Juez del caso Crystallex designó a un maestro especial para proceder con la venta de acciones de CITGO

Por Maibort Petit 

   El juez de distrito de Delaware, Leonard Stark, quien está al frente del pleito legal entre Crystallex y la República Bolivariana de Venezuela, designó a un abogado Roberto Pincus como maestro especial para que se encargue del proceso de venta de las acciones de CITGO para que la minera canadiense pueda cobrar la deuda de $1.200 millones de dólares más intereses por concepto de la expropiación de sus activos por parte del fallecido presidente, Hugo Chávez. 

  Pincus trabajó para el bufete Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP y fue el custodio de TransPerfect Global Inc. El experimentando abogado será el encargado de vender las acciones que PDVSA tiene en PDV Holdings Inc. para satisfacer la deuda de Crystallex que fue aprobada por el Tribunal Internacional de Arreglos y Controversias en un fallo de 2016.

  La Corte de Delaware, donde se dirime este caso, consideró que PDVSA es el alter ego de Venezuela y por tanto de PDV Holdings.

 El juez Stark cumplió con una solicitud que Crystallex hizo en septiembre de 2020 y aprobó la venta de acciones de PDV Holdings justo antes de mediados de enero de 2021. PDV Holdings es la empresa matriz de la refinería CITGO Petroleum Corp., propiedad de Venezuela.

  Con la acción del juez Stark, Crystallex quiere hacer cumplir un laudo arbitral de 1.400 millones de dólares contra Venezuela, luego de una disputa de una década sobre la nacionalización de Venezuela en 2008 de su mina de oro en el estado suroriental de Bolívar. El monto se compone de $ 1.2 mil millones, más $ 200 millones de intereses otorgados por un tribunal de arbitraje del CIADI en 2016.

  En su decisión, Stark nombró a Pincus como maestro especial para supervisar la venta, incluidos los requisitos mínimos de publicidad, exigiendo depósitos sustanciales de buena fe de los postores y solo vendiendo tantas acciones como sea necesario para satisfacer los juicios.

  El juez también rechazó una propuesta de que solo la petrolera nacional venezolana PDV podría administrar la venta, y consideró que cualquier conocimiento único pertinente a la venta debe obtenerse y utilizarse independientemente de la administración de PDV.

“Habiendo hecho que Crystallex emprenda una década de esfuerzos extensos y costosos para cobrar su fallo, el tribunal no permitirá que un deudor del fallo sumamente recalcitrante lleve a cabo su propio proceso de venta sobre la objeción de su acreedor fallido repetidamente victorioso”, Stark escribió en su decisión.

  A pesar de fallar a favor de Crystallex, Stark reconoció que las sanciones de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro actualmente bloquean la ejecución de la venta y que la decisión final está en manos del poder ejecutivo a través del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

“Todas las partes están de acuerdo en que, según la ley y la política actuales, una venta de acciones de PDV Holding no se puede completar sin una licencia específica Departamento del Tesoro de Estados Unidos”, escribió el juez. “Pero todos los pasos preparatorios que se pueden tomar sin dicha licencia pueden y deben tomarse”.

  En una decisión anterior, Stark dijo que había considerado las sanciones que EE. UU. impuso contra PDVSA, y lo que representan en lo que respecta a la política venezolana. 

   En particular, afirmó que evaluó una carta que fue enviada por Elliott Abrams, el entonces representante especial de Estados Unidos en Venezuela, al Fiscal General y al Departamento de Justicia. En la misiva, Abrams declaró que Crystallex no puede vender las acciones sin una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. Y que aprobar la venta de acciones dañaría la política exterior de EE. UU. Y los intereses de seguridad nacional en Venezuela y dañaría el apoyo diplomático otorgado por la administración del expresidente Donald Trump  al gobierno interino venezolano liderado por el líder opositor Juan Guaidó.

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