Estados Unidos reanudó esta semana su campaña de “máxima presión” contra la República Islámica de Irán con una batería de sanciones dirigidas a una red internacional dedicada al contrabando de petróleo mediante la llamada “flota fantasma”. Esta operación vuelve a encender las alarmas sobre las rutas paralelas del comercio energético sancionado, en las que Venezuela también ha tenido un rol protagonista en los últimos años.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó más de 30 entidades, personas y buques, incluyendo una terminal petrolera iraquí —VS Oil— y una red de empresas asociadas al empresario británico-iraquí Salim Ahmed Said, acusado de falsificar documentación para hacer pasar petróleo iraní como iraquí y evadir las sanciones impuestas por Washington.
La red operaba desde el puerto de Khor al Zubair (Irak), mezclando petróleo iraní con crudo iraquí y utilizando la complicidad de funcionarios iraquíes para legitimar las operaciones. El crudo era posteriormente vendido a compradores internacionales a través de Emiratos Árabes Unidos.
La conexión venezolana
Aunque las sanciones de esta semana se enfocaron en Irán, el modus operandi de la red guarda similitudes directas con los mecanismos implementados por el régimen venezolano para evadir sanciones estadounidenses. Desde 2019, Venezuela ha utilizado tácticas similares para colocar petróleo en el mercado internacional, a menudo en colaboración con aliados como Irán, Rusia y China.
Buques con transpondedores apagados, transferencias de barco a barco en aguas internacionales y falsificación de documentación de origen son parte del esquema compartido. En más de una ocasión, las autoridades estadounidenses y europeas han detectado cargamentos venezolanos etiquetados como malayos o mexicanos para burlar las restricciones financieras y comerciales.
Además, los vínculos entre PDVSA y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI-Fuerza Quds) han sido documentados en operaciones conjuntas de exportación de crudo y en la adquisición de insumos para las refinerías venezolanas.
La amenaza del comercio petrolero clandestino
La acción del Departamento del Tesoro subraya la persistencia de una economía subterránea internacional que sostiene a regímenes sancionados. En el caso iraní, la venta de crudo disfrazado financia operaciones del CGRI, considerado grupo terrorista por Estados Unidos. En Venezuela, estas ventas ilícitas han servido para alimentar redes de corrupción y sostener políticamente al régimen de Nicolás Maduro.
Ambos casos evidencian una arquitectura paralela de comercio energético, ajena a las normas internacionales, que pone en riesgo la seguridad marítima, la integridad financiera y los equilibrios geopolíticos.
Más allá de Irán
Entre los buques sancionados se encuentran cargueros como el Vizuri, Fotis, Bianca Joysel y el Elizabet, este último famoso por adoptar identidades falsas de buques desguazados —una práctica también documentada en embarcaciones venezolanas. Algunos de estos petroleros realizaron operaciones de transferencia en puntos críticos como el Estrecho de Malaca y el mar de China Meridional, zonas donde también se han reportado movimientos de crudo venezolano.
La designación de empresas y buques en India, Emiratos Árabes Unidos, Singapur y Reino Unido reafirma el carácter transnacional de estas redes, que operan en un entorno de corrupción institucional, opacidad corporativa y complicidad gubernamental.
Implicaciones para Caracas
Para Venezuela, estas nuevas sanciones envían un mensaje claro: Estados Unidos está dispuesto a escalar nuevamente su presión sobre quienes alimentan el comercio ilegal de petróleo sancionado. A medida que se estrechan las rutas de Irán, es probable que aumente el escrutinio sobre PDVSA y sus operadores internacionales.
La administración Biden había flexibilizado parcialmente algunas restricciones sobre el crudo venezolano en 2023, pero tras el incumplimiento de los acuerdos de Barbados y el recrudecimiento de la represión política en el país, Washington revocó las licencias temporales en abril de 2024. Con ello, Venezuela ha vuelto a depender de métodos clandestinos para colocar su crudo.
Las sanciones contra la red de Said y la terminal petrolera iraquí constituyen un precedente relevante para Venezuela, que utiliza esquemas similares en su comercio energético sancionado. Si Estados Unidos extiende esta lógica a otros países implicados en la “flota fantasma”, PDVSA y sus intermediarios podrían enfrentar nuevas medidas que limitarían aún más su ya frágil acceso a divisas.
El caso de Irán revela un patrón claro: el mercado negro del petróleo es hoy uno de los pilares del sostenimiento de regímenes autoritarios, y su desmantelamiento será una prioridad en las agendas geopolíticas de Occidente.
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