El juicio a Nicolás Maduro en el Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York entró en un complejo laberinto legal que trasciende lo criminal para internarse en el terreno de las garantías constitucionales y la política exterior. Barry Pollack, abogado principal del exdictador venezolano, denunció formalmente ante el juez de la causa, Alvin Hellerstein, que el gobierno de Estados Unidos interfiere de manera directa en el derecho a la defensa de su cliente al bloquear el pago de sus honorarios legales.
Pollack refirió al magistrado que esta restricción financiera vulnera el derecho constitucional de Maduro a una representación legal de su elección según la Sexta Enmienda. Explica que, de acuerdo a la costumbre venezolana, el gobierno paga los gastos del presidente de la primera dama
En este asunto resulta significativa la posición del Departamento de Estado, el cual no reconoce a Maduro como presidente legítimo y califica su administración como un régimen ilegal. Se trata de un caso de gran complejidad en el que se cruzan la seguridad nacional, las relaciones diplomáticas y los derechos procesales fundamentales.
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El juicio a Nicolás Maduro y el conflicto de las licencias OFAC
El juicio Nicolás Maduro Moros y su esposa, Cilia Flores, en el Distrito Sur de Nueva York se ubica en estos momentos en un punto crítico en razón de la interferencia por parte del gobierno de EE. UU. que acusa el abogado del acusado al alegar que las sanciones financieras de la OFAC impiden en el derecho de Maduro a defenderse.
Tras su captura en Caracas el 3 de enero de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) otorgó y luego revocó parcialmente licencias que permitían al gobierno de Venezuela financiar la representación legal de Maduro. Mientras que Cilia Flores mantiene la autorización para recibir fondos estatales, la licencia de Maduro fue enmendada tres horas después de su emisión para prohibir dichos pagos, según refirió Barry Pollack.
La controversia se centra en la OFAC del Departamento del Tesoro, puesto que, debido a las sanciones vigentes, cualquier transacción financiera con el gobierno venezolano requiere de una licencia específica para ser procesada en territorio estadounidense.
La defensa de Maduro sostiene que esta medida viola la Sexta Enmienda de la Constitución de los EE. UU. y argumenta que el acusado carece de medios propios y posee una expectativa legítima de que el Estado venezolano cubra sus gastos, conforme a la ley y costumbre de Venezuela. El tribunal enfrenta ahora el reto de resolver esta disputa financiera sin que ello implique un reconocimiento diplomático de la legitimidad de Maduro, una competencia exclusiva del Poder Ejecutivo.
En contraste, la licencia de Cilia Flores permanece intacta, permitiendo que su defensa, liderada por Mark Donnelly, sea financiada por el Estado venezolano.
Los tres pilares del alegato de la defensa
Para justificar que el Estado venezolano debe cubrir sus costos, la defensa de Maduro presentó tres argumentos centrales:
- Ley y costumbre: Pollack sostiene que, según la práctica venezolana, el gobierno sufraga los gastos del presidente y la primera dama.
- Expectativa legítima: Maduro cuenta con que el Estado cumplirá con dicha obligación histórica.
- Falta de recursos: el abogado afirma que Maduro no posee otros medios propios para costear una defensa de esta magnitud en un caso de narcoterrorismo.
Bajo la Sexta Enmienda de la Constitución de EE. UU., un acusado tiene derecho a ser representado por el abogado de su elección. Pollack advierte que, de no restituirse la licencia, presentará una moción formal solicitando la intervención del tribunal para proteger este derecho fundamental.
Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores están encarcelados en Nueva York, tras ser capturados por fuerzas especiales estadounidenses durante una incursión en Caracas. El exdictador venezolano enfrenta acusaciones graves relacionadas con el narcotráfico y el terrorismo, incluyendo:
- Conspiración narcoterrorista.
- Conspiración para importar cocaína.
- Posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
El 20 de febrero de 2026, el abogado defensor de Maduro, Barry Pollack, envió una carta al juez Hellerstein en la que denuncia el bloqueo de fondos por parte de la OFAC.
Contradicciones en la política de licencias
La defensa a cargo de Pollack acusa una inconsistencia en el actuar de la OFAC, puesto que, desde su óptica, la oficina ha otorgado múltiples licencias (GL 47, 48, 49 y 50) que permiten a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar transacciones comerciales con entidades estatales venezolanas en los sectores de petróleo y gas, donde no hay derechos constitucionales en juego.
Estima como un hecho contradictorio, entonces, que se restrinja la licencia en un contexto donde el derecho constitucional a la defensa es fundamental.
Barry Pollack argumenta que, al negar el flujo de fondos, el gobierno de EE. UU. interfiere con la capacidad de Nicolás Maduro para contratar un abogado, lo que viola su derecho a la defensa y contar con el abogado de su elección, un derecho garantizado por la Sexta Enmienda.
| Licencia | Alcance |
| GL 42 | Autoriza transacciones con la IV Asamblea Nacional relacionadas con deudas y acuerdos. |
| GL 47 | Permite la venta y transporte de diluyentes de origen estadounidense a Venezuela. |
| GL 48 | Autoriza el suministro de bienes y tecnología para la exploración y producción de hidrocarburos. |
| GL 49 | Permite la negociación de contratos contingentes para nuevas inversiones petroleras. |
| GL 50 | Autoriza operaciones de petróleo y gas para empresas específicas (estadounidenses y europeas). |
Todas estas licencias prohíben transacciones que involucren a la Asamblea Nacional Constituyente de Maduro o pagos en monedas digitales emitidas por su gobierno.
¿Reconocimiento político o decisión procesal?
Uno de los puntos más sensibles del juicio a Nicolás Maduro es si permitir que el «gobierno de Venezuela» pague la defensa implicaría el reconocimiento como presidente legítimo por parte del tribunal, lo que contradeciría la postura oficial del Departamento de Estado, que lo considera un usurpador desde 2019.
La jurisprudencia estadounidense establece que el reconocimiento de gobiernos es una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo. El tribunal federal no define la legitimidad de un mandatario extranjero; su decisión sería estrictamente patrimonial y procesal.
Por ello, autorizar el flujo de fondos desde una entidad estatal venezolana no obligaría al juez a declararlo jefe de Estado reconocido, sino que simplemente permitiría una transacción bajo el marco de las sanciones.
Otro asunto a considerar
En el sistema federal de Estados Unidos, el tribunal puede exigir audiencias para demostrar que los fondos utilizados —ya sea para fianza o honorarios— provienen de fuentes lícitas.
Si el tribunal sospecha que el dinero deriva del narcotráfico, puede exigir documentación exhaustiva y testimonios de fiadores antes de permitir el uso de esos activos. No se puede dejar de lado que la acusación que pesa sobre Maduro es por delitos de narcoterrorismo.
Lo porvenir
El caso se encuentra en un impasse donde la seguridad nacional y la política de sanciones colisionan con los derechos procesales del acusado, de acuerdo a la posición de la defensa en manos de Barry Pollack.
Si la OFAC no restituye la licencia original, el abogado anunció que presentará una moción formal para solicitar la intervención directa del juez Hellerstein, lo que podría sentar un precedente sobre el alcance de las facultades del Departamento del Tesoro frente a las garantías constitucionales en juicios penales federales.
Entretanto, Maduro y Flores permanecen tras los barrotes en Brooklyn y la se mantiene en silencio y el Departamento del Tesoro tampoco explica las razones de la revocación parcial de la licencia.
Ambos acusados deben comparecer nuevamente ante el tribunal el 26 de marzo. Para esa fecha, el tribunal deberá decidir si la negativa de la OFAC constituye una barrera inconstitucional para el ejercicio de la defensa o si Maduro deberá conformarse con un defensor público al no poder acceder a los fondos del Estado que aún reclama liderar.
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