La zona minera del estado Bolívar se ha convertido en tierra de nadie, donde los grupos criminales —ante la mirada indiferente y hasta cómplice de los cuerpos de seguridad— se han apoderado del lugar imponiendo su propia ley por encima de las de la república.
Redacción ┊ Maibort Petit
En marzo de 2016, exactamente el día 4 del referido mes, las alarmas se encendieron en una pequeña localidad en el estado Bolívar, a saber, la población de Tumeremo, municipio Sifontes, a raíz de la denuncia sobre la desaparición de 28 personas —en su mayoría mineros artesanales— formulada por sus familiares. Todo apuntaba, por el testimonio de una persona que aseguró haber presenciado los hechos, a que se estaba en presencia de un hecho brutal y sangriento que de inmediato fue conocido como la “masacre de Tumeremo”.
A la fecha, han transcurrido poco más de cuatro años del suceso, sin que se tengan noticias acerca del establecimiento de responsabilidades a los funcionarios de las fuerzas de seguridad presuntamente implicadas en los hechos, tal como lo denunciaron familiares de las víctimas y la Comisión Especial de la Asamblea Nacional que los investigó, salvo la muerte de Jamilton Andrés Ulloa Suárez, alias “El Topo” identificado como el autor de tan abominable asesinato en masa.
En noviembre de 2018, cuando habían transcurrido más de dos años, el fiscal general de la república designado por la ilegal Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, prometió la persecución y enjuiciamiento de las mafias y contrabandistas del oro que operan en la zona de El Callao, estado Bolívar[1].
Por demás, resulta alarmante la tesis del diputado a la Asamblea Nacional por el estado Bolívar, Américo de Grazia, según la cual “los militares usaron El Topo para ‘limpiar’ las operaciones mineras ilegales rivales, a fin de dar paso a las empresas multinacionales”[2].
Human Rights Watch denunció a principios de 2020, que “Los venezolanos de bajos recursos que se ven en la necesidad de trabajar en las minas de oro debido a la crisis económica y la emergencia humanitaria en el país se han convertido en víctimas de delitos macabros cometidos por grupos armados que controlan minas ilegales en el sur de Venezuela(…) Es crucial que las refinerías y quienes compran oro se aseguren de que el oro venezolano que forma parte de sus cadenas de suministro no esté manchado con la sangre de víctimas venezolanas”.
HRW realizó una serie de entrevistas entre 2018 y 2019 a mineros, indígenas, expertos y periodistas de la zona, obteniendo como resultado la advertencia de que “gran cantidad de minas en Bolívar están bajo el férreo control de sindicatos venezolanos o de grupos armados colombianos.
La organización International Crisis Group ha informado que en la zona tienen presencia activa el grupo armado colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN) y al menos una organización disidente que se formó con miembros desmovilizados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Varias personas entrevistadas dijeron, a su vez, que estos grupos tenían presencia activa en Bolívar”. Se supo del abandono de zona en materia de salud y los abusos de que son víctimas los pobladores por parte de los grupo irregulares[3].
Venezuela Política se hace eco de esta situación en esto y otras entregas que publicaremos en lo sucesivo en nuestras páginas.
Los hechos
El 4 de marzo de 2016 se lanzó un alerta en el municipio Sifontes del estado Bolívar, conocido como Tumeremo, en la que se presumía que en el fundo Atenas, había ocurrido una masacre ejecutada por la banda de Jamilton Andrés Ulloa Suárez, alias “El Topo”. A comunidad acudió al hospital y demás entidades oficiales, tales como la Policía del Estado Bolívar, la comandancia del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) y el Comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), a objeto de que les prestaran ayuda que les permitiera ubicar a sus familiares de los cuales no tenían noticias.
El esfuerzo fue inútil, por cuanto, incluso, la guardia se negó a actuar alegando tener órdenes de acuartelamiento provenientes de Caracas.
En la mañana del 5 de marzo, vecinos y familiares de las personas desaparecidas, ante la parálisis de los organismos de seguridad del Estado, cerraron el paso de la Troncal 10 que une a Venezuela con Brasil, para hacer públicas sus denuncias y exigencias[4] [5].
A partir de ese momento se hicieron presentes en la zona, tanto los medios de comunicación, como el diputado a la Asamblea Nacional por la entidad, Américo de Grazia, para conocer de primera mano los acontecimientos.
A partir de entonces, nacional e internacional, comenzó a saberse de la tragedia de Tumeremo, la cual el gobernador de la entidad para la época, Francisco Rangel Gómez, negó[6]. El diputado De Grazia ratificó la denuncia y desmintió al mandatario regional[7]. A partir de entonces, De Grazia, que se trasladó hacia la localidad afectada, se convirtió en el puente entre los afectados y el Poder Legislativo y haciendo la vocería de los familiares de las víctimas de la masacre[8].
El diputado constató la indiferencia de las autoridades ante las denuncias y las protestas y refirió que los manifestantes le presentaron a un testigo que dijo haber estado presentes en la masacre y quien aseguró que “los mataron uno por uno”. Esta persona sostiene que pudo contar 28 cadáveres que fueron sacados en un camión de volteo color azul. De las víctimas, 17 fueron identificadas por el testigo, quien dijo que se trataba de lugareños de Tumeremo y dijo que alias “El Topo” y su banda estaban acompañados de agentes del CICPC, SEBIN, GNB y OLP, quienes vestían uniformes negros y portaban armas largas, pistolas y chalecos.
El testimonio del testigo referido por Américo de Grazia, indica que “El Topo” habría recibido recibió varias llamadas telefónicas de un interlocutor al que identificaba como “Patrón”, a quien le informó sobre el número de ejecutados y cómo habían sido trasladados en horas de la noche a la mina de Hoja de Lata.
Durante la protesta en la Troncal 10, el 5 de marzo, los manifestantes dieron al parlamentario los nombres de quienes reportaban como desaparecidos, además de poner sus fotografías en una pancarta al borde de la carretera.
Los nombres de las personas asesinadas que en aquel momento se dieron a conocer, fueron:
- José Ángel Ruiz Montilla
- Néstor De Jesús Ruiz Montilla
- José Armando Ruiz Montilla
- Mary Dalia Ruiz Muñoz
- Mariellys Ruiz Muñoz
- Ángel Ignacio Trejo
- Roger José Romero Ángel
- José Gregorio Nieves Aguinagalde
- Jesús Alfredo Aguinagalde González
- Keiner Zambrano
- Gustavo Guevara Aguinagalde
- José Gregorio Romero Ara
- Junior Henrique Romero Ara
- Cristóbal José Heredia Caña
- Luis Díaz Guzmán
- Jairo Rodríguez
- Carlos José Carvajal Custodio.
Transcurridas más 24 horas de haberse registrado los hechos, desde los medios oficialistas continuaban negando la masacre y manifestaron que la denuncia sólo buscaba boicotear la conmemoración de la muerte de Hugo Chávez, llegando, incluso a catalogar los hechos como una “masacre virtual”[9].
Igualmente, muchos medios de comunicación privados se abstuvieron de informar ante la censura impuesta por el gobierno[10]. Transcurrida una semana, seguía sin saberse nada sobre los desaparecidos. Tumeremo fue militarizada y las autoridades imponían el silencio.
En la población de Tumeremo, aseguran que las personas fueron asesinadas y mutiladas por una banda criminal con la supuesta venia del gobierno regional[11].
Pero la realidad se impuso sobre el silencio oficial cuando fue hallada una fosa común con, por lo menos, 17 cadáveres[12].
Ante la envergadura de este suceso, la Asamblea Nacional decidió nombrar una Comisión Especial que investigara los hechos. La bancada oficialista se negó a participar en la iniciativa parlamentaria.
Masacre de Tumeremo: El informe final
Ante los acontecimientos, la Asamblea Nacional constituyó una Comisión Especial para investigar los hechos irregulares ocurridos en las zonas mineras del municipio Sifontes del estado Bolívar, conformada por Américo De Grazia, presidente; Luis Silva, vicepresidente; y los diputados Olivia Lozano, Rachid Yasbek y José Hernández, cuyo informe final, con las conclusiones y recomendaciones respectivas, fue aprobado el 5 de mayo de 2016.
La decisión de conformar la comisión especial se hizo en atención a las denuncias de testigos y pobladores locales que se conocieron a través de los medios de comunicación y otras recibidas por diputados en la cámara, las cuales daban cuenta de la posible desaparición física masiva de personas relacionadas con la explotación minera en el municipio Sifontes del Estado Bolívar.
La AN acordó el 8 de marzo de 2016 crear el ente parlamentario para investigar los hechos y las actividades de la comisión comenzaron el 9 de marzo.
En el informe se destaca la enorme riqueza minera de la zona, así como hecho de que la entidad se haya convertido en centro de operaciones de una gran cantidad organizaciones criminales que actúan libremente, ante la indiferencia de las autoridades y la gran cantidad de cuerpos de seguridad allí destacados. Para los parlamentarios, existe complicidad entre los delincuentes y los estamentos de seguridad del estado.
Subrayan que, con la estatización de la actividad minera decretada en septiembre de 2011 por el finado expresidente, Hugo Chávez[13], la minería artesanal que es mayoritaria, quedó fuera del marco legal. Del mismo modo, refieren que si bien la zona está desasistida de adecuados servicios de salud, sí es posible el arribo de armas y municiones de distintos calibres y dimensiones “para amedrentar a la población”. Además, sostienen que funcionarios se dedican al “cobro de vacunas a los mineros, comerciantes y pobladores, por parte de estas mafias autodenominadas ‘Sindicatos’ que actúan como si estuvieran administrando una concesión y donde las reglas las fija un jefe llamado ‘pran’.
La guerra por el oro incluye el control de las minas, tráfico de drogas, venta ilegal de gasolina, gasoil, prostitución, y las bandas delictivas se enriquecen mediante la extorsión y el sicariato”.
Diversos informes e investigaciones periodísticas dan cuenta de las mafias que operan en el Arco Minero[14].
Acota el reporte que el 26 de enero de 2016, el comisario Jefe del SEBIN, José Gregorio Lezama Gómez, dio cuenta en un informe remitido a la dirección general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional para el comisionado de la época del gobernador Rangel Gómez, General Julio César Fuentes Manzulli, otorgaba desde el año 2010, en su condición de director de la Policía del Estado Bolívar, credenciales policiales y armamento a determinadas bandas delictivas asignándoles responsabilidad de control en diversos sectores.
Lezama Gómez citó el caso de alias “El Capitán” en el sector Vista El Sol de San Félix; de alias “El gordo Bayón” en el sector sindical; alias “el Ciego” en Ciudad Bolívar y minas de La Paragua; “el Topo” en minas de Guasipati y Tumeremo; “el negro Juancho” en las minas del sur desde el Dorado hasta Las Claritas; alias “el Sapito”, entre otros denominados pranes.
Del mismo modo, el informe de la comisión especial de la AN subraya que la “masacre de Tumeremo” ocurrió en fecha próxima a la creación de la empresa Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG)[15], a través del Decreto Nº 2.231 publicado en la Gaceta Oficial N° 40.845, del 10 de febrero de 2016[16], así como de la certificación de reservas en el llamado “Arco Minero del Orinoco” por parte de Nicolás Maduro, el 24 de febrero de 2016, que contempla más de 111.800 km2 de territorio de los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro —alrededor del 12 por ciento del territorio nacional— con unos 200 millones de toneladas de bauxita y 44.000 toneladas entre oro y diamantes, que serían entregadas en concesión de explotación a 150 empresas mineras de 35 países[17].
Igualmente, el informe apunta la sorpresiva reincorporación de la “empresa transnacional aurífera canadiense Gold Reserve a las áreas previamente expropiadas por el gobierno en el sector Las Claritas, Municipio Sifontes, luego de que dicha empresa le ganase al Estado venezolano una cuantiosa demanda ante tribunales internacionales[18] y para cuya explotación se requiere la desocupación, en su totalidad, de los actuales ocupantes, todos ellos mineros artesanales y trabajadores conexos”.
El 28 de febrero de 2016, el presidente del Banco Central de Venezuela para la fecha, Nelson Merentes, informó acerca de la participación de empresas extranjeras en la explotación del Arco Minero del Orinoco.
Se trataba de empresas mixtas con capital canadiense, estadounidense y alemán, entre ellas Gold Reserve, cuyas inversiones en Venezuela habían sido expropiadas por Hugo Chávez[19].
Las distintas diligencias efectuadas por la comisión especial que, entre otras, recogieron los testimonios de Luis José Nieves, padre de José Gregorio Nieves Aguinalde, una de las víctimas, así como de Jolys Milagros Cabello Fermín, esposa del difunto; de Henrique Romero, padre de José Gregorio Romero Ara y Junior Henrique Romero Ara. También de Luz Marina Castillo, concubina de José Gregorio Romero Ara; Migdalia Ángel Moreno, madre de Roger José Romero Ángel; y de Melaida Custodio, madre de Carlos José Carvajal Custodio.
Todas estas personas refirieron a los integrantes de la comisión parlamentaria “la falta de diligencia en la actuación de los funcionarios pertenecientes a los cuerpos de seguridad del Estado, así como la negligencia, falta de respeto y de ejecución en las funciones de quienes fueron encargados de llevar a cabo las investigaciones correspondientes, custodiar la zona minera y brindar seguridad a la ciudadanía”.
El testimonio de los citados llevó al señalamiento de Jamilton Andrés Ulloa Suárez, alias de “El Topo” como el principal ejecutor de la masacre, así como del hecho de que individuos equipados con armas largas y chalecos del SEBIN y el CICPC, así como Rosa Gil, se vieron implicados en los hechos que tuvieron lugar en las minas de Atenas, Hoja de Lata y Nuevo Callao.
Las conclusiones de la comisión de la AN
La Comisión Especial de la Asamblea Nacional emitió una serie de conclusiones, al tiempo que advirtió lo complejo del caso, la superficialidad de las investigaciones de los organismos de seguridad del estado, así como de las contradicciones en las declaraciones y datos proporcionados la Fiscal General, el Defensor del Pueblo, el Ministro de Interior, el Gobernador del Estado Bolívar y otros cuerpos del Estado.
Del mismo modo, el informe acusa la recurrente aparición de nuevos elementos y denuncias; la desaparición o asesinato de testigos claves, como fue el caso de Ángelo Gómez Coa, raptado el 10 de marzo de 2016[20]; denuncias de más desapariciones en la zona y otros puntos del país; presiones y amenazas recibidas por algunos de sus miembros, entre ellos el propio presidente de la comisión Américo de Grazia.
En primer término, la Comisión Especial estableció que, efectivamente, ocurrió una masacre de la cual se rescataron, para el momento de la redacción del informe, 17 cadáveres, habiendo corroborado el Ministerio del Interior y Justicia la participación material en los hechos de alias “El Topo” y sus secuaces, sobre quienes se emitieron órdenes de captura y se produjeron algunas detenciones[21]. Este individuo fue abatido por las fuerzas de seguridad, según informó el 6 de mayo de 2016, el ministro del interior para la época, Gustavo González López[22].
Los parlamentarios establecieron que en “las áreas mineras del Estado Bolívar se violan los Derechos Humanos de manera sistemática. Los mineros artesanales venezolanos son sometidos a la violencia, al miedo, a la extorsión, a la criminalización de su trabajo, con ánimo de inducirlos a la clandestinidad y al tráfico de miseria con consecuencias nocivas en lo social, económico y ambiental.
Es inconcebible este estado de cosas en una zona totalmente militarizada sin la complicidad directa de algunos altos mandos de la Fuerza Armada Nacional”.
El informe denuncia la criminalización de la minería a través de los decretos emanados mediante leyes habilitantes, sin consulta y sin debate parlamentario.
En este sentido, refiere que más de 150.000 personas ahora se encuentran sin garantías ni protección alguna, “en situación de cómplices directos o indirectos, voluntarios u obligados, a expensas o al servicio de mafias, grupos armados, guerrilla y paramilitares que operan con total libertad e impunidad.
Esto induce a señalar que el oro, el diamante y el coltán del subsuelo de nuestro territorio, son extraídos, movilizados y exportados por vías totalmente irregulares ante la pasividad, la negligencia o la complicidad de gran parte de los muy numerosos efectivos de la Fuerza Armada Nacional abrumadoramente presentes en la zona, causando un gravísimo daño al patrimonio de la República”.
La comisión especial responsabilizó al entonces gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, de actuar negligentemente ante estos hechos, lo que contribuyó a las fuerzas del orden incumpliesen su obligación de colaborar con los denunciantes para que se produjera el rescate de los para ese momento, desaparecidos.
Las recomendaciones
Por último, la comisión especial que investigó la masacre de Tumeremo recomendó la remisión del informe final a la Fiscalía General de la República, a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a la Comisión Permanente de Política Interior, al Ministerio del Poder Popular para la Defensa, a la Contraloría General de la República; al Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, a la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la AN, al Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, así como a la Comisión Permanente de Ambiente, para que investigaran en el ámbito de su competencia[23].
Citas
[1] Tal Cual. “Fiscal Saab asegura que van «a perseguir» a las mafias del oro en El Callao”. 1 de noviembre de 2018.
[2] InSight Crime. “Policía de Venezuela abate a líder de banda acusado de masacre minera”. 10 de mayo de 2016.
[3] Human Rights Watch. “Venezuela: Violentos abusos en minas de oro ilegales”. 4 de febrero de 2020.
[4] Diario Las Américas. “Denuncian masacre en estado minero de Venezuela”. 5 de marzo de 2016.
[5] NTN 24. “Denuncia familiar Tumeremo”. 9 de marzo de 2016.
[6] VTV. “Gobernador estado Bolívar desmiente situación irregular de mineros en Tumeremo (+Video)”. 5 de marzo de 2016.
[7] Noticiero Digital. “Américo De Grazia responde a Rangel Gómez por desmentir “desapariciones” en Tumeremo. 5 de marzo de 2016.
[8] YouTube. Globovisión. Vladimir a la 1. “De Grazia: Testigos afirmaron que son 28 los desaparecidos en Tumeremo”. 25 de marzo de 2016.
[9] VTV. “En CLAVES La ‘masacre virtual’ de Tumeremo”. 5 de marzo de 2016.
[10] Espacio Público. “Denuncian censura en el caso Tumeremo”. 14 de marzo de 2016.
[11] El Estímulo. “Una semana sin rastro de los mineros desaparecidos en Tumeremo”. 11 de marzo de 2016.
[12] BBC Mundo. “Autoridades en Venezuela anuncian hallazgo de cadáveres de mineros desaparecidos en Tumeremo”. 14 de marzo de 2016.
[13] Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. “Chávez ordena nacionalización de explotación de oro en Venezuela”. 5 de septiembre de 2011.
[14] InSight Crime. “Oro y caos: una mafia está al mando del Arco Minero del Orinoco en Venezuela”. 2 de octubre de 2017.
[15] DW. “Venezuela: petróleo en manos de militares”. 23 de febrero de 2016.
[16] Notilogía. Gaceta Oficial N° 40.845 Creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG).
[17] Efecto Cocuyo. “10 claves de la certificación del oro, el coltán y demás minerales en el Arco Minero del Orinoco”. 25 de febrero de 2016.
[18] Migalhas Latinoamérica. “Al menos US$ 2,12 mlls. debe pagar Venezuela por últimos fallos del Ciadi”. 31 de marzo de 2015.
[19] El Estímulo. “Empresas alemanas y americanas también explotarán oro en Venezuela”. 29 de febrero de 2016.
[20] Infocifras Online. “Último minuto: Desaparecido testigo clave de la masacre de Tumeremo”. 7 de abril de 2016.
[21] Dinero. “Ortega: Se localizaron cuatro cadáveres de la masacre de Tumeremo”. 14 de marzo de 2016.
[22] YouTube. “Abatido El Topo: Ministro González López da detalles sobre responsable masacre Tumeremo”. 6 de mayo de 2016.
[23] Slide Share. Informe final de la comisión especial de la Asamblea Nacional que estudió la desaparición de los mineros de Tumeremo.