Este miércoles, el Gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, impuso sanciones a 21 altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, vinculados a los sectores de seguridad y el gabinete político cercano a Maduro y su aliado Diosdado Cabello. Estas nuevas medidas de presión incluyen tanto sanciones económicas como personales, con el objetivo de continuar ejerciendo presión sobre el gobierno venezolano, a quienes se acusa de socavar la democracia y violar los derechos humanos del pueblo venezolano.
Sanciones y la Orden Ejecutiva 13692
Según el comunicado oficial de la OFAC, las sanciones fueron impuestas en virtud de la Orden Ejecutiva (EO) 13692, la cual establece restricciones para aquellos funcionarios actuales o anteriores que participan de forma directa o indirecta en la represión de la sociedad civil y en la corrupción del régimen de Venezuela. Estas sanciones refuerzan el compromiso del Gobierno de Estados Unidos de no reconocer a Nicolás Maduro como el legítimo presidente de Venezuela, y, en su lugar, apoya el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela tras los comicios presidenciales del 28 de julio, que, según la administración estadounidense, fueron fraudulentos.
«El régimen de Maduro ha reprimido sistemáticamente a la sociedad civil y ha intentado declarar fraudulentamente a Maduro como vencedor de las elecciones presidenciales del 28 de julio, ignorando la voluntad de la mayoría del pueblo venezolano», se indica en el comunicado oficial.
La Lista Negra: Miembros de la Fuerza de Seguridad, la Milicia y el Gabinete de Maduro
Las nuevas sanciones afectan a varios altos mandos de las fuerzas de seguridad del país, incluidos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y la Milicia Bolivariana. Entre los sancionados se encuentran oficiales involucrados en la represión de manifestaciones y en la persecución de la oposición política.
Guardia Nacional Bolivariana (GNB)
Entre los sancionados de la GNB, destacan nombres como Dilio Guillermo Rodríguez Díaz, comandante de la REDI Capital, quien previamente fue rector de la Universidad Militar Bolivariana; Carlos Eduardo Aigster Villamizar, comandante general de la ZODI de Miranda; y Ángel Daniel Balestrini Jaramillo, quien anteriormente comandó la ZODI Aragua. Muchos de estos oficiales han sido señalados por su participación en la represión de la población civil y en actos de corrupción mientras desempeñaban cargos de alto rango.
Policía Nacional Bolivariana (PNB), SEBIN y DGCIM
Además de los oficiales de la GNB, se incluyó en la lista a Rubén Darío Santiago Servigna, general de brigada de la PNB, encargado del operativo de seguridad electoral; y a Alexis José Rodríguez Cabello, director del SEBIN y primo de Diosdado Cabello, uno de los hombres más poderosos del régimen. También fueron sancionados Javier José Marcana Tabata, jefe de la DGCIM y responsable de la represión en las cárceles venezolanas, y Orlando Ramón Romero Bolívar, comandante de la Milicia Bolivariana.
Miembros del Gabinete de Maduro
Entre los funcionarios más cercanos a Nicolás Maduro, que han sido sancionados por su involucramiento en la gestión del régimen, se encuentran varios ministros clave del gabinete de Maduro.
- Aníbal Eduardo Coronado Millán, quien se desempeña como ministro de la Oficina del Presidente desde abril de 2024 y está directamente vinculado con la implementación de políticas represivas.
- William Alfredo Castillo Bolle, viceministro de Políticas Antibloqueo, quien ha estado a cargo de intentar mitigar los efectos de las sanciones internacionales.
- Ricardo José Menéndez Prieto, vicepresidente de Planificación desde 2014, responsable de la gestión de políticas económicas en un contexto de severa crisis.
- Freddy Alfred Nazaret Nanez Contreras, ministro de Comunicación y vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, que se ha encargado de difundir la narrativa oficial del régimen y silenciar a la oposición.
Además, Daniella Desiree Cabello Contreras, hija de Diosdado Cabello, fue sancionada por su rol como presidenta de la Agencia de Promoción de Exportaciones de Venezuela, que se encarga de impulsar las exportaciones no petroleras y fortalecer la economía bajo la supervisión de la vicepresidencia de Maduro.
Bloqueo de Activos y Restricciones de Visas
Las sanciones impuestas a estos 21 funcionarios tienen efectos concretos en su capacidad de operar dentro del sistema financiero internacional. Todos los bienes e intereses en bienes de estas personas y cualquier entidad bajo su control que se encuentre en los Estados Unidos o que esté bajo el control de ciudadanos estadounidenses, quedan bloqueados. Esto significa que sus activos en territorio estadounidense serán congelados, y se les prohibirá el acceso al sistema financiero global.
De igual manera, el Departamento del Tesoro ratificó que más de 2.000 personas vinculadas al régimen, que han socavado la democracia o violado derechos humanos, se encuentran bajo restricciones de visa. Esto limita su capacidad de viajar a Estados Unidos y acceder a recursos internacionales.
Respuesta del Régimen venezolano
Como era de esperarse, las sanciones recibieron una respuesta negativa por parte del régimen de Maduro, quien reiteró su rechazo a las injerencias externas en los asuntos internos de Venezuela. Además, el gobierno de Maduro ha avanzado en su legislación para castigar con la «Ley Simón Bolívar» a aquellos venezolanos que apoyen las sanciones internacionales, lo que incluye la posibilidad de despojar de su nacionalidad a los emigrantes que colaboren con las acciones contra el régimen.