Caro le habrían costado los vínculos de David Rivera con el chavismo, toda vez que el exlegislador estadounidense se mantiene sujeto a diversos procesos judiciales derivados de dicha relación.
Rivera está acusado de actuar como un agente extranjero no registrado para el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, pues si bien contrató con una empresa estadounidense, debía proceder a su registro en virtud del trabajo que realizaría en nombre de la dictadura de Maduro y sus intereses comerciales.
David Rivera fue acusado el 16 de noviembre de 2022, junto con Esther Nuhfer de conspiración para violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, conspiración de lavado de dinero y cinco cargos sustantivos de lavado de dinero. Luego, el 14 de diciembre de 2023, un gran jurado en una acusación formal sustitutiva agregó cargos relacionados con las declaraciones de impuestos personales y corporativos supuestamente falsas en los años fiscales 2017 y 2018.
Ni Rivera ni Nuhfer se registraron ante el fiscal general de los Estados Unidos como agentes extranjeros que actuaban en nombre del gobierno venezolano en relación con sus esfuerzos por mejorar las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela.
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El arresto de Rivera
El 5 de diciembre de 2022, David Rivera fue arrestado en el aeropuerto de la ciudad de Atlanta, en atención a la acusación que sobre él pesa en un tribunal federal de Miami por las irregularidades en la firma de un contrato de consultoría de USD 50 millones con el gobierno de Nicolás Maduro. En la misma fecha fue liberado luego de ser impuesto de los cargos en su contra por un juez.
La empresa de Rivera, Interamerican Consulting fue demandada por PDV USA Inc., propietaria en Estados Unidos de CITGO Petroleum Corporation. La filial de la estatal petrolera venezolana era la encargada de pagar por los servicios asesoría de la compañía del exlegislador. Este ayudaría a la dictadura venezolana a mejorar sus relaciones con el gobierno del entonces presidente Donald Trump.
Se trata de un caso que implica demandas y contrademandas de ambas partes, toda vez que mientras PDV USA acusa incumplimiento de contrato y la devolución de USD 15 ya pagados, Rivera exige la cancelación de USD 35 millones que supuestamente aún le adeudan. Este hecho ha incrementado las presiones sobre Rivera en razón de sus relaciones con la tiranía venezolana.
Raúl Gorrín entra en escena
Además, en el curso del proceso judicial han quedado en evidencia los nexos de Rivera con Raúl Gorrín, un informante venezolano y empresario sancionado y acusado en los EE. UU. por cargos de lavado de dinero. El gobierno acusa que Gorrín fungió de intermediario para que la empresa de Rivera obtuviera el contrato.
Comunicaciones cruzadas entre ambos, hablan de la compra de “boletos para conciertos”, lo cual sería una clave para referirse a sobornos a funcionarios anónimos en el intento de coordinar reuniones entre la cancillería venezolana y ejecutivos de Exxon.
El dinero recibido por Interamerican Consulting habría sido transferido a dos de sus socios — Esther Nuhfer entre ellos— y a Interglobal Yacht Management, una empresa que PDV USA alega que fue usada para pagar el mantenimiento de un yate de Gorrín. Nuhfer, dueña de Communications Solutions habría recibido USD 3,5 millones.
En resumen, el caso involucra supuestos contratos falsos para justificar servicios de asesoría que nunca se habrían prestado; supuestas consultas legales entre Gorrín —en su calidad de abogado— y Rivera; impericia en razón de que antes de la demanda Interamerican solo habría tenido ingresos por USD 9500; así como vínculos inexplicables con la dictadura de Maduro.
PDV USA acusa que no hay evidencias del supuesto servicio prestado por la empresa de David Rivera, ni correos electrónicos, ni presentaciones ilustrativas o esquemas de la estrategia a seguir. No hay nada que deje constancia de las diligencias de Rivera ante el gobierno de Trump. Solamente dos informes inconsistentes y deficientes presentados por Interamerican Consulting como prueba.
Corte niega permiso de viaje a Venezuela y México
El 17 de julio de 2024, el juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Edwin G. Torres, negó una moción presentada por David Rivera para viajar a México y Venezuela, entre otras razones, “porque las modificaciones propuestas a la detención preventiva del acusado aumentarían innecesariamente el riesgo de fuga del acusado”.
En México, Rivera supuestamente asesoraría a una institución de educación superior que busca “expandir su perfil internacional y sus alianzas en los Estados Unidos”. En Venezuela, asesoraría a determinados candidatos políticos para las elecciones presidenciales de Venezuela.
El magistrado consideró que Rivera no demostró suficientemente que existieran causas para hacer una excepción especial en su caso y otorgarle el permiso de viaje. El riesgo de fuga se exacerbaría al permitirle ir a Venezuela, dados sus nexos con la tiranía de Maduro y con Raúl Gorrín, acusado de lavado de dinero y prófugo de la justicia estadounidense.
Cabe destacar que, a los acusados, se les ha concedido permiso en diversas oportunidades para realizar desplazamientos dentro del territorio de los Estados Unidos, como consta en el expediente.
El gobierno se resguarda
El 15 de febrero de 2024, el tribunal concedió al gobierno una orden de protección sobre USD 141 494 de fondos rastreables a la conspiración imputada en la acusación. Esta cantidad se habría utilizado junto con fondos no contaminados para comprar la propiedad inmobiliaria ubicada en 3663 S. Atlantic Avenue, Unidad 20C, New Smyrna Beach, Florida.
Esta propiedad está sujeta a decomiso de ser condenado Rivera y ante nuevos intentos de este para que el tribunal reconsiderara la orden de protección, la corte la ratificó el 29 de marzo de 2024.
Sin embargo, en esta última fecha, el tribual concedió a Rivera permiso para vender la referida propiedad, pero deberán deducirse del producto de la venta los USD 141 494 correspondientes a fondos contaminados.
Cronograma del juicio
El 29 de marzo de 2024 el caso de Rivera y Nuhfer fue reasignado a la jueza Melissa Damian. En el proceso judicial que el gobierno de EE. UU. mantiene contra estos, se estableció que descubrimiento del gobierno debe completarse el 27 de noviembre de 2024.
Asimismo, el descubrimiento de los acusados debe completarse a más tardar el 1 de febrero de 2025. Cualquier material presentado luego de las fechas señaladas, debe darse a conocer con prontitud a la otra parte.
Entretanto, las divulgaciones de los peritos deben realizarse a más tardar el 3 de enero de 2025; las mociones dispositivas deben presentarse hasta el 10 de enero de 2025; las mociones in limine deben presentarse a más tardar el 14 de marzo de 2025, con respuestas a más tardar el 28 de marzo de 2025, y réplicas a más tardar el 4 de abril de 2025.
No hay acuerdo respecto a la entrega preliminar de pruebas del gobierno y de los acusados, como tampoco de los testigos de ambas partes. Gobierno y acusados se proporcionarán mutuamente las instrucciones propuestas para el jurado 30 días antes del juicio.
Financiamiento irregular de campaña electoral
Pero además de los Vínculos de David Rivera con el chavismo, este ha mantenido otras acciones cuestionadas que lo han llevado ante la justicia. En 2012 se le señaló de una financiación encubierta de un candidato demócrata desconocido y así impedir la candidatura de otro oponente. El caso también involucró el uso indebido de fondos de campaña.
El asunto se debatió por años y solo hasta el 1 de julio de 2024, un tribunal federal de apelaciones anuló una sentencia que multó a Rivera por USD 456 000 por supuestas violaciones a las normas de financiación de campañas. Esta Corte determinó que el tribunal de distrito no tomó en cuenta de manera adecuada el testimonio de Rivera y que quedan “cuestiones de hecho” en el caso.
Al conceder un juicio sumario a la Comisión Federal Electoral impidió un posible juicio con jurado que determinaría la veracidad o no de las acusaciones de que Rivera habría canalizado dinero en secreto para tratar de socavar a un rival demócrata en 2012 (1).
Fuentes consultadas:1) Saunders, Jim. (1 de julio de 2024). “Ruling accusing former Miami lawmaker of campaign finance violations tossed out”. En WLRN. Disponible en: https://www.wlrn.org/law-justice/2024-07-01/ruling-accusing-former-miami-lawmaker-of-campaign-finance-violations-tossed-out