El juicio de Hugo “El Pollo” Carvajal Barrios a celebrarse el próximo 23 de junio sigue su curso y, en tal sentido, la fiscalía presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur De Nueva York, su propuesta de cuestionario para evaluar a los posibles jurados, a objeto de garantizar su idoneidad e imparcialidad.
El gobierno pidió al tribunal que incluya las preguntas propuestas para identificar cualquier posible sesgo, conocimiento o circunstancia que pudiera afectar la capacidad de un posible jurado para servir de manera justa e imparcial en este proceso judicial.
Los fiscales cubren temas como el conocimiento de los cargos —narcoterrorismo, tráfico de cocaína, y armas de fuego—, la capacidad para seguir las instrucciones del juez, la imparcialidad y las relaciones con las partes del caso o la aplicación de la ley.
La propuesta de la fiscalía
El 3 de junio de 2025, Jay Clayton, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, a través de sus fiscales auxiliares, Nicholas S. Bradley, Kaylan E. Lasky y Kevin T. Sullivan, presentó ante el tribunal homónimo su propuesta de examen de los posibles jurados en el caso en el que se acusa a Hugo Armando Carvajal Barrios, alias “El Pollo”
En primer lugar, la fiscalía refiere que se trata de un caso penal en el que un gran jurado presentó una acusación formal contra Hugo Armando Carvajal Barrios por la presunta comisión de delitos federales. Se advierte que la referida acusación formal no es evidencia, sino que contiene los cargos que el gobierno debe probar «más allá de una duda razonable».
Los cargos contra Hugo “El Pollo” Carvajal Barrios
El documento del gobierno cita los cuatro cargos de que se acusa a Hugo “El Pollo” Carvajal Barrios que, a saber, son:
Cargo uno
Conspiración para participar en narcoterrorismo, el cual está referido a delitos de tráfico de drogas cometidos con la intención de proporcionar valor monetario o económico a una organización terrorista o dedicada a actividades terroristas.
Cargo dos
Conspiración para importar al menos cinco kilogramos de cocaína a los Estados Unidos.
Cargo tres
Uso o posesión de ametralladoras o dispositivos destructivos en relación con, o en apoyo de, los delitos de tráfico de drogas de los cargos uno y dos.
Cargo cuatro
Conspiración para usar o poseer ametralladoras o dispositivos destructivos en relación con, o en apoyo de, los delitos de tráfico de drogas de los cargos uno y dos.
El documento de la fiscalía procura determinar cualquier conocimiento previo del caso o del acusado, así como opiniones que puedan sesgar el juicio sobre delitos de drogas, terrorismo o armas de fuego.
Se advierte que al final del juicio se instruirá al jurado de manera más detallada sobre todos los cargos, incluyendo las diferencias entre los delitos consumados y los cargos de conspiración en la acusación.
En tal sentido, se solicita a los posibles jurados que revelen si tienen conocimiento personal de los cargos, han leído o escuchado algo sobre el caso, o tienen opiniones firmes sobre los delitos imputados o su aplicación, que pudieran afectar su imparcialidad.
Cualificaciones generales y logística
La intencionalidad de las preguntas propuestas busca evaluar la aptitud de los jurados para el servicio, incluyendo fluidez en inglés, posibles problemas de salud que afecten la atención, disponibilidad para un juicio de cuatro semanas, así como comprensión de la necesidad de aceptar traducciones de testimonios en español por parte de un intérprete judicial.
Es por ello que se incluyen preguntas estándar sobre la capacidad para comprender el inglés, problemas de audición, visión u otros problemas médicos y si están tomando medicamentos que puedan afectar su atención.
Se informa que se espera que el juicio dure aproximadamente cuatro semanas y se pregunta sobre la capacidad de los jurados para servir durante este tiempo.
Capacidad para emitir un veredicto justo
La propuesta del gobierno inquiere acerca de cualquier opinión personal sobre el derecho a portar armas, el uso de evidencia circunstancial, la presunción de inocencia y la carga de la prueba del Gobierno de los posibles jurados.
Asimismo, se evalúa el conocimiento de partes las relevantes y, por ello, se intenta identificar si los jurados conocen o han tenido tratos con el acusado, sus familiares, los fiscales, el personal de apoyo de la fiscalía —lo que incluye a agentes de la DEA— o los abogados defensores.
Del mismo modo, el cuestionario mide los factores externos e influencias y, en tal sentido, se pregunta sobre la familiaridad con Venezuela o su gobierno —dado que la conducta imputada ocurrió fuera de EE. UU. e involucra a funcionarios venezolanos—, así como la relación con agencias de aplicación de la ley. Se enfatiza la importancia de evitar información mediática durante el juicio.
Finalmente, se indaga a los candidatos acerca de sus antecedentes personales y se dirigen las preguntas a recopilar información demográfica y profesional de los jurados, incluyendo estado familiar, residencia, educación —especialmente en derecho—, servicio militar, ocupación, hábitos de lectura y televisión, pasatiempos y afiliaciones organizativas.
El propósito central del examen propuesto por la fiscalía es garantizar que el jurado seleccionado pueda emitir un veredicto justo y sustentado únicamente en la evidencia presentada en el tribunal, sin temor, favoritismo, simpatía, prejuicio y de acuerdo con la ley.
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