Nicaragua se ha convertido en una pieza estratégica de las rutas de la cocaína en Centroamérica. Las cifras opacas, la salida de la DEA y el control estatal del territorio dificultan conocer la verdadera dimensión del narcotráfico bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Nicaragua ocupa una posición decisiva dentro de las rutas del narcotráfico en Centroamérica. Sus costas sobre el Caribe y el Pacífico, sus fronteras con Costa Rica y Honduras y su ubicación entre los países productores de cocaína de Sudamérica y los mercados del norte convierten al país en una plataforma natural para el traslado, almacenamiento y redistribución de cargamentos ilícitos.
Sin embargo, establecer cuánta droga atraviesa Nicaragua es cada vez más difícil. La falta de estadísticas verificables, el cierre de los mecanismos de cooperación con Estados Unidos y la concentración del poder político, policial y militar bajo Daniel Ortega y Rosario Murillo han transformado al país en una caja negra dentro del sistema regional de seguridad.
El problema consiste en que el régimen nicaragüense presenta al país como un “muro de contención” contra el narcotráfico, mientras las incautaciones efectuadas dentro y fuera de sus fronteras demuestran que las rutas vinculadas con Nicaragua continúan activas. El asunto no puede medirse únicamente por el número de toneladas decomisadas, es necesario determinar quién controla los corredores, qué estructuras protegen los cargamentos y dónde termina el dinero generado por el tráfico de cocaína.
Las cifras del narcotráfico en Nicaragua
El Informe sobre la Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos de 2025, elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, registró que Nicaragua incautó aproximadamente 1,29 toneladas de cocaína durante los primeros nueve meses de 2024. En el mismo periodo de 2023 se habían decomisado 1,43 toneladas, lo que representa una reducción cercana al 10 %.
Durante esos meses, las incautaciones de efectivo pasaron de 1,5 millones de dólares en 2023 a 2,1 millones en 2024. Sin embargo, las autoridades nicaragüenses no proporcionaron información completa sobre los detenidos, las investigaciones financieras, los propietarios de los cargamentos ni el destino final del dinero decomisado.
La reducción resulta más significativa al compararla con los registros históricos. El último anuario de la Policía Nacional disponible públicamente corresponde a 2021 y reporta más de seis toneladas de cocaína y casi siete toneladas de marihuana decomisadas. En 2008, las autoridades habían informado la incautación de más de 15 toneladas de cocaína.
La caída de las incautaciones podría responder a modificaciones en las rutas, pérdida de capacidad operativa o menor transparencia institucional. La ausencia de información independiente impide establecer cuál de estas explicaciones describe mejor la realidad del narcotráfico en Nicaragua.
Durante 2025, el régimen sandinista tampoco publicó un informe anual consolidado sobre el total de drogas decomisadas. Un recuento periodístico de los operativos anunciados oficialmente estimó que se incautaron aproximadamente 5,4 toneladas de distintas sustancias. La cifra no permite determinar cuánto correspondía exclusivamente a cocaína ni qué porcentaje representaba frente al volumen total que atravesó el país.
Cargamentos vinculados con la ruta nicaragüense
Las operaciones realizadas por otros países aportan una perspectiva diferente. Entre junio de 2025 y enero de 2026, la Fuerza Naval de El Salvador informó la incautación de más de 1.750 kilogramos de cocaína en operaciones vinculadas, según las autoridades salvadoreñas, con embarcaciones procedentes de Nicaragua.
Entre los casos se encuentran 450 kilogramos de cocaína interceptados el 24 de diciembre de 2025 y otros 375 kilogramos de diferentes drogas decomisados el 14 de enero de 2026. El ministro salvadoreño de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, identificó a Nicaragua como punto de procedencia de las embarcaciones.
El Ejército nicaragüense rechazó esa versión y sostuvo que los cargamentos navegaban desde el sur por aguas alejadas de sus costas. La controversia permanece sin una investigación regional independiente que permita reconstruir el recorrido completo de las embarcaciones. Divergentes
El 30 de marzo de 2026, la Policía de Nicaragua anunció además el hallazgo de 1.312 kilogramos de cocaína escondidos en rollos de papel kraft dentro de un camión que había ingresado desde Costa Rica y tenía como destino Guatemala.
El decomiso confirmó la relevancia de la ruta terrestre que conecta Peñas Blancas con el norte centroamericano. También dejó expuestas las debilidades de los controles fronterizos compartidos, debido a que el vehículo había superado los puestos de inspección costarricenses antes de ser detectado en Nicaragua.
Las rutas de la cocaína que atraviesan Nicaragua
El narcotráfico utiliza Nicaragua como territorio de conexión entre Sudamérica, Centroamérica y México. En el Pacífico, las organizaciones criminales emplean lanchas rápidas, embarcaciones pesqueras y otros medios marítimos para trasladar cocaína desde Colombia y Ecuador.
Los cargamentos pueden ser entregados en puntos costeros, almacenados temporalmente, trasladados por tierra o enviados hacia El Salvador, Guatemala y México. Las embarcaciones también pueden utilizar aguas próximas a Nicaragua para reabastecerse de combustible o transferir la droga a otras unidades de menor tamaño.
En el Caribe, las redes aprovechan la extensión de la costa, los cayos, las comunidades aisladas y las conexiones marítimas con Colombia y Honduras. El río San Juan y las áreas fronterizas con Costa Rica aparecen igualmente como espacios vulnerables para el transporte, almacenamiento y redistribución de cargamentos.
La entrevista de Sin Filtros Geopolítica con los investigadores Douglas Farah y Pablo Barrios plantea que Nicaragua constituye uno de los eslabones más consolidados del corredor centroamericano debido al control territorial ejercido por el Gobierno. Esta valoración corresponde al análisis de los entrevistados y no a una conclusión judicial.
No existe documentación pública suficiente para afirmar que todos los cargamentos que atraviesan Nicaragua cuentan con autorización estatal. Sí existen, en cambio, denuncias e investigaciones sobre la participación de funcionarios, agentes de seguridad y operadores vinculados con las instituciones.
Nicaragua y el modelo de gobernanza criminal
El Índice Global de Crimen Organizado señala que las redes nicaragüenses participan en el comercio de cocaína y mantienen conexiones con organizaciones de Honduras, Guatemala, Costa Rica y México. La evaluación también identifica a los actores vinculados con el Estado como una fuerza relevante dentro del panorama criminal.
A diferencia de Guatemala y Honduras, Nicaragua no presenta una proliferación visible de organizaciones mafiosas que compiten abiertamente por el territorio. Su estructura criminal sería más discreta y dependería de intermediarios capaces de proporcionar transporte, almacenamiento, documentación, protección institucional y servicios financieros.
Esta diferencia es fundamental para comprender el narcotráfico en Nicaragua. La ausencia de guerras abiertas entre carteles y de niveles extremos de homicidios no significa que las rutas criminales hayan desaparecido. También puede indicar que el mercado funciona mediante acuerdos relativamente estables o bajo una estructura que limita la actuación independiente de las organizaciones.
En los sistemas de gobernanza criminal, la reducción de la violencia visible puede coexistir con corrupción institucional, protección política y captura del aparato público. El control territorial del Estado puede utilizarse para combatir el narcotráfico, pero también puede reducir la competencia y permitir que determinados operadores actúen con protección.
El Índice Global de Crimen Organizado recoge acusaciones según las cuales funcionarios y operadores vinculados con el poder facilitarían determinadas economías ilícitas. Estas afirmaciones deben ser diferenciadas de hechos probados judicialmente, especialmente ante la ausencia de investigaciones independientes dentro de Nicaragua.
La salida de la DEA de Nicaragua
Estados Unidos puso fin en 2025 a las operaciones de la Administración para el Control de Drogas en Nicaragua. El Departamento de Estado atribuyó la decisión, parcialmente, a la falta de cooperación de las agencias nicaragüenses y a su negativa recurrente a responder solicitudes de información.
Washington también señaló que la escasez de recursos para las operaciones terrestres y marítimas, junto con la reducción de la asistencia internacional, había debilitado la capacidad de Nicaragua para interceptar cargamentos.
La salida de la DEA de Nicaragua representa mucho más que un nuevo episodio del conflicto diplomático entre Managua y Washington. La decisión reduce la capacidad para realizar entregas controladas, seguir cargamentos, identificar a los propietarios de la droga y rastrear las redes financieras internacionales.
Decomisar cocaína constituye apenas el primer paso de una investigación. Cuando la operación no conduce hacia los financiadores, funcionarios protectores, empresas de fachada y receptores internacionales, la organización puede sustituir la mercancía perdida y mantener su estructura operativa.
La ruptura de la cooperación también crea una brecha de inteligencia entre Nicaragua y sus vecinos. Un cargamento puede salir de Colombia, desplazarse frente a Costa Rica, utilizar territorio nicaragüense para almacenamiento o abastecimiento, atravesar Honduras o El Salvador y ser entregado en Guatemala antes de ingresar a México.
Sin intercambio de información sobre radares, embarcaciones, matrículas, comunicaciones, cuentas bancarias y sospechosos, cada país observa solamente un fragmento de la operación criminal.
Cocaína y nuevas drogas sintéticas
El mercado regional ya no está determinado exclusivamente por la cocaína. La Estrategia Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos de 2026 advierte que la producción sudamericana de cocaína se encuentra en niveles récord, mientras los carteles mexicanos expanden la fabricación de fentanilo, metanfetaminas y nuevos opioides sintéticos.
La superposición de estos mercados aumenta la presión sobre Centroamérica. La región continúa funcionando como corredor de cocaína, pero también puede utilizarse para movilizar precursores químicos, medicamentos falsificados y sustancias sintéticas de gran potencia.
Durante la entrevista se afirmó que en Guatemala estaría produciéndose isotonitazeno, un opioide perteneciente a la familia de los nitazenos, para su posterior traslado hacia México. La peligrosidad de estos compuestos está documentada por las autoridades estadounidenses. Algunos nitazenos pueden superar la potencia del fentanilo y la DEA ha identificado 19 variantes en circulación dentro de Estados Unidos.
Sin embargo, las fuentes públicas consultadas no ofrecen confirmación oficial suficiente sobre laboratorios de isotonitazeno funcionando específicamente en el departamento guatemalteco de Petén. Por rigor periodístico, esta información debe presentarse como una declaración de uno de los entrevistados que todavía requiere corroboración independiente.
La aparición de los nitazenos demuestra que las patrullas marítimas y los controles terrestres ya no son suficientes. Las autoridades necesitan laboratorios forenses, inteligencia aduanera, vigilancia sobre importadores de productos químicos, cooperación con empresas de transporte y sistemas de alerta toxicológica.
El lavado de dinero detrás del narcotráfico
El control de las rutas de la cocaína no puede separarse del lavado de activos. Nicaragua continúa siendo vulnerable al blanqueo de capitales debido a la corrupción, el peso de la economía informal, la debilidad de los controles institucionales y la ausencia de transparencia sobre los beneficiarios de numerosas operaciones comerciales.
Los sectores inmobiliario, ganadero, turístico, pesquero, financiero y de importación y exportación pueden ser utilizados para mezclar ingresos ilícitos con actividades legales. Las empresas de fachada también facilitan la compra de propiedades, vehículos, embarcaciones y otros activos necesarios para las operaciones criminales.
El problema se agrava cuando la administración del dinero y de los bienes decomisados carece de supervisión pública. Las autoridades deberían informar cuánto fue confiscado, quién fue procesado, qué tribunal ordenó el decomiso definitivo y cuál fue el destino de los activos.
Investigar el narcotráfico en Nicaragua exige seguir simultáneamente la droga y el dinero. Las embarcaciones, camiones y cargamentos revelan la estructura logística. Las propiedades, transferencias bancarias, exportaciones, contratos y beneficiarios finales permiten establecer quién obtiene el verdadero poder económico.
El desafío de Nicaragua para la seguridad regional
El principal reto para Estados Unidos y Centroamérica no consiste únicamente en aumentar las incautaciones. La política regional debe tratar el narcotráfico como una cadena continua que comienza en las zonas de producción de Sudamérica, atraviesa los países de tránsito y termina en los mercados internacionales.
Esa estrategia tropieza en Nicaragua con la ausencia de cooperación bilateral, la opacidad oficial y la falta de instituciones independientes capaces de fiscalizar a la Policía, el Ejército y el sistema judicial.
No basta con anunciar toneladas decomisadas o afirmar que cientos de toneladas fueron desviadas antes de ingresar al territorio. Cada operación debería informar el lugar, la fecha, el tipo de sustancia, su pureza, la ruta estimada, las personas detenidas, las organizaciones investigadas, los bienes confiscados y el resultado judicial.
Solo mediante indicadores verificables puede determinarse si una política está desmantelando estructuras criminales o produciendo incautaciones aisladas que no afectan a sus dirigentes.
También resulta indispensable proteger a periodistas, fiscales, jueces, denunciantes y analistas financieros. La persecución contra medios independientes y organizaciones civiles reduce las fuentes disponibles, fortalece la impunidad y permite que el Estado controle tanto la narrativa del narcotráfico como los datos utilizados para evaluar sus resultados.
Nicaragua representa algo más complejo que un territorio atravesado por cargamentos. Es una caja negra situada en el centro del corredor centroamericano: posee un aparato estatal con amplio control territorial, pero ofrece escasos datos verificables; anuncia una estrategia de contención, pero mantiene cerrada la cooperación con la DEA; reporta incautaciones, mientras países vecinos interceptan embarcaciones y vehículos vinculados con rutas que atraviesan su espacio geográfico.
Mientras no existan estadísticas auditables, investigaciones financieras independientes y cooperación judicial efectiva, será imposible calcular cuánta droga atraviesa Nicaragua, quién protege su traslado y cuánto dinero permanece dentro del país. La desarticulación del narcotráfico centroamericano depende de reconstruir la cadena de mando, transporte, protección y lavado que convierte la cocaína y las drogas sintéticas en poder económico y político.