Las prioridades de Joe Biden en materia de asistencia exterior de EE. UU. a América Latina y el Caribe en el presupuesto 2025 que le heredó a al gobierno de Donald Trump, se centraron en migración, combatir el narcotráfico y apoyar la estabilidad en países como Colombia y Haití.
Así lo establece un informe del Servicio de Investigación del Congreso (CRS), de Estados Unidos en el que se comparan las asignaciones solicitadas con las cifras de años anteriores. También examina las propuestas legislativas del Congreso y destaca las diferencias en los enfoques de la Cámara de Representantes y el Senado en cuanto a los niveles de financiación y las condiciones para la ayuda.
El análisis parlamentario ofrece una visión histórica de la asistencia estadounidense en la región y considera las opciones para el Congreso en la formulación de la política de ayuda exterior.
Solicitudes y prioridades de Biden para 2025
Los programas de asistencia de EE. UU. en la región evolucionaron a lo largo del tiempo y pasaron de la contención soviética durante la Guerra Fría a la promoción de la democracia, los mercados abiertos y la lucha contra el narcotráfico desde la década de 1990.
Las prioridades para el año fiscal 2025 para la administración de Joe Biden incluyeron abordar las causas fundamentales de la migración, los esfuerzos antinarcóticos y la implementación del acuerdo de paz en Colombia, el fortalecimiento de la seguridad y el estado de derecho en México, la estabilización de Haití, la seguridad en el Caribe y la respuesta a las crisis en Venezuela.
En tal sentido, solicitó USD 2.2 mil millones para la región, lo que representó un aumento del 7.9 % con respecto a 2023, con énfasis en iniciativas regionales y asistencia bilateral para Colombia, Haití, México y Venezuela, que en conjunto representan casi el 75 % del financiamiento total solicitado.
Para la fecha del informe, el Congreso no había finalizado las asignaciones para el 2025 y, tanto la Cámara de Representantes como el Senado, propusieron modificaciones a la solicitud de la administración que incluían variaciones en los niveles de financiación y la imposición de condiciones específicas.
Evolución histórica de la asistencia de EE. UU. a la región
La asistencia exterior de EE. UU. a América Latina y el Caribe ya alcanza los 80 años. Entre 1946 y 2022, Estados Unidos proporcionó un total de USD 104.0 mil millones.
Guerra fría (décadas de 1960-1980):
La asistencia se disparó a principios de los años 60 con la «Alianza para el Progreso» de Kennedy, buscando «contrarrestar la influencia soviética y cubana». En los 80, el apoyo se dirigió a gobiernos centroamericanos «que luchaban contra insurgencias de izquierda para evitar que posibles aliados soviéticos establecieran puntos de apoyo políticos o militares en la región».
Postguerra fría (década de 1990):
Los flujos de ayuda disminuyeron tras la disolución de la Unión Soviética y el fin de los conflictos civiles centroamericanos.
Finales de los 90 – 2010:
La ayuda volvió a aumentar, impulsada por:
a) Asistencia humanitaria y para el desarrollo:
Reconstrucción tras el Huracán Mitch (1998), establecimiento del Plan de Emergencia del presidente para el Alivio del SIDA (PEPFAR, 2003) y la Corporación Reto del Milenio (MCC, 2004). Un «pico de asistencia en Haití tras el masivo terremoto de 2010».
Antinarcóticos y Seguridad:
Aumento significativo de fondos para Colombia y sus vecinos andinos a través del «Plan Colombia», y la Iniciativa Mérida (2008) para México y Centroamérica.
Últimos 15 años (2010 en adelante):
Las prioridades cambiaron en respuesta a los avances en el desarrollo y los reveses posteriores.
a) Deterioro de las condiciones:
Alrededor de 2015, las condiciones socioeconómicas se estancaron. La pandemia de COVID-19 en 2020 «arrasó con más de una década de ganancias de desarrollo».
b) Deterioro político:
Surgimiento de gobiernos autoritarios (Venezuela, Nicaragua), inestabilidad en Haití, y erosión de la democracia debido a la corrupción y la violencia.
Crisis migratoria:
Estos desafíos han «contribuido a flujos migratorios a gran escala en toda América Latina y el Caribe y desafíos en la frontera suroeste de EE. UU.».
Solicitud presupuestaria de 2025 y desarrollos legislativos
La administración Biden solicitó USD 2.2 mil millones en asistencia exterior para América Latina y el Caribe para el año fiscal 2025, administrada por el Departamento de Estado y USAID. Esto representa un aumento de USD 161.9 millones (7.9 %) con respecto a 2023. Adicionalmente, se solicitaron USD 52.0 millones para la Fundación Interamericana (IAF).
Principales prioridades de financiamiento para 2025
- Iniciativas regionales en Centroamérica y el Caribe.
- Asistencia bilateral para Colombia, Haití, México y Venezuela.
Estas prioridades representan casi el 75 % del total de la asistencia exterior solicitada.
Al 14 de enero de 2025 el Congreso no había finalizado la acción sobre las asignaciones SFOPS de 2025. Se aprobaron resoluciones continuas que financian los programas de ayuda exterior en la región a la misma tasa y bajo las mismas condiciones y autoridad que 2024 hasta el 14 de marzo de 2025.
Prioridades del Congreso para la asistencia de EE. UU.
La ley H.R. 8771 (Cámara de Representantes) prioriza la financiación para países y programas que «combaten el fentanilo y otros narcóticos», «respetan las normas de democracia, orden constitucional y derechos humanos», «cooperan en la lucha contra las amenazas autoritarias regionales y globales», y «demuestran compromiso y progreso en la compensación de la migración a gran escala y el tráfico de personas desde o a través del hemisferio Occidental».
Entretanto, la ley S. 4797 (Senado), prioriza programas que «abordan la violencia, la inseguridad económica, la desigualdad, la corrupción y otros factores que contribuyen a la migración irregular», «protegen los derechos de los pueblos indígenas y apoyan a la sociedad civil y otras instituciones independientes», «promueven la democracia, el orden constitucional y los derechos humanos», y «combaten el fentanilo y otros narcóticos».
Principales cuentas de asistencia exterior
La mayoría de los fondos solicitados (68.2 %) se destinan a programas de asistencia económica y de desarrollo, mientras que el 31.8 % restante se asigna a programas de seguridad militar y civil.
Asistencia para el desarrollo (DA):
Solicitados USD 672.5 millones (30.5 % del total). Dirigidos a «fomentar el crecimiento económico de base amplia y el bienestar social en países de ingresos bajos y medios». Se propone un aumento del 1.3 % para la región. Disminución significativa para Honduras, compensada por aumentos para la integración de migrantes venezolanos en otros países sudamericanos.
- Legislación de la Cámara: apropiaría 33.8 % menos a nivel global.
- Legislación del Senado: apropiaría 8.4 % menos a nivel global.
Fondo de apoyo económico (ESF):
Solicitados USD 523.5 millones (23.7 % del total). Busca «promover intereses políticos, económicos o de seguridad especiales de EE. UU.». Aumento propuesto del 10.8 % para la región, principalmente para «apoyar la gestión de la migración en toda América Latina y el Caribe». Se solicitaron USD 100.0 millones adicionales a nivel global como contribución al Fondo Amazonia de Brasil.
- Legislación de la Cámara: apropiaría 16.6 % menos a nivel global.
- Legislación del Senado: apropiaría 0.7 % menos a nivel global.
Programas de salud global (GHP):
Solicitados USD 309.0 millones (14.0 % del total). Incluye USD 190.0 millones (Departamento de Estado) para «prevenir y tratar el VIH/SIDA» y USD 119.0 millones (USAID) para «combatir la malaria; apoyar programas de salud materna e infantil, nutrición y planificación familiar; y avanzar en actividades de seguridad sanitaria global».
- Legislación de la Cámara: apropiaría 3.3 % menos (Estado) y 9.2 % menos (USAID) a nivel global.
- Legislación del Senado: apropiaría 0.2 % más (Estado) y 4.0 % menos (USAID) a nivel global.
Control Internacional de narcóticos y aplicación de la ley (INCLE):
Solicitados USD 584.9 millones (26.5 % del total). Para «programas antinarcóticos, esfuerzos civiles de aplicación de la ley y proyectos destinados a fortalecer las instituciones judiciales». Aumento del 24.4 % para la región, con un «aumento significativo para Haití destinado a fortalecer la capacidad de la policía nacional haitiana, combatir la influencia de las pandillas y apoyar la misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad autorizada por la ONU y liderada por Kenia».
- Legislación de la Cámara: apropiaría 31.9 % más a nivel global.
- Legislación del Senado: apropiaría 10.6 % menos a nivel global.
No Proliferación, antiterrorismo, desminado y programas relacionados (NADR):
Solicitados USD 30.1 millones (1.4 % del total). Para «programas humanitarios de desminado, gestión de arsenales de armas convencionales, controles de comercio estratégico y medidas de seguridad fronteriza, y mejora de las capacidades antiterroristas». Reducción del 26.8 % para la región, principalmente debido a que «el gobierno colombiano asume gradualmente la responsabilidad de los esfuerzos de desminado anteriormente financiados por la asistencia de EE. UU.».
Educación y entrenamiento militar internacional (IMET):
Solicitados USD 16.2 millones (0.7 % del total). Para «entrenar personal militar y de seguridad civil latinoamericano y caribeño». Aumento del 29.5 % para la región.
Financiamiento militar extranjero (FMF):
Solicitados USD 69.0 millones (3.1 % del total). Para «proporcionar equipos y servicios militares estadounidenses a Colombia y otros socios de la región». Mismo nivel de financiación que el AF2023.
Asistencia para migración y refugiados (MRA):
La administración solicitó USD 475.0 millones para asistencia en el extranjero en el hemisferio Occidental. La principal prioridad es «apoyar las necesidades básicas y la integración económica y social de los casi 6.6 millones de migrantes y refugiados venezolanos». Incluye apoyo a la Iniciativa de Movilidad Segura (SMO) para reducir la migración irregular.
- Legislación de la Cámara: apropiaría casi 49.0 % menos a nivel global para MRA. Prohibiría fondos para SMOs «a menos que sea expresamente autorizado por una ley posterior del Congreso».
- Legislación del Senado: apropiaría 5.3 % más a nivel global para MRA.
Principales iniciativas regionales y por país
La solicitud de la administración BIDEN priorizó iniciativas regionales y asistencia bilateral para Colombia, Haití, México y Venezuela, que representan casi el 75 % del total.
Iniciativa de seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI):
Solicitud AF2025: USD 81.0 millones (disminución del 1.2 % con respecto al AF2023).
- H.R. 8771 (Cámara): «No menos de» USD 97.5 millones (20.3 % más que la solicitud), priorizando países de tránsito de drogas impactados por la crisis en Haití.
- S. 4797 (Senado): «No menos de» USD 88.0 millones (8.6 % más que la solicitud).
Centroamérica (estrategia para abordar las causas fundamentales de la migración):
Solicitud AF2025: $632.6 millones (disminución del 5.7% con respecto al AF2023). Incluye fondos para El Salvador, Guatemala, Honduras, CARSI y otros programas regionales.
- H.R. 8771 (Cámara): Impondría condiciones de retención del 60 % de la asistencia para los gobiernos centrales del Triángulo Norte hasta que se cumplan condiciones relacionadas con la cooperación transnacional contra el crimen, la migración, la corrupción y el estado de derecho.
- S. 4797 (Senado): Prohibiría FMF para los países del Triángulo Norte (excepto asistencia humanitaria/desastres). Retención del 60 % de ESF y asistencia de seguridad internacional, con nuevas condiciones de consulta a grupos de derechos humanos y sociedad civil.
Colombia:
Solicitud AF2025: USD 413.3 millones (disminución del 8.8 % con respecto al AF2023). Apoyo a la lucha antinarcóticos, el acuerdo de paz de 2016, la integración de migrantes venezolanos y programas ambientales.
- H.R. 8771 (Cámara): Designaría USD 208.5 millones (49.6 % menos que la solicitud). Expresaría «profunda preocupación por las políticas y relaciones perjudiciales» de la administración Petro, reduciendo los fondos de DA, ESF e INCLE en un 50 % con respecto al AF2024. Impondría restricciones y condiciones sobre pagos de reparación/compensación y requeriría certificaciones sobre la reducción del cultivo de coca y la cooperación antinarcóticos.
- S. 4797 (Senado): «No menos de» USD 380.0 millones (8.1 % menos que la solicitud). Destinaría fondos a seguridad rural, biodiversidad y derechos humanos. Impondría condiciones sobre los pagos de reparación/compensación y requeriría certificaciones sobre políticas antinarcóticos y derechos humanos.
Haití:
Solicitud AF2025: USD 356.7 millones (aumento del 54.5 % con respecto al AF2023). Principalmente para fortalecer la Policía Nacional de Haití y apoyar la misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad.
- H.R. 8771 (Cámara): Retendría la ayuda al gobierno central de Haití hasta que se certifique que se han programado o celebrado elecciones y que la asistencia es de interés nacional de EE. UU., con excepciones para programas de democracia, seguridad, ayuda humanitaria y necesidades básicas.
- S. 4797 (Senado): Prohibiría el uso de asistencia para las fuerzas armadas de Haití y el uso de fondos del Fondo de Prevención y Estabilización para Haití.
México:
Solicitud AF2025: USD 109.7 millones (aumento del 4.9 % con respecto al AF2023). Para combatir el tráfico de fentanilo, fortalecer el estado de derecho, mejorar la gestión fronteriza y migratoria y avanzar en objetivos ambientales.
- H.R. 8771 (Cámara): «No menos de» USD 175.0 millones de ESF e INCLE globales para «contrarrestar el flujo de fentanilo, precursores de fentanilo y otras drogas sintéticas hacia Estados Unidos», incluyendo en México. Retendría fondos hasta un acuerdo sobre entregas de agua y requeriría certificaciones sobre la reducción del fentanilo, el desmantelamiento de organizaciones criminales y la cooperación antinarcóticos.
- S. 4797 (Senado): «No menos de» USD 170.0 millones de ESF e INCLE globales para «contrarrestar el flujo de fentanilo, precursores de fentanilo y otras drogas sintéticas hacia Estados Unidos», incluyendo en México. Retendría asistencia de seguridad hasta que se certifiquen los pasos del gobierno mexicano para reducir el fentanilo y cooperar en la lucha contra el crimen organizado.
Venezuela:
Solicitud AF2025: USD 53.8 millones (USD 50.0 millones para asistencia a la democracia y USD 3.8 millones para GHP). Una reducción del 6.3 % con respecto al AF2023.
- H.R. 8771 (Cámara): Retendría el 50 % de los fondos para programas electorales hasta que se certifique que las elecciones de 2024 permitieron el voto de la diáspora, la observación internacional creíble y la participación de candidatos de la oposición.
- S. 4797 (Senado): Cumpliría la solicitud de USD 50 millones para programas de democracia sin imponer condiciones.
Fundación interamericana (IAF)
Solicitud AF2025: USD 52.0 millones.
- H.R. 8771 (Cámara): Apropiaría USD 22.5 millones (56.7 % menos que la solicitud), alentando a la IAF a apalancar recursos en países con menor presencia de USAID y en el Caribe.
- S. 4797 (Senado): Financiaría completamente la solicitud de USD 52.0 millones.
Opciones para el Congreso
El Congreso tiene varias vías para influir en la política de asistencia exterior de EE. UU. en la región:
Asignaciones:
Finalizar las asignaciones del AF2025, pasar otra resolución continua, o una resolución continua a largo plazo. Esto puede alterar las prioridades de financiación, directivas y requisitos de informes.
Autorizaciones:
Considerar legislación de autorización para programas o iniciativas de ayuda específicas, o establecer prioridades sectoriales a largo plazo.
Supervisión:
Evaluar y supervisar los programas de asistencia de EE. UU. en la región y las agencias del poder ejecutivo que los administran a través de audiencias y misiones de investigación. Esto incluye informes sobre el tráfico de fentanilo en México, la alineación de las políticas colombianas con los intereses de EE. UU., la desestabilización en Haití y la resiliencia ante desastres naturales.
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