Un documento presentado ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York revela que el régimen de Venezuela reconoce oficialmente que está financiando —y pretende seguir financiando— la defensa legal de Cilia Flores de Maduro, esposa de Nicolás Maduro, en el proceso penal que enfrenta en Estados Unidos.
La información aparece en una declaración jurada firmada el 3 de marzo de 2026 por Henry Rodríguez Facchinetti, funcionario de la Procuraduría General de Venezuela, presentada como Exhibit A dentro del expediente S4 11-CR-205 (AKH) del tribunal federal de Manhattan.
El documento confirma que el Estado venezolano considera una obligación legal cubrir los gastos de defensa de Flores, incluyendo honorarios de abogados y otros costos judiciales derivados del proceso penal en Nueva York.
Esta revelación surge en medio de una creciente batalla legal entre la defensa de Flores y el gobierno estadounidense sobre quién puede pagar la representación legal de la acusada.
La admisión formal del Estado venezolano
En su declaración ante el tribunal, Rodríguez Facchinetti explica que actualmente se desempeña como jefe de litigios de la Procuraduría General de Venezuela, institución responsable de representar jurídicamente al Estado venezolano.
Según el documento, el marco legal venezolano obliga al Estado a defender a funcionarios públicos que enfrenten procesos judiciales relacionados con su función, incluso en tribunales extranjeros.
El funcionario afirma que esta obligación incluye un sistema financiado por el Estado destinado a proporcionar asistencia legal a funcionarios sometidos a sanciones o procesos judiciales internacionales.
Además, sostiene que la legislación venezolana considera este deber obligatorio e indelegable, lo que implica que el Estado no puede negarse a asumir los costos legales.
El compromiso de pagar la defensa
La declaración presentada ante el tribunal es explícita. El funcionario afirma que el gobierno de Venezuela está dispuesto a pagar todos los costos legales de la defensa de Flores de Maduro durante todo el proceso judicial.
También confirma que el Estado venezolano está preparado para financiar la representación legal del bufete estadounidense Parker, Sanchez & Donnelly, encabezado por el abogado Mark E. Donnelly.
Según el documento, los fondos destinados a la defensa no provienen de actividades ilícitas ni están vinculados con las acusaciones contenidas en el indictment federal.
El choque con las sanciones de EE.UU.
El documento llega en un momento clave del caso. Hasta hace pocas semanas, el Departamento del Tesoro había autorizado mediante una licencia especial de OFAC (Office of Foreign Assets Control) que el gobierno venezolano pagara los honorarios legales de Flores.
Sin embargo, la licencia fue modificada recientemente, eliminando la autorización para que Caracas financie la defensa.
La defensa sostiene que esta decisión interfiere con el derecho constitucional de Flores a contar con el abogado de su elección, protegido por la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Por esta razón, los abogados buscan que el tribunal permita que Flores se sume a la moción presentada por Nicolás Maduro para desestimar la acusación.