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El reciente anuncio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), fechado el 21 de abril de 2025, ha puesto en el centro de la atención a la organización criminal venezolana conocida como el Tren de Aragua (TdA). La acusación formal contra 27 presuntos miembros y afiliados bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO) marca un punto de inflexión en la estrategia legal que se ha planteado el gobierno estadounidense contra esta pandilla transnacional, señalada por su brutalidad y expansión operativa a través de fronteras.
Un Mosaico de Delitos Graves
Según la información proporcionada por el DOJ, las acusaciones contra estos 27 individuos pintan un cuadro sombrío de actividades delictivas que van mucho más allá del simple pandillerismo callejero. Los cargos presentados bajo la ley RICO incluyen una escalofriante variedad de delitos graves: robos a mano armada, tiroteos, la depravada explotación del tráfico sexual, la organización de redes de prostitución, la extorsión sistemática y el tráfico de drogas, con especial mención al «tusi», una sustancia que, según las autoridades, se ha convertido en la «tarjeta de presentación» de la organización.
De los acusados, seis son identificados como miembros activos del Tren de Aragua, mientras que los 21 restantes están vinculados a un grupo autodenominado «Anti-Tren», compuesto principalmente por antiguos integrantes de la pandilla. La investigación del DOJ revela una red operativa que se extiende por varios estados, con un foco significativo en Nueva York y Nueva Jersey, lo que subraya la naturaleza transnacional de la amenaza que representa el TdA.
La Ley RICO como Herramienta de Desmantelamiento del TdA
La elección de la Ley RICO como instrumento legal en este caso no es casual. Originalmente concebida para desarticular las estructuras de la mafia italiana en Estados Unidos, esta ley permite a los fiscales perseguir a organizaciones criminales como «empresas» que participan en un patrón de actividad delictiva. En el contexto del Tren de Aragua, el DOJ sostiene que la pandilla opera como una empresa cuyo objetivo principal es la preservación de su poder e influencia a través de la violencia y la generación de ganancias ilícitas.
Esta designación bajo RICO tiene implicaciones significativas. Permite a los fiscales ir más allá de los delitos individuales y atacar la estructura jerárquica de la organización, lo que podría resultar en penas severas para los acusados, incluyendo la posibilidad de cadena perpetua para aquellos que se demuestre que participaron en la dirección de esta empresa criminal.
Contexto Político y la «Operación Take Back America«
El caso presentado por los fiscales se inscribe dentro de un contexto político marcado por la «Operación Take Back America«, una iniciativa impulsada por el expresidente Donald Trump con el objetivo declarado de combatir la inmigración ilegal y las pandillas transnacionales. La administración actual ha continuado con esta línea, y la acusación contra el Tren de Aragua ha sido celebrada por figuras como la Fiscal General Pam Bondi, quien no dudó en calificar al TdA como una «organización terrorista» que está «destruyendo comunidades estadounidenses con violencia brutal, tráfico humano y distribución de drogas letales».
Sin embargo, estas medidas no están exentas a la discusión interna y la llamada guerra judicial que ejecutan desde las cortes los opositores radicales al gobierno federal. Críticos argumentan que la narrativa que equipara inmigración con crimen organizado puede llevar a la estigmatización injusta de comunidades migrantes, particularmente la venezolana.
El Tren de Aragua: Génesis, Expansión y Operaciones Globales
El origen del Tren de Aragua se remonta aproximadamente a la primera década de este siglo, en el turbulento entorno de la prisión de Tocorón, en Venezuela. Bajo el liderazgo inicial de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias «Niño Guerrero», la pandilla aprovechó la profunda crisis económica y la masiva migración venezolana para expandir sus tentáculos a través de América Latina, estableciendo bases operativas en países como Colombia, Perú y Chile, y finalmente llegando a Estados Unidos.
Su modus operandi es diverso y brutal, incluyendo el tráfico de personas con fines de explotación sexual (donde las víctimas son conocidas despectivamente como «multadas»), el tráfico de drogas que abarca desde la cocaína hasta el «tusi», y la extorsión y el robo, especialmente dirigidos a pequeños negocios, donde la violencia se utiliza como herramienta de control y coerción. Además, se han documentado alianzas con otros grupos criminales de alto calibre, como el Cartel de Sinaloa en Ecuador y el Ejército de Liberación Nacional en Colombia, lo que subraya su capacidad de operar en complejas redes criminales transnacionales.
A pesar de la intervención de las fuerzas de seguridad venezolanas en la prisión de Tocorón en septiembre de 2023, que teóricamente buscaba desmantelar su centro de operaciones, el liderazgo de la pandilla logró evadir la captura, y sus actividades criminales han persistido. En Estados Unidos, la conexión del Tren de Aragua con crímenes de alto perfil, como los asesinatos de Laken Riley y Jocelyn Nungaray, ha intensificado la presión para una acción legal contundente.
La Aplicación de RICO: Un Análisis Legal Detallado
La Ley RICO, codificada en el Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1961-1968, proporciona un marco legal robusto para combatir el crimen organizado. Para lograr una condena bajo esta ley, los fiscales deben demostrar más allá de una duda razonable la concurrencia de tres elementos clave:
- La existencia de una «empresa»: Esta se define ampliamente como cualquier asociación, formal o informal, que funcione como una unidad con un propósito, ya sea legal o ilegal. En el caso del Tren de Aragua, el DOJ argumenta que la pandilla constituye dicha empresa.
- Un patrón de actividad delictiva: Esto requiere la comisión de al menos dos delitos relacionados dentro de un período de diez años. Los cargos presentados contra los miembros del TdA claramente cumplen con este criterio, abarcando una amplia gama de delitos violentos y lucrativos.
- La participación de los acusados en la operación o gestión de la empresa a través de dicho patrón de actividad delictiva: Los fiscales deben probar que los acusados participaron en los asuntos de la empresa criminal a través de la comisión de los delitos subyacentes.
En el caso específico del Tren de Aragua, el DOJ alega que la pandilla opera como una empresa con el objetivo de «preservar y proteger el poder y el territorio de TdA, sus miembros y asociados mediante actos que incluyen asesinato, agresión, robo y otras formas de violencia«. Además, se busca demostrar que la organización se enriquece a través del tráfico sexual, el tráfico de drogas y los robos armados.
Las posibles sentencias para los cargos presentados son significativas:
La aplicación de la Ley RICO en este contexto representa una estrategia legal contundente que busca desmantelar no solo a los individuos acusados, sino la infraestructura misma de la organización criminal.
Debate sobre la Efectividad
Si bien la acusación bajo RICO es vista por las autoridades como un paso crucial para desarticular la amenaza que representa el Tren de Aragua, su efectividad a largo plazo y sus posibles consecuencias colaterales son objeto de debate.
Por un lado, el DOJ argumenta que estas medidas son necesarias para proteger a las comunidades estadounidenses de la violencia y la explotación perpetrada por esta organización terrorista. La Fiscal General Bondi ha sido enfática al señalar la brutalidad y la naturaleza destructiva del TdA.
Por otro lado, representantes del partido demócrata y activistas radicales advierten sobre el riesgo de estigmatizar a la comunidad migrante en general.
Las acciones legales contra el Tren de Aragua se entrelazan con complejas dinámicas políticas y diplomáticas, como el uso de leyes como el Alien Enemies Act para intentar la deportación de presuntos miembros, una medida a la que se han enfrentado activista radicales y jueces progresistas que se oponen a la agenda de seguridad nacional del gobierno federal y están dispuestos a tomar cualquier medida para boicotearla.
RICO y el desafío del Crimen Transnacional
El caso contra el Tren de Aragua bajo la Ley RICO ofrece un interesante estudio de caso sobre la aplicación de una legislación doméstica para combatir una amenaza criminal transnacional. Si bien RICO ha demostrado ser una herramienta eficaz contra el crimen organizado tradicional, su aplicación a pandillas con estructuras y operaciones más fluidas y descentralizadas ha obligado a los fiscales que trabajan en caso a revisar las limitaciones que podrían surgir para su aplicación y para defenderla propuesta en las cortes de primer circuito dominadas por activistas que se oponen a la lucha del gobierno federal contra el crimen organizado transnacional.
Investigaciones a las que Venezuelapolitica.info ha tenido acceso,revelan que si bien el Tren de Aragua es una fuerza criminal significativa en América Latina, su presencia y organización en Estados Unidos podrían ser menos homogéneas y jerárquicas, distribuidas en células disipadas que hace más difícil a las autoridades ubicar a los criminales. Adicionalmente a la amenaza del TdA, los aplicantes se enfrentan a la defensa que las ONGs, los jueces demócratas, y otros grupos de presión a la aplicación de leyes a los miembros de las organizaciones criminales, más por motivos políticos que por un asunto de defensa de los derechos civiles de los ilegales que han cometido delitos.
La acusación del Departamento de Justicia contra 27 presuntos miembros y afiliados del Tren de Aragua bajo la Ley RICO representa un esfuerzo significativo para confrontar una organización criminal transnacional que ha generado alarma por su violencia y su expansión. Sin embargo, este caso también plantea importantes interrogantes sobre la efectividad de estas medidas y la complejidad de abordar el crimen organizado en un mundo globalizado.