Un punto de cuenta remitido por el entonces presidente de PDVSA Servicios a Rafael Ramírez (presidente de PDVSA para la época), dejó sentado que para el chavismo es inadmisible que un gobernante de la oposición pueda mantener el control de activos, por lo que ideó un subterfugio legal para despojarlo del mismo.
Por Maibort Petit
@maibortpetit
Desde su llegada al poder, Hugo Chávez demostró su intolerancia hacia todo lo que se le enfrentara, contradijera o representara una amenaza a la hegemonía de su pensamiento, ideología. Toda acción distinta a la de sus postulados, simplemente había que eliminarla. Fue así como se instituyó como política la anulación de los gobernadores, alcaldes o representantes legislativos contrarios al chavismo, a través de la creación de instancias paralelas que terminaban usurpando las gestiones de los dirigentes opositores electos por votación popular. Manipular la norma fue también un mecanismo para cumplir este cometido.
Tal es el caso que presentamos a continuación, el cual ejemplifica el tipo de prácticas de sabotaje implementadas por el chavismo —y que se mantiene en la gestión de Nicolás Maduro— en contra de la dirigencia de oposición. Se trata de un punto de cuenta firmado por Jesús Figueroa, presidente de PDVSA Servicios para la fecha —2008 y 2009— el cual se envió a la presidencia de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), con el objetivo de arrebatar alguna de las atribuciones de Henrique Capriles como gobernador de Miranda por aquellos años. El la trama tuvo participación estelarísima Diosdado Cabello Rondón, quien para el momento ejercía como ministro de Infraestructura y venía de ser derrotado por Capriles en los comicios regionales. En 2008 se le había dado en comodato el activo a que aquí hacemos referencia, estando al frente de la referida gobernación, pero ahora despojado el oficialismo por la voluntad suprema del pueblo de esa instancia de gobierno, era necesario revertir la acción y dejar a su sucesor sin el control de este importante activo. Sin duda alguna, la venganza perfecta.
Fue así como a través de un subterfugio legal, se buscó despojar a la gobernación de Miranda en manos de Capriles, de su potestad sobre la Planta de Asfalto “Generalísimo Francisco de Miranda”, en virtud de que había sido entregada en comodato por 30 años a la Corporación de Servicios de la Gobernación del Estado Miranda cuando Cabello estaba a cargo de ese despacho de del Poder Ejecutivo regional.
El punto de cuenta revela que para la dirigencia chavista resultaba inadmisible que un gobernador de la oposición pudiera manejar tales recursos y por ello, maquinaron y manipularon la norma para traspasar el activo al Ministerio de Infraestructura (MINFRA).
El punto de cuenta
El 13 de febrero de 2009, desde la Gerencia de Asistencia a la Presidencia de Petróleos de Venezuela S.A. se remitió al entonces presidente de PDVSA Servicios, Jesús Figueroa, el Punto de Cuenta firmado y aprobado por quien para la fecha fungía como ministro del poder popular para la Energía y Petróleo, Rafael Ramírez.
Copia del punto de cuenta, denominado “Situación actual de la Planta de Asfalto Generalísimo Francisco de Miranda, estado Miranda” también se envió a Armando Giraud, consultor jurídico, y a José Luis Parada, director ejecutivo de producción.
En fecha previa, a saber, el 5 de febrero de 2009, Jesús Figueroa había enviado al ministro y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, el citado punto de cuenta distinguido con el código GPPG-PS-2009-4.
Se exponía que el 1º de octubre de 2008 había sido entregada en comodato a PDVSA Servicios S.A. por parte de la Corporación de Servicios y Mantenimiento del estado Miranda S.A., la Planta de Asfalto “Generalísimo Francisco de Miranda”.
Se informa que desde diciembre de 2008 la milicia bolivariana se encargó de la seguridad de la planta. Igualmente, se indica que Jesús Figueroa y Marcos Reyes, gerente general de servicios técnicos, se reunieron con el personal y se dio a conocer que el segundo se encargaría desde ese momento de la Planta de Asfalto Generalísimo Francisco de Miranda.
También en diciembre se sincronizaron esfuerzos entre las gerencias de Seguridad Industrial y la de Ambiente e Higiene Ocupacional, la de Contratación, Recursos Humanos y Finanzas, para llevar a cabo una “inspección minuciosa” de la planta con el objetivo de constatar que todos los equipos contemplados en el documento de comodato, se encontraran físicamente en el estacionamiento de la misma. Se propusieron recopilar información sobre los procesos de facturación, pago a proveedores y contratación, los cuales son responsabilidad de PDVSA Servicios
Luego de exponer estos antecedentes, el punto de cuenta da a conocer la situación a la fecha de su presentación, refiriéndose que el 14 de enero de 2009 tuvo lugar una reunión con el director general de la Corporación de Servicios y la consultora jurídica de la Gobernación de Miranda, donde se informó que, sobre el comodato y el estado de planta, manifestando su desconocimiento sobre el mismo.
El 16 de enero de 2009, la planta de asfalto fue asaltada por trabajadores de la Corporación de Servicios de la Gobernación de Miranda apoyados por policías de esa entidad y sacaron 6 camiones y un Payloader, los cuales fueron recuperados después. Se especifica que el gerente de operaciones de la Corporación se Servicios, Jesús Novoa, se opuso a la entrega, por lo que hubo que denunciar el hecho ante el CICPC.
El 17 de enero de 2009, se indica que el gerente de cooperativo de PCP, Rafael Reiter, informó por vía telefónica que se debía entregar formalmente la planta al personal del MINFRA. Diez días después, el 27 de enero, fue cuando el ministro de Infraestructura, Diosdado Cabello, designó a Néstor Palma para recibir la planta.
Palma se comprometió poner la planta en producción para el 2 de febrero de 2020, pero manifestó que PDVSA Servicios debía encargarse de los gastos, tal como venía sucediendo hasta ese entonces. Palma fue advertido por Marcos Reyes de PDVSA Servicios de que, si el MINFRA asumía el control de la planta, también debía asumir los gastos. Palma dijo que debía tratarse el asunto a otro nivel pues no estaba en capacidad de decidir al respecto.
Jesús Figueroa refiere que el 28 de enero de 2009, Palma se comprometió durante una reunión habida en el MINFRA a revisar un borrador del Acta de Entrega de la planta de Asfalto que se le entregó en ese encuentro.
Posteriormente, el 3 de febrero de 2009, Palma le informó a Jesús Figueroa que el documento de entendimiento para operar la planta de asfalto no estaba listo y que sería el ministro Diosdado Cabello, quien firmaría el mismo, lo cual, a la fecha de la remisión del punto de cuenta, no había sucedido.
En tal sentido, sustentados en la cláusula quinta del comodato entre PDVSA Servicios y la Corporación de Servicios y Mantenimiento del Estado Miranda que establece el compromiso del comodatario (PDVSA Servicios) a utilizar los bienes objeto del contrato preferentemente para el cumplimiento del objeto señalado en la cláusula tercera y agrega que “La cesión por parte del comodatario o cualquier otra filial de Petróleos de Venezuela S.A. a terceros, requerirá de la previa autorización del comodante (Gobernación de Miranda)”.
Resultaba inadmisible para Jesús Figueroa que PDVSA Servicios tuviera que solicitar autorización a la Gobernación de Miranda que para ese momento se encontraba en manos de la oposición, para poder transferir la Planta de Asfalto “Generalísimo Francisco de Miranda” al MINFRA.
En el punto de cuenta se propuso, entonces, “negociar y suscribir un acuerdo de servicios con el MIFRA” para que este operara y produjera el asfalto, pero PDVSA Servicios S.A. siguiera manteniendo el control administrativo de la planta de asfalto.
Informe de actividades en la Planta de Asfalto
Marcos Reyes, gerente general de servicios técnicos de PDVSA Servicios, elaboró el que denominó “Informe de actividades realizadas en la Planta de Asfalto ‘Generalísimo Francisco de Miranda’”, en el expuso la situación de la referida planta en el periodo comprendido entre el 4 de diciembre de 2008 y el 3 de febrero de 2009.
El documento da cuenta de una serie de eventos ocurridos en distintas fechas, algunos referidos a procedimientos rutinarios, otros que tenían que ver con deudas con el personal de la planta, la delegación de la seguridad de las instalaciones en la milicia bolivariana, la designación de Marcos Reyes como responsable de la planta, inventarios y revisión de los procesos de facturación, pago de proveedores y contratación que eran responsabilidad de PDVSA Servicios.
Ante el hecho de que el 13 de enero de 2009, Marcos Reyes recibió la vita del administrador del MINFRA, Héctor Paiva, y de la coordinadora de bienes y raíces, Margarita González, quienes informaron que en el estacionamiento de la planta estaban unos equipos pertenecientes a dicho ministerio, se les demostró con documentos que la Corporación de Servicios de la gobernación de Miranda había cedido en comodato por 30 años tales equipos a PDVSA Servicios. La explicación satisfizo a Paiva y a González.
El 14 de enero de 2009, el director general de la Corporación de Servicios de la Gobernación de Miranda, Freddy Álvarez, y la consultora jurídica de la misma, se reunieron con Marco Reyes y se les informó la situación de la planta de asfalto para le fecha, así como del comodato por 30 años firmado el 1 de octubre de 2008 entre dicha Corporación mirandina y PDVSA Servicios. Los representantes de la gobernación de Miranda manifestaron desconocer la firma de dicho comodato y se acordó entregarles una copia del contrato el 19 de enero de 2009. Se indica en el informe que en la misma fecha (14-1-2009), Marcos Reyes acudió a la sede del MINFRA para informar al director general del organismo, acerca de la responsabilidad que había sido transferida a PDVSA Servicios, pero no fue atendido ni ese día ni otra antes de la redacción del informe.
Se da cuenta de que el 16 de enero de 2009, la planta de asfalto fue asaltada por trabajadores de la Corporación de Servicios del Estado Miranda acompañados por policías de dicha entidad y lograron sacar 6 camiones y un Payloader, los cuales posteriormente fueron recuperados. Igualmente se informa que, durante el proceso de recuperación de los vehículos, se pudo comprobar que en el Campamento Ochoa había otros tres vehículos pertenecientes a la planta de asfalto que, hasta el momento de la redacción del informe, no habían podido ser recuperados.
Desde el 16 de enero de 2009 se asignó un puesto de seguridad de la Guardia Nacional en la planta de asfalto Generalísimo Francisco de Miranda.
El 17 de enero de 2009, Marcos Reyes fue informado vía telefónica por Rafael Reiter, gerente de Cooperativo PCP, que debía entregar formalmente la planta de asfalto al personal del MINFRA, lo cual dio a conocer al presidente de PDVSA Servicios, Jesús Figueroa, quien manifestó desconocer tal decisión. Indica que Nelson Palma, director general de vialidad del Ministerio de Infraestructura, le dijo que el ministro Diosdado Cabello había instruido que se debía poner en producción la planta para el día de transmisión del programa Aló Presidente. Figueroa, posteriormente le refirió a Reyes que Ricardo Coronado le había ordenado hacer entrega de la planta al MINFRA.
Se narra cómo se intentó poner la planta en producción, lo cual se hizo luego de varios intentos infructuosos el día 18 de enero de 2009. Sin embargo, el programa Aló Presidente fue suspendido. La planta fue apagada.
Luego de narrar una serie de hechos operativos y de diligencias para hacer funcionar la planta de asfalto, el informe Marcos reyes llega a los hechos del 26 de enero de 2009, cuando refiere que el personal de PCP les negó el acceso a la planta de asfalto. Advierte que desde que se encontraba al frente de la planta, ningún funcionario del MINFRA se acercó a las instalaciones ni fue informado acerca de quién sería la persona a la que debía hacer entrega de la empresa. Esto se conoció finalmente el 27 de enero de 2009, cuando Néstor Palma, director general de vialidad del MINFRA, le informó a Reyes que él sería la persona designada por Cabello para recibir la planta. En una reunión sostenida en la sede del MINFRA se acordaron los términos de la entrega. Allí Palma dijo que según se le había informado, PDVSA Servicios asumiría los gastos generados por la planta, a lo que Marcos Reyes advirtió que estos debían correr por cuenta del MINFRA. Palma dijo que esto debía plantearse a otro nivel porque él carecía del nivel de autoridad para decidir al respecto.
En lo relativo a la deuda con los trabajadores, el 28 de enero de 2009, se acordó que la empresa Pulsar, se encargaría de efectuar el pago del personal el día 30 de enero de 2009. En dicha fecha se pagaron los meses de diciembre 2008 y enero 2009, así como el Bono Vacacional. En una semana se pagaría los Cesta Tickets correspondientes a los mismos meses.
Por otra parte, Marcos Reyes entregaría a Nelson Palma un borrador del Acta de Entrega de la Planta de Asfalto elaborado por la consultoría jurídica de PDVSA Servicios, a objeto de que lo revisara e hiciera las observaciones pertinentes, de manera de llegar a un acuerdo final satisfactorio para ambas partes.
El 3 de febrero de 2009, Néstor Palma informó a Marcos Reyes que el documento de entendimiento para operar la planta de asfalto, aún no estaba listo y que, finalmente, sería Diosdado Cabello quien lo firmaría.
El Convenio
El Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura, representado por el ministro de ese despacho, Diosdado Cabello Rondón, y PDVSA Servicios S.A., representada por su presidente para la fecha, Jesús Figueroa, convinieron celebrar un Convenio de Cooperación Interinstitucional que tenía por objeto “establecer las condiciones generales de coordinación, gestión, supervisión así como la determinación de los lineamientos y parámetros que se deriven de la operatividad de la Planta de Asfalto y demás bienes conexos, ubicada en la Zona Industrial de Santa Lucía, sector Epifanía, Municipio Paz Castillo del Estado Bolivariano de Miranda, conjuntamente con una flota de unidades, maquinaria pesada y equipos para la producción, transporte y colocación de asfalto, destinados a la ejecución de obras de interés social en materia de vialidad, las cuales incluyen Planes de Asfaltado y Planes de Bacheo, que permitirán atender la problemática de deterioro vial que sufren las principales arterias viales, avenidas y calles del Distrito Capital y del Estado Bolivariano de Miranda. La Posesión de la Infraestructura Física y demás bienes muebles e inmuebles integrantes de la Planta de Asfalto, descritos detalladamente en inventario anexo marcado con la letra ‘A‘, y el cual forma parte del presente documento, corresponde actualmente a ‘PDVSA’, de conformidad con documento de Comodato, suscrito entre la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda y la sociedad mercantil PDVSA SERVICIOS, S.A., en fecha 01 de octubre de 2008”.
Destaca en la cláusula segunda del convenio, “La gestión, planificación, desarrollo, supervisión y ejecución de las actividades requeridas para la operatividad de la Planta de Asfalto objeto del presente Convenio, será efectuada de manera coordinada entre ‘El Ministerio’, a través de la Dirección General de Vialidad y ‘PDVSA’; y estará orientada a la búsqueda de la autosustentabilidad de la planta, así como al logro de los fines y objetivos propuestos en beneficio de la comunidad, permitiendo responder a las necesidades prioritarias de las mismas en materia vial, garantizándose con la activación de la Planta de Asfalto la generación de empleos directos e indirectos permitiendo la reactivación económica de la región y el consecuente desarrollo social, incluyendo además la transferencia parcial a los Consejos Comunales de la zona el manejo, uso y destino de los productos elaborados en la Planta de Asfalto”.
Entre otros aspectos relativos a la operatividad de la planta de asfalto, en la cláusula quinta quedó establecido que “las obligaciones laborales derivadas de la relación de trabajo con el personal señalado en el anexo B (obreros y empleados) de la planta de Asfalto estarán bajo la responsabilidad de ‘El Ministerio’. En caso de que ‘PDVSA’, requiera para cumplir las actividades del presente Convenio, de personal profesional o técnico, será responsable de los servicios prestados por ellos en su nombre, por lo que corre por su cuenta el pago de los gastos, honorarios profesionales, salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y cualquier otra obligación de carácter legal o contractual que corresponda a los trabajadores de conformidad con los Contratos individuales de trabajo, Igualmente ‘El Ministerio’ podrá designar el personal profesional, técnico u obrero, que considere necesario para la operatividad de la Planta, asumiendo los gastos, honorarios profesionales, salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y cualquier otra obligación de carácter legal o contractual que corresponda a los trabajadores de conformidad con los Contratos individuales de trabajo, derivados de los servicios prestados por ellos en su nombre”.
Bajo la responsabilidad del MINFRA quedó lo relativo a daños, pérdida o destrucción de las unidades, maquinaria pesada, equipos para la producción de asfalto y bienes o materiales de la planta de asfalto, sin importar cuándo o cómo ocurrió el daño, pérdida o destrucción (Cláusula séptima).
MINFRA debía tomar todas las previsiones para la seguridad del personal que en cualquier momento se encuentre en los sitios de los trabajos, incluyendo a terceros. También el ministerio debía tomar todas las medidas y precauciones necesarias para la seguridad del personal en las instalaciones de la planta de asfalto, incluyendo el suministro de todo el equipo de protección personal necesario.
Entretanto, la cláusula novena estipulaba que “Cualquier daño al medio físico ambiental que ‘El Ministerio’ ocasione con el trabajo ejecutado, será de su única y exclusiva responsabilidad; y en consecuencia quedará obligado a recuperar y/o restaurar, a satisfacción de los lineamientos o exigencias que establezca el Ministerio respectivo, el área afectada aplicando las medidas establecidas en la Legislación que rige la materia”.
La cláusula décima tercera estableció que la seguridad y custodia de la Planta de Asfalto estaría a cargo de la reserva militar, en coordinación con los consejos comunales de la zona, quedando bajo la responsabilidad de ‘El Ministerio’ cualquier erogación derivada de la relación con las partes antes señaladas”.