El establecimiento de una zona binacional entre Colombia y Venezuela anunciada por Nicolás Maduro y Gustavo Petro recientemente, es un asunto que despierta inquietudes e interrogantes, tanto por sus implicaciones legales y su viabilidad operativa, como por las dudas existentes sobre el verdadero trasfondo de este acuerdo. Se trataría, a decir de no pocos, de la oficialización de una actividad ilegal transnacional ya existente.
Desde la Casa de Nariño y el Palacio de Miraflores, la “Zona Binacional de Paz, Unión y Desarrollo Integral entre Venezuela y Colombia”, se describe como un convenio para desarrollar proyectos en las áreas de cultura, educación, salud, comercio, turismo y cualquier otra a designar. El espacio de acción comprende, por el lado venezolano, los estados Táchira y Zulia; mientras del lado colombiano, abarca el Norte de Santander, el Cesar y la Guajira.
Voces de ambos lados advierten que solamente se trata de una estrategia de ambos mandatarios para perpetuarse en el poder, pero lo que más intranquilidad ocasiona es que se trata, precisamente de unos territorios dominados por la actividad criminal, especialmente el narcotráfico.
Hablamos de la región del Catatumbo, zona compartida entre Colombia y Venezuela, que abarca el referido noreste colombiano y se extiende hasta el oeste del Lago de Maracaibo en Venezuela. Un espacio dominado por los conflictos entre grupos armados y el narcotráfico.
Oficialización de una Zona Binacional de Paz Unión y Desarrollo Integral entre Venezuela y Colombia
La delicada situación política y social colombo-venezolana con una interconexión nada clara de los gobiernos de Petro y Maduro que despierta la suspicacia de lado y lado de la frontera, es igualmente el campo en el que operaría la alianza. Y es que, según se dice, el establecimiento de la zona binacional entre Colombia y Venezuela no sería más que la oficialización de una zona ilegal transnacional ya existente de hecho.
Un espacio geográfico marcado por la traición, el caos, el comercio ilegal, el crimen organizado, las tiranías y la opacidad en el manejo de los recursos estatales. Conflictos que amenazan aún más la democracia y la libertad en una región infiltrada por el comunismo/socialismo que amenaza por consolidarse.
Desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 y sus conexiones con las FARC y el ELN, así como de las gestiones colombianas desde Juan Manuel Santos hasta Gustavo Petro, las cuales ha permitido la escalada de la violencia y el fortalecimiento de la actividad criminal con énfasis en el narcotráfico. La disminución o desaparición de la capacidad estatal de combate de la dicha criminalidad —muchas veces convertida en permisividad— y la poca o nula erradicación —amparo, acusan algunos— de los cultivos ilícitos.
La región del Catatumbo y las dinámicas del crimen organizado y las influencias geopolíticas internacionales que en ella confluyen amenazan la estabilidad regional. Allí, el abandono estatal y las políticas fallidas de lucha contra el narcotráfico, así como la infiltración ideológica y operativa de la izquierda, son la receta perfecta para la institucionalización de la criminalidad.
Catatumbo: centro de narcotráfico y conflicto interguerrillero
Fernando Vargas Quemba, director del comité de víctimas de las FARC y defensor de los Derechos Humanos, desmiente la presencia de grupos paramilitares en el Catatumbo, pues afirma que lo que existe es una confluencia de organizaciones de narcotráfico que incluyen al ELN y las FARC, así como el Clan del Golfo y otros grupos con origen en las guerrillas.
El Catatumbo se ha consolidado como una zona estratégica para el narcotráfico desde mediados de los años 80, donde se estiman unas 50 000 hectáreas de coca sembradas en las tierras que lo conforman.
Por el lado colombiano, el abandono estatal y desmantelamiento militar, líneas arriba denunciado, ha estado protagonizado por las gestiones de Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro, que diezmaron la capacidad de combate de las fuerzas armadas y establecieron políticas erradas como la suspensión de la fumigación de cultivos ilícitos en aras de la expansión del narcotráfico.
La frontera de Venezuela y Colombia se erige como santuario y ruta de tráfico de droga con el Catatumbo convertido en zona importantísima para la producción de alcaloides precursores de la cocaína, así como el comercio de esta droga por vía venezolana. Se trata de una autopista de varios carriles por donde circulan drogas y armas de Venezuela, así como combustible ilícito.
La frontera colombo-venezolana es guarida perfecta para los grupos armados que, al amparo del chavismo, se acantonan en Venezuela. Vargas Quemba advierte que el desplazamiento masivo de habitantes del Catatumbo no es genuino, sino una movilización forzada u operación política del ELN en la región.
Maduro-Petro institucionalizan la zona ilegal integrada
Se denuncia la existencia de una coordinación entre los gobiernos de Petro y Maduro para consolidar la referida zona ilegal transnacional, ahora renombrada como zona binacional entre Colombia y Venezuela, especialmente en la frontera, con implicaciones geopolíticas y económicas.
Nicolás Maduro estaría promoviendo operaciones conjuntas en la frontera —Catatumbo, Arauca, La Guajira— como un plan para establecer centros militares de agitación de violencia subversiva y para permitir el libre flujo del narcotráfico.
El Catatumbo es señalado como un centro de siembra de coca con salida por Venezuela. Entretanto, el contrabando de gasolina venezolana hacia Colombia es un negocio coordinado por autoridades fronterizas venezolanas, que enriquece a los involucrados.
Las zonas económicas de Maduro no serían más que fachadas para encubrir actividades ilícitas y la falta de desarrollo económico real en Venezuela. La economía del régimen estaría fundamentada en los réditos del crimen y, especialmente, del narcotráfico, acusa Fernando Vargas Quemba.
Doble moral de la izquierda y la corrupción en el poder
Fernando Vargas Quemba califica de “hipócrita” la crítica de Gustavo Petro al ELN narcotraficante por haber perdido los objetivos y haberse convertido en narcotraficantes. Recuerda que a las FARC estiman que el narcotráfico es lícito si es para propiciar la guerra revolucionaria.
No en balde los acuerdos de paz con las FARC incluyeron la subsunción de 42 delitos conexos al delito guerrillero, entre ellos el secuestro, la violación de menores, el asesinato y el narcotráfico, lo cuales pasaron a ser categorizados como delitos políticos libres de cárcel.
La presencia de potencias extranjeras con intereses militares y económicos, como es el caso de China y Rusia en Venezuela, además de tropas cubanas, suponen una orquestación de la izquierda internacional. Aunque la izquierda regional tampoco está ausente, dado el apoyo que Maduro y Petro reciben Brasil, México, Nicaragua y algunos países de Europa.
También, Vargas Quemba describe al gobierno de Petro como corrupto descarado comparable con el gobierno de Ernesto Samper. Del mismo modo, acusa un sometimiento institucional, toda vez que el mandatario colombiano concentra todo el poder al tener el dominio del Congreso, la Contraloría, La Registraduría, la Procuraduría, la Fiscalía. Las fuerzas militares y la policía igualmente estarían a su servicio.
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