El juicio a Nicolás Maduro continúa arrojando sorpresas, esta vez a través de una moción presentada por la defensa ante el Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York para desestimar la acusación contra del exdictador venezolano, bajo el alegato de que el gobierno de los Estados Unidos viola la Sexta Enmienda y el debido proceso al impedir que Venezuela financie los gastos legales del acusado.
El argumento del abogado defensor de Maduro, Barry Pollack, se sustenta en el hecho de que a Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento de Estado revocó arbitrariamente una licencia que permitía recibir fondos venezolanos, lo que priva al acusado de su derecho a contar con un abogado de su elección.
La moción detalla que, mientras se autorizan transacciones comerciales petroleras, se bloquea específicamente la defensa técnica en este proceso penal. La defensa solicita la anulación de los cargos o, en su defecto, permiso para renunciar a la representación ante la imposibilidad de recibir honorarios.
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Nuevo revés del juicio a Nicolás Maduro: defensa acusa interferencia
El 26 de febrero de 2026, Barry Pollack, presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York un Memorando de ley en apoyo a la moción de Nicolás Maduro Moros para desestimar la acusación debido a la interferencia del gobierno de los Estados Unidos con su Sexta Enmienda y el derecho al debido proceso o, en su caso, permiso para que el abogado contratado se retire.
La moción de desestimación de la acusación sustitutiva contra Maduro, sostiene que el gobierno de EE. UU. a través de la OFAC está interfiriendo de manera inconstitucional con el derecho del acusado a contar con un abogado de su elección y con su derecho al debido proceso.
Según el documento, a pesar de que el gobierno de Venezuela tiene “la obligación legal” de financiar la defensa de quien ellos consideran presidente y de que Maduro carece de fondos personales, la OFAC revocó unilateralmente una licencia que permitía la recepción de dichos fondos. Aseguran que esta acción se presenta como una desviación sin precedentes de las prácticas históricas de la OFAC y contrasta con las múltiples licencias comerciales otorgadas recientemente al gobierno venezolano.
La defensa cree que, ante esta obstrucción que impide una representación legal adecuada, el único remedio constitucionalmente válido es la desestimación de los cargos o, en su defecto, el retiro de los abogados actuales.
Interferencia de la OFAC y el bloqueo de fondos
El núcleo del reclamo por parte de la defensa se centra en la manipulación que alegan de las licencias necesarias para financiar la defensa legal en un contexto de sanciones económicas.
Recapitulan los hechos:
- 7 de enero de 2026: los abogados de Maduro y Cilia Flores solicitaron licencias a la OFAC para recibir fondos del gobierno de Venezuela.
- 9 de enero de 2026 (3:18 p. m. – 3:36 p. m.): la OFAC emitió las licencias originales permitiendo explícitamente el financiamiento por parte del estado venezolano.
- 9 de enero de 2026 (6:05 p. m.): apenas tres horas después, la OFAC emitió «sua sponte» una licencia enmendada únicamente para Maduro.
- Efecto de la enmienda: la nueva licencia prohíbe específicamente a los abogados recibir fondos de Venezuela para la defensa de Maduro, dejándolo sin medios para pagar una representación privada.
Inconsistencias con licencias comerciales
La moción acusa arbitrariedad por parte de la OFAC, dado que el organismo emitió recientemente múltiples licencias para transacciones comerciales con Venezuela:
| Licencia general | Objeto de la autorización |
| 30B | Operaciones portuarias y aeroportuarias. |
| 46A | Actividades involucrando petróleo de origen venezolano. |
| 47 | Venta de diluyentes de origen estadounidense a Venezuela. |
| 48 | Exploración, desarrollo o producción de petróleo o gas. |
| 49 | Negociación y entrada en contratos contingentes de inversión. |
| 50 | Operaciones del sector de petróleo o gas para ciertas entidades. |
La violación constitucional
El documento identifica dos violaciones fundamentales a los derechos de Nicolás Maduro bajo la Constitución de los Estados Unidos:
1. Violación de la Sexta Enmienda (derecho a abogado)
- Derecho de elección: la Sexta Enmienda garantiza que un acusado puede contratar al abogado de su elección si tiene los medios para hacerlo. El gobierno no puede interferir con el acceso a activos «no contaminados» para este fin.
- Fondos de terceros: la jurisprudencia del Segundo Circuito establece que el gobierno no puede interferir con el pago de honorarios por parte de terceros, incluidos empleadores o familiares.
- Expectativa de propiedad: Maduro tiene una expectativa legítima y un derecho bajo la ley venezolana a que el estado cubra sus gastos legales, lo cual constituye un interés de propiedad protegido.
2. Violación del debido proceso (Quinta Enmienda)
- Obstrucción de la defensa: al bloquear los fondos, el gobierno impide una investigación fáctica necesaria en Venezuela, donde se encuentran los testigos y documentos clave.
- Desigualdad de condiciones: el gobierno no puede procesar a un individuo y, al mismo tiempo, ejercer su poder para limitar la manera en que este se defiende.
Conducta perjuiciosa del gobierno
La moción acusa una conducta perjuiciosa por parte del gobierno estadounidense y refiere que la misma se desvía de los estándares habituales:
- Trato diferenciado: Cilia Flores mantiene su licencia para recibir fondos estatales, mientras que a Nicolás Maduro se le niega sin explicación alguna.
- Precedentes de la OFAC: expertos citados en la moción afirman que, históricamente, la OFAC permite que empleadores sancionados paguen la defensa de sus empleados en procesos en EE. UU.
- Impedimento investigativo: desde el 23 de enero de 2026, la OFAC ignora solicitudes para autorizar viajes de investigación a Venezuela financiados por partes no sancionadas, paralizando la preparación del caso.
El pedido de Maduro
A través de la presentada por la defensa en la moción, Nicolás Maduro estima que cualquier juicio celebrado bajo estas condiciones sería constitucionalmente defectuoso y el veredicto no podría sostenerse.
Por lo tanto, solicitan:
- Desestimación de la acusación: como remedio principal para restaurar el status quo frente a una violación constitucional que no ha sido curada.
- Retiro de los abogados (alternativa): si no se concede la desestimación, el abogado Barry J. Pollack solicita autorización para retirarse del caso, puesto que no puede continuar la representación sin la garantía de financiamiento y ante la imposibilidad de realizar una defensa efectiva.
El documento enfatiza que persistir en esta obstrucción obligaría a la corte a asignar defensores de oficio, trasladando el costo de la defensa a los contribuyentes estadounidenses, a pesar de la disposición y obligación del gobierno de Venezuela de asumir dichos costos.
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