El proceso penal federal contra la cúpula del poder venezolano en Estados Unidos ha sumado un nuevo capítulo. Cilia Adela Flores de Maduro, conocida durante años como la llamada “primera combatiente” del chavismo y una de las figuras más influyentes del aparato político venezolano, presentó este 3 de marzo de 2026 una moción ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York para sumarse a la estrategia legal de su esposo, Nicolás Maduro, que busca anular la acusación penal en su contra.
El escrito fue presentado ante el juez Alvin K. Hellerstein, y el caso representa uno de los procesos judiciales más delicados abiertos en Estados Unidos contra integrantes del régimen venezolano, en el que fiscales federales sostienen que altos funcionarios del chavismo habrían participado durante años en estructuras criminales vinculadas al narcotráfico internacional.
La nueva moción presentada por Flores intenta incorporar su defensa a la ofensiva jurídica que Maduro inició a finales de febrero, en un intento por desmontar la acusación antes de que el caso avance hacia las fases sustantivas del proceso penal.
Las acusaciones federales contra Cilia Flores
Aunque gran parte de la atención mediática se ha centrado en Nicolás Maduro, la acusación también incluye a Cilia Flores, una figura central en el entramado político del chavismo.
Durante décadas, Flores ha ocupado posiciones clave dentro del poder venezolano: fue presidenta de la Asamblea Nacional, procuradora general y diputada, además de convertirse en una de las principales asesoras políticas del mandatario venezolano.
Los fiscales estadounidenses sostienen que miembros del círculo más cercano al poder chavista facilitaron operaciones de redes narcotraficantes que transportaban grandes cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos.
La acusación se enmarca en la investigación conocida internacionalmente como el caso del Cartel de los Soles, una presunta estructura criminal integrada por altos mandos militares y políticos del régimen venezolano.
El caso ha adquirido notoriedad internacional desde hace años, particularmente después de que dos sobrinos de Cilia Flores fueran condenados en Nueva York por conspiración para traficar cocaína hacia Estados Unidos, tras un juicio federal que expuso conexiones directas entre el entorno familiar del poder chavista y redes del narcotráfico.
Ahora, la propia Flores enfrenta acusaciones dentro del expediente que investiga la presunta conspiración de funcionarios venezolanos para utilizar estructuras estatales en beneficio de organizaciones criminales.
La nueva estrategia de defensa
Frente a este escenario judicial, los abogados de Flores presentaron una moción solicitando unirse a la petición de Nicolás Maduro para que el tribunal desestime la acusación.
El argumento central de la defensa no se centra directamente en las acusaciones penales, sino en lo que consideran una interferencia del Gobierno de Estados Unidos con el derecho constitucional de la acusada a financiar su defensa legal.
El conflicto gira en torno a decisiones tomadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
Según el documento judicial, el 9 de enero de 2026 OFAC había emitido una licencia específica que autorizaba al bufete estadounidense Parker Sanchez & Donnelly a recibir pagos del Gobierno venezolano para cubrir los honorarios legales de Flores.
Sin embargo, la situación cambió de forma abrupta.
El 28 de febrero, apenas dos días después de que Nicolás Maduro presentara su propia moción para anular la acusación, OFAC revocó parcialmente la licencia, eliminando la autorización que permitía al Estado venezolano financiar la defensa.
El argumento constitucional
La defensa sostiene que esta decisión del Tesoro estadounidense impide a la acusada ejercer plenamente su derecho a elegir abogado, protegido por la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Según el documento presentado ante el tribunal, Flores no cuenta con recursos financieros personales suficientes para cubrir los costos de su defensa.
Hasta ese momento, los honorarios legales habían sido asumidos por el Gobierno venezolano gracias a la licencia emitida por OFAC.
Los abogados también señalan que el bufete defensor ya había realizado importantes compromisos financieros y logísticos para preparar la estrategia legal del caso.
La revocación repentina de la autorización, afirman, genera una situación que consideran injusta y financieramente inviable para continuar la representación.
La insinuación de una decisión política
El documento judicial deja entrever que la modificación de la licencia podría haber tenido motivaciones políticas.
Según los abogados de Flores, la decisión se produjo sin que existiera ningún cambio sustancial en las circunstancias del caso.
Además, OFAC indicó que la modificación se realizó tras consultas con el Departamento de Estado, lo que —según la defensa— sugiere una posible coordinación entre agencias del gobierno estadounidense.
El argumento central plantea que impedir que Venezuela pague los honorarios legales interfiere directamente con el derecho de la acusada a organizar su defensa dentro del sistema judicial estadounidense.
El riesgo de que la defensa abandone el caso
La moción también plantea una posibilidad que podría alterar el rumbo del proceso.
Si el juez Hellerstein rechaza la solicitud de desestimar la acusación, el abogado Mark E. Donnelly solicita permiso para retirarse de la representación legal.
Sin autorización para recibir pagos del Gobierno venezolano, el bufete sostiene que no puede continuar financiando la defensa.
En ese escenario, Flores tendría que solicitar un abogado designado por el tribunal, financiado por el sistema federal de defensa pública.
Un proceso con implicaciones internacionales
El caso contra Nicolás Maduro, Cilia Flores y otros altos funcionarios venezolanos se ha convertido en uno de los procesos judiciales internacionales más sensibles para Estados Unidos.
La investigación forma parte de una estrategia más amplia de Washington para perseguir redes de narcotráfico vinculadas a estructuras estatales, especialmente en países considerados por la justicia estadounidense como narco-regímenes o estados capturados por organizaciones criminales.
La disputa legal que ahora enfrenta la corte federal en Nueva York no solo determinará el rumbo de la defensa de Flores.
También podría definir hasta qué punto el régimen de sanciones económicas de Estados Unidos puede influir en los derechos procesales de acusados vinculados a gobiernos extranjeros sancionados.
La fiscalía federal deberá presentar su respuesta antes del 13 de marzo, mientras que la defensa tendrá hasta el 20 de marzo para replicar.
La decisión que adopte el juez Alvin Hellerstein podría marcar un precedente relevante en el cruce entre sanciones internacionales, derecho penal federal y procesos judiciales contra figuras del poder político extranjero.