Narco-gobernanzas en Centroamérica: la mutación del crimen organizado

Nicaragua emerge como el principal nodo de una nueva arquitectura criminal que conecta rutas de cocaína, drogas sintéticas, estructuras políticas, sistemas de vigilancia y capitales ilícitos. En Sin Filtros Geopolítica analizamos con Douglas Farah y Pablo Barrios cómo el narcotráfico ha mutado hasta convertirse en una amenaza directa para la gobernabilidad regional y la seguridad de Estados Unidos.

Douglas Farah, Maibort Petit y Pablo Barrios revelan cómo el crimen organizado penetra gobiernos, puertos y redes políticas en Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras.

Durante décadas, Centroamérica fue descrita como un corredor utilizado para trasladar cocaína desde Suramérica hacia México y Estados Unidos. Esa definición resulta ahora insuficiente. El crimen organizado ha dejado de ser solamente una fuerza clandestina que intenta evadir al Estado: en distintos países ha penetrado gobiernos locales, instituciones judiciales, organizaciones políticas, estructuras empresariales y sistemas de seguridad.

Esta transformación está produciendo lo que los especialistas denominan narco-gobernanzas: estructuras en las que grupos criminales, operadores políticos y sectores económicos comparten territorios, recursos e intereses. No siempre necesitan destruir las instituciones. En muchas ocasiones les resulta más rentable capturarlas, debilitarlas o utilizarlas para proteger cargamentos, capitales y redes de influencia.

Durante la conversación que sostuvimos en el podcast, Douglas Farah sostuvo que la militarización de la lucha contra las drogas ha demostrado durante décadas que no es suficiente para desarticular estructuras capaces de regenerarse, comprar protección y adaptarse a las transformaciones del mercado.

“Esta estrategia de luchar militarmente contra el narcotráfico ha sido ensayada desde hace varias décadas y nunca ha sido efectiva”, señaló Farah. El investigador explicó que Centroamérica comenzó a adquirir mayor importancia desde los años noventa, cuando una parte de las rutas de cocaína que atravesaban el Caribe fue desplazada hacia el istmo y conectada con las organizaciones mexicanas.

Desde entonces, la región se convirtió en un eje geográfico fundamental para el narcotráfico. Sin embargo, Farah advirtió que el panorama actual es más complejo porque coincide con el debilitamiento institucional de varios países, el avance de gobiernos autoritarios, la penetración política del crimen y una creciente disputa por puertos y corredores internacionales.

Nicaragua, el eje de la nueva maquinaria criminal

Farah identificó a Nicaragua como el punto más consolidado dentro de esta arquitectura. A diferencia de Guatemala y Honduras, donde diferentes grupos compiten por territorios e instituciones, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene un control centralizado sobre las fuerzas de seguridad, las comunicaciones y el aparato estatal.

“El eje en esta maquinaria es Nicaragua, porque es allí donde el gobierno domina totalmente el territorio”, sostuvo Farah. A su juicio, esa capacidad convierte al poder político en árbitro de los movimientos que se producen dentro del país: quién transita, bajo qué condiciones y cuánto debe pagar.

La afirmación plantea una interrogante crucial. Si el régimen nicaragüense posee uno de los sistemas de vigilancia más amplios de Centroamérica, resulta difícil explicar el movimiento de grandes cargamentos sin algún grado de conocimiento, tolerancia o complicidad dentro de las estructuras de poder.

En analista, Pablo Barrios sostuvo que, después de las modificaciones producidas en las rutas venezolanas, una parte de la droga comenzó a desplazarse hacia Costa Rica y Nicaragua. Según la información recabada por sus fuentes, ambos países estarían siendo utilizados para almacenar cargamentos antes de movilizarlos hacia el norte.

Barrios señaló que parte de la droga sería trasladada desde territorio costarricense por zonas cercanas al río San Juan, utilizando fincas ganaderas y pequeñas embarcaciones similares a las empleadas por pescadores. Desde allí, agregó, algunos cargamentos continuarían hacia El Salvador y otros ingresarían en Guatemala antes de avanzar hacia México.

El experto aseguró que autoridades locales y estructuras territoriales participarían en la recepción o protección de algunos envíos. Sin embargo, estos señalamientos, atribuidos a fuentes consultadas por Barrios, requieren investigaciones judiciales y documentación independiente que permitan establecer responsabilidades individuales.

El poder de la vigilancia rusa

El papel de Nicaragua no se limitaría a su ubicación geográfica. Farah sostuvo que la presencia rusa constituye una amenaza estratégica más concreta que la influencia económica de China dentro del país.

“Los rusos tienen bases de recopilación de información electrónica y han vendido equipos muy sofisticados de vigilancia”, afirmó. Estas capacidades, explicó, permiten observar las relaciones entre usuarios, identificar patrones de comunicación y localizar a quienes funcionan como nodos dentro de redes políticas o sociales.

Farah mencionó el sistema ruso SORM-III, una tecnología de interceptación y análisis de telecomunicaciones. Según explicó, el aparato nicaragüense habría recibido equipos y entrenamiento antes de las protestas de 2018.

Aunque el sistema no necesitara descifrar el contenido de cada conversación, podía analizar quién se comunicaba con quién, cuántas personas participaban y cuáles teléfonos concentraban el mayor número de contactos. Farah sostuvo que esta capacidad habría ayudado al régimen a identificar dirigentes y neutralizar rápidamente el movimiento de protesta.

La utilización de estas tecnologías muestra cómo los sistemas de vigilancia pueden fortalecer simultáneamente el control político y la protección de economías ilícitas. Un gobierno capaz de seguir las comunicaciones de opositores, periodistas y activistas también dispone de instrumentos para controlar territorios y conocer qué organizaciones criminales operan dentro de ellos.

Barrios advirtió que la represión en Nicaragua se ha intensificado precisamente porque el régimen dispone de esos recursos. “Hay aparatos de espionaje de última generación y nadie se les escapa”, señaló. El analista afirmó que las autoridades pueden rastrear a quienes utilizan plataformas de mensajería y detener a personas consideradas una amenaza para la continuidad del poder.

China y la construcción de influencia regional

China también aparece dentro de esta transformación, aunque Farah estableció diferencias entre su presencia y la de Rusia. Pekín utiliza principalmente el financiamiento, la infraestructura, las relaciones diplomáticas y la tecnología para ampliar su influencia, mientras Moscú se concentra más en inteligencia, seguridad y vigilancia electrónica.

Farah sostuvo que Nicaragua no representa para China un mercado comparable con Brasil, Argentina o Chile. Su valor sería principalmente político: ofrecer a Pekín otro aliado dentro del hemisferio occidental y un espacio desde el cual ampliar su presencia frente a Estados Unidos.

En El Salvador, la penetración china ha seguido una dinámica diferente. Farah recordó que Nayib Bukele prometió inicialmente reconsiderar el reconocimiento diplomático otorgado a Pekín y restablecer relaciones con Taiwán. Esa ruptura nunca se produjo.

El investigador señaló que China comprendió la importancia de construir una relación directa con el entorno político y personal de Bukele. Asimismo, advirtió que los sistemas de cámaras y vigilancia ofrecidos por Pekín resultan especialmente atractivos para gobiernos interesados en fortalecer el control interno.

“Los chinos no van a ninguna parte. Están aquí y se quedan”, afirmó Farah. Su advertencia no implica que toda inversión china esté relacionada con actividades criminales, sino que la instalación de tecnologías de vigilancia sin controles democráticos puede reforzar gobiernos autoritarios y reducir los espacios de fiscalización pública.

El Salvador: la seguridad, las maras y el poder de José Luis Merino

La drástica reducción de los homicidios ha convertido a Nayib Bukele en una referencia internacional en materia de seguridad. Sin embargo, Farah y Barrios señalaron que la narrativa oficial sobre la derrota de las pandillas debe contrastarse con investigaciones sobre presuntas negociaciones entre funcionarios salvadoreños y dirigentes de las maras.

Barrios sostuvo que algunos cabecillas con solicitudes de extradición de Estados Unidos consiguieron abandonar las cárceles antes de ser capturados. A su juicio, el gobierno encarceló masivamente a integrantes de menor rango mientras permitía que dirigentes importantes salieran del país.

Farah fue más allá y afirmó que existen registros audiovisuales sobre el traslado de cabecillas hacia la frontera con Guatemala. “No es solamente que los liberaron, sino que salieron con apoyo del gobierno”, señaló el investigador al cuestionar la narrativa de una ruptura total entre el poder político y las pandillas.

Otro elemento central del análisis fue la permanencia de José Luis Merino, conocido durante el conflicto salvadoreño como comandante Ramiro. Farah recordó que Merino desarrolló relaciones históricas con las FARC y que Marco Rubio, cuando era senador, lo señaló públicamente como un operador relacionado con el tráfico de armas y las redes financieras de la organización colombiana.

Farah sostuvo que la influencia de Merino no desapareció con el ascenso de Bukele. Por el contrario, personas procedentes de su entorno político y empresarial habrían ocupado posiciones relevantes dentro de la nueva administración.

Para el investigador, esta relación demuestra que el autoritarismo y el crimen organizado no necesitan compartir una misma ideología. “El autoritarismo que depende del crimen organizado es ideológicamente agnóstico”, explicó. Los gobiernos pueden presentarse como socialistas, conservadores o anticomunistas, pero establecer alianzas pragmáticas cuando sus dirigentes comparten intereses económicos y desean conservar el poder.

Alba Petróleos y las huellas del dinero venezolano

La conexión entre Venezuela y El Salvador tuvo uno de sus principales instrumentos en Alba Petróleos, una empresa formada en el contexto de la cooperación energética impulsada por Hugo Chávez a través de PDVSA.

Farah aseguró que auditorías internas registraron préstamos otorgados a empresas vinculadas con Bukele antes de que llegara a la Presidencia. Según dijo, se habrían producido dos o tres entregas que sumaron aproximadamente tres millones de dólares.

El investigador explicó que algunos de los créditos entregados por Alba Petróleos aparecían posteriormente en los registros como deudas irrecuperables. En la práctica, dijo, el dinero era transferido sin que existiera una expectativa real de pago.

“¿Era declarado? No. ¿Era repagado? Tampoco”, sostuvo Farah al referirse a la operación. A su juicio, esas transferencias permiten observar la relación financiera entre sectores que posteriormente se presentaron públicamente como adversarios ideológicos.

NARCO-GOBERNANZAS: la mutación del crimen en Centroamérica

Farah señaló que Alba Petróleos habría movilizado aproximadamente 1.300 millones de dólares y que PDVSA reclamó pérdidas cercanas a 880 millones. También describió una red de empresas establecidas en El Salvador y sociedades espejo creadas en Panamá, utilizadas presuntamente para movilizar recursos fuera del país.

De acuerdo con su relato, Alba Petróleos enviaba dinero a sociedades relacionadas en otras jurisdicciones y posteriormente se perdía el rastro de los fondos. El investigador afirmó que el sistema combinó financiamiento político, empresas legítimas, capitales estatales venezolanos y posibles operaciones de lavado.

Barrios sostuvo que estructuras similares funcionaron en Nicaragua mediante Albanisa. Ambos analistas estimaron que las operaciones desarrolladas en El Salvador y Nicaragua pudieron involucrar miles de millones de dólares. No obstante, estas cantidades deben tratarse como estimaciones de los entrevistados mientras no exista una auditoría internacional que determine el monto total y el destino de los recursos.

Guatemala, de Estado infiltrado a territorio disputado

En Guatemala, el problema adopta una forma distinta. Barrios rechazó que se trate simplemente de un Estado asociado con el narcotráfico y sostuvo que sus instituciones se encuentran penetradas por organizaciones criminales.

“Los narcotraficantes ahora son políticos”, afirmó. Según dijo, algunas figuras vinculadas con esas redes habrían alcanzado posiciones dentro de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Barrios advirtió que la cooptación de la justicia permite detener denuncias, frenar expedientes de alto impacto y obstaculizar solicitudes de extradición presentadas por Estados Unidos. Esa penetración institucional, señaló, está fortaleciendo al crimen organizado y reduciendo la capacidad del Estado para perseguirlo.

La importancia de Guatemala se explica por su cercanía con México, sus puertos en el Pacífico y el Caribe y sus conexiones terrestres con Honduras y El Salvador. El país puede funcionar como punto de recepción, almacenamiento y redistribución de cargamentos procedentes del sur.

Barrios también denunció que organizaciones criminales ejercerían influencia en algunas alcaldías fronterizas. Según sostuvo, las rutas utilizadas para mover droga desde El Salvador y Honduras cuentan con protección territorial y terminan conectándose con el departamento de Jutiapa y otros corredores hacia México.

Las denuncias sobre funcionarios, alcaldes o autoridades concretas deberán ser probadas ante las instituciones competentes. Sin embargo, el patrón descrito revela uno de los principales riesgos de las narco-gobernanzas: cuando una organización captura poderes locales, puede utilizar presupuestos, policías municipales, información pública y redes comunitarias para proteger sus operaciones.

La amenaza de loos nitazenos

El narcotráfico centroamericano también está cambiando por la expansión de las sustancias sintéticas. Barrios alertó sobre la posible producción en Guatemala de isotonitazeno, un opioide sintético perteneciente a la familia de los nitazenos.

La nueva droga que sustituye al fentanilo en las calles de las ciudades de Estados Unidos.

El analista sostuvo, basado en información de sus fuentes, que la sustancia estaría siendo elaborada en el departamento de Petén y trasladada posteriormente hacia México. Añadió que su potencia podría superar la del fentanilo y causar graves daños en Estados Unidos.

La presunta producción de isotonitazeno en Guatemala no ha sido demostrada públicamente mediante expedientes judiciales o resultados forenses presentados durante el programa. Sin embargo, la advertencia sobre los nitazenos es relevante porque estas sustancias pueden ser extremadamente potentes y representan un riesgo elevado de sobredosis.

La expansión de las drogas sintéticas modifica radicalmente el negocio criminal. La cocaína requiere cultivos, laboratorios, transporte de precursores y extensas rutas internacionales. Las sustancias sintéticas pueden producirse en espacios mucho más pequeños, con costos inferiores y márgenes superiores.

Farah señaló que el mercado estadounidense ha experimentado un desplazamiento hacia los sintéticos, mientras la cocaína encuentra precios más elevados en Europa, Asia y Australia. Esta transformación ha incrementado el valor de los puertos del Pacífico, tanto para recibir precursores químicos como para exportar cargamentos hacia los mercados más rentables.

“Los narcotraficantes son hombres y mujeres de negocios; buscan rentabilidad”, sostuvo Farah. Esa lógica explica por qué las organizaciones modifican rápidamente sus rutas, sustancias y alianzas sin mantener lealtades políticas permanentes.

Honduras, un Estado criminalizado

Honduras representa, según Farah, uno de los ejemplos más claros de un Estado criminalizado. En este modelo, el cambio de gobierno no elimina las estructuras ilegales, sino que puede sustituir al grupo que controla determinadas instituciones.

“Cambia el gobierno, cambia la mafia y no cambia nada”, afirmó el investigador. Farah sostuvo que diferentes bandas, intereses económicos y estructuras políticas continúan disputándose el control territorial y los recursos del Estado.

La MS-13 también habría experimentado una evolución dentro del país. Farah aseguró que la organización ya funciona en algunas zonas como un cartel, con conexiones entre estructuras colombianas, venezolanas y mexicanas.

El investigador señaló que la pandilla posee control territorial y legitimidad informal en comunidades cercanas a San Pedro Sula. En esos espacios, las organizaciones criminales pueden administrar reglas, imponer castigos y sustituir funciones que corresponderían al gobierno.

Barrios, quien dijo haber visitado recientemente Honduras, describió una población descontenta y un Estado cuya presencia se debilita frente al avance de las maras y los carteles. Según señaló, los corredores próximos a Guatemala mantienen una importancia decisiva para el traslado de droga hacia el norte.

Costa Rica pierde su condición de excepción

Costa Rica también aparece dentro del nuevo mapa criminal. Su estabilidad institucional y sus niveles históricos de seguridad la mantuvieron durante años al margen de las crisis más graves del istmo, pero el crecimiento de los homicidios, los decomisos y las disputas territoriales demuestra que ya no está aislada.

Barrios sostuvo que el país funciona actualmente como espacio de almacenamiento y tránsito. Los cargamentos pueden ingresar por sus costas, permanecer en propiedades rurales y posteriormente movilizarse hacia Nicaragua, El Salvador o Guatemala.

Los puertos costarricenses también tienen un valor estratégico por sus conexiones con Europa. El narcotráfico puede ocultar cocaína en contenedores de productos agrícolas y aprovechar las cadenas legales de exportación para introducir cargamentos en mercados internacionales.

La amenaza para Costa Rica consiste en interpretar el aumento de los homicidios como un problema exclusivamente local. Detrás de la violencia pueden encontrarse organizaciones transnacionales, operadores portuarios, empresas de exportación, funcionarios corruptos y capitales procedentes de varios países.

Una política estadounidense marcada por intereses inmediatos

Farah expresó dudas sobre la posibilidad de que Estados Unidos adopte medidas contundentes contra Nicaragua. Señaló que la política de la administración Trump ha adquirido un carácter más transaccional y tiende a concentrarse en países que ofrecen beneficios económicos inmediatos.

“En Nicaragua no hay un imperativo económico para Estados Unidos”, sostuvo. Por esa razón, agregó, Washington podría limitarse a imponer algunas medidas financieras sin desarrollar una estrategia integral contra la estructura Ortega-Murillo.

El investigador señaló que existen instrumentos disponibles, incluidos controles sobre inversionistas estadounidenses y una mayor supervisión de los organismos multilaterales que continúan financiando proyectos en Nicaragua. Sin embargo, consideró improbable que el país ocupe un lugar prioritario mientras Estados Unidos enfrenta crisis simultáneas en Venezuela, Irán y otras regiones.

Barrios advirtió que esa falta de atención representa un riesgo para la seguridad estadounidense. Centroamérica, afirmó, funciona como una frontera adelantada frente al tráfico de drogas, las organizaciones criminales y la penetración de Rusia y China.

La militarización no desmonta las narco-gobernanzas

La respuesta regional continúa concentrándose en capturas, decomisos y operaciones militares. Farah sostuvo que esas medidas pueden producir resultados temporales, pero no eliminan las redes financieras, políticas y empresariales que permiten la reproducción del crimen.

Al analizar el caso colombiano, recordó que los avances obtenidos entre 2005 y 2016 surgieron de una combinación de cooperación estadounidense, liderazgo político, inteligencia, fuerzas militares profesionales y un sistema de justicia con capacidad operativa.

No fue únicamente una estrategia de confrontación armada. Existía, dijo, una política de largo plazo respaldada por diferentes administraciones estadounidenses. Esa continuidad permitió establecer objetivos específicos y asignar recursos para alcanzarlos.

Farah advirtió que una ofensiva basada exclusivamente en “erradicar y matar” puede generar mayor fragmentación y violencia. Las organizaciones criminales no desaparecen necesariamente cuando pierden a sus dirigentes. Con frecuencia se dividen, forman nuevas alianzas o son sustituidas por estructuras más violentas.

El combate contra las narco-gobernanzas necesita identificar las diferencias entre carteles, pandillas, grupos insurgentes, funcionarios corruptos, empresas de fachada y redes financieras. Cada actor requiere una estrategia distinta y recursos permanentes.

Centroamérica ya no enfrenta solamente organizaciones que transportan drogas. Enfrenta sistemas capaces de financiar políticos, controlar comunidades, influir en tribunales, utilizar empresas legítimas y beneficiarse de tecnologías extranjeras de vigilancia. Mientras la respuesta se concentre exclusivamente en los cargamentos, la estructura política y económica que hace posible el negocio continuará intacta.