el tribunal busca alinear su decisión con la política exterior de los Estados Unidos.
Fiscalía pide tiempo para responder
El 9 de febrero de 2026, Jay Clayton, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, a través del fiscal auxiliar, Samuel Dolinger, presentó una solicitud formal ante la jueza magistrada, Sarah Netburn, para obtener una prórroga para responder a la orden judicial que invita al Gobierno a presentar una declaración de interés bajo el título 28 U.S.C. § 517.
El pedido de extensión del plazo original del 11 de febrero de 2026 fue hasta el 25 de febrero de 2026, a objeto de coordinar posturas con los Departamentos de Estado y del Tesoro, además de obtener las aprobaciones internas pertinentes dentro del Departamento de Justicia (DOJ).
En dicha fecha, refiere el remitente, el gobierno emitiría la declaración o una carta para informar a la Corte que Estados Unidos no tiene intención de presentar dicha declaración de interés en este momento.
Nuevo perdido de prórroga
El 23 de febrero de 2026, la fiscalía pidió una nueva extensión de tiempo para responder hasta el 11 de marzo de 2026, bajo el mismo argumento de tener que coordinar posturas entre múltiples agencias federales, incluyendo los departamentos de Estado, Justicia y Tesoro.
La jueza magistrada, Sarah Netburn, aprobó este requerimiento y otorgó las dos semanas adicionales solicitadas por los fiscales.
Viuda de Fernando Albán objeta posición de Petrocedeño
La viuda de Fernando Albán y sus hijos, se oponen a las objeciones de Petrocedeño respecto al Informe y Recomendación de la juez Netburn que concedió a los demandantes —víctimas de tortura y asesinato por parte del régimen de Nicolás Maduro— una orden de ejecución sobre los activos bloqueados de la referida Petrocedeño, basándose en la Ley de Seguro contra el Riesgo de Terrorismo (TRIA).
Sostienen los demandantes que Petrocedeño actúa como una agencia o instrumentalidad de Maduro, al haber sido utilizada para el lavado de dinero y el apoyo a redes ilícitas coordinadas por PDVSA. Argumentan que las objeciones de la petrolera carecen de mérito, pues simplemente reiteran argumentos rechazados previamente y no demuestran errores en el análisis legal y fáctico del R&R. La orden de ejecución solicitada no priva a Petrocedeño de su derecho al debido proceso, sino que asegura el lugar de los demandantes «en la fila» frente a otros acreedores en un proceso de interpleito ya existente.
Este es otro de los casos que presenta conflictos de representatividad que deben ser resueltos por la juez del Distrito Sur de Nueva York.
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