Demanda colectiva de individuos con Estatus de protección temporal (TPS) contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y otras agencias gubernamentales deja dudas acerca de si reclaman discriminación y protección de derechos o se trata de simplemente de amparar a miembros de organizaciones delictivas como el Tren de Aragua.
Los demandantes —individuos con estatus migratorio protegido o solicitudes de asilo pendientes y la organización sin fines de lucro CASA Inc.— reclaman ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia una reparación declaratoria y cautelar contra múltiples agencias federales.
La queja principal es la política y práctica de realizar arrestos de inmigración sin orden judicial y sin la causa probable individualizada requerida por la ley federal en Washington, D.C. En tal sentido, la demanda detalla varios incidentes de arrestos que, según los demandantes, se basaron en el perfil racial y se llevaron a cabo sin la debida evaluación del estatus migratorio o riesgo de fuga, causando daño físico y psicológico a la comunidad.
Los demandantes buscan una orden judicial para detener estas prácticas y declarar ilegales las políticas que permiten tales arrestos masivos.
La demanda colectiva
El 25 de septiembre de 2025, un grupo de individuos y la organización sin fines de lucro CASA Inc. demandaron colectivamente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Departamento de Justicia (DOJ) y otras agencias federales de EE. UU., a las que acusa de implementar una política y práctica de realizar arrestos migratorios masivos y sin orden judicial en Washington D.C., los cuales se dirigen sistemáticamente a personas percibidas como latinas.
Ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia acusaron que estos arrestos violan directamente el estatuto federal (8 U.S.C. § 1357(a)(2)), que requiere que los agentes tengan «razones para creer» —equivalente a causa probable— sobre dos condiciones específicas antes de realizar un arresto sin orden judicial:
- que la persona se encuentra ilegalmente en el país y
- que es probable que la persona escape antes de que se pueda obtener una orden judicial.
La demanda sostiene que los agentes federales realizan arrestos sin realizar ninguna evaluación individualizada sobre el estatus migratorio o el riesgo de fuga de la persona.
Sostienen que esto generó un clima de miedo en las comunidades inmigrantes, causó daños psicológicos y físicos a los individuos y desvió recursos críticos de organizaciones de servicios sociales como CASA. Los demandantes buscan una sentencia declaratoria de que la política es ilegal y un mandato judicial para poner fin a estas prácticas.
Contexto y política gubernamental
La demanda sitúa los arrestos dentro de una estrategia más amplia de la administración del presidente, Donald Trump, para llevar a cabo deportaciones masivas. Esta estrategia se manifiesta —según los demandantes— a través de varias acciones clave:
Promesa de campaña:
Se cita la promesa del presidente Donald Trump de iniciar «la operación de deportación más grande en la historia de nuestro país» desde el primer día de su mandato.
Cuotas de arresto:
En enero de 2025, la administración impuso una cuota de 75 arrestos diarios a las oficinas de campo de ICE. Para mayo de 2025, esta cuota aumentó a 3000 arrestos diarios, una cifra confirmada públicamente por el Subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller.
Expansión de poderes:
El Departamento de Seguridad Nacional otorgó a agencias federales no pertenecientes al DHS, como la DEA, poderes de aplicación de la ley de inmigración para ayudar a cumplir con las cuotas.
Control federal sobre D.C.:
A través de órdenes ejecutivas, la administración busca un mayor control sobre la capital. La Orden Ejecutiva 14252 (27 de marzo de 2025) estableció un grupo de trabajo para, entre otras cosas, dirigir la «máxima aplicación de la ley federal de inmigración» en el área metropolitana de D.C.
Declaración de «Emergencia por Delincuencia»:
El 11 de agosto de 2025, el presidente Trump declaró una «emergencia por delincuencia» en D.C. (Orden Ejecutiva 14333), tomando el control del Departamento de Policía Metropolitana (MPD) y desplegó a la Guardia Nacional. La demanda argumenta que esto fue un pretexto para la aplicación de la ley de inmigración y citó las declaraciones del presidente de que la ciudad «ya no será un santuario para criminales extranjeros ilegales».
Estadísticas clave del período de emergencia
- Total de arrestos migratorios: desde el 11 de agosto hasta el 9 de septiembre de 2025, se realizaron 943 arrestos por motivos de inmigración civil federal.
- Proporción de arrestos: estos arrestos representaron más del 40 % de todos los arrestos realizados en D.C. durante ese período.
- Falta de antecedentes penales: más del 70 % de las personas arrestadas por violaciones de la ley de inmigración durante este aumento no tenían antecedentes penales, lo que, según la demanda, demuestra que el objetivo era la inmigración y no la «delincuencia».
Violación sistemática de la ley federal
El núcleo legal de la demanda es la violación del estatuto 8 U.S.C. § 1357(a)(2) que establece una excepción limitada al requisito de una orden judicial para arrestos migratorios y exige que un agente tenga causa probable sobre dos elementos distintos:
- Estatus ilegal: el agente debe tener «razones para creer» que la persona se encuentra en los Estados Unidos en violación de cualquier ley o regulación de inmigración.
- Riesgo de fuga: el agente debe tener «razones para creer» que la persona «es probable que escape antes de que se pueda obtener una orden judicial para su arresto».
La demanda alega que los demandados instituyeron una política y práctica que ignora ambos requisitos y, en particular el segundo, al no realizar una evaluación individualizada del riesgo de fuga.
La demanda afirma que esta política se abandonó en D.C. para facilitar las «barridas generales en las calles», lo que se evidencia por la eliminación de los requisitos de aprobación de un supervisor y de la cumplimentación de formularios antes de un arresto.
Patrón de arrestos y perfilamiento racial
La demanda documenta un patrón de arrestos indiscriminados que se basan en la percepción de la etnia de una persona. Agentes federales, a menudo de civil, enmascarados y armados, detienen a personas en sus actividades diarias.
Se cita un ejemplo explícito de perfilamiento racial donde un oficial detuvo a una mujer latina, ciudadana estadounidense, diciéndole explícitamente que la detenía porque «no parecía una ciudadana».
Los siguientes casos individuales se presentan como evidencia del patrón de conducta ilegal:
| Nombre/Identificador | Estatus/Contexto | Circunstancias del arresto |
| José Escobar Molina | Residente de D.C. por 25 años, con Estatus de Protección Temporal (TPS) válido desde 2001. | Arrestado el 21 de agosto de 2025 al salir de su apartamento para ir al trabajo. Agentes de civil lo esposaron inmediatamente sin preguntarle su nombre, identificación o estatus migratorio. Fue liberado al día siguiente después de que un supervisor de ICE se diera cuenta de que tenía TPS válido. |
| B.S.R. | Solicitante de asilo de Honduras, con una solicitud pendiente y usando un monitor de tobillo de ICE. | Arrestado el 18 de agosto de 2025 en su automóvil con su padre. Agentes (incluido uno de la Patrulla Fronteriza) lo arrestaron sin orden judicial y sin preguntas previas. Les mostró su monitor de tobillo después del arresto. Fue liberado después de 10 horas. |
| N.S. | Solicitante de asilo de Venezuela con una solicitud pendiente. | Arrestado el 12 de agosto de 2025 en el estacionamiento de un Home Depot por un agente con insignias de la DEA y de ICE. Fue arrestado sin orden judicial ni preguntas sobre sus lazos con la comunidad. Estuvo detenido casi cuatro semanas en varios centros antes de ser liberado. |
| R.S.M. | Solicitante de asilo de El Salvador con una solicitud pendiente. | Arrestada el 26 de agosto de 2025 mientras conducía al trabajo con su esposo. Los agentes les pidieron identificación y luego la arrestaron sin orden judicial y sin preguntar sobre sus lazos con la comunidad. Fue liberada después de 10 horas con un monitor de tobillo. |
| Otros miembros de CASA | Incluyen un ciudadano estadounidense cuyo colega fue arrestado, trabajadores de la construcción, repartidores, y personas en situaciones cotidianas (accidente de tráfico, sacar la basura). | En todos los casos, el patrón se repite: arrestos sin orden judicial, sin una investigación previa sobre el estatus migratorio o los lazos con la comunidad para determinar el riesgo de fuga, y a menudo con un uso agresivo de la fuerza. |
Impacto en los demandantes y la comunidad
La demanda detalla los graves perjuicios causados por la política de arrestos de los demandados.
Perjuicios a individuos: acusan daño físico y psicológico; y vivir un clima de miedo en sus comunidades.
Perjuicios a la organización CASA Inc.: acusan tener que desviar recursos significativos de sus programas principales —servicios sociales, de salud, legales para estabilizar el estatus migratorio— para proporcionar una respuesta de emergencia a las detenciones.
Refieren un aumento de denuncias contra ICE en sus oficinas de cuarenta veces en los informes de arrestos en D.C. en un período de dos semanas en agosto de 2025; aumento de 25 % de la carga de trabajo del equipo de Salud y Servicios Humanos de CASA para responder a las detenciones. Los costos de la línea directa aumentaron un 14 %.
Dicen sufrir pérdida de financiamiento y padecer un efecto inhibidor, por cuanto los miembros de la comunidad se volvieron reacios a compartir información personal necesaria para acceder a servicios sociales y beneficios públicos por temor a que su estatus migratorio sea utilizado en su contra.
Alegatos de demanda colectiva y reparaciones solicitadas
Los demandantes buscan representar a una clase y dos subclases de personas afectadas por estas políticas.
Clase de arrestos sin orden judicial:
Todas las personas que, desde el 11 de agosto de 2025, han sido o serán arrestadas en D.C. por presuntas violaciones de inmigración sin una orden judicial y sin una evaluación individualizada previa de causa probable de que la persona se encuentra ilegalmente en EE. UU. y representa un riesgo de fuga.
Subclase de estatus migratorio:
Aquellos arrestados sin una evaluación previa de causa probable sobre su estatus ilegal.
Subclase de riesgo de fuga:
Aquellos arrestados sin una evaluación previa de causa probable sobre su riesgo de fuga.
La demanda presenta dos reclamaciones principales de reparación, ambas por la violación de 8 U.S.C. § 1357(a)(2) y la Ley de Procedimiento Administrativo (APA):
- Primera reclamación: por realizar arrestos sin una evaluación individualizada del estatus migratorio.
- Segunda reclamación: por realizar arrestos sin una evaluación individualizada del riesgo de fuga.
Los demandantes solicitan al tribunal que:
- Certifique la demanda como una acción de clase.
- Declare que la política y práctica de los demandados son ilegales.
- Anule y deje sin efecto dicha política.
- Emita un mandato judicial que prohíba a los demandados continuar con los arrestos sin la debida causa probable para ambos elementos requeridos por la ley.
- Ordene a los demandados que eliminen todos los registros relacionados con los arrestos ilegales de los demandantes y miembros de la clase.
- Conceda el pago de las costas y los honorarios razonables de los abogados.
Vea en Sin Filtros “Mi conversación con Karina Mariani”:
