El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Natalino D’Amato, venezolano-italiano que con controlaba varias empresas de haber participado en un esquema de lavado de dinero y pago de sobornos a funcionarios de Petróleos de Venezuela a cambio de la aprobación de contratos con sobreprecios.
D’Amato usaba las cuentas bancarias abiertas en bancos estadounidenses, a nombre de sus empresas, para mover el dinero y pagar las coimas a los empleados de PDVSA.
Natalino D’Amato, de 61 años, de Venezuela, fue acusado en una acusación formal de 11 cargos presentada en el Distrito Sur de Florida.
El anuncio fue hecho por el Secretario de Justicia Auxiliar Interino de la División Criminal del Departamento de Justicia, Brian C. Rabbitt y la Fiscal Federal del Distrito Sur de Florida, Ariana Fajardo Orshan, en conjunto con el Agente Especial a Cargo de la Oficina de Campo de Miami de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, Anthony Salisbury, y el agente especial interino a cargo Tyler R. Hatcher de la oficina local de Miami del Servicio de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI).
D’Amato fue acusado de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, cuatro cargos de lavado de dinero internacional, tres cargos de lavado de dinero promocional y tres cargos de participación en transacciones que involucran propiedad derivada del crimen.
La acusación formal alega que, a partir de enero de 2013 y hasta diciembre de 2017, D’Amato conspiró con otros, incluidos funcionarios de empresas conjuntas entre PDVSA y varias empresas extranjeras de la Faja Petrolífera del Orinoco de Venezuela, para lavar el producto de una operación ilegal en un esquema de soborno hacia y desde cuentas bancarias ubicadas en el sur de Florida.
Estas empresas conjuntas eran de propiedad mayoritaria y estaban controladas por PDVSA.
Según la acusación formal, D’Amato ofreció y pagó sobornos a numerosos funcionarios venezolanos que trabajaban en las empresas conjuntas de PDVSA con el fin de obtener contratos altamente inflados y lucrativos para proporcionar bienes y servicios a las empresas conjuntas de PDVSA.
La demanda alega que durante el curso de la conspiración, las empresas controladas por D’Amato recibieron aproximadamente $ 160 millones de las compañías conjuntas de PDVSA en cuentas que él controlaba en el sur de Florida.
Según los cargos, D’Amato usó una parte de esos fondos para realizar pagos a los funcionarios venezolanos o en beneficio de ellos.
La demanda incluye acusaciones que buscan la confiscación criminal de cuentas bancarias involucradas en los delitos imputados, con fondos por un total de aproximadamente $ 45 millones.
Meramente una acusación y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.
Este caso fue investigado por la oficina local de HSI en Miami y la oficina local del IRS-CI en Miami. El abogado litigante Alexander Kramer de la Sección de Fraudes de la División de lo Penal y el Fiscal Federal Auxiliar Michael Berger del Distrito Sur de Florida están procesando el caso. La Fiscal Federal Auxiliar Adrienne E. Rosen del Distrito Sur de Florida está manejando el decomiso de activos.
La Sección de Fraudes de la División Criminal es responsable de investigar y procesar todos los asuntos de la FCPA.
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