Por Maibort Petit
@maibortpetit
La defensa de Joaquín “El Chapo” Guzmán advirtió este lunes (en un nuevo documento) que al acusado se le está violando el debido proceso, puesto que el gobierno de los Estados Unidos entregó a los defensores un paquete de información y evidencias masivo que requiere tiempo para ser evaluado y preparado. Ante lo consideran una injusticia, los litigantes solicitaron al juez Bryan Cogan que considere una prórroga para el inicio del juicio previsto para el 5 de noviembre de 2018.
En el documento, la defensa expresa la oposición del acusado a la moción del gobierno para que se continúe con el calendario procesal, tal cual está pautado.
Guzmán Loera, a través del abogado Eduardo Balarezo, argumenta que la fiscalía entregó a los defensores una cantidad masiva de información (más de 14,000 páginas) entre las cuales se encuentran “17 nuevas conspiraciones de asesinato que pretenden ser imputadas y antes las cuales se debe crear una estrategia para su defensa”.
Dice el documento que “si bien el gobierno insulta a la defensa solicitando la continuación del juicio, los fiscales han sido muy lentos en entender que la razón central de los defensores para pedir una prórroga es que las condiciones actuales Guzmán no puede obtener un juicio justo”.
La fiscalía explicó en su moción que es falso que haya “emboscado a la defensa”, ya que los fiscales habían informado desde hace unos meses que estarían divulgado detalles de las acusaciones en el llamado material 3.500 y otros recursos adicionales que incluyen las evidencias que se usarán en el juicio.
Los abogados de Guzmán admiten que sabían que la información se produciría pero otra cosa es en realidad tener esa enorme cantidad de documentos y revisarlos para prepararse para la defensa.
Dice que Guzmán no está “fingiendo sorpresa” de que el gobierno haya divulgado el material § 3500. Claramente, el acusado sabía que eso ocurriría. Sin embargo, “una vez que se produjo el material, se hizo evidente que 1 mes no era suficiente para revisar y digerir la información para poder usarla de manera efectiva”.
La defensa advierte en relación a las 17 presuntas víctimas adicionales, que Guzmán tampoco “está fingiendo sorpresa de que se hayan revelado más víctimas”. Lo que sucede -explica- es que nadie esperaba que “el gobierno casi duplicara el número de supuestas conspiraciones de asesinato que pretendía perseguir”.
El gobierno se burla de la defensa al afirmar que “siempre habría sido evidente para los practicantes criminales con experiencia” que el material § 3500 estaría en inglés. En ese sentido, los defensores aseguran que los fiscales no comprenden “o no tiene en cuenta” que Guzmán tiene derecho a revisar el material de la sección 3500 en idioma inglés, “algo que no puede hacer sin la ayuda del equipo de abogados”.
Reiteran que cada una de las 14 mil páginas entregadas debe ser revisada con el acusado, lo cual es un proceso laborioso y lento.
La defensa señala que pesar de que el gobierno no procederá en varios cargos y violaciones (6 en total), si avanzará en 11 cargos y 29 violaciones relacionadas con eventos que abarcan un período de 25 años y que ocurrieron en el extranjero.
Asimismo se quejan que el gobierno haya eliminado dos categorías de víctimas de conspiración de asesinato y haya agregado otras 17 víctimas nombradas. En efecto, “el alcance de las acusaciones contra el Guzmán pasó de excesivamente exagerado a simplemente excesivo”.
Aclaran que Guzmán “no hace presentaciones imcompletas o incorrecta de los hechos, ni insinuaciones; no está haciendo afirmaciones extraviadas; no se está involucrando en una retórica exagerada; no está haciendo afirmaciones falsas; No está lanzando aspersiones; No está engañando a la Corte con fotografías del material producido; y no le está pidiendo al gobierno que explique la evidencia antes del juicio”.
Afirman que que pide Guzmán es simplemente poder defenderse y tener un juicio justo. Lo que está ocurriendo no es consistente con las garantías constitucionales de debido proceso.
Añaden que la Constitución no tiene una escala móvil del debido proceso basada en la identidad del acusado o las acusaciones en su contra. “Guzmán merece al debido proceso al igual que otro acusado”.