Una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos documentó cómo Sargeant Marine pagó sobornos a funcionarios de PDVSA para obtener información confidencial y favorecer contratos de compra de asfalto venezolano. El expediente revela intermediarios, sociedades instrumentales, cuentas bancarias en Estados Unidos y Panamá, pagos calculados por barril y hasta un lenguaje en clave: algunos funcionarios eran identificados como “Oiltrader”, “Tony” y “Tony 2”, mientras que la información privilegiada recibía el nombre de “Chocolates”.
El caso Sargeant Marine constituye uno de los expedientes judiciales estadounidenses más reveladores para entender cómo operaron determinadas redes de corrupción alrededor de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). No se trata de denuncias políticas ni de acusaciones construidas únicamente a partir de testimonios periodísticos. Una parte sustancial de los hechos está documentada en expedientes del Departamento de Justicia de Estados Unidos y, sobre todo, en admisiones realizadas por la propia compañía y por varios participantes que se declararon culpables ante tribunales federales.
El 22 de septiembre de 2020, Sargeant Marine Inc., una empresa de asfalto anteriormente radicada en Boca Raton, Florida, se declaró culpable de conspirar para violar las disposiciones antisoborno de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) y acordó pagar una multa penal de 16,6 millones de dólares. El Departamento de Justicia estableció que la conducta investigada alcanzó tres países —Brasil, Venezuela y Ecuador— y se extendió durante aproximadamente ocho años.
La dimensión venezolana resulta especialmente significativa porque el objetivo comercial era distinto al de otros países involucrados. Según el DOJ, Sargeant Marine pagó sobornos para obtener contratos relacionados con las petroleras estatales. En Venezuela, específicamente, buscaba comprar asfalto de PDVSA, y para conseguirlo utilizó información interna y la intervención de funcionarios de la propia petrolera estatal.
Cuatro funcionarios de PDVSA y una mercancía llamada “Chocolates”
Según las admisiones de Sargeant Marine recogidas por el Departamento de Justicia, entre aproximadamente 2012 y 2018 la empresa sobornó a cuatro funcionarios de PDVSA. A cambio, estos proporcionaban información interna y colaboraban para dirigir contratos de compra de asfalto de la petrolera venezolana hacia un nominado de Sargeant Marine.
El expediente muestra además hasta qué punto los participantes eran conscientes de la necesidad de ocultar sus comunicaciones. Algunos funcionarios de PDVSA que recibían sobornos eran identificados en correos electrónicos y mensajes mediante nombres en clave: “Oiltrader”, “Tony” y “Tony 2”. La información privilegiada entregada desde el interior de PDVSA era denominada “Chocolates”.
No era únicamente un sistema de pagos ilegales. El valor de la operación dependía también del acceso a información que los competidores no poseían. Ese componente convierte el caso en una radiografía de un riesgo fundamental dentro de una empresa estatal: la posibilidad de que funcionarios con acceso a datos comerciales confidenciales transformen esa información en una mercancía que puede venderse a actores privados interesados en obtener una ventaja contractual.
El intermediario que convertía comisiones en sobornos
La estructura diseñada para ocultar los pagos tenía varias capas. Sargeant Marine admitió que utilizó contratos ficticios de consultoría con un intermediario. Las supuestas comisiones eran transferidas a cuentas bancarias estadounidenses y offshore controladas por ese intermediario, quien posteriormente utilizaba parte del dinero para pagar a funcionarios de PDVSA en nombre de la compañía.
Un expediente posterior del Departamento de Justicia contra Daniel Comoretto Gomez permite observar con mayor precisión cómo funcionaba esa maquinaria.
Según la información criminal presentada en el Distrito Este de Nueva York, entre 2011 y octubre de 2015 Comoretto Gomez, Hector Nuñez Troyano, David Díaz y otros participaron en un esquema mediante el cual funcionarios venezolanos recibirían sobornos para ayudar primero a otra compañía de asfalto y posteriormente a Sargeant Marine a obtener contratos para comprar asfalto de PDVSA.
El documento judicial señala que en 2011 varios participantes viajaron a Puerto Rico para reunirse con ejecutivos de una compañía de asfalto. Allí se acordó un mecanismo de pagos destinado a conseguir contratos de compra de asfalto de PDVSA. Hacia 2012, según el DOJ, se estableció un arreglo similar con Sargeant Marine.
Y aquí aparece uno de los datos más reveladores de todo el expediente: la comisión estaba vinculada directamente al volumen del negocio petrolero.
De acuerdo con el documento judicial, entre 2011 y 2015 las compañías involucradas pagaban al intermediario David Diaz una comisión de aproximadamente 45 centavos por cada barril de asfalto adquirido a PDVSA. Diaz utilizaba posteriormente una parte de esas comisiones para pagar sobornos a funcionarios y otros participantes. Es decir, el incentivo económico del intermediario aumentaba con el volumen de asfalto adquirido.
$518.000 transferidos entre Estados Unidos y Panamá
Los documentos judiciales permiten seguir parte del recorrido del dinero. Según el Departamento de Justicia, entre aproximadamente septiembre de 2013 y enero de 2015, David Diaz transfirió alrededor de 518.000 dólares a Comoretto Gomez y Hector Nuñez Troyano en nombre de las compañías involucradas, incluida Sargeant Marine. Los fondos salieron de cuentas controladas por Diaz en Estados Unidos y Panamá y llegaron a cuentas panameñas pertenecientes a una sociedad instrumental controlada por Troyano.
Troyano, a su vez, transfirió parte de esos fondos hacia una cuenta estadounidense controlada por Comoretto Gomez.
El expediente identifica además aproximadamente 229.000 dólares en sobornos enviados a Comoretto Gomez entre abril de 2012 y septiembre de 2014. La mayoría de esos pagos utilizó cuentas situadas fuera de Estados Unidos, particularmente en Panamá, antes de terminar en una cuenta de Bank of America en Estados Unidos. Aproximadamente 22 transferencias pasaron por cuentas bancarias localizadas en Nueva York, circunstancia que ayudó a conectar financieramente el esquema con la jurisdicción estadounidense.
La estructura muestra un patrón reconocible: contrato o comisión aparentemente legítima, intermediario, cuenta bancaria, sociedad instrumental, transferencia internacional y finalmente el beneficiario vinculado a la empresa estatal.
Hector Nuñez Troyano: de PDVSA al expediente federal
Uno de los personajes centrales del capítulo venezolano fue Hector Nuñez Troyano, identificado oficialmente por el Departamento de Justicia como exfuncionario venezolano y antiguo funcionario de PDVSA.
Nuñez Troyano se declaró culpable en marzo de 2019 de conspiración para cometer lavado de dinero. El caso quedó registrado en el Distrito Este de Nueva York bajo el expediente 19-CR-135-ENV.
Su expediente está directamente relacionado por el propio DOJ con los casos contra Sargeant Marine, Daniel Sargeant, David Diaz, Jose Tomas Meneses, Daniel Comoretto Gomez y otros participantes de la investigación.
Esto es importante porque el caso corporativo no quedó aislado. El Departamento de Justicia construyó una red de procedimientos penales alrededor de personas que ocuparon distintos lugares dentro de la operación: ejecutivos, traders, intermediarios y funcionarios venezolanos.
Un ejecutivo de Sargeant Marine también se declaró culpable
La responsabilidad penal tampoco terminó en los intermediarios. El Departamento de Justicia confirmó que Daniel Sargeant, entonces alto ejecutivo de Sargeant Marine, se declaró culpable en diciembre de 2019 de conspiración para violar la FCPA y conspiración para cometer lavado de dinero. Su expediente fue registrado como United States v. Daniel Sargeant, 19-CR-319-ENV.
También se declararon culpables Jose Tomas Meneses, trader de Sargeant Marine; David Diaz, intermediario del esquema venezolano; y Hector Nuñez Troyano. El DOJ documentó igualmente el procesamiento de otros individuos relacionados con los esquemas internacionales de la compañía.
El informe anual de 2020 de la Fraud Section del Departamento de Justicia señaló que diez individuos se habían declarado culpables por sus papeles en los esquemas de Sargeant Marine, incluyendo un alto ejecutivo, dos traders, seis agentes y un antiguo funcionario venezolano que había recibido sobornos. Un segundo exfuncionario venezolano había sido acusado de conspiración para cometer lavado de dinero.
El método no fue exclusivamente venezolano
Sargeant Marine admitió que el mecanismo utilizado en Venezuela formaba parte de un patrón internacional. En Brasil, la empresa reconoció sobornos relacionados con funcionarios gubernamentales y ejecutivos de Petrobras. Para ocultarlos utilizó falsos contratos de consultoría, facturas ficticias y transferencias internacionales hacia sociedades controladas por intermediarios.
En Ecuador, Sargeant Marine admitió haber sobornado a un funcionario de la petrolera estatal Petroecuador para conseguir un contrato de suministro de asfalto en 2014. Allí volvió a aparecer la misma arquitectura: un intermediario cercano al decisor, un supuesto contrato de consultoría y comisiones utilizadas posteriormente para financiar el soborno.
El elemento común era, por tanto, la utilización de mecanismos comerciales aparentemente legítimos para generar y mover el dinero destinado a funcionarios públicos.
Sargeant Marine, Vitol y una precisión necesaria
La historia corporativa posterior requiere una precisión. En diciembre de 2015, Vitol anunció que adquiriría un 50% del negocio de asfalto de Sargeant Marine. La operación dio origen a VALT, la empresa conjunta que comenzó a operar en 2016. Documentación oficial de la autoridad irlandesa de competencia confirma que Vitol y Sargeant Marine pasarían a controlar conjuntamente Asphalt Logistics & Trading, con un 50% cada uno.
Por tanto, describir esa primera transacción simplemente como una adquisición mayoritaria de Sargeant Marine por Vitol sería impreciso. En marzo de 2019, Vitol anunció una segunda operación: acordó comprar el 50% restante de VALT, con lo cual el negocio de asfalto pasaría a ser propiedad 100% de Vitol y sería integrado a sus operaciones principales.
La cronología es especialmente relevante porque las conductas admitidas por Sargeant Marine abarcaron aproximadamente de 2010 a 2018, mientras que la asociación con Vitol comenzó durante ese período. Eso, sin embargo, no significa que las responsabilidades penales admitidas por Sargeant Marine puedan atribuirse automáticamente a Vitol. El acuerdo penal del DOJ identifica a Sargeant Marine y a los individuos específicamente procesados por las conductas correspondientes. Cualquier atribución adicional debe sustentarse separadamente en evidencia judicial.
Venezuela: corrupción desde dentro de PDVSA
El caso Sargeant Marine permite observar algo que con frecuencia desaparece detrás de las grandes cifras de corrupción venezolana. Para manipular una contratación petrolera no siempre era necesario controlar toda PDVSA.
Podía bastar con disponer de funcionarios situados en posiciones estratégicas capaces de proporcionar información confidencial, intervenir en procesos comerciales o facilitar contratos. El dinero podía llegar después a través de intermediarios, falsas consultorías, empresas instrumentales y cuentas bancarias fuera de Venezuela.
Eso es precisamente lo que hace relevante el término “Chocolates”. La información interna de PDVSA tenía valor económico porque permitía reducir la incertidumbre y proporcionar una ventaja frente a otros participantes del mercado. Cuando un funcionario público entrega esa información a cambio de dinero, la corrupción deja de ser solamente el pago de una comisión ilegal: afecta directamente la competencia y la integridad del proceso contractual.
El verdadero riesgo para una nueva PDVSA
El expediente adquiere una importancia renovada para cualquier proceso de recuperación de la industria petrolera venezolana.
Reconstruir PDVSA no significa solamente recuperar pozos, refinerías, oleoductos, terminales y capacidad de producción. También exige reconstruir los controles que determinan quién puede contratar, quién accede a información confidencial, quién modifica especificaciones, quién evalúa ofertas, quién autoriza pagos y quién puede establecer relaciones con intermediarios. Sargeant Marine demuestra por qué.
La empresa admitió haber sobornado a cuatro funcionarios de PDVSA para conseguir información interna y asistencia contractual. Utilizó un intermediario, acuerdos ficticios de consultoría y cuentas estadounidenses y offshore para ocultar pagos. En una parte documentada del esquema, las comisiones se calculaban incluso en función de cada barril de asfalto adquirido. La corrupción podía incorporarse así al costo mismo de la operación.
Una advertencia documentada para la reconstrucción petrolera venezolana
El caso Sargeant Marine no debería ser leído únicamente como la historia de un escándalo ocurrido hace más de una década. Funciona también como un manual forense de las vulnerabilidades que debe cerrar cualquier reforma seria de PDVSA.
Los controles anticorrupción tendrán que mirar más allá de los propietarios formales de las compañías contratistas. Será necesario identificar beneficiarios finales, intermediarios y consultores; revisar pagos y comisiones; detectar sociedades instrumentales; controlar conflictos de interés; proteger la información comercial confidencial; auditar modificaciones contractuales y establecer mecanismos capaces de detectar relaciones entre funcionarios y proveedores.
Porque la lección que dejó el expediente estadounidense es incómodamente sencilla: para comprometer la integridad de una gigantesca empresa petrolera no necesariamente hacía falta controlar toda su estructura.
Podían bastar algunos funcionarios con acceso, un intermediario dispuesto a mover el dinero, una empresa interesada en obtener una ventaja y una cuenta bancaria capaz de cerrar el circuito.
En el caso Sargeant Marine, la justicia estadounidense reconstruyó ese circuito. Y en Venezuela, una parte comenzó dentro de PDVSA.