Por Maibort Petit
@maibortpetit
La fiscalía del Distrito Sur de Nueva York advirtió que el juicio contra el hermano del actual presidente de Honduras y ex-diputado, Juan Antonio “Tony” Hernández no es un “referéndum sobre la política hondureña”, pero sostuvo que hay evidencias que muestran que el acusado y sus cómplices usaron el producto de las drogas para asegurar y explotar las instituciones del gobierno del país centroamericano.
Hernández es acusado por el gobierno estadounidense de conspirar para importar toneladas de cocaína a los Estados Unidos, así como delitos relacionado con venta de armas y de mentir a agentes federales.
Hernández fue arrestado en noviembre de 2018 en Miami. Luego de ser traslado a Nueva York y declararse no culpable de los cargos, la Corte federal de Manhattan programó el inicio del juicio para el 2 de octubre de 2019.
En las acusaciones de los fiscales federales de Nueva York se describe a Hernández Alvarado como “un narcotraficante a gran escala” que trabajó durante más de una década con otros co-conspiradores y traficantes de Guatemala, México, Colombia y otros países para recibir, procesar y distribuir cocaína que habría sido enviada desde la ruta de Honduras hacia los Estados Unidos.
La acusación sostiene que Hernández usó laboratorios de cocaína en Honduras y Colombia, donde algunos paquetes de drogas fueron sellados con las iniciales “TH”, según los investigadores. El ex-político hondureño enfrenta una pena de cadena perpetua.
Los fiscales también dijeron que Hernández coordinó y ocasionalmente proporcionó seguridad para los envíos de drogas dentro de Honduras, incluso utilizando a miembros de la policía nacional del país para el trabajo.
Las acusaciones de corrupción relacionadas con los envíos de drogas vinculados a Tony Hernández han arrojado una sombra sobre el gobierno de su hermano en un país centroamericano que es un importante centro de tránsito para la cocaína.
En un documento de la fiscalía se destaca que Hernández Alvarado pagó y recibió sobornos para suavizar el flujo de drogas y dinero, a veces pagando a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley por información para asegurar los envíos de cocaína, y en otros solicitando sobornos para él y otros funcionarios de alto rango.
En un documento entregado por la fiscalía a la corte este miércoles, se listan una serie de nombres que serán citado por las autoridades por estar involucrados en la conspiración por la cual se encausa a
“Tony” Hernández.
En el documento, que corresponde a la respuesta del gobierno a las mociones presentadas por el acusado, se señala que existe evidencias que prueban la complicidad y el uso del poder político del acusado para facilitar el tráfico de drogas.
Según los fiscales, Tony Hernández usó dinero proveniente del narcotráfico para obtener poder político en su país. Asimismo, se destaca la participación del actual mandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández en la conspiración, destacando que el jefe de Estado habría usado dinero de las drogas para pagar su campaña a cambio de dar protección cuando este era presidente del Congreso Nacional y luego cuando fue electo presidente.
Los fiscales sostiene que la evidencia es extraordinariamente relevante para los crímenes acusados en la acusación contra Tony Hernández. De hecho, el acusado explicó durante su declaración posterior al arresto que la corrupción política era un “modus operandi” del narcotráfico:
“Siempre intentan involucrar a alguien para poder estar en el. . . tener algo del estado. Ya sea información, ya sea logística o algo así, atraer a alguien o comprometer al gobierno para que lo ayude. Eso siempre ha sucedido, siempre. Es un modus operandi con el narcotráfico. . . y crimen organizado”.
El gobierno explicó en el documento que las objeciones del acusado sobre la admisibilidad de las declaraciones de co-conspirador no tienen fundamento y por tanto deben ser rechazadas.
Las mociones del gobierno en limine solicitaron sentencias previas al juicio con respecto a la admisibilidad de 14 conjuntos de declaraciones que los cómplices del acusado hicieron a los testigos que cooperaron y que testificarán en el próximo juicio, argumentando que todas las declaraciones son admisibles bajo las Reglas 804 (b) (3) y 801 (d) (2) (E).
El acusado no impugna los argumentos del Gobierno bajo la Regla 804, y sus objeciones bajo la Regla 801 y la Regla 403 carecen de fundamento.
El documento destaca que las declaraciones de esas personas promovieron la conspiración acusada en el Primer Cargo, así como una conspiración relacionada para apalancar el tráfico de drogas para mantener y mejorar su poder político y el control del Partido Nacional en Honduras.
Hernández pidió a la corte excluir las evidencias relacionadas con la corrupción política, alegando que podría violar la Regla 403 en un juicio en el que el Gobierno espera presentar evidencia que demuestre que el acusado coordinó un caso relacionado con drogas. asesinato a través de un miembro de la Policía Nacional de Honduras.
Los fiscales insistieron que hay evidencia que muestra que Hernández y sus cómplices usaron dinero de las drogas para asegurar y explotar las instituciones del gobierno hondureño y en promoción del narcotráfico.
El Gobierno dice que establecerá que Hernández ayudó a escoltar los envíos de drogas, transmitió información confidencial de las fuerzas del orden desde la sede de la Policía Nacional de Honduras a los conspiradores, y guardó una de las propiedades del acusado en San Pedro Sula, Honduras, donde cooperaba con ametralladoras y dispositivos destructivos, y asesinatos.
También sostiene que hay evidencias que prueban que el acusado y sus cómplices buscaron protección adicional mediante “el uso de las ganancias de las drogas para financiar parcialmente las campañas políticas del Partido Nacionales”. Hernández pidió a la corte que esta evidencia no fuera admitida en el juicio.
Los expertos
Los fiscales informaron además que presentarán en el juicio el testimonio de expertos admisibles. Hernández objeta la forma de las declaraciones de expertos del Gobierno y algunos aspectos del testimonio de expertos propuesto. A pesar de ello, la fiscalía pidió que la corte que los acepte dando una identificación de cada experto, entre quienes se encuentran el Oficial de Aplicación de Armas de Fuego (“FEO”), Cody Toy, y uno de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (“ATF”) para ayudar al jurado a comprender otras armas relacionada con la evidencia que es relevante para las violaciones del acusado.
Asimismo, se incluirá el testimonio del (i) Agente Especial Gregg Mervis para que explique al jurado las rutas del narcotráfico en la región de las Américas, el Profesor Patricio Navia que hablará sobre cuestiones específicas relacionadas con Honduras y la política hondureña.
Mervis hablará ante el jurado sobre las FARC, que son una organización paramilitar colombiana que opera en Colombia, Venezuela y Ecuador, conocidos por ser uno de los mayores productores de cocaína del mundo. Igualmente, el agente especial testificará sobre el surgimiento a principios de la década de 2000 de lo que a veces se conoce como la “ruta centroamericana” para transportar cocaína desde América del Sur a los Estados Unidos, que incluye el uso de aviones y barcos para enviar cocaína a Honduras como punto de transbordo de drogas con destino a los Estados Unidos.
Mervis explicará que los narcotraficantes comenzaron a alejarse de las rutas de drogas que involucran el Caribe y el sur de la Florida debido a una variedad de factores, incluido el aumento de los esfuerzos de aplicación de la ley en Colombia, Florida y otros lugares, lo que resultó en un aumento del tráfico en la frontera entre Estados Unidos y México del Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994, la decisión de Colombia a fines de la década de 1990 de reanudar la extradición de sus ciudadanos a los Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico, y el surgimiento de carteles mexicanos de drogas capaces de importar grandes cantidades de cocaína a los Estados Unidos de manera organizada y dispuestos a aceptar los mayores riesgos legales asociados con esas actividades.
El Gobierno busca ofrecer testimonios de expertos sobre el aumento del precio de la cocaína por kilogramo a medida que se transporta de América del Sur a los Estados Unidos para ayudar a los jurados a comprender el testimonio de los testigos cooperantes anticipados sobre los precios que cobraron o pagaron mientras trabajaban con el acusado para importar cocaína. El testimonio ayudará al jurado a comprender los incentivos y los motivos que enfrentan los participantes en los tratos de drogas como los que el acusado se unió durante más de una década, y a evaluar la evidencia del estado mental del acusado.
Los fiscales sostiene que tratarán de demostrar cómo el narcotráfico influyó en la política. Por años la policía les proporcionó una protección casi total a los carteles. La constitución hondureña prohibió la extradición de hondureños a los Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico. A principios de 2012, el Congreso hondureño, liderado en ese momento por el hermano del acusado, CC-4, (actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández) modificó la constitución para permitir la extradición.