La batalla judicial que enfrenta la esposa de Nicolás Maduro en Nueva York podría entrar en una fase crítica.
Si el tribunal mantiene la prohibición que impide al gobierno venezolano pagar la defensa legal de Cilia Flores, su equipo de abogados podría abandonar el caso, según documentos presentados ante la corte.
La defensa sostiene que la reciente decisión del Departamento del Tesoro de bloquear el financiamiento estatal deja al bufete que representa a Flores sin posibilidad de continuar financiando el litigio.
El caso podría entonces pasar a manos de defensores públicos designados por el tribunal federal, un escenario que transformaría radicalmente la estrategia legal del chavismo.
Para el régimen venezolano, el control sobre el equipo legal es un elemento crucial.
La representación por parte de abogados privados permite diseñar una estrategia de defensa mucho más agresiva, incluyendo mociones constitucionales destinadas a intentar anular la acusación.
Un defensor público, en cambio, suele centrarse en la defensa procesal dentro de los límites del sistema judicial federal.