El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda de decomiso civil relacionada con un avión Dassault Falcon 900EX, alegando que fue contrabandeado desde Estados Unidos y operado en beneficio a Nicolás Maduro, en violación de las sanciones estadounidenses. La aeronave fue incautada en República Dominicana en 2024 y trasladada a Florida. Según las autoridades, el avión fue adquirido ilegalmente por $13 millones mediante una empresa fantasma y exportado sin autorización a Venezuela.
Estados Unidos ha impuesto sanciones contra el gobierno de Maduro desde 2017, incluyendo restricciones financieras y comerciales. Estas sanciones buscan presionar al régimen por sus presuntas violaciones a los derechos humanos y prácticas antidemocráticas. Además, prohíben transacciones con Maduro y su círculo cercano. El Departamento de Justicia destacó que la incautación del avión es parte de un esfuerzo por impedir que recursos estadounidenses sean utilizados para socavar la seguridad nacional.
Respuesta del gobierno venezolano
El gobierno venezolano calificó la acción como un «robo flagrante» e «ilegal». El canciller Yván Gil acusó a Estados Unidos de piratería y anunció que Venezuela se reserva el derecho de emprender acciones legales para reparar los daños causados. Maduro y su administración han rechazado constantemente las sanciones internacionales, argumentando que son parte de una «guerra económica» diseñada para desestabilizar al país.
Implicaciones políticas.
La incautación ocurre en un contexto de tensas relaciones entre Caracas y Washington. Aunque se han registrado intentos recientes de acercamiento diplomático, como reuniones entre funcionarios estadounidenses y venezolanos, estas acciones legales reflejan la persistente desconfianza entre ambas partes