Mientras el régimen de Nicolás Maduro vende al mundo la narrativa de que «las sanciones están cayendo», Estados Unidos responde con bisturí, no con machete. La reciente Licencia General No. 40D, emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, es prueba de ello: autoriza el ingreso de gas licuado de petróleo (GLP) a Venezuela bajo condiciones específicas, pero mantiene intacto el aparato sancionador contra el régimen y PDVSA.
¿Qué permite la Licencia 40D?
Esta licencia autoriza, hasta el 5 de septiembre de 2025, las transacciones necesarias para la entrega y descarga de GLP en Venezuela, incluso si involucran a PDVSA o al Gobierno venezolano. Pero cuidado: el gas debe haber sido cargado antes del 7 de julio de 2025.
El objetivo es claro: permitir el acceso a un recurso esencial para la población —como el gas para cocinar— sin oxigenar financieramente al régimen.
¿Qué no permite?
Esta no es una licencia de libre comercio. La 40D tiene límites severos:
- ❌ No se permiten pagos en especie (ni en petróleo ni derivados).
- ❌ No autoriza transacciones con personas bloqueadas, salvo excepciones puntuales (como PdVSA y entidades donde tenga 50% o más de participación).
- ❌ No reemplaza otras regulaciones: los actores deben seguir cumpliendo con la normativa del Departamento de Comercio (BIS), entre otras.
Además, esta licencia sustituye la 40C (emitida en julio de 2024), lo que indica que Washington sigue ajustando su estrategia con precisión quirúrgica.
¿Qué busca EE.UU.?
La administración estadounidense no está levantando sanciones. Está ejecutando una política de presión calibrada:
- Permitir que entren recursos esenciales para mitigar el sufrimiento humanitario.
- Sin permitir que el régimen utilice esos canales para lavar dinero, negociar crudo o romper el cerco financiero.
¿Quiénes pueden beneficiarse?
- Empresas extranjeras con capacidad logística para transportar GLP.
- Actores humanitarios que busquen garantizar el acceso a gas en hospitales, comunidades vulnerables o zonas rurales.
- Consorcios logísticos que operen dentro del marco legal estadounidense.
Pero no el régimen. El Gobierno de Maduro no puede usar esta licencia para recibir pagos, petróleo, inversiones o favores a cambio. Tampoco puede ampliar su influencia económica a través de ella.
Entonces, ¿las sanciones siguen vigentes?
Sí. La Orden Ejecutiva 13884 y otras órdenes sancionatorias contra Venezuela siguen plenamente activas. La OFAC no ha levantado ni modificado el régimen estructural de sanciones. Esta licencia es una excepción puntual y temporal, no una concesión política.
En resumen
- La Licencia 40D permite entregar GLP, no hacer negocios con el régimen.
- Está diseñada para aliviar a la población, no para premiar a los responsables de la crisis.
- El marco sancionador sigue firme, aunque con puertas humanitarias cuidadosamente vigiladas.
¿Por qué importa?
Porque el régimen usará esta medida para vender propaganda: “¡Nos están quitando las sanciones!”. Pero la realidad es otra: la comunidad internacional no le está soltando la soga al cuello, solo evita que los de abajo se quemen con el fuego.