Tarek William Saab, el fiscal del régimen de Maduro

La impunidad fue el arma usada por los contratistas para saquear a PDVSA y a CITGO

La corrupción e irregularidades cometidas en el seno de Petróleos de Venezuela son objeto de la investigación e instrucción de expedientes por parte del Comisión Principal de la estatal, sin que de estas averiguaciones poco o nada se sepa fuera de los muros de la principal empresa venezolana.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Las cargos efectuados por Bariven, CITGO y las empresas mixtas de Petróleos de Venezuela por concepto de compra de insumos, materiales y equipos deben ser monitoreadas y evaluados para certificar que las cantidades y precios imputados por los contratistas se ajusten a los costos reales de operaciones e inversiones, ya que existen muchos casos de procesos de compra que han revelado sobreprecios y otras irregularidades, y donde ha permanecido la impunidad como regla. Tal conclusión se deriva de las opiniones expresadas por el Comisario Principal de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Silvestre Molero Torres en el informe relativo al año 2017.
   El documentos de más de 600 páginas da cuenta de una serie de investigaciones llevadas a cabo por Molero Torres sobre irregularidades y casos de corrupción de las que la opinión pública tiene poco o nulo conocimiento. En esta primera entrega haremos referencia al endeudamiento de la filial de la corporación en los Estados Unidos, CITGO, la adulteración intencional de los resultados mostrados en los procesos de medición y fiscalización de hidrocarburos, los sobreprecios en la procura de Bariven y la detención de su presidente.

   Una copia del informe fue entregado al presidente de PDVSA, Manuel Quevedo el 7 de diciembre de 2018 para que el mismo fuera considerado por la alta gerencia en aras de tomar las decisiones pertinentes para corregir las irregularidad y seguir las recomendaciones realizadas por esa la referida Comisionaduría. 

   Explica el comisario en su informe que los casos de investigación de hechos irregulares, denuncias y situaciones de fraudes a los cuales les hace seguimiento su despacho, así como la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral, la Consultoría Jurídica Corporativa, la Dirección Ejecutiva de Auditoría Interna y la Contraloría Financiera reciben aportes de cada uno de estas dependencias para asegurarse de que se sigue el protocolo interno de acuerdo a las normas internacionales en el tratamiento de situaciones irregulares y fraudes. Tal verificación comprende la confirmación del evento de fraude y su modalidad operativa para establecer si las prácticas son sistémicas y continuadas o son eventos episódicos. De esto dependerá el diagnóstico adecuado y poder determinar el impacto financiero y la identificación de las áreas vulneradas en el control interno, hacer propuestas para remediar y mitigar las causas, identificar a los responsables y relaciones para asegurarse que no haya otras áreas contaminadas con las prácticas y protagonistas identificados. Igualmente, el comisario trabaja —según refiere su informe— en la preparación y judicialización del expediente del caso y emprende acciones de resarcimiento patrimonial.

   Silvestre Molero Torres refiere que recibió información del Ministerio Público sobre las investigaciones llevadas a cabo por esa instancia judicial en PDVSA y sus filiales durante el último trimestre del año 2017, conformadas por nueve casos principales que permitieron imputar y detener hasta el momento de elaboración del reporte, a 69 funcionarios de los niveles gerenciales medios y altos.
   Dichas detenciones tenían que ver sobre los casos de investigación de CITGO, donde los implicados son 7 personas; por Petrozamora S.A. son 17 funcionarios; por Puerto Miranda, 15 funcionarios; por el caso de Producción Oriente, 10 detenciones; Petropiar S.A. 5 funcionarios detenidos; por Bariven S.A. tres detenciones; PDVSA Corporativa arrojó 5 funcionarios detenidos; el Caso de Vehículos, 6 detenciones; el caso Petrosaudí S.A., una detención.

  Pero la Oficina de Apoyo al Comisario de PDVSA, además de los casos señalados, le hace seguimiento a otras situaciones en las cuales se trabaja para establecer su impacto material y así reconocer pérdidas y otros efectos contra los resultados financieros de la empresa estatal.

  Molero Torres pasa a enumerar dichos casos de investigación y refiere su estatus, las acciones pendientes por acometer de acuerdo con las normas internacionales para el tratamiento de situaciones irregulares y fraudes.

Operaciones de endeudamiento de CITGO

  En primer término, el comisario principal de PDVSA hace referencia al caso de investigación acerca de las operaciones de endeudamiento de la filial de la estatal en los Estados Unidos, CITGO, el cual es manejado por Ministerio Público a través de la Fiscalía Quincuagésima Quinta, identificado con el número MP-508382-2017 y que cursa en el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 3 del Circuito Judicial Penal de área Metropolitana del Distrito Capital, vertido en el Expediente N° 3C-18.500-2017.
   Imputados por los delitos de Peculado Doloso Propio, Concierto de Funcionario con Contratista, Legitimación de Capitales, y Asociación para Delinquir aparecen un exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA —Nelson Martínez, quien falleció el 12 de diciembre de 2018 mientras estaba en reclusión en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y desde donde fue trasladado al Hospital Militar—, así como seis trabajadores de la filial.

  El reporte indica que este caso versa sobre el hecho de que las autoridades de CITGO obviaron obtener la debida aprobación por parte de las autoridades de Petróleos de Venezuela, así como de la república, que le diera la autorización legal a los términos y condiciones de una relevante transacción de endeudamiento. Se explica que la operación financiera estaba en curso de negociación cuando se produjeron las detenciones, razón por la cual se imputa un delito en grado de frustración.

  El comisario Molero Torres formuló una serie de recomendaciones a través del memorando COM-2018-0022, de fecha 17 de abril de 2018, las cuales surgieron de discusiones en mesas de trabajo, las cuales apuntan a la necesidad de que los directores, presidentes de empresas y gerentes, actúen con el “marco del rigor que imponen los niveles de autoridad, competencias, y delegaciones financieras establecidas por tipo de transacciones, esto es los actos administrativos deben cumplirse en el estricto marco del principio de legalidad”.

  Sostiene que en los procesos de financiamiento que comprometan tanto a PDVSA, sus filiales, y a la república en general, debe atenderse el protocolo de someter tales transacciones ante los niveles de autoridad, tanto corporativos, como de gobierno del país, conforme lo establecen las leyes, reglamentos y disposiciones que regulan las transacciones.

   Refiere el informe que al cierre de 2017, la Oficina de Apoyo al Comisario no había recibido información sobre la cuantificación de pérdidas materiales a la Corporación derivados del caso de endeudamiento de CITGO, agregando que el Comité de Auditoría de PDVSA se encargaría de analizar, deliberar y hacerle seguimiento. Precisó que la firma de auditores externos KPMG, emitió una opinión limpia sobre los Resultados Financieros Consolidados de la filial CITGO, al 31 de diciembre de 2017.

  Estima que el Comité de Auditoría y la Vicepresidencia de Finanzas de PDVSA deben impulsar una campaña de divulgación de los conceptos transaccionales y Niveles de Autoridad Administrativos y Financieros (NAAF) con énfasis en operaciones de alto riesgo y así familiarizar a los gerentes medios y altos sobre los imprescindibles protocolos, instancias de sometimiento, consideración y aprobación, a los fines de asegurar transacciones de conformidad con la ley y los procedimientos.

  Insta a hacer una revisión de las actuales normas y procedimientos de endeudamiento, recaudos y niveles de autoridad administrativos y financieros para actualizarlos con las instrucciones y precisiones necesarias e incorporando las instancias y niveles de aprobación, según sea el monto monetario de los endeudamientos en el ámbito nacional o internacional.

  Por último, Molero Torres llamó a determinar los efectos materiales con impacto patrimonial al cierre de 2017 para su correspondiente registro contra los resultados financieros del ejercicio en referencia.

Caso de adulteración de resultados

   Seguidamente el comisario principal de PDVSA se remite al caso de la adulteración intencional de los resultados mostrados en los procesos de medición y fiscalización de hidrocarburos, el cual fue investigado en los años 2016 y 2017 por los cuerpos de control de empresa.

Refiere que presentó varios puntos de cuenta ante el presidente de PDVSA en demanda de acciones para mejorar los procesos de Control Interno en torno a la producción de hidrocarburos, habiendo sido aprobados los puntos propuestos. En tal sentido, se creó el Comité para el Control de las Mediciones, Balance y Fiscalización de Hidrocarburos (COMBAF).

  Igualmente indica el reporte que en 2017, el Viceministerio de Hidrocarburos, en coordinación con la Oficina de Apoyo al Comisario, emitió cinco oficios dirigidos a regular el proceso de medición y fiscalización de hidrocarburos en PDVSA y sus filiales.

   El Comité COMBAF identificó ciertas irregularidades que propiciaron una investigación interna a cargo de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral descubriéndose la práctica de alteración de los datos relacionados con los niveles reales de producción, por lo que el expediente fue remitido inmediatamente a la Fiscalía General de la República.

   En opinión del comisario, para garantizar Control Interno en las mediciones de la producción de hidrocarburos, se debe mantener la independencia de la organización de coordinación operacional encargada de realizar las mediciones.

  Se debe asegurar —continúa alertando el informe— la plena automatización de las mediciones de la producción y la oportuna calibración de los equipos de mediciones. Se resolvió que la Vicepresidencia de Planificación Corporativa de PDVSA de las mediciones y fiscalizaciones de hidrocarburos. Sin amargo, advirtió que esta decisión de independencia, no se ha implantado en forma definitiva y aún se mantienen los niveles tradicionales de reporte.

   Específicamente, el informe del comisario refiere el caso de la alteración intencional de la variación de producción fiscalizada en la División Punta de Mata, por lo que la Consultoría Jurídica Corporativa informó que el caso se radicó en Caracas desde el 8 de enero de 2018, a saber, en la Fiscalía 73° Nacional Plena, MP-495137-2017, Tribunal Quinto en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana-Distrito Capital. El número de expediente es 5C-18238-18. Los delitos que se imputan son Incumplimiento al Régimen Especial de las Zonas de Seguridad, Sabotaje o Daño a Sistemas, Peculado Doloso Propio y Asociación Para Delinquir. Se imputó al Superintendente de Tratamiento Químico, al Gerente de Coordinación Operacional Furrial, al Subgerente Operacional División Punta de Mata, a una Analista de Contabilidad de Crudo División Punta de Mata, a un Ingeniero de Proceso de Documentación y Estadísticas y Contabilización de Hidrocarburos, a una Analista de Contabilidad de Crudo, al Gerente General de Coordinación Operacional de Exploración y Producción Oriente, al Director Ejecutivo de Exploración y Producción, al Gerente de la División Punta de Mata y a un Gerente de Producción.

  El impacto de la acción de alterar la producción fue estimado por la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral en USD 266,7 millones por regalía pagada en exceso. Se indica que al cierre de 2017, se gestionaba un Punto de Cuenta de la Vicepresidencia de Finanzas de PDVSA, solicitando al Ministerio del Poder Popular de Petróleo la aceptación de la factura correspondiente al citado concepto.

   Silvestre Molero Torres a través del memorando COM-2018-0022 fechado el 17 de abril de 2018, recomendó, en primer lugar, como acción complementaria a la actuación de la Dirección de Seguridad Integral, la Dirección Ejecutiva de Auditoría Interna y la Oficina de Apoyo al Comisario, determinar el efecto financiero del forjamiento y alteración de la producción fiscalizada durante el período 2014-2017 y registrar los ajustes en los libros de reserva para sincerar los niveles reales de existencias de hidrocarburos en los yacimientos y campos.

  Del mismo modo recomienda que la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral presente ante el Comité de Auditoría el caso de la adulteración de la data de la producción real para así establecer sus efectos y definir los actos legales que autoricen a PDVSA Petróleo, S.A., a facturar ante el Ministerio del Petróleo, el resarcimiento compensatorio por la regalía e impuestos pagados en exceso. Se explica que las sobreestimaciones de la producción, incluían volúmenes provenientes de empresas mixtas por lo que hay que determinar los efectos financieros para proceder a los debidos recobros y su correspondiente registro en la contabilidad de la corporación.

  También, la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral coordinadamente con la Oficina de Apoyo al Comisario, preparó una presentación sobre la investigación realizada en relación a la producción intencionalmente alterada en el Distrito Punta de Mata que serviría de base para calcular y hacer los ajustes finales en el Libro de Reserva relativos a los barriles ficticios reportados como producidos y preparar el cálculo de las cuentas por cobrar al Ministerio del Poder Popular de Petróleo por la regalía pagada en exceso.

   El comisario se pronunció por la necesidad de ejecutar un plan que contemple la revisión de la funcionalidad de los sistemas de medición fiscal de hidrocarburos en las instalaciones operativas de cada una de las direcciones ejecutivas de producción de PDVSA; evaluar la idoneidad de los niveles de automatización asociados a la medición y fiscalización de hidrocarburo; revisar la suficiencia y razonabilidad del alcance de la interconexión entre los sistemas automatizados de medición y fiscalización de hidrocarburos con los sistemas centinela y SAP; cumplir las instrucciones emanadas de la presidencia de PDVSA en los puntos de cuenta sometidos por la Oficina de Apoyo al Comisario, relacionados con el proceso de medición, balance y fiscalización de hidrocarburos.

Caso de sobreprecios en la procura internacional de materiales de Bariven

   Silvestre Molero Torres cita uno de los casos más relevantes y de más impacto financiero en 2017, relativo a la procura de insumos, materiales y equipos internacionales que fue acusado en diciembre de 2015 en la fiscalía del Distrito Sur de Texas, División Houston, en Estados Unidos de América, cuando se identificaron situaciones de violación de leyes anticorrupción y contra el lavado de dinero en contratos de procura internacional de bienes y servicios conexos, celebrados por la filial Bariven, S.A.

   Ante estos hechos, los auditores externos y el Comité de Auditoría de PDVSA propusieron contratar una firma experta en auditoría forense para evaluar el alcance de las irregularidades observadas, estableciendo esta que Bariven fue víctima de fraude en el proceso de procura internacional al haberse identificado las modalidades empleadas en la perpetración del fraude y las vulneraciones al control interno que permitieron que tales irregularidades pudieran tener lugar.

    Se pudo identificar a los funcionarios y terceros que serían responsables de los hechos y se determinó las transacciones afectadas, lo cual permitiría establecer si las compras bajo irregularidad, “no representaban una situación generalizada a través de prácticas sistémicas, recurrentes e inferibles a todo el universo de compras internacionales, dirigidas a la industria petrolera venezolana”.

  El comisario Silvestre Molero Torres estableció que la investigación determinó que, efectivamente, se produjo un fraude en las compras internacionales de PDVSA al concertarse proveedores y representantes de la gerencia de la filial PDVSA Services, Inc., en Houston Texas, la cual a su vez es filial de Bariven, S.A. y se encarga de las compras internacionales, transacciones estas en las cuales se observaron apreciables sobreprecios.

   Indica que el proceso judicial hasta el momento de emitirse el informe había permitido que ocho personas implicadas se declararan culpables ante un tribunal de primera instancia en el Distrito Sur de Texas, División Houston, en los Estados Unidos de América.

  Por su parte, el Comité de Auditoría de PDVSA instruyó la retención de los pagos pendientes a los proveedores involucrados con los responsables de las irregularidades detectadas, por aproximadamente USD 400 millones.

  PDVSA también identificó un conjunto de bienes, propiedad de personas relacionadas con los actos irregulares y se autorizó interponer acciones legales, tanto civiles como penales en la jurisdicción extranjera que corresponda. La estatal también formuló a los Estados Unidos una solicitud de restitución en su carácter de víctima para que el citado tribunal ordene a los acusados resarcir el daño patrimonial causado.

Informe de Auditoría Interna sobre el caso

   Relacionado con este caso, el 27 de noviembre de 2012, el Auditor General Corporativo consignó ante la presidencia de PDVSA el informe de auditoría interna con referencia AIC-2012-293 para reportar una situación irregular con la procura internacional de la filial Bariven, S.A., particularmente con la compra de vehículos que comportaban significativos sobreprecios. Este informe identificó a varios de los proveedores incursos en posteriores procesos irregulares de procura y se presentó ante el Comité de Auditoría y se discutió con el Viceministro de Hidrocarburos, con el Director de Enlace de Bariven, S.A. y con el Director de Finanzas de PDVSA.

  Pero los intentos de control fueron anulados —subraya el comisario— por la acción de los grupos de poder que facultaban a las autoridades de Bariven, S.A., quienes desde su posición de dominio, aminoraron el impulso procesal. Pero a pesar de esto, el informe  se incorporó a los expedientes consignados ante el Ministerio Público desde PDVSA.

  De acuerdo a Molero Torres, Venezuela es víctima de la acción de una poderosa organización internacional vinculada criminalmente con proveedores del mercado de los EE. UU. y la alta gerencia que manejó los procesos de procura internacional, quienes actuaron con impunidad

La Gerencia Corporativa de Contraloría Financiera informó en el cierre contable del año 2016 se identificó una provisión por el orden de USD 218 millones por concepto de potenciales pérdidas con la procura internacional.

Auditorías internas a Bariven

  A principios del año 2015, la Dirección Ejecutiva de Auditoría Interna Corporativa, promovió un análisis de riesgo sobre la procura internacional de Bariven, S.A. que identificó algunas situaciones de potencial riesgo de prácticas irregulares con las compras internacionales”, reza el informe del comisario principal de PDVSA.

  Agrega que en diciembre del citado año, la Fiscalía Federal de Houston detuvo a Roberto Rincón y a Abraham Shiera, a quienes acusó de corrupción en la obtención de contratos de procura de Bariven, S.A., entre los años 2009 al 2014.

   Entretanto, la investigación interna de PDVSA, confirmó que Rincón y Shiera, así como sus allegados y otros ex-proveedores relacionados, pagaron comisiones a exfuncionarios de Bariven, S.A. y PDVSA para obtener contratos de procura con la referida filial por más de USD 2.000 millones, al tiempo que le gestionaran pagos bajo dichos contratos y le concedieran otros beneficios.

   El comisario de PDVSA recomendó respecto a este caso a través del memorando COM-2018-0022, del 17 de abril de 2018, demostrar la cualidad de víctima de PDVSA y su filial Bariven, S.A. objeto de fortalecer la opción del resarcimiento patrimonial de recursos confiscados a los responsables de las irregularidades en referencia. Esta diligencia se hizo ante el tribunal del Distrito Sur de Houston, Texas. Asimismo instó que se desestimara el argumento político de escasa diligencia en la disuasión del fraude que pudiera esgrimirse para invalidar el derecho venezolano al  resarcimiento patrimonial.

   Llamó a que la Consultoría Jurídica de PDVSA y el Comité de Auditoría deben reforzar sus actuaciones en lo atinente a las situaciones de fraude con las compras internacionales de materiales y superar las debilidades de orden jurídico de las diligencias realizadas para que sea reconocida la cualidad de víctima a PDVSA ante la Fiscalía del Distrito Sur de Houston-Texas.

  Agrega que la gestión gerencial debe estar acompañada de la disminución del énfasis en el control interno, en función de superar la emergencia dada por la crisis en el cumplimiento de metas de producción. De este modo, “ante la baja volumétrica, como necesaria respuesta se pretende imprimir agilidad a la selección de contratistas y proveedores, en la búsqueda de viabilizar la obtención oportuna de los suministros, obras y servicios. Esta simplificación de procesos, si bien puede ayudar a la agilización de la operación, requiere que tales lineamientos estén impregnados de legalidad; a tal efecto, deben ser acompañados del soporte de una intencionalidad contralora, y de criterios rectores uniformes, que rijan las bases de actuación de los administradores, a quienes se les está facultando para la toma de decisiones sobre selección de proveedores, y niveles monetarios transaccionales, que usualmente han correspondido a Comisiones de Contratación, Comisiones de Compras, Comités de Operación, Comité de Planificación y Control, así como al Comités Ejecutivo, y Junta Directiva de PDVSA”.

  En este sentido advierte que la flexibilización administrativa no puede constituirse en caldo de cultivo para la proliferación de la corrupción.

  “El citado riesgo, debe ser mitigado a través de instrucciones precisas, que orienten la selección de contratistas y proveedores, con racionalidad y disciplina; lo cual incluye seleccionar empresas, con base en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), Registro REPS de PDVSA y Maestro de Proveedores de Bariven, S.A.; advertir expresamente, que la Corporación ni el país tolerarán maletineros, sobreprecios, ni sub contrataciones; asimismo dejar constancia suficiente que los precios, en cada caso se acordarán con base razonable, previas consultas documentadas, y con fundamento en los términos, condiciones, cantidad, calidad y tiempo de entrega, ventajosos para la Industria; asegurarse que la rectitud en la actuación para seleccionar proveedores y contratistas, puede ser verificada a través de procesos posteriores de los Auditores Internos y de la Gerencia Corporativa de Control Interno, entes que deben reforzar el monitoreo y las revisiones de los procesos de Contrataciones y Compras. Igualmente, revisar por tipos de activos, los niveles monetarios a delegar, de manera que no obstante la flexibilidad operativa, se actúe en el marco de métodos de trabajo racionales, disciplinados, sistemáticos y uniformes, signados por la rectitud e integridad en la administración de recursos”.

Detención del presidente de Bariven

  El caso de la detención del presidente de Bariven derivó de una evaluación llevada a cabo por la organización de investigación adscrita a la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral de PDVSA, cuyos resultados, se incluyeron en un expediente que se remitió al Ministerio Público.

   La Gerencia de Asuntos Penales, adscrita a la Consultoría Jurídica Corporativa de PDVSA, informó que tal como lo informara el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, el 2 de noviembre de 2017, el presidente de Bariven, S.A. había sido detenido por presuntas irregularidades en los procesos de procura de bienes, según se refirió en el caso anteriormente mostrado.

   Por estos hechos fueron aprehendidas otras dos personas a las ya referidas, por los delitos de asociación para delinquir y peculado doloso, a saber, el gerente de Servicios Técnicos y un analistas de compras.

   También se informó sobre la detección de “10 mil millones de bolívares y 119 millones en moneda extranjera” en irregularidades en procesos de compras de materiales y equipos.
  El comisario hace mención a las irregularidades cometidas identificadas, entre las cuales están, “la compra de tuberías a la empresa Liaoning, a saber: a) Orden de Compra 5100096822, con impacto económico por sobre precio estimado en USD 7.813.699,33 y b) Orden de Compra 5100097048, con impacto económico por efecto de sobre precio, estimado en USD 6.776.168,11, de conformidad con Informe elaborado por la gerencia de Ingeniería de Costos. Adicionalmente, existe una averiguación penal a través de la Fiscalía 63 N°MP-478147-2017 por el denominado caso Servicio de Ranurado a Tuberías Petroleras realizados por la empresa Ranurado de Tuberías Orinoco C.A., órdenes de compras 4800004828 y 480000482. Este caso al cierre del año 2017 se encontraba en fase intermedia y celebración de audiencia preliminar”.

   El comisario principal de PDVSA, Silvestre Molero Torres, instó a reforzar el monitoreo y las evaluaciones de los procesos de compras a cargo de Bariven S.A., de las empresas mixtas y de CITGO, cuando compra por cuenta de PDVSA y sus negocios.

  Igualmente, subrayó que los cargos efectuados por las empresas mixtas por concepto de insumos, materiales y equipos deben ser objeto de monitoreo, auditorías y evaluaciones, para certificar la idoneidad de las cantidades y precios imputados a procesos de costos de operaciones y/o inversiones.

  En posteriores entregas seguiremos dando a conocer los casos de investigación adelantados por el despacho del Comisario Principal de PDVSA y reseñados en su informe 2017.