El parentesco con Hugo Chávez habría sido el principal aval de Argenis Chávez para ocupar una serie de cargos, especialmente en el sector eléctrico. Ello, entre otras posiciones le permitió ser ministro de Energía Eléctrica y presidente de Corpoelec, aunque no esto no significara una mejora del servicio. Sin embargo, tal circunstancia sería una más de las razones de la crisis eléctrica venezolana.
En la entrega anterior dimos cuenta de una serie de contratos suscritos por Argenis Chávez durante su gestión al frente de la Corporación Eléctrica Nacional por millonarias sumas que no se tradujeron en mejoras del Servicio Eléctrico Nacional (SEN), pero que sí lesionaron el erario público venezolano.
Aquí damos cuenta de más de estos contratos en los que a la negociación inicial se le sumaban contratos complementarios o adenda que extendían el tiempo de entrega de los obras y servicios e incrementaban significativamente el precio de dichos contratos.
Lea también: Razones de la crisis eléctrica venezolana: el parentesco como currículo de Argenis Chávez (Parte I)
Más del fondo chino
El convenio permitió el “desembolso de los recursos provenientes del Fondo Conjunto Chino-venezolano para dar continuidad al “plan de inversiones del sector eléctrico nacional 2011”. El problema estuvo en que esas mejoras no llegaron verse.
Por ejemplo, supuestamente serviría para ejecutar el proyecto del tendido cable submarino a Chacopata, isla de Margarita, a un costo USD 56 millones aportados por Bandes del fondo chino y ejecutados por Corpoelec. Sin embargo, otro documento da cuenta de la compra e instalación de cables submarinos en Chacopata por USD 224 000 000.
No se tienen informes sobre la conclusión, entrega de las obras y suministro de los servicios contratados.
Adendum y más adendum
Así, por ejemplo, el 16 de julio de 2012, Corpoelec contrató a Tecsaga, Inc., sociedad mercantil de Florida, Estados Unidos, para el suministro de “interruptores y seccionadores y sus partes para el área comercial de la corporación eléctrica”. El precio de la negociación fue de USD 6 994 435.
También se contrató el 20 de marzo de 2013 con el consorcio IC-SADE Power, constituido por las empresas IC International (China) Limited, de Hong Kong y la empresa española Sadeven Ingeniería y Construcción S.L. para obras en la línea doble terna en 230 kv Santa Teresa III-Río Chico II-Barbacoa I. a un costo de USD 98 500 000 con un anticipo del 50 %.
Con Waller Marine Inc. firmó contrato el 25 de octubre de 2012, por la transferencia de tecnología de la planta Barcazas Bahía Tacoa del complejo refinador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas por USD 1 520 000. El 11 de junio de 2012 se firmó el Addendum “A” por USD 1 056 000, lo que elevó el precio a USD 2 576 000.
Otro adendum modificó el precio del contrato, el plazo de entrega del suministro y su vigencia y el precio del contrato a USD 49 750 000.
Los amigos como socios
A la mesa de redacción de Venezuela Política denuncias que aseguran que durante la gestión de Argenis Chávez al frente de Corpoelec se cometieron graves irregularidades, incrementando con ello la crisis eléctrica del país.
Según nuestras fuentes una serie de contratos fueron adjudicados a empresas cuyos propietarios o representantes estaban ligados al hermano del difunto presidente Hugo Chávez. Se trataría de nombres que se repiten constantemente entre los seleccionados por la corporación como adjudicatarios de los contratos.
Empresarios y ganaderos de Barinas que, luego de la salida de Chávez de Corpoelec también se habrían hecho beneficiarios de contratos por parte de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, DEM, cuando Argenis Chávez fue designado para dirigirla.
Lo cierto es que se afirma que su llegada a Corpoelec coincidió con la agudización de la crisis eléctrica en Venezuela, de la misma manera como ocurrió con el resto de las posiciones que ocupó en la administración pública.
En Las empresas contratadas por Corpoelec en la gestión de Argenis Chávez publicada por Venezuela política se ofrecen detalles de estas contrataciones.
Colapso del SEN
Una denuncia de Marcos Vargas, del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Eléctrica del estado Barinas (Sutieseba), acusó en febrero de 2024 que el SEN estaba “al borde del colapso. No se han realizado por años los mantenimientos preventivos necesarios, para no llegar a donde estamos, solo pañitos tibios”, e hizo mención a la gestión de Argenis Chávez en la Gobernación de Barinas.
Recordó que siendo gobernador el hermano del fallecido presidente Chávez, “se construyó y se puso en marcha la termoeléctrica Guanapa, en la vía hacia Barinitas; ‘compraron unas unidades de segunda mano, construidas en el año 1970, vendidas por Cuba como nuevas, las cuales deberían generar 50mw cada una para un total de 100mw solo para Barinas. Una de esas unidades nunca llegó y la otra se quemó a los 18 días de funcionamiento. En esas instalaciones lo que queda son ruinas’” (1).
Sanciones de Canadá
El 3 de noviembre de 2017, el gobierno de Canadá sancionó a Nicolás Maduro y a otros 18 altos funcionarios gubernamentales —entre ellos Argenis Chávez— “de conformidad con la Ley de Justicia para las Víctimas de Funcionarios Extranjeros Corruptos”, al estimarlas “responsables o cómplices de graves violaciones de los derechos humanos internacionalmente reconocidos, han cometido actos de corrupción significativa, o ambas cosas”.
Dichas sanciones se sumaban a las impuestas “el 22 de septiembre de 2017 de conformidad con la Ley de Medidas Económicas Especiales contra Venezuela y figuras clave del régimen de Maduro” (2).
Fuentes consultadas:
1) Barráez, Sebastiana. (25 de febrero de 2024). “En Venezuela un gerente acudió a la Fiscalía para impedir las denuncias por corrupción y negligencia en el servicio eléctrico”. En Infobae. Disponible en: https://www.infobae.com/venezuela/2024/02/25/en-venezuela-un-gerente-acudio-a-la-fiscalia-para-impedir-las-denuncias-por-corrupcion-y-negligencia-en-el-servicio-electrico/
2) Gobierno de Canadá. (3 de noviembre de 2017). “Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials – Case 2”. Disponible en: https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2017/11/case_2.html