David Rivera, excongresista y presunto operador del chavismo en EE. UU., logró postergar su juicio federal hasta el 26 de septiembre de 2025 con el argumento de ‘interés de la justicia’. Acusado de actuar como agente encubierto de Raúl Gorrín y lavar más de $5.5 millones mediante empresas fantasma, Rivera continúa libre mientras el sistema judicial le concede tiempo extra. La decisión desató indignación entre quienes denuncian la impunidad de quienes colaboran con estructuras criminales transnacionales desde posiciones de poder político en EE. UU.
El excongresista republicano David Rivera enfrenta una serie de cargos criminales graves tras ser acusado formalmente el 17 de diciembre de 2024 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia. La acusación, que incluye 11 cargos federales, se centra en su presunta actuación como agente no registrado del empresario venezolano sancionado Raúl Gorrín, así como en un sofisticado esquema de lavado de dinero con ramificaciones internacionales.
Cargos presentados contra David Rivera
Rivera fue imputado por las siguientes ofensas:
- Un cargo por violación de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA): Rivera habría proporcionado servicios de cabildeo y consultoría en EE. UU. en favor de Gorrín entre junio de 2019 y abril de 2020 sin registrarse como agente extranjero. Esta infracción conlleva una pena máxima de cinco años de prisión y una multa de $10,000.
- Cinco cargos por lavado de dinero: Se le acusa de haber canalizado más de $5.5 millones provenientes de Gorrín mediante empresas ficticias en Delaware y compañías intermediarias en Hong Kong, para ocultar el origen de los fondos y pagar a otros involucrados en la operación. Cada cargo puede acarrear hasta 20 años de prisión y multas de hasta $500,000.
- Cinco cargos por transacciones con bienes derivados de actividades delictivas: Rivera habría utilizado los fondos ilícitos para efectuar diversas operaciones financieras, lo que representa un delito con penas de hasta 10 años de prisión por cargo.
Además, la fiscalía solicitó el decomiso de más de $5.5 millones y diversas propiedades inmobiliarias, considerados ganancias derivadas de su actividad criminal.
Vínculos con el régimen venezolano y Raúl Gorrín
Raúl Gorrín, dueño del canal Globovisión y cercano al régimen de Nicolás Maduro, fue sancionado por el Departamento del Tesoro el 8 de enero de 2019 y se encuentra incluido en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN List) por corrupción y lavado de dinero. Rivera habría intentado influir en funcionarios de alto nivel del gobierno de EE. UU., incluyendo uno del Poder Ejecutivo, para buscar el retiro de Gorrín de dicha lista de sanciones.
Un proceso legal prolongado y complejo
La causa judicial ha atravesado numerosas reprogramaciones y audiencias técnicas entre diciembre de 2024 y junio de 2025. Entre los hitos más relevantes del proceso se incluyen:
- 30 de junio de 2025: David Rivera se declara no culpable de todos los cargos en una audiencia ante el juez Emmet G. Sullivan.
- A lo largo del proceso, Rivera ha estado en libertad bajo reconocimiento personal, sin necesidad de pagar fianza.
- La próxima audiencia de estado está fijada para el 26 de septiembre de 2025, y el tiempo hasta esa fecha ha sido excluido de los cálculos de juicio rápido en “interés de la justicia”.
Antecedentes del acusado
Esta no es la primera vez que Rivera es blanco de investigaciones federales. En 2022, fue acusado en otro caso en Nueva York relacionado con un contrato de $50 millones firmado con PDV USA, filial de la estatal petrolera venezolana PDVSA, por servicios de cabildeo no registrados durante 2017-2018. En 2023 se agregaron cargos por evasión fiscal y omisión de ingresos en relación con esos hechos.
Según los fiscales federales, Rivera resalta la expansión de las redes de influencia del régimen venezolano dentro del territorio estadounidense, a través de cabilderos y figuras políticas conectadas.
En la acusación se señala que la violación de la Ley FARA representa el interés persistente del Departamento de Justicia y la OFAC para desarticular los mecanismos de penetración política y financiera del chavismo en EE. UU. mediante el uso de intermediarios locales.
Este caso, de acuerdo a los documentos judiciales, marca un precedente legal relevante sobre el cumplimiento de la Ley FARA, especialmente en contextos donde agentes extranjeros intentan operar bajo la sombra de la legalidad usando estructuras corporativas ficticias y jurisdicciones opacas como Hong Kong y Delaware.
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