Cilia Flores pide salir de prisión: vigilancia armada, arresto domiciliario y una batalla por su salud

La defensa pide al juez otorgar libertad supervisa para ser tratada por profesionales, todo sería pagado por la acusada de delitos de narcotráfico.

Si hay algo que quedó claro en el escrito presentado este miércoles ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York es que la defensa de Cilia Adela Flores de Maduro ha decidido colocar su estado de salud en el centro de la batalla por su libertad.

Los abogados Mark E. Donnelly y M. Andrés Sánchez-Ross solicitaron al juez federal Alvin K. Hellerstein que permita a Flores esperar el juicio fuera del Metropolitan Detention Center de Brooklyn, pero sometida a un régimen de arresto domiciliario que incluiría vigilancia armada durante las 24 horas, monitoreo por GPS, inspecciones sin previo aviso y control de sus comunicaciones.

No se trata de una libertad concedida. Tampoco de una decisión adoptada por el juez. Lo presentado el 9 de septiembre de 2026 es una solicitud de libertad previa al juicio. La Fiscalía federal ya informó que se opone a la excarcelación y ahora deberá responder formalmente los argumentos de la defensa antes de que Hellerstein tome una decisión.

El caso sigue siendo el mismo: United States v. Nicolás Maduro Moros, et al., uno de los procesos más extraordinarios que hayan llegado a los tribunales federales de Manhattan.

Una petición de libertad bajo condiciones extraordinarias

Cilia Flores no está pidiendo salir de prisión sin restricciones. La defensa propone convertir una residencia del Distrito Sur de Nueva York en una suerte de centro privado de detención. Flores permanecería confinada allí y solamente podría salir con autorización previa de los Servicios de Libertad Previa al Juicio para asistir, por ejemplo, a consultas médicas o reuniones con sus abogados.

La lista de condiciones presentada ante el tribunal es extensa. La residencia estaría vigilada por guardias armados las 24 horas del día. La empresa de seguridad tendría que ser examinada por la Fiscalía y aprobada por el juez. Sus integrantes estarían autorizados a emplear fuerza razonable y legal para impedir que Flores abandonara el Distrito Sur de Nueva York o violara alguna condición impuesta por la corte.

El Gobierno recibiría semanalmente el horario de los equipos de seguridad y podría obtener copias de las grabaciones de video realizadas en la residencia.

La defensa también acepta que la propiedad sea sometida a registros aleatorios y sin previo aviso, realizados por el personal de seguridad en compañía de un representante de los Servicios de Libertad Previa al Juicio.

Flores usaría un dispositivo de localización por GPS y entregaría su pasaporte, sus documentos de viaje y cualquier otra identificación que pudiera facilitar su salida del país. También tendría prohibido solicitar documentos nuevos.

Solo podrían ingresar visitantes previamente aprobados por la Fiscalía y por los funcionarios encargados de supervisar su libertad. Un registro con los nombres de esas personas sería enviado diariamente al Gobierno.

La residencia tendría una única línea telefónica fija. Las llamadas serían grabadas y monitoreadas mediante una interceptación consensuada bajo el Título III de las leyes federales, con excepción de las conversaciones protegidas entre Flores y sus abogados.

Todos los costos del sistema de seguridad, la línea telefónica y el monitoreo electrónico serían asumidos por la acusada.

La propuesta incluye, además, el nombramiento de un custodio externo aprobado por el tribunal. Esa persona tendría la obligación de informar inmediatamente cualquier incumplimiento. En pocas palabras, la defensa está ofreciendo una cárcel privada dentro de una residencia de Nueva York.

La salud como argumento central

El punto más delicado de la solicitud está relacionado con la salud de Cilia Flores. Sus abogados sostienen que la mujer de 69 años enfrenta una condición cardíaca grave y documentada que requiere atención inmediata y un ambiente adecuado para su recuperación.

Antes de su detención, según la defensa, Flores controlaba desde hacía años un prolapso de la válvula mitral mediante una inyección mensual. También se recuperaba de una histerectomía total practicada en noviembre de 2025.

La moción afirma que, durante la operación militar del 3 de enero de 2026, Flores fue lanzada contra una pared o un mueble y sufrió una herida importante en la frente. La lesión necesitó alrededor de veinte puntos de sutura, circunstancia mencionada durante su comparecencia inicial ante la justicia federal el 5 de enero.

Estas afirmaciones forman parte de la versión presentada por la defensa. El tribunal no ha establecido todavía como hechos probados las circunstancias descritas por los abogados.

Desde su ingreso al MDC de Brooklyn, Flores habría perdido más de veinticinco libras y dos molares. También padecería reflujo, gastritis, debilidad, insomnio, palpitaciones, episodios de taquicardia, dolor en el pecho, mareos y dificultad para respirar.

La defensa asegura que Flores dejó de recibir la inyección mensual utilizada para controlar el prolapso mitral y comenzó a tomar aspirina en dosis baja, atorvastatina, diltiazem y nitroglicerina para atender los episodios de dolor torácico.

Una prueba cardíaca interrumpida

El 23 de abril de 2026, el MDC coordinó la realización de una prueba de esfuerzo después de que Flores presentara síntomas compatibles con angina. La evaluación tuvo que ser interrumpida debido a la falta de aire y a la presión que sentía en el pecho.

Según el memorando, los resultados mostraron una arritmia inducida importante, contracciones ventriculares prematuras frecuentes y depresiones de entre uno y dos milímetros en el segmento ST del electrocardiograma.

El personal médico recomendó practicarle un cateterismo para determinar si existe una enfermedad de las arterias coronarias.

Flores fue sometida posteriormente a un monitoreo Holter entre el 21 y el 26 de mayo. El resultado que más preocupa a sus abogados fue un episodio de taquicardia ventricular no sostenida de 33 latidos.

La defensa advierte que la repetición de un evento de esa naturaleza podría colocarla en riesgo de sufrir una emergencia cardíaca potencialmente mortal.

El episodio del 29 de julio

El escrito revela que el 29 de julio de 2026 Flores experimentó durante aproximadamente treinta minutos una intensa presión en el pecho acompañada de una sensación de falta de oxígeno.

Pensó en utilizar una tableta de nitroglicerina sublingual, pero finalmente logró superar el episodio sin tomarla. Durante las semanas siguientes habría padecido fatiga excesiva, mareos, debilidad, falta de aire y dolor torácico ocasional.

Los abogados, después de consultar con especialistas externos, sostienen que Flores pudo haber sufrido un ataque cardíaco menor. Sin embargo, reconocen que en ese momento no se realizaron los análisis necesarios para comprobarlo y que tampoco existe un nuevo ecocardiograma que permita determinar si hubo algún daño coronario.

Ese detalle es importante: la defensa plantea la posibilidad de un infarto, pero el documento no contiene un diagnóstico definitivo que confirme que ocurrió. El equipo médico del MDC suspendió posteriormente el diltiazem y comenzó a administrarle Toprol XL. Flores habría experimentado una reducción de las palpitaciones, aunque continuaría presentando taquicardia ocasional, debilidad, falta de aire, dolor en el pecho y mareos.

Tres meses en aislamiento

La moción también describe las condiciones de detención que, según los abogados, habrían contribuido al deterioro físico y emocional de Flores.

Durante sus primeros tres meses en el MDC permaneció en aislamiento mientras las autoridades evaluaban dónde alojarla. La defensa afirma que la comunicación era particularmente difícil porque Flores no habla inglés y pocos integrantes del personal podían comunicarse con ella en español. Luego fue trasladada a una unidad de población general donde convive con más de cuarenta mujeres.

Los abogados aseguran que duerme solamente entre tres y cuatro horas diarias y que el ruido, la agitación y las interrupciones constantes le impiden descansar durante el día.

El 14 de agosto se produjo una pelea dentro de la unidad y los funcionarios del centro tuvieron que utilizar gas pimienta. Después del incidente, Flores fue examinada por el personal médico porque manifestó opresión en el pecho y necesitó utilizar un inhalador.

A pesar de las críticas sobre las condiciones de reclusión, la defensa reconoce en una nota al pie que el personal del MDC ha tratado con respeto a Flores y a Nicolás Maduro, que los profesionales médicos le han brindado una atención que califica de excelente y que los fiscales han colaborado con la entrega de los expedientes médicos solicitados.

La disputa no se concentra, por tanto, en una acusación de abandono médico. El argumento es otro: los abogados sostienen que una prisión federal no ofrece el ambiente necesario para recuperarse de un cateterismo, una posible colocación de stent o una eventual cirugía cardíaca.

“No representa peligro para la comunidad”

La legislación federal establece una presunción favorable a la detención en determinados casos relacionados con narcóticos y armas. Flores reconoce que esa presunción se aplica a su situación, pero sostiene que puede ser refutada.

La acusación la señala en tres cargos: conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer esas armas.

No aparece acusada en el primer cargo del expediente, correspondiente a la conspiración de narcoterrorismo. Los cargos relacionados con armas dependen, en su caso, de la presunta conspiración para importar cocaína. Flores niega todas las imputaciones.

Sus abogados argumentan que todavía conocen muy poco sobre los actos concretos que la Fiscalía pretende atribuirle y destacan que solamente un párrafo de la acusación sustitutiva menciona una supuesta conducta violenta ordenada por ella.

La defensa sostiene que Flores no representa un peligro actual para ninguna comunidad en Estados Unidos. Afirma que las actividades descritas en la acusación habrían ocurrido en Venezuela o en países cercanos y habrían dependido del poder que supuestamente ejercía como funcionaria venezolana.

También recuerda unas palabras pronunciadas por el juez Hellerstein durante una audiencia celebrada el 26 de marzo de 2026.

Mientras se discutían preocupaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros relacionadas con la seguridad nacional y la política exterior, el juez señaló que Maduro y Flores se encontraban bajo custodia y que no veía que representaran una amenaza adicional para la seguridad nacional. La defensa utiliza esa observación para argumentar que Flores tampoco constituir