Un informe da cuenta de cómo el régimen venezolano instrumenta su actividad criminal a través de alianzas perversas.
Redacción ┊ Maibort Petit
Desde la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, fue configurando una serie de alianzas que le servían de sustento a su proyecto político del “socialismo del siglo XXI” que fue extendiendo por toda la región. Se trataba de una alianza ideológica que procuraba disminuir la influencia de Estados Unidos en el continente, al tiempo que impulsaba la presencia de actores extrarregionales como Rusia, Irán y China. Transformó a PDVSA en la entidad de financiamiento del referido proyecto y su estructura en una gigantesca máquina de lavar dinero.
Así lo sostiene un informe firmado por Douglas Farah para el Centro para América Latina “Adrienne Arsht” del Atlantic Council denominado “Las actividades ilícitas del régimen de Maduro: Una amenaza para la democracia en Venezuela y la seguridad en América Latina”, en el que se advierte que a través de los años, Chávez y posteriormente Nicolás Maduro dieron forma a una red social y política que dio paso a la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana (BJCE), que es una alianza de actores estatales y no estatales que, en conjunto con líderes políticos, élites económicas y organizaciones criminales que cuentan con el apoyo del gobierno venezolano.
Con Irán
Farah quien también es presidente de IBI Consultants, miembro invitado senior del Centro de Investigación Estratégica de la Universidad Nacional de Defensa, especialista en seguridad, terrorismo y crimen organizado transnacional en América Latina, refiere en el reporte que El régimen venezolano y el iraní vieron, cada uno, la posibilidad de que el otro le sirviera a sus intereses. Así, mientras Chávez usó al país persa como un instrumento para avanzar en su agenda anti-estadounidense, Irán se valió de Venezuela para expandir su influencia en América Latina. De hecho, las relaciones con Chávez le sirvieron al gobierno de Teherán para establecer once nuevas embajadas en la región entre 2005 y 2009 e, igualmente, financió una academia de entrenamiento militar bolivariana en Bolivia[1].
Refiere que aun cuando luego de la muerte de Hugo Chávez, redujeron las relaciones entre Irán y Venezuela, ahora Nicolás Maduro ha retomado el vínculo y lo ha estrechado. Fue así como, en franco desafió a Washington y sus sanciones, Teherán ha enviado gasolina a Venezuela, la cual ha intercambiado por oro[2].
El producto de la minería ilegal que practica el régimen venezolano en alianza con la guerrilla colombiana, se comercializa, entre otras vías, “a través de actores globales malignos y aliados regionales”, refiere el reporte de Douglas Farah.
Maduro pagó a Irán USD 500 millones en barras de oro por 1,5 millones de barriles de combustible entregados de abril a junio de 2020[3].
Con Rusia
El informe se remite entonces a las relaciones del régimen venezolano con Rusia, país que se ha convertido en su aliado militar, económico y político más importante, esto durante el periodo de Chávez como ahora con Maduro.
Se indica que, en los últimos 15 años, Venezuela le compró a Rusia armamento por USD 11 mil millones que incluyó tanques, aviones de combate avanzados y sistemas de misiles antibalísticos[4].
Por su parte, Rusia compra el petróleo venezolano, brinda apoyo diplomático en el seno de la Naciones Unidas al tiempo que, regionalmente, sabotea la legitimidad de Estados Unidos en América Latina.
Con China
Mientras de Rusia recibe el apoyo militar, el régimen venezolano obtiene de China respaldo financiero.
Pekín ha otorgado préstamos y ha invertido en diversos proyectos que han significado decenas de miles de millones de dólares.
El área petrolera y la minería acaparan la mayoría de dichas inyecciones de dinero. De hecho, desde 2018, las inversiones chinas en Venezuela totalizaron USD 67 mil millones, que constituyeron en el 40 por ciento de la inversión de China en la región[5].
Con las FARC y el ELN
La guerrilla colombiana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a las que Hugo Chávez apoyó y con la que se alió desde la década de los años ´90.
El proceso de paz firmado en Colombia entre el gobierno y las fuerzas insurgentes dio pie a una escisión del grupo terrorista —así fue designado por Estados Unidos y la Unión Europea— y decenas de altos mandos y combatientes encontraron cobijo en territorio venezolano al amparo del régimen de Maduro[6].
Tanto estos disidentes, como agentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) operan en Venezuela protegidos por Maduro, sostiene el informe.
Farah sostiene que con Nicolás Maduro, la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana (BJCE), ha experimentado un gran crecimiento, el cual ha ido de la mano de las FARC y el ELN. Algo que ha ocurrido en la misma medida y proporción que los precios petroleros cayeron y, por ende, la fuente de financiamiento de la la actividad criminal del régimen venezolano.
Los negocios irregulares del régimen venezolano con las FARC, los cuales alcanzan escala internacional, tienen que ver con minería de oro ilícita, narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas y corrupción masiva.
Para determinarlo tajantemente, sirvieron dos eventos ocurrido en 2020, primero, la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos de altos funcionarios del gobierno venezolano, entre ellos el propio Nicolás Maduro, cuando se describió la asociación criminal entre el régimen y la guerrilla para llevar a cabo actividades de narcotráfico. El segundo de dichos eventos, fue la captura del empresario colombo-venezolano, Álex Saab, señalado de ser presunto testaferro de Maduro, un hecho que transparentó ante la opinión pública internacional el esquema de corrupción y lavado de dinero que opera en Venezuela[7].
El reporte indica que diversas investigaciones y acciones del gobierno estadounidense documentan “red ilícita adaptable y multifacética del régimen de Maduro proporciona el apoyo financiero y político muy necesario”, lo que le permite junto a “sus compinches y aliados, robar miles de millones de dólares para beneficio personal y supervivencia del régimen, a expensas del pueblo venezolano”.
El informe se remite a una estructura criminal militar que opera dentro del régimen venezolano, conocida como el Cartel de los Soles, la cual mantiene una sólida relación con miembros disidentes de las FARC y que permite que la cocaína producida por las FARC sea traficada a través de Venezuela a cambio de dinero en efectivo y servicios. Entretanto, el régimen ofrece a las FARC seguridad en territorio venezolano, armas y rutas seguras de transporte de la droga.
El ELN controla gran parte de la minería de oro ilícita en Venezuela y Colombia, la economía criminal de más rápido crecimiento en la región.
Ambas guerrillas terroristas, FARC y ELN, proporcionan fondos a Maduro y ayudan al régimen a mantener el control territorial en lugares remotos, pero estratégicamente vitales, zonas limítrofes con Colombia y Guyana[8].
CITAS
[1] AEI. “Kingpins and Corruption: Targeting Transnational Organized Crime in the Americas”. 26 de junio de 2017.
[2] Foreign Policy. “Iran Is Working Hard to Revive Anti-U.S. Operations in Latin America”. 21 de junio de 2020.
[3] Reuters. “ran Is Hauling Gold Bars Out of Venezuela’s Almost-Empty Vaults”.
[4] National Defense University. Douglas Farah and Kathryn Babineau. “Extra-regional Actors in Latin America: The United States is not the Only Game in Town”. 26 de febrero de 2019.
[5] The Dialogue. China-Latin America Finance Database.
[6] InSight Crime. “FARC Dissidents and the ELN Turn Venezuela Into Criminal Enclave”. 10 de diciembre de 2018.
[7] Department of Justice. “Nicolás Maduro Moros and 14 Current and Former Venezuelan Officials Charged with Narco-Terrorism, Corruption, Drug Trafficking and Other Criminal Charges”. 26 de marzo de 2020.
[8] InSight Crime. “ELN in Venezuela”. 28 de enero de 2020.