En un giro que parece sacado de una novela de espionaje financiero, las víctimas estadounidenses de los secuestros perpetrados por las guerrillas colombianas de las FARC están a punto de recibir una compensación con dinero robado al pueblo venezolano por dos de los más notorios corruptos del chavismo: Tareck El Aissami y Samark López Bello, ambos detenidos desde 2024 en Caracas.
El otrora poderoso vicepresidente y super Ministro del régimen chavista, Tareck El Aissami y su testaferro, Samark López Bello se encuentran presos en una de las cárceles de máxima seguridad en Caracas, por delitos de corrupción.
Un tribunal federal en Nueva York ha fijado plazos críticos que podrían transferir los activos bloqueados de López —cuentas, bonos y aviones adquiridos con fondos ilícitos de PDVSA— directamente a Keith Stansell, Marc Gonsalves y Thomas Howes, contratistas estadounidenses secuestrados por las FARC en 2003. La ironía es brutal: los fondos desviados por aliados del régimen venezolano podrían indemnizar a las víctimas de una organización narcoterrorista que esos mismos funcionarios ayudaron a financiar.
De la selva colombiana a los tribunales de Manhattan
En febrero de 2003, un Cessna 208 contratado por la DEA fue derribado por las FARC en los cielos de Caquetá, Colombia. Tres tripulantes —Stansell, Gonsalves y Howes— sobrevivieron y permanecieron cinco años cautivos, hasta ser liberados en 2008 durante la célebre Operación Jaque.
Veintidós años después, su nombre resurge en un proceso judicial inédito: el caso Stansell et al. v. FARC (16-MC-00405, SDNY). Amparados en la Anti-Terrorism Act (ATA) y la Terrorism Risk Insurance Act (TRIA), los sobrevivientes demandaron y ganaron un fallo de US$318 millones contra las FARC en Florida en 2010.
Como las guerrillas desmovilizadas no pudieron pagar, los demandantes recurrieron a TRIA, que permite embargar activos bloqueados de cualquier “agente o instrumentalidad” de un grupo terrorista. En 2022, un tribunal de Florida determinó que Samark López actuó como “instrumentalidad” de las FARC, al facilitar rutas de narcotráfico y lavado de dinero en coordinación con Tareck El Aissami. La Corte de Apelaciones del 11º Circuito confirmó la decisión en 2024.
El Golpe Judicial del 2025: Orden de Entrega de Activos
El 2 de octubre de 2025, la jueza Sarah Netburn, del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, emitió una orden decisiva. López Bello y su empresa Yakima Trading tienen hasta este 14 de octubre para responder a la moción de turnover (entrega de activos, ECF 563), presentada conjuntamente por Citibank, SIX SIS (custodio suizo) y los demandantes (ECF 581–582).
Si no lo hacen —y dado que López continúa detenido en Caracas, es poco probable que lo haga—, los demandantes podrán ejecutar la orden para embargar millones de dólares en activos bloqueados, incluyendo bonos PDVSA y fondos en cuentas estadounidenses. Las réplicas de las partes están previstas para el 21 de octubre.
“Es como si el diablo le pagara al diablo”, comentó un abogado vinculado al caso, bajo condición de anonimato. “El dinero que estos funcionarios robaron al pueblo venezolano podría terminar indemnizando a estadounidenses torturados por guerrilleros que ellos mismos ayudaron a financiar”.
Los villanos del chavismo: De poderosos a rehenes del régimen
Tareck El Aissami, exvicepresidente, ministro de Petróleo y uno de los hombres más cercanos a Nicolás Maduro, fue sancionado en 2017 por el Departamento del Tesoro de EE.UU. como “narcotraficante especial” por facilitar el envío de cocaína hacia Estados Unidos, en colaboración con estructuras de las FARC.
Su socio Samark López Bello, empresario de aviación y supuesto testaferro, operaba una red de lavado a través de vuelos chárter y transferencias financieras disfrazadas de contratos petroleros. Ambos acumularon fortunas en criptomonedas, aviones privados y sociedades offshore.
En abril de 2024, la Policía Anticorrupción venezolana los arrestó durante una purga interna en PDVSA, acusándolos de fraude, lavado y traición a la patria. Según el fiscal general Tarek William Saab, desviaron cientos de millones en ventas de crudo cobradas en criptomonedas fuera del control del Banco Central.
Hoy, El Aissami y López Bello permanecen recluidos en el penal de El Rodeo, convertidos en trofeos políticos de un régimen que los protegió durante años. Washington mantiene recompensas de US$10 millones por El Aissami y US$5 millones por López Bello.
De la corrupción al karma geopolítico
El proceso de ejecución en Nueva York tiene un trasfondo simbólico: por primera vez, una corte estadounidense podría canalizar fondos robados del Estado venezolano hacia víctimas de terrorismo internacional.
Los demandantes alegan que, durante su gestión, El Aissami y López permitieron a las FARC mover cargamentos de cocaína a través de Venezuela a cambio de sobornos petroleros. “Mientras ellos saquearon PDVSA, ayudaron a los mismos grupos que nos secuestraron”, declaró Keith Stansell a este medio desde Florida. “Ahora su botín nos devuelve algo de justicia”.
Sin embargo, el caso abre un dilema moral: ¿deben las víctimas extranjeras recibir compensación con recursos públicos sustraídos a una nación empobrecida? Para críticos como la abogada estadounidense-venezolana Eva Golinger, se trata de un “imperialismo judicial”, donde Washington usa sus sanciones y la TRIA para exprimir activos de un Estado soberano. Pero otros lo ven como justicia poética. “El dinero mal habido que alimentó el terror ahora compensa el sufrimiento que ese terror causó”, sostiene un analista del Council on Foreign Relations.
Cronología del caso
La historia se remonta a febrero de 2003, cuando un avión Cessna 208 contratado por la DEA fue derribado por las FARC en la selva colombiana, dando inicio a un cautiverio de más de cinco años para los contratistas estadounidenses Keith Stansell, Marc Gonsalves y Thomas Howes. Ese episodio trágico se convirtió en la base legal del juicio interpuesto bajo la Ley Antiterrorista (ATA), que en 2010 otorgó a las víctimas una compensación de 318 millones de dólares por los daños sufridos.
Años más tarde, en 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Tareck El Aissami y Samark López Bello, designándolos oficialmente como “narcotraficantes especialmente designados” (Specially Designated Narcotics Traffickers) bajo las regulaciones de la OFAC. La medida implicó la congelación inmediata de sus activos, cuentas bancarias y propiedades vinculadas a esquemas de lavado de dinero y sobornos asociados a la estatal venezolana PDVSA.
En abril de 2024, ambos exfuncionarios fueron arrestados en Caracas durante una purga anticorrupción interna promovida por el régimen de Nicolás Maduro. La operación, presentada como un acto de transparencia, destapó un fraude masivo en criptomonedas y ventas de petróleo fuera del control del Banco Central de Venezuela, lo que derivó en acusaciones formales por lavado de dinero, fraude y traición a la patria.
Ya en 2025, el caso tomó un giro internacional. En el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), la jueza Sarah Netburn emitió una orden de entrega de activos, citando a Citibank y a la entidad suiza SIX SIS como custodios financieros involucrados en la moción de turnover. La medida abrió la puerta a la transferencia de los fondos bloqueados hacia las víctimas del caso Stansell et al. v. FARC.
Finalmente, en octubre de 2025, el proceso entra en su fase decisiva: Samark López Bello debía responder a la moción judicial antes del 14 de octubre, y, de no hacerlo, la corte podría autorizar el embargo inmediato de los activos bloqueados. Todo indica que, si no hay una respuesta válida oportuna, los millones vinculados al esquema de corrupción petrolera venezolano pasarán a manos de quienes, décadas atrás, fueron víctimas del terror financiado con ese mismo dinero.
El Precio de la Ironía
Si el tribunal de Nueva York aprueba la ejecución, millones en activos vinculados a El Aissami y López Bello podrían pasar a manos de los excontratistas secuestrados. Un cierre circular —y amargo— para una historia donde corrupción, narcotráfico y justicia internacional se entrelazan.
“Es el fin de una era de impunidad”, afirmó un experto en sanciones internacionales. “Pero también deja una pregunta abierta: ¿quién reparará al pueblo venezolano, víctima de los mismos hombres cuyos millones ahora pagan justicia en otro país?”
