El Arco Minero: Un crimen ecológico y social que aumenta la violencia en Venezuela

La creación del El Arco Minero del Orinoco conlleva un gran impacto ambiental y sociocultural que, se ha visto recrudecido por la violencia vinculada a la minería proveniente de grupos que buscan el control de la actividad.

Redacción ┊ Maibort Petit

Sobre los riesgos que la implementación del denominado Arco Minero del Orinoco (AMO) han advertido ecologistas, organizaciones civiles, la iglesia e, incluso, la Asamblea Nacional que, al momento de conocerse la decisión del Poder Ejecutivo de crear por vía de decreto la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional el 24 de febrero de 2016, decidió crear una Comisión Mixta Especial que se encargó de avaluar el impacto de la medida gubernamental.

En tal sentido, el Poder Legislativo Nacional emitió un Informe Preliminar en el que advirtió el peligro que el AMO significará para Venezuela y que, a continuación, presentamos a los lectores de Venezuela Política.

El informe

El 14 de junio de 2016, la Asamblea Nacional reunida en sesión ordinaria aprobó un Acuerdo que declaraba la inconstitucionalidad, ilegalidad e inconveniencia del Decreto de creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional, Arco Minero del Orinoco y que ordenó “realizar seguimiento permanente a la situación de las áreas bajo régimen de administración especial de los pueblos indígenas y locales”.

En tal sentido, se constituyó una Comisión Mixta de la Asamblea Nacional encargada de evaluar el impacto ambiental y económico que ocasiona la explotación de la zona de desarrollo estratégico nacional “Arco Minero del Orinoco”.

El Arco Minero

Tal ente parlamentario estaba conformado por miembros de las comisiones permanentes de Energía y Petróleo; Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas. La presidió Amérigo De Grazia; en la vicepresidencia estuvo Julio César Reyes; acompañados de los diputados, Luis Eduardo Parra, Carlos Andrés González, Gladys Guaipo, Ezequiel Pérez y Francisco Sucre, como miembros principales. Los diputados Luis Silva, María Gabriela Hernández y Rómel Guzamana, fungieron como invitados permanentes.

Debían presentar un Informe Preliminar sobre el Arco Minero y las áreas naturales protegidas del sur del Orinoco[1], contentivo de las conclusiones y recomendaciones derivadas del seguimiento del Acuerdo de inconstitucionalidad, ilegalidad e inconveniencia citado en principio.

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La zona fue creada a través del Decreto Presidencial Nº 2248 de fecha del 24 de febrero de 2016, denominado “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional, Arco Minero del Orinoco” (ZDENAMO), publicado en la Gaceta Oficial No 40.855[2].

El Arco Minero comprende una extensión de 111.846,70 Km2 equivalente al 12,2 por ciento del territorio nacional (aproximadamente 12 millones de hectáreas).

Además del seguimiento al impacto ambiental, económico y social de “Arco Minero del Orinoco”, la comisión mixta se planteó los siguientes objetivos:

  1. Contribuir útil y oportunamente a la necesidad de resolver los gravísimos problemas de Guayana y la Amazonía que amenazan la seguridad humana, ambiental y la soberanía e integridad de la República, representados en el mal llamado Arco Minero.
  2. Dar respuesta jurídica y de política de Estado con base a las normas ambientales constitucionales, a la crítica situación creada por la minería y otras actividades antrópicas sobre ecosistemas frágiles del Sur y en especial, de las áreas protegidas, de las que dependen las reservas de agua dulce, la biodiversidad y la energía hidroeléctrica del país.
  3. Aportar elementos y acciones legislativas que contribuyan a saldar la deuda histórica, que se tiene con los pueblos y comunidades indígenas en el proceso de demarcación de hábitat y tierra que ordena la Constitución.

La conformación de esta comisión mixta por parte del parlamento, obedeció, principalmente, al hecho de que del abordaje que del asunto han hecho las diferentes comisiones de la AN, especialmente la que investigó la masacre de Tumeremo, se evidenció que “el oro, el diamante y el coltán del subsuelo de nuestro territorio, son extraídos, movilizados y exportados por vías totalmente irregulares ante la pasividad, la negligencia o la complicidad, de gran parte de los muy numerosos efectivos de la Fuerza Armada Nacional abrumadoramente presentes en la zona, causando un gravísimo daño al patrimonio de la República”.

Igualmente se estableció la relación entre la referida masacre, la creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG) y el anuncio de Nicolás Maduro y del presidente del Banco Central de Venezuela, de las negociaciones con 150 empresas multinacionales de 35 países para la explotación de yacimientos en el AMO.

Del mismo modo, las discusiones de la AN llevaron a establecer de la hipótesis que plantea la existencia de una “vinculación entre crímenes ecológicos, corrupción y masacres de ciudadanos, en el Estado Bolívar, con participación de bandas armadas locales, existencia de fuerzas paramilitares y presunta complicidad de funcionarios de distintos organismos del Estado, lo cual plantea un grave reto para el país, a los efectos de salvar la Guayana y la Amazonía venezolana de la depredación minera ilegal, y de la legalizada por las políticas económicas insustentables; resguardar el derecho a la vida de las personas y evitar la entrega de la soberanía nacional. En consecuencia, se recomendó que el Parlamento dejara sin efecto el Decreto de Creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional, Arco Minero del Orinoco (ZDENAMO), con base a sus competencias Constitucionales”.

El Arco Minero: Las conclusiones del informe preliminar

La comisión mixta concluyó que el Decreto 2228 que constituyó el Arco Minero del Orinoco viola la soberanía nacional pues, el mimo, entrega más del 12 por ciento del territorio nacional para la explotación minera masiva, en condiciones lesivas para la república. Además, desconoce los derechos sociales, sindicales y de los pueblos indígenas que se verían desplazados de sus territorios al crearse un estado dentro de otro estado, con especial incidencia negativa para el 46 por ciento del estado Bolívar que quedaría destinado a la minería.

El Arco Minero

El informe trae a colación el conflicto surgido en países de África, como el Congo, donde la lucha por el control de las minas generó desde 1997 una guerra asociada a la explotación de minerales que derivó en la legitimación de capitales, explotación de niños, prostitución, matanzas de animales y deforestación masiva, lo que afectó áreas protegidas y pueblos aborígenes africanos, incrementando los índices de hambruna, enfermedades, desnutrición e insurgencia de mercenarios mineros asociados con intereses diversos. Todo esto causó la pérdida de más de cuatro millones de personas y la desaparición de poblaciones enteras de gorilas, según diversos reportes.

La AN determinó que en Guayana existe un enfrentamiento entre grupos por el control de las minas, a lo que se suma la creación por parte del gobierno, de CAMIMPEG, empresa militar a la que se le otorgaron facultades en materia de negocios y actividades extractivas. Esto significa la entrega de funciones de explotación petrolera a un cuerpo profesional de la república que tiene como función fundamental el resguardo de la soberanía territorial, por lo que se un cuadro general de anomia o ausencia de normas que se agudizan por la crisis institucional existente y la corrupción en los altos mandos oficiales.

A juicio de los diputados de la Comisión Mixta, el Arco Minero promueve la anomia, la pérdida y destrucción de casi la mitad del territorio, así como de la estratégica inversión estatal en represas que surten de electricidad al país —Guri, Macagua I, II y III, Caruachi y Tocoma— lo cual es más importante en términos económicos, que la actividad minera proyectada en el AMO.

Del mismo modo, la Comisión Mixta especial advierte a las embajadas que hacen vida en el país, así como a las empresas, organismos multilaterales o a personas naturales, que los convenios, contratos, cartas de intención, firmados por el ejecutivo nacional con entidades financieras y empresas en ejecución del llamado Arco Minero, son absolutamente irritas, sin validez alguna, al no ser autorizadas por la Asamblea Nacional.

La comisión mixta informa al Banco Mundial, el Centro Interamericano de Desarrollo e Investigación Ambiental y Territorial (CIDIAT) y los tribunales, empresas y entidades de todos los países donde se han ventilado demandas contra la república por presuntos incumplimientos de convenios y contratos, demandas que los acuerdos a que lleguen con el gobierno de Nicolás Maduro, bajo ningún concepto constituyen una responsabilidad para la República Bolivariana de Venezuela. Las presentes y nuevas generaciones no deben pagar deudas contraídas por gobernantes irresponsables, asociados con particulares en negocios turbios que contribuyen a destruir la República y su ambiente. Esta advertencia se formuló, en razón de que el gobierno nacional establece acuerdos de pago con los intereses respectivos, para posteriormente reasignar los contratos o concesiones a las empresas, en un arreglo con nuevos préstamos que son lesivos al país, constituyendo una “Deuda odiosa” contraída en forma fraudulenta, ilegal e inconstitucionalmente por funcionarios públicos en forma irresponsable, en actos de Lesa Patria, de los que son responsables en forma personal

Tajantemente advierten que la República Bolivariana de Venezuela y sus habitantes no son responsables de los endeudamientos contraídos por Nicolás Maduro, su vicepresidente, sus ministros, embajadores, cónsules, funcionarios, presidentes de PDVSA, Banco Central de Venezuela, CVG, Corporación de Desarrollo Minero, Empresas Mixtas para explotar oro, diamante, coltán o cualquier otro mineral. Alerta que formulan porque el gobierno irrespeta y viola la protección a perpetuidad que tienen las aguas y áreas bajo régimen de administración especial, sin contar además, con las autorizaciones constitucionales respectivas y la aprobación del Poder Legislativo Nacional, en materia de concesiones, contratos, cartas de intención, préstamos, financiamientos, exploración, explotación, operaciones bursátiles en las bolsas de valores internacionales, vinculados con la ejecución del Decreto presidencial 2248.

Estimó la Comisión Mixta que el Arco Minero, puede conducir a un crimen de Lesa Humanidad por sus efectos negativos contra los derechos ambientales que en la constitución venezolana forman parte de los Derechos Humanos.

La Comisión Mixta conminó a cumplir el mandato Constitucional de reconocimiento y demarcación del hábitat y tierras indígenas, en el marco de la preservación de las áreas naturales protegidas. Advierten que esto debe hacerse teniendo presente el incumplimiento con los pueblos indígenas, por parte de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, más allá de la manipulación de la simbología indígena y nacional para lograr apoyos electorales, los cuales se han traducido en frustración y abandono. Sentencian que la deuda histórica y moral con los pueblos indígenas no ha sido saldada.

Llamaron al estado a no seguir promoviendo la ocupación, destrucción, contaminación, deforestación masiva, de la áreas de especial importancia ecológica, que él mismo ha protegido. Advierten que no deben repetirse los casos de los Decretos 1850 y 3110, pues a través del “plan de ordenamiento y reglamento de usos de la Reserva Forestal de Imataca”, se consumó una violación del área protegida, abriendo el camino a su liquidación, incluyendo figuras que desnaturalizan los propios decretos y las políticas ambientales, tales con los llamados usos “forestales- mineros” “usos mineros-indígena”, que buscan violar la ley desde la propia ley.

La AN ratificó la doctrina, la tradición y la norma constitucional de que los contratos de interés nacional, sean estos de carácter minero o de otra naturaleza, requieren de la autorización de la Asamblea Nacional. Asimismo, que las reservas de agua del sur del Orinoco son bienes insustituibles, para la vida y el desarrollo en los términos consagrados en la Constitución.

Subrayaron que la república debe cumplir sus compromisos internacionales, en materia de inversiones respetuosas de ambiente y consciente de los efectos dañinos que producen la actividades mineras. Es por ello, que se deben aplicar modernas tecnologías y normas técnicas, como lo establece la legislación venezolana.

Asimismo debe atender el desarrollo social sustentable, ya que aún promoviéndose inversiones o desarrollos sociales, estos deben promoverse con principios y criterios de sustentabilidad ambiental, económica e hídrica, para no repetir por ejemplo, la triste experiencia de desarrollos habitacionales sin agua, o que sequen o desvíen ríos o dañen las zonas protectoras, y corredores ecológicos tal como ha sucedido con la zona protectora de la zona metropolitana, los Teques, el Litoral Central, en los Estados Lara, Zulia, Nueva Esparta, Anzoátegui, Portuguesa, Guárico, incluso en los propios Estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro.

AN presentó proyecto de ley

Atendiendo a todas estas circunstancias, la Comisión Mixta evaluadora del impacto del Arco Minero, presentó ante la plenaria de la Asamblea Nacional el “Proyecto de Ley Orgánica de creación y protección de la megareserva nacional de agua dulce, biodiversidad y del potencial energético hidroeléctrico del Sur del Orinoco y la Amazonia venezolana”, elaborado por el exsenador, Alexander Luzardo Nava, a solicitud expresa de los miembros de la comisión mixta.

El Arco Minero

El citado proyecto legislativo crea por ley la Mega Reserva Nacional de Agua Dulce, nuevas áreas protegidas a la vez que refuerza la creadas por Decreto, profundiza en la protección de la Cuenca del Caroní y sus represas, desarrolla una demarcación sustentable de hábitat y tierras indígenas con criterios ambientales, y promueve el turismo sustentable, además de derogar el Decreto del Arco Minero, el Decreto de la empresa militar-minera y el Decreto 3110, del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la Reserva Forestal de Imataca.

También quedarían anulados todos los contratos, convenios, cartas de intención, firmados por el presidente de la república, vicepresidente, ministros, embajadores, cónsules, funcionarios, presidentes de PDVSA, GVG y otras entidades del estado con participación de este, que no hayan sido aprobados o autorizados por la Asamblea Nacional o que violen disposiciones de protección ambiental establecidas en la Constitución.

Las recomendaciones

Por último, la comisión mixta emitió una serie de recomendaciones entre las que se contaba convertir las reservas forestales de Imataca, El Caura, La Paragua, en parques nacionales o reservas de biosfera, o una reserva estratégica nacional de agua y biodiversidad, para lograr una mayor protección y seguridad ambiental.

El Arco Minero Orinoco

Acoger y darle curso al proceso parlamentario sobre el proyecto de Ley Orgánica de creación y protección de la Mega reserva nacional de agua dulce, biodiversidad y del potencial energético hidroeléctrico del sur del Orinoco y la Amazonía venezolana.

Hacerles seguimiento a las denuncias de Jesús Curvelo, acerca de presuntos testimonios y pruebas de actividades ilícitas vinculadas a la minería, en las cuales supuestamente aparecen implicados efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado y altos funcionarios del gobierno nacional y regional del estado Bolívar.

Elaborar un Proyecto de Ley Programa de Turismo Ecológico, Cultural y Sustentable.

Desarrollar los principios y acuerdos de la cumbre de la tierra de 1992 y 2012 de la ONU, suscritas y ratificadas por Venezuela sobre una economía verde y sustentable.

Instar a los órganos públicos y la población tomar previsiones y correctivos ante los graves problemas de suministro eléctrico en todo el país como consecuencia de los daños ambientales en la cuenca del Caroní.


  1.  Linkedin. Slide Share. Informe preliminar de la comisión mixta para la evaluación del impacto ambiental y económico de la explotación del Arco Minero. 24 de marzo de 2017.
  2. En Gaceta. Gaceta Oficial Nº 40.855. Decreto N° 2.248. Decreto de Creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco”. 24 de febrero de 2016.


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