El crimen organizado financia a la izquierda Latinoamericana, pues el narcotráfico, la corrupción política y el financiamiento internacional constituyeron una estructura que le da respaldo a los regímenes que se han establecido en países como Guatemala, México, Colombia y Venezuela.
Se trata de una alianza en la que ambos —crimen organizado y gobiernos socialistas— subsisten, gracias al apoyo mutuo que se brindan. Por ejemplo, diversas ONGs financiadas por fundaciones internacionales y gobiernos extranjeros, promueven la invasión de tierras, lo que facilita operaciones del crimen organizado y protege redes de narcotráfico.
Miles de millones de dólares provenientes de los contribuyentes de Estados Unidos se destinan a los planes que luchan contra el narcotráfico en Colombia — Plan Colombia, el plan de paz del expresidente Santos, por ejemplo—, o que financian la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), así como a una serie de organizaciones no gubernamentales que han terminado siendo parte de lo que supuestamente combatían.
Por su parte, en Venezuela el régimen de Nicolás Maduro ha puesto sobre la mesa la creación de una zona económica especial en la frontera colombo-venezolana que simplemente facilitaría el lavado de dinero y el crimen organizado.
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Alianza entre el crimen organizado y la izquierda
Rodrigo Arenas, presidente editor de República.com, considera que la mejor manera de describir esta alianza entre el crimen organizado y la izquierda latinoamericana son los gobiernos socialistas de la región, afiliados en su mayoría al Grupo de Puebla y al Foro de Sao Paulo, que se han constituido en la región desde México hasta Suramérica.
El periodista refiere que el narcotráfico encontró una tierra muy fértil en estos gobiernos, lo cual puede observarse claramente al analizar la ruta del narcotráfico, desde su nacimiento en Colombia, hasta México como puente a su destino final que es Estados Unidos.
En esos dos países —apunta Arena refiriéndose a Colombia y México— gobernados por socialistas miembros del Grupo de Puebla y del Foro de Sao Paulo, en los últimos dos o tres años —depende de lo que lleven de gobierno—, el narcotráfico se ha incrementado sin precedentes.
La gran rentabilidad del crimen
Sin que se desestime la necesidad de enfrentar el consumo en Estados Unidos, Rodrigo Arenas subraya lo altamente atractivo que resulta para estos regímenes de izquierda la gran rentabilidad de la actividad criminal operando en medio del caos imperante en estos países.
Señala que del Poder Legislativo de estos países forman parte un gran número de diputados que son financiados por estructuras del narcotráfico con cuyas cabecillas mantienen alianzas. “Es sumamente preocupante esta alianza entre los gobiernos socialistas y los narcotraficantes, pues lo único que hace es dañar la paz social de los países, arruinar la calidad de vida”.
Igualmente hace mención a la gran cantidad de dinero que genera el narcotráfico como producto de las políticas de los regímenes que les dan respaldo. Suman milmillonarias que, además, no pagan impuestos. “Es decir, se trata de un financiamiento del que no se rinden cuentas, un dinero que pueden gastar a sus anchas”.
La alianza entre el crimen organizado y los gobiernos de izquierda en Latinoamérica ha llegado al extremo de que los narcotraficantes ayudan a resolver problemas sociales en los diferentes municipios, aldeas, pueblos en los que operan. “Son los narcos los que construyen las escuelas, los campos de fútbol y pagan los programas sociales”.
Política consumada
Rodrigo Arenas manifiesta que es preocupante ver cómo los socialistas descaradamente establecen estas alianzas con el crimen organizado, lo que se puede ver como obra consumada en México, Guatemala, Colombia, por poner un ejemplo.
Cita el caso de Todd D. Robinson, quien fue subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) entre 2021 y 2025, el organismo que más dinero ha manejado en el hemisferio occidental hispanoamericano, pues en teoría es la institución de Estados Unidos —además de la DEA— que se supone apoyaría a los gobiernos de estos países en la batalla contra las drogas.
Sin embargo, durante su gestión, Robinson, quien también fue embajador en Guatemala durante tres años, forjó una gran amistad Iván Velázquez, ministro de defensa de Colombia hasta hace pocas semanas, individuo absolutamente socialista y con una agenda política ideológica que impuso por encima de la seguridad y de la justicia. La amistad desarrollada entre ambos llevó al funcionario estadounidense a dejarle operar al narcotráfico.
Sostiene que Velázquez, quien también fue jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), al igual que Gustavo Petro, no ve al narcotráfico como un enemigo de la sociedad. Por el contrario, se trata del tipo de dirigente que ve al narcotráfico como una fuente de financiamiento.
Arenas refiere que, afortunadamente, el INL en esta nueva administración de Donald Trump ya no está manejado por personajes como Todd D. Robinson, por lo que existe la oportunidad de darle un nuevo rumbo a dicho organismo en la lucha contra el narcotráfico.
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