El informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (INCSR) asegura que el gobierno de Nicolás Maduro no ha tomado medidas contra los individuos y las empresas que el Departamento del tesoro designó como narcotraficantes, los cuales juegan un papel importante en el narcotráfico internacional.
Por Maibort Petit
@maibortpetit
De acuerdo con el Informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (INCSR, por sus siglas en inglés) Venezuela —al igual que Bolivia— fracasó en la lucha contra el narcotráfico, pues los gobiernos de estos países no cumplieron con los tratados internacionales antinarcóticos que establecen las pautas que las distintas naciones del orbe deben seguir para combatir este flagelo.
El INCCRS es elaborado anualmente por el Departamento de Estado de los Estados Unidos para presentarlo ante el Congreso y este año identificó a diecisiete países de la región, entre un grupo de 22, bien como productores o punto de tránsito de drogas.
Estados Unidos evalúa cada año los esfuerzos y políticas implementadas por los distintos países, dirigidos a reducir la producción, el tráfico y uso de drogas ilícitas. Igualmente se analiza la labor que cada gobierno adelanta para contrarrestar la legitimación de capitales provenientes del narcotráfico.
La administración de Donald Trump fue enfática en el informe al asegurar que durante 2018, el gobierno venezolano no realizó esfuerzos demostrables para combatir las actividades de tráfico ilegal de drogas, ni para enjuiciar a los funcionarios corruptos o presuntos narcotraficantes incursos en narcotráfico.
En entre los funcionarios supuestamente incursos en actividades de narcotráfico, el gobierno estadounidense destaca a aquellos que han sido sancionados por EE. UU. “La administración de Maduro demostró una completa falta de voluntad de implementar los cambios de política tan necesarios para hacer cumplir las leyes existentes en materia de narcotráfico. Esto creó un alto nivel de impunidad en razón de la falta de transparencia y los altos niveles de corrupción”.
Sostiene el informe que Venezuela sigue perfilándose como un importante país de tránsito de drogas, constituyéndose como una de las rutas preferidas por los traficantes en el hemisferio occidental, especialmente para el comercio de la cocaína.
Se indica que en 2018, la porosa frontera entre Venezuela y Colombia, así como el débil sistema judicial débil, la casi inexistente cooperación internacional para el control de drogas y el entorno permisivo y corrupto, proporcionaron las condiciones ideales para llevar a cabo operaciones de narcotráfico y violencia asociada a esta actividad.
Precisa que no existen datos suficientes que permitan determinar las tendencias actuales del consumo de drogas en Venezuela, pues la Oficina Nacional Antinarcóticos, (ONA) no ha publicado ninguna estadística desde 2015.
El informe del Departamento de Estado de Estados Unidos subraya que las fronteras ofrecieron un ambiente permisivo a los grupos terroristas conocidos involucrados en el tráfico de drogas, incluyendo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Se asevera —como ya se apuntó— que el gobierno de Nicolás Maduro no tomó medidas contra individuos y empresas designados como narcotraficantes por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, los cuales juegan un papel importante en el narcotráfico internacional.
El informe dice que en Venezuela el cultivo limitado de coca ocurre a lo largo de la frontera con Colombia, indicándose que los precursores químicos utilizados para la producción de la cocaína son traficados por el territorio venezolano, pero se desconoce la cantidad.
En 2018, las autoridades venezolanas no dieron a conocer estadísticas sobre incautaciones de laboratorios de drogas o precursores químicos.
Logros, políticas y tendencias del control de drogas en Venezuela
Señala el informe, en primer término, que en materia de desarrollo institucional, durante 2013, la ONA implementó el “Programa Nacional Antidrogas, Plan para 2015-2019”, el cual tenía por objetivo reducir el consumo de drogas y aumentar las actividades de prevención.
En ese entonces, la referida agencia antidrogas venezolana informó haber trabajado estrechamente con la sociedad civil para brindar capacitación en educación antidrogas y programación atlética en diferentes áreas del país, de manera de aumentar la conciencia y prevenir consumo.
En mayo de 2014, Venezuela firmó un acuerdo internacional con Rusia para cooperar en la lucha contra las drogas y, en tal sentido, anunció operaciones conjuntas entre la Fiscalía Federal Rusa y la ONA.
Asimismo, la Ley Orgánica de Drogas de 2010 incrementó las penas por narcotráfico y otorgó a ONA la autoridad para confiscar los activos de individuos relacionados con el tráfico de drogas.
Pero en opinión de los redactores del informe, las pocas estadísticas que se conocen dificultan la evaluación de las incautaciones llevadas a cabo en 2018.
Se indica que el 4 de febrero, la ONA informó que desde 2005 había incautado 658 toneladas métricas (TM) de drogas, destruyó 284 laboratorios, incautó 37 aviones y cerró 481 pistas de aterrizaje ilegales. Adicionalmente, el 28 de septiembre, el presidente de ONA, Juan Grillo, dijo a los medios de comunicación que ese despacho había incautado más de 22 TM de drogas en 2018, y agregó que el gobierno incautó un 35 por ciento más de marihuana en comparación con 2017. Sin embargo, durante un conferencia de prensa que tuvo lugar el 25 de octubre, el fiscal general sancionado por la OFAC, Tarek William Saab, compartió que desde agosto de 2017, el gobierno había incautado casi 20 TM de drogas (7.2 TM de cocaína, 12 TM de marihuana y otras sustancias ilícitas). Saab también afirmó que Venezuela había incautado 23 aviones, cerraron 14 pistas de aterrizaje ilegales y detuvieron a 49 personas vinculadas al tráfico de drogas.
Como puede observarse, las cifras ofrecidas por uno y otro organismo son diferentes.
Reducción de la oferta
El INCSR refiere que Venezuela sigue siendo un importante país de tránsito para los envíos de cocaína por vía aérea, terrestre y marítima, destacando que la mayoría de los vuelos sospechosos de tráfico de drogas salen de estados venezolanos que lindan con Colombia, principalmente el estado Zulia.
El tráfico por transporte marítimo incluye el uso de grandes contenedores de carga, embarcaciones de pesca y embarcaciones rápidas.
La gran mayoría de las drogas ilícitas que transitaron por Venezuela en 2018 estaban destinadas al área del Caribe, Centroamérica, Estados Unidos, África Occidental y Europa.
Se enfatiza que las organizaciones colombianas de narcotraficantes, incluidas las FARC, el ELN y otros grupos delictivos, facilitan el envío de drogas ilícitas a través de Venezuela.
Aunque el gobierno venezolano informa ocasionalmente sobre incautaciones, arrestos y destrucción de drogas y pistas de aterrizaje al público, Venezuela no es miembro del Sistema de Cooperación Situacional que suministra información de los países a los Estados Unidos. Agrega que las autoridades venezolanas tampoco comparten pruebas sobre la destrucción de drogas ilícitas con funcionarios de los Estados Unidos.
Información pública, prevención y tratamiento.
En el informe se indica que el consumo de drogas ilícitas dentro de Venezuela —especialmente el cannabis y la cocaína— siguió siendo un problema en 2018, pero los datos estadísticos recientes no están disponibles.
Se cita que la ONA implementó un Sistema nacional de tratamiento en 2013 que formaba parte de un programa para tratar el trastorno derivado del uso de drogas y estupefacientes. Este sistema se sustentaba en la atención profesional dirigida a la desintoxicación y la reinserción social de quienes lo padecen.
El programa comprendía tres niveles, a saber el Centro de Orientación de la Familia, el Centro Especializado de Prevención y Asistencia Integral, y la Comunidad Terapéutica Socialista.
La corrupción
El Informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos advierte que aunque el gobierno de Maduro no exhibe oficialmente el fomento y facilitación de la producción o distribución de drogas ilícitas como una cuestión de política pública, la corrupción se presenta como un problema imperante en la administración facilita el movimiento de las organizaciones de tráfico de drogas ilícitas.
Se hace mención al hecho de que dos sobrinos de la primera dama Cilia Flores, a saber Efraín Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, fueron arrestados en Puerto Príncipe, Haití, en noviembre de 2015 y expulsados a los Estados Unidos en donde en diciembre de 2017, fueron sentenciados por un tribunal federal a pagar 18 años en prisión a raíz de sus condenas por cargos de narcotráfico.
Asimismo, el Departamento del Tesoro ha impuesto sanciones a al menos 22 personas y 27 empresas a las que designó como traficantes de narcóticos de acuerdo con lo establecido en la Ley de Designación de los Impulsores Narcóticos.
Tales designaciones incluyen a oficiales y exoficiales venezolanos: el general Hugo Carvajal, el general Henry Rangel Silva y Ramón Rodríguez Chacín, en 2008. Freddy Bernal Rosales y Amilicar Jesús Figueroa, mayor general Cliver Alcalá Cordones y Ramón Isidro Madriz, en 2011. El entonces vicepresidente Tareck El Aissami y Samarak López, en 2017. Pedro Luís Martín y dos de sus asociados en 2018.
A pesar de las sanciones, el gobierno de Maduro no tomó medida alguna contra estos funcionarios, así como tampoco contra otros miembros de esa administración y militares con vínculos conocidos con las FARC o los carteles mexicanos en 2018.
Por el contrario, el gobierno de Maduro catalogó a las sanciones como un “complot extranjero para desestabilizar a nuestro gobierno”.
Objetivos nacionales, cooperación bilateral e iniciativas políticas de los Estados Unidos
Desde el año 2005, la cooperación en el control de drogas entre Venezuela y los Estados Unidos ha sido limitada e inconsistente. En esa ocasión Venezuela se negó a firmar un Memorando de Entendimiento entre ambos países para mejorar la cooperación antidroga.
Los Estados Unidos y Venezuela continúan ejerciendo un acuerdo bilateral marítimo de 1991 que permite a cada país abordar buques de bandera opuesta que sean sospechosos de tráfico ilícito de drogas en aguas internacionales.