Qué admitió Alex Saab: sobornos, CLAP, petróleo de PDVSA y US$195 millones

Alex Saab deberá entregar documentos, declarar ante grandes jurados y comparecer en juicios cuando la Fiscalía lo requiera. El empresario admitió que dirigió, junto con Álvaro Pulido y altos funcionarios venezolanos, una trama de sobornos, contratos CLAP, petróleo de PDVSA y lavado internacional que se mantuvo activa hasta febrero de 2026.

Alex Nain Saab Morán dejó de ser solamente un acusado de lavado de dinero y pasó a convertirse en cooperante formal de la justicia de Estados Unidos. El empresario colombiano y exministro venezolano se declaró culpable ante la jueza federal Kathleen M. Williams, en Miami, del único cargo de la acusación: conspiración para lavar instrumentos monetarios.

El acuerdo de culpabilidad y la exposición conjunta de hechos permiten establecer con precisión qué admitió Saab, qué entregará al Gobierno y qué espera recibir. Su confesión no se limita al programa CLAP. Reconoció una estructura que utilizó sobornos, empresas fachada, contratos públicos, petróleo, oro, bancos internacionales y cuentas estadounidenses, con participación y protección de altos funcionarios venezolanos.

La jueza no impuso todavía la condena. Su decisión fue aceptar la declaración de culpabilidad después de comprobar que fuera consciente, voluntaria y respaldada por una base fáctica. La sentencia llegará después del informe presentencia y de que el tribunal resuelva el rango de las Guías Federales y cualquier solicitud de reducción.

Saab admitió que fue organizador y líder

La exposición conjunta contiene una admisión particularmente grave: Saab y Álvaro Pulido Vargas, junto con funcionarios venezolanos de alto nivel, fueron los principales organizadores y líderes del esquema. No se describe a Saab como un intermediario subordinado, sino como una de las personas que diseñaron y ejecutaron el sistema de sobornos utilizado para obtener contratos gubernamentales de alimentos y medicinas.

Saab aceptó que desde aproximadamente 2015 acordó lavar dinero y cometer fraude con Pulido, José Gregorio Vielma Mora, Emmanuel Enrique Rubio González, Carlos Rolando Lizcano Manrique, varios coacusados identificados mediante números y otros participantes. La finalidad era obtener contratos CLAP mediante sobornos y pagos ilegales, para después distribuir y ocultar las ganancias dentro y fuera de Venezuela, incluso a través del Distrito Sur de Florida.

Las empresas controladas clandestinamente por los conspiradores obtenían contratos lucrativos, pero no cumplían completamente con las entregas. Según los hechos aceptados, utilizaban compañías falsas, facturas fraudulentas, registros de embarque falsificados y otros documentos para apropiarse de cientos de millones de dólares y ocultar a los beneficiarios.

El “Funcionario Gubernamental 1A”

El documento identifica a una figura central bajo el código “Government Official 1A”. Saab admitió que se reunió con esa persona al comienzo de la conspiración y recibió su autorización para ejecutar el esquema. A cambio de apoyo y protección, realizó pagos dentro y fuera de Venezuela.

Saab y el Funcionario 1A acordaron que el Coacusado 1 actuaría como sustituto o representante del funcionario para recibir pagos ilegales en su nombre. El documento no revela públicamente sus identidades. Atribuir esos códigos a Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez u otra persona sin evidencia adicional sería especulativo. Lo admitido es la existencia de un alto funcionario que aprobó el mecanismo, lo protegió y recibió pagos directa o indirectamente.

Saab deberá explicar a los fiscales quiénes están detrás de esos códigos, cómo se transmitían las instrucciones, qué contraprestaciones fueron pactadas, cuáles pagos se efectuaron y qué pruebas pueden corroborarlo.

US$17 millones en sobornos para Vielma Mora

Saab admitió que a comienzos de 2016 él, el Funcionario 1A, Vielma Mora y otros participantes organizaron la adjudicación de un contrato para producir y entregar diez millones de cajas de alimentos en Táchira. Fue administrado por Cobiserta con recursos nacionales desembolsados por Fonden.

Como contraprestación por la influencia de Vielma Mora en ese contrato y en adjudicaciones futuras, acordaron pagarle aproximadamente 17 millones de dólares en sobornos, comisiones ilegales y otros pagos. Saab organizó transferencias millonarias hacia cuentas corporativas en Antigua y Panamá controladas por terceros en representación de Vielma Mora. Parte pasó luego por cuentas del sur de Florida para promover el esquema y ocultar su origen.

El contrato fue adjudicado en octubre de 2016 a Group Grand Limited, sociedad de Hong Kong controlada secretamente por Saab y Pulido. Tenía cuentas bancarias, pero no producía alimentos, medicinas ni otros bienes. También fueron utilizadas Asasi Foods FZE y Mulberry Proje Ve Dis Ticaret A.S.

Del CLAP al petróleo y al oro

Saab admitió que obtuvo aproximadamente 195 millones de dólares de ganancias procedentes de por lo menos seis contratos. Los fondos fueron liberados por Fonden y otras instituciones bajo la influencia del Funcionario 1A, entre ellas Bandes y Corpovex.

A más tardar a mediados de 2019, Saab, el Funcionario 1A, el Coacusado 3 y otros modificaron la estructura de pago. La compensación por los contratos CLAP comenzó a efectuarse mediante entregas de petróleo, oro y otros recursos naturales venezolanos.

Saab, los coacusados 3 y 4 y otros asociados organizaron buques para recoger, transportar, disfrazar y vender millones de barriles de crudo de PDVSA. Parte de los ingresos fue transferida hacia y a través de cuentas estadounidenses, incluidas cuentas del sur de Florida.

Después de la detención de Saab en Cabo Verde el 12 de junio de 2020, Pulido asumió su función de liderazgo. La operación continuó vendiendo millones de barriles y desviando las ganancias. Saab aceptó que, mientras estaba detenido, esperaba seguir obteniendo beneficios y pagos por su participación anterior.

Conductas posteriores al indulto

El documento sitúa a Saab en conductas posteriores al indulto de Joe Biden. Tras regresar a Venezuela en diciembre de 2023 y hasta febrero de 2026, se integró formalmente al Gobierno, recibió fondos derivados de contratos CLAP anteriores y continuó ayudando y recibiendo instrucciones de funcionarios venezolanos y sus representantes involucrados en otros esquemas ilegales, incluido el Funcionario 1A.

Esto explica por qué el perdón presidencial de 2023 no bloqueó el nuevo proceso: no podía autorizar delitos futuros. Saab también renunció a sostener en apelación que la conducta admitida queda fuera de la sección penal aplicada.

Diez cuentas y una red internacional

Los fiscales identifican diez cuentas vinculadas al lavado: siete en Investbank, Bulgaria, y tres en Union Bank, Liechtenstein. Entre sus titulares aparecen Adon Trading FZE, Asasi Foods FZE, Atlas Food FZE, FB Foods C.A. Limited, Max Power Engineering LTD, Mulberry Proje Ve Dis Ticaret A.S. y Salva Foods FZE.

Saab admitió que él y Pulido usaron una firma suiza de asesoría financiera para establecer secretamente entidades y cuentas con el propósito de lavar fondos. Aunque aparecían como cuentas corporativas manejadas por representantes, los activos pertenecían o estaban asociados con ambos y fueron empleados para facilitar sobornos, gastar ganancias y esconderlas.

El mapa se extendió además a Antigua, Panamá, Islas Marshall, Montenegro, Suiza, Turquía, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos. Esta dimensión puede generar nuevas investigaciones, solicitudes de asistencia jurídica, decomisos y procesos contra facilitadores financieros.

Los US$195 millones no son una simple multa

El acuerdo contempla una sentencia monetaria de decomiso por 195 millones de dólares, al considerarlos dinero involucrado en el delito y ganancias derivadas de este. Saab también aceptó entregar fondos, valores, dividendos, intereses y demás bienes contenidos o rastreables a las diez cuentas.

El Gobierno podrá perseguir bienes sustitutos si los productos originales no están disponibles. Saab deberá localizar activos en cualquier país, transferir títulos, liquidar propiedades y no obstaculizar su recuperación. Dentro de los 14 días siguientes al acuerdo deberá presentar una declaración financiera con todos los bienes sobre los que tenga o haya tenido interés o control directo o indirecto, incluidos activos en manos de su cónyuge, testaferros o terceros.

También renunció a impugnar el decomiso, invocar la cláusula constitucional contra multas excesivas y apelar esa parte. Separadamente, la jueza puede imponer una multa de hasta 500.000 dólares o el doble del valor de la propiedad involucrada. Decomiso, multa y eventual restitución no son sinónimos.

El cálculo de la pena

El delito tiene un máximo de 20 años de prisión y hasta tres años de libertad supervisada. Las partes recomendarán una pérdida no inferior a 195 millones de dólares, cuatro niveles adicionales porque Saab fue organizador o líder de una actividad con cinco o más participantes y aumentos por la condena bajo la sección 1956 y el lavado sofisticado.

El acuerdo identifica un nivel ajustado 37 y categoría de antecedentes I, correspondientes a 210–262 meses. La pena, sin embargo, no puede exceder el máximo legal de 240 meses. El documento promete además dos niveles menos por aceptación de responsabilidad y, si se cumplen las condiciones, un tercero por haber comunicado oportunamente la intención de declararse culpable. La interacción final de esos cálculos deberá ser resuelta en el informe presentencia y por la jueza; no es correcto anunciar desde ahora una pena determinada.

La Fiscalía recomendará una pena no superior al extremo inferior del rango finalmente aplicable. La promesa desaparece si Saab oculta información, falsea hechos, comete otro delito o hace declaraciones falsas. La recomendación no obliga a la jueza y Saab no podrá retirar su declaración si la pena supera sus expectativas.

Cooperación sin límite de nombres

Saab deberá proporcionar información y testimonio completos y veraces, entregar documentos, registros y otras pruebas, comparecer a entrevistas, declarar ante grandes jurados y presentarse en juicios, audiencias y reuniones cuando la Fiscalía lo requiera. También prometió no proteger a ninguna persona o entidad mediante falsedades u omisiones y no incriminar falsamente a nadie.

El texto no restringe la cooperación a cuatro coacusados ni al caso de Miami. Permite utilizarlo en otros asuntos criminales si sus conocimientos son pertinentes. Pero la Fiscalía conserva el control del beneficio: solo si considera, bajo su criterio exclusivo y no revisable, que la ayuda tiene calidad e importancia suficientes podrá pedir una reducción bajo U.S.S.G. § 5K1.1, 18 U.S.C. § 3553(e) o, después de la sentencia, la Regla 35. No está obligada a hacerlo y la jueza tampoco está obligada a concederla.

El costo de mentir

Si Saab entrega información falsa, incompleta o engañosa, comete otro delito o viola el acuerdo, la Fiscalía queda libre de sus compromisos, pero Saab no recupera el derecho a retirar su declaración. Puede ser procesado por perjurio, obstrucción u otros delitos y renuncia a invocar la prescripción respecto de cargos que no estuvieran prescritos al firmar.

Sus declaraciones y las pistas derivadas de ellas podrán utilizarse afirmativamente contra él en procedimientos penales, civiles o administrativos. Una cooperación falsa podría dejarlo sin beneficios y, al mismo tiempo, proporcionar evidencia para nuevas acusaciones.

Renuncia amplia a apelar

Saab renunció a impugnar la condena y la sentencia, salvo si la pena supera el máximo legal o constituye una variación ascendente respecto del rango establecido por la jueza. Recuperaría el derecho si el Gobierno apela. También renunció a afirmar que la norma es inconstitucional o que su conducta no está comprendida en ella.

Aunque la renuncia no elimina necesariamente toda vía extraordinaria —por ejemplo, determinadas reclamaciones sobre voluntariedad o asistencia ineficaz—, reduce drásticamente su capacidad ordinaria de impugnación.

¿Puede ser testigo contra Nicolás Maduro?

Sí puede ser llamado, pero el acuerdo no confirma que esa decisión ya exista. Su obligación de comparecer en cualquier juicio requerido despeja la duda contractual. Falta saber si posee información personalmente conocida, pertinente y corroborable para probar los delitos específicos imputados a Maduro en Nueva York que son específicamente de narcoterrorismo y no de crímenes financieros.

Saab puede identificar funcionarios, explicar cadenas de mando, revelar beneficiarios ocultos, autenticar comunicaciones y reconstruir circuitos utilizados para monetizar contratos, petróleo y oro. El proffer afirma que la Fiscalía tenía testigos cooperantes y policiales, correos y chats preservados, registros empresariales y documentos bancarios. Su versión, por tanto, puede contrastarse con evidencia independiente.

Para contribuir al caso de narcotráfico y narcoterrorismo no bastaría con demostrar corrupción o lavado del CLAP. Tendría que conectar esas estructuras con conocimiento, acuerdo, participación, protección o financiamiento de operaciones de drogas o de las organizaciones mencionadas en la acusación de Nueva York. Si posee comunicaciones, pagos o instrucciones que creen ese puente, puede ser un testigo de enorme valor; si no, su utilidad será principalmente contextual y financiera.

La defensa de Maduro atacaría su credibilidad alegando que intenta evitar una condena cercana al máximo o proteger intereses patrimoniales. La Fiscalía tendría que revelar sus incentivos y material de impugnación bajo Brady y Giglio. Un caso sólido necesitaría corroboración bancaria, documental, digital, marítima y testimonial.

Lo que verdaderamente cambió

Saab no obtuvo una promesa de libertad ni una condena reducida garantizada. Consiguió la posibilidad de que la Fiscalía recomiende el extremo inferior del rango y, si su ayuda es sustancial, solicite una reducción adicional. A cambio, reconoció que dirigió un esquema protegido por altos funcionarios, aceptó hasta 20 años de exposición penal, entregó el control sobre activos por al menos 195 millones de dólares y quedó obligado a colaborar sin reservar personas, entidades o procesos.

Todavía no está probado públicamente que haya incriminado a Nicolás Maduro ni que el Funcionario 1A sea Maduro. Lo documentado es que Saab aceptó revelar identidades, entregar pruebas y testificar donde los fiscales lo requieran. Su condena dependerá, en buena medida, de la verdad, profundidad y utilidad de esa cooperación.