Granjas de bots y streaming farms: la guerra digital que fabrica opinión pública

Bots, reproducciones artificiales e inteligencia generativa convirtieron los algoritmos en un nuevo campo de batalla política. En Sin Filtros Geopolítica, Maibort Petit y Erick Fajardo analizaron cómo se fabrica popularidad, se intimida a periodistas y se erosiona la confianza pública sin necesidad de alterar una sola papeleta.

Una multitud aparece de repente en la pantalla. Miles de cuentas repiten un nombre, impulsan una consigna, atacan a un periodista o presentan como irreversible el ascenso de un candidato. Un video acumula decenas de miles de reproducciones en pocos minutos. La misma idea salta de una plataforma a otra hasta adquirir la apariencia de consenso. Desde fuera parece una reacción ciudadana; detrás puede operar una infraestructura pagada, coordinada y parcialmente automatizada.

Ese es el punto de partida indispensable para comprender las granjas de bots y las streaming farms. No son solamente herramientas de mercadeo ni una colección de perfiles falsos. Son sistemas capaces de fabricar señales sociales. Su producto no es únicamente un mensaje, sino una percepción: hacer que una figura parezca más popular de lo que es, que una posición marginal se vea mayoritaria o que un adversario aparente estar aislado.

En una conversación para el programa Sin Filtros Geopolítica, Erick Fajardo definió el fenómeno como una forma de “suplantación de la opinión pública”. Explicó que la operación intenta convencer primero al algoritmo de que una persona o un contenido importan. Después, el algoritmo influye sobre medios, estrategas, financiadores y usuarios. Finalmente, esa popularidad sintética regresa al ciudadano convertida en una supuesta realidad política.

La secuencia parece sencilla, pero sus consecuencias no lo son. Un bot no necesita votar. Le basta con influir en las condiciones psicológicas y comunicacionales dentro de las cuales una persona decide si participa, por quién vota o si considera legítimo un resultado electoral.

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Qué son las granjas de bots y cómo fabrican una mayoría

Una granja de bots es una red coordinada de identidades digitales que puede combinar cuentas automatizadas, perfiles manejados por operadores humanos, cuentas robadas o adquiridas, programas de publicación e inteligencia artificial capaz de producir textos, imágenes, voces y videos a gran escala. Las operaciones más sofisticadas mezclan automatización e intervención humana para responder preguntas, adaptar el lenguaje y simular espontaneidad.

Meta denomina “comportamiento inauténtico coordinado” a los esfuerzos organizados que buscan manipular el debate público con un objetivo estratégico y utilizan cuentas falsas como parte central de la operación. La definición desplaza la atención del contenido aislado hacia la conducta de la red: quién coordina, cómo oculta esa coordinación y con qué propósito multiplica identidades. La empresa distingue, además, entre campañas domésticas no gubernamentales y operaciones realizadas en nombre de actores estatales o extranjeros.

No todo bot es ilícito ni toda automatización es maliciosa. Existen cuentas automáticas que informan sobre el clima, emergencias o resultados deportivos y revelan claramente su naturaleza. El problema democrático surge cuando una infraestructura oculta su identidad, financiación o coordinación para hacerse pasar por ciudadanos independientes.

Allí aparece una desigualdad política difícil de ignorar. Una persona conserva formalmente su libertad de expresión, pero su voz puede quedar sepultada bajo miles de perfiles fabricados. Quien controla servidores, datos, publicidad, automatización y operadores humanos adquiere una capacidad de expresión desproporcionada y clandestina. Ya no compiten solamente ideas: compiten una voz humana y una maquinaria diseñada para parecer multitud.

Fajardo señaló que esa ficción de popularidad puede contaminar la agenda de los medios. Una red coordinada no necesita convencer directamente a millones de personas si logra persuadir a periodistas, productores y comentaristas de que determinado personaje “es tendencia” y, por esa razón, merece entrevistas, titulares y presencia continua. La amplificación artificial obtiene entonces cobertura orgánica; el mensaje fabricado deja de depender de cuentas falsas y comienza a circular mediante instituciones reales.

Ese tránsito de lo sintético a lo legítimo es uno de los efectos más difíciles de detectar. Una cifra inflada de reproducciones puede atraer cobertura periodística; la cobertura genera búsquedas reales; las búsquedas activan nuevas recomendaciones, y esas recomendaciones producen interacciones auténticas. La operación inicial puede ser falsa, pero sus consecuencias posteriores son reales.

Streaming farms: de las regalías musicales a la propaganda política

Las streaming farms muestran con especial claridad cómo funciona la manipulación algorítmica. Estas estructuras generan reproducciones, permanencia, reacciones o descargas artificiales para engañar a los sistemas que miden consumo y popularidad. En la industria musical, el objetivo puede ser cobrar regalías indebidas. En política, la misma lógica permite presentar un discurso, una entrevista o una pieza propagandística como si fuera un fenómeno social.

El caso de Michael Smith ofrece una referencia judicial comprobada. El 19 de marzo de 2026, la Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York informó que Smith se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico. Según el Departamento de Justicia, creó cientos de miles de canciones con inteligencia artificial y utilizó cuentas automatizadas para reproducirlas miles de millones de veces. El esquema le permitió obtener fraudulentamente más de ocho millones de dólares en regalías, y Smith aceptó entregar 8.091.843,64 dólares como parte del acuerdo.

El expediente no demuestra una conspiración electoral, pero sí acredita el mecanismo técnico y económico: una red de oyentes inexistentes puede hacer que una plataforma interprete actividad automática como demanda humana. Fajardo afirmó que el paso hacia la política consiste en emplear esa misma capacidad, no para cobrar una regalía, sino para fabricar importancia, reconocimiento y viabilidad electoral.

La comparación exige precisión. Una reproducción falsa no equivale a un voto falso. Una tendencia manipulada tampoco demuestra por sí sola que una elección haya sido alterada. La incidencia ocurre, en primera instancia, dentro del entorno informativo: qué ve el elector, con qué frecuencia lo ve, qué emociones se activan y qué opciones parecen competitivas o socialmente aceptables.

La campaña permanente: persuadir, dividir y silenciar

Uno de los errores más frecuentes consiste en suponer que una operación de influencia solo es exitosa cuando convierte ideológicamente a la mayoría. No necesita hacerlo. Puede limitarse a desmovilizar un segmento, dividir una coalición, radicalizar una minoría, ocultar un escándalo mediante saturación informativa o sembrar dudas sobre la integridad de las instituciones.

También puede buscar que un periodista se autocensure. Una investigación incómoda puede recibir una avalancha de insultos, denuncias coordinadas, acusaciones de parcialidad y amenazas. Para el observador parece indignación espontánea. Para la víctima, la escala del ataque puede producir aislamiento, temor y agotamiento. El resultado práctico es una censura sin decreto: nadie prohíbe publicar, pero el costo de hacerlo se multiplica artificialmente.

Fajardo argumentó que la eficacia política de estas redes reside en alterar las referencias con las que el ciudadano interpreta la realidad. Si durante semanas una persona recibe el mensaje de que un candidato es inevitable, de que su adversario carece de apoyo o de que participar es inútil, la operación puede modificar su conducta aunque no cambie su opinión profunda. La desmovilización, sostuvo, puede ser tan valiosa como la persuasión.

Durante una campaña, la infraestructura puede cumplir varias funciones simultáneas: imponer una agenda mediante repetición, probar mensajes emocionales en comunidades diferentes, distribuir versiones contradictorias de un candidato entre públicos que rara vez se comparan, hostigar voces críticas, amplificar información auténtica fuera de contexto, mezclar documentos reales con material fabricado o saturar la conversación hasta que una denuncia verificable desaparezca bajo el ruido.

La inteligencia artificial generativa reduce el costo de estas operaciones. Permite crear perfiles coherentes, adaptar mensajes a dialectos y grupos culturales, producir rostros inexistentes, imitar voces y generar numerosas variantes de una misma narrativa. La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de Estados Unidos, CISA, advirtió que la inteligencia generativa probablemente no crea riesgos electorales completamente nuevos, pero sí puede ampliar riesgos ya existentes y aumentar la escala de las operaciones de influencia.

La tecnología, sin embargo, no garantiza eficacia. Una red puede producir millones de mensajes y fracasar al intentar modificar una decisión. Medir el efecto causal de una campaña digital es difícil porque también intervienen la identidad partidista, el contexto económico, los acontecimientos políticos, los medios tradicionales y las relaciones personales. Por eso, atribuir una victoria o una derrota exclusivamente a bots exige evidencia que normalmente no está disponible.

Guerra cognitiva: el cerebro como territorio político

Cuando afirmo que el objetivo final de estas operaciones es el cerebro del ciudadano, no utilizo una metáfora exagerada. La guerra cognitiva disputa la forma en que una sociedad percibe, interpreta, recuerda y decide. No busca únicamente controlar qué información circula; intenta influir en los procesos mentales mediante los cuales las personas determinan qué consideran verdadero, urgente, legítimo o amenazante.

El Mando Aliado de Transformación de la OTAN ha estudiado la guerra cognitiva como una combinación de capacidades cibernéticas, informativas, psicológicas y de ingeniería social que puede afectar actitudes y conductas. La organización también vincula la protección de la esfera cognitiva con la defensa de valores democráticos. Esa distinción es esencial: proteger el entorno informativo no autoriza a convertir al Estado en árbitro absoluto de la verdad.

La operación cognitiva más peligrosa no es necesariamente la que consigue imponer una falsedad concreta. Es la que persuade al ciudadano de que ya no existe un método confiable para distinguir entre verdad y mentira. Cuando todo puede ser un montaje, también una evidencia verdadera puede ser descartada como producto de inteligencia artificial. Esa posibilidad produce el llamado “dividendo del mentiroso”: la existencia de falsificaciones verosímiles facilita negar hechos auténticos.

Fajardo sostuvo que la popularidad sintética crea una cadena de validaciones engañosas. El algoritmo interpreta volumen; los medios interpretan relevancia; la ciudadanía interpreta aceptación social. Esa cadena puede producir una racionalización posterior: si el resultado político contradice la experiencia individual, la persona puede asumir que estaba aislada porque durante meses observó una mayoría que quizá fue fabricada.

Ese argumento describe un posible efecto político, no constituye una prueba de fraude electoral. La diferencia es indispensable. Una operación de influencia puede erosionar la confianza en una elección sin haber penetrado máquinas, padrones o sistemas de escrutinio. Precisamente por eso representa un problema de seguridad nacional: puede atacar la legitimidad social de un proceso desde fuera de la infraestructura electoral.

Por qué las granjas digitales son una amenaza para la seguridad nacional

Las granjas digitales adquieren dimensión de seguridad nacional cuando Estados extranjeros, organizaciones criminales, grupos extremistas o contratistas encubiertos las emplean para intervenir en decisiones soberanas. El mecanismo puede combinar propaganda con ciberataques, filtraciones, financiación ilícita, suplantación de identidad y explotación de datos personales.

El Mecanismo de Respuesta Rápida del G7 utiliza el concepto de manipulación e interferencia informativa extranjera para describir esfuerzos foráneos y encubiertos orientados a alterar el entorno informativo con fines estratégicos. Su informe anual de 2024, publicado en mayo de 2026, expuso amenazas extranjeras contra las democracias y la utilización de técnicas de manipulación en distintos escenarios políticos.

Meta también ha documentado redes originadas en numerosos países y dirigidas a públicos de América Latina, Estados Unidos, Europa y Oriente Medio. Esos informes no permiten concluir que todas las campañas tuvieron el mismo patrocinador, alcance o eficacia, pero muestran que el comportamiento coordinado atraviesa ideologías y fronteras. Ningún sector político posee el monopolio de estas prácticas y ningún país conectado está completamente protegido.

Reducir el fenómeno a una disputa entre izquierda y derecha debilita el análisis. Partidos, gobiernos, empresas, consultores y actores extranjeros pueden utilizar técnicas similares. La pregunta periodística no debe limitarse a quién beneficia el mensaje. También debe indagar quién paga, quién coordina, qué identidades se ocultan, qué conducta se intenta manipular y qué evidencia permite atribuir la operación.

Fajardo sostuvo que gobiernos y movimientos de izquierda en América Latina fueron pioneros en la utilización política de ciberguerreros, troles y redes automatizadas, y que posteriormente sectores de derecha adoptaron parte de esas tácticas. Esa valoración debe examinarse caso por caso y con evidencia verificable, porque la atribución de una red es una tarea técnica y jurídica, no una conclusión que pueda derivarse únicamente del contenido que difunde.

Qué dicen las leyes sobre bots, vistas falsas y desinformación

La regulación enfrenta una dificultad básica: los bots no son ilegales por naturaleza. Estados Unidos no posee una prohibición federal general contra toda cuenta automatizada. California establece, en los artículos 17940 a 17943 de su Código de Negocios y Profesiones, que determinadas cuentas deben revelar claramente que son bots cuando se utilizan para engañar sobre su identidad con el propósito de inducir una compra o venta comercial o influir en una votación electoral. Su alcance, sin embargo, no sustituye una política federal integral.

La Comisión Federal de Comercio adoptó en 2024 la Regla sobre el uso de reseñas y testimonios de consumidores, codificada en 16 CFR Parte 465. La sección 465.8 prohíbe vender o comprar indicadores falsos de influencia en redes sociales —como seguidores o vistas generados por bots o cuentas secuestradas— cuando el comprador sabía o debía saber que eran falsos y los utiliza para tergiversar su influencia o importancia con un propósito comercial. La norma demuestra que el ordenamiento puede sancionar la falsificación de métricas, pero su ámbito comercial no cubre por sí solo toda manipulación política.

La Unión Europea ha construido un marco más amplio mediante la Ley de Servicios Digitales. La norma exige transparencia publicitaria, mecanismos para denunciar contenido ilícito y obligaciones reforzadas para las plataformas de muy gran tamaño, incluidas evaluaciones y medidas frente a riesgos sistémicos. El Código de Buenas Prácticas en materia de Desinformación incluye compromisos contra cuentas falsas, amplificación mediante bots, suplantación y deepfakes maliciosos.

Estas medidas abordan partes del problema, no su totalidad. Una campaña puede operar desde otra jurisdicción, utilizar intermediarios, alquilar cuentas auténticas o evitar la publicidad pagada. Además, una regulación mal diseñada puede terminar persiguiendo sátira, anonimato legítimo, disidencia o herramientas automáticas inocuas.

Cómo defender la democracia sin crear un “ministerio de la verdad”

La respuesta democrática debe centrarse en la transparencia y la conducta, no en castigar ideologías. La prioridad consiste en revelar patrocinadores de publicidad política, detectar coordinación encubierta, proteger la autenticidad de las cuentas, conservar datos para investigaciones legítimas y permitir auditorías independientes de los sistemas de recomendación.

También deben existir mecanismos de apelación cuando una plataforma retira contenido o suspende una cuenta. Los sistemas automáticos y humanos cometen errores. Combatir operaciones inauténticas sin debido proceso puede silenciar a personas reales y convertir una política de seguridad en una herramienta de censura.

El periodismo tiene una responsabilidad particular. Una tendencia no es una encuesta; una cifra de vistas no mide automáticamente la importancia pública; un coro digital no prueba consenso. Las redacciones deben investigar patrones de creación de cuentas, sincronización de publicaciones, repetición textual, procedencia de la publicidad y vínculos financieros antes de convertir la viralidad en noticia.

Para el ciudadano, la defensa comienza con preguntas simples: ¿quién creó la cuenta?, ¿cuándo apareció?, ¿publica únicamente sobre un tema?, ¿repite frases idénticas?, ¿el contenido apela al miedo o a la indignación antes de aportar evidencia?, ¿existe la fuente original?, ¿otros medios independientes confirmaron el hecho? Ninguna señal aislada demuestra que una cuenta sea falsa, pero un patrón puede justificar cautela.

Fajardo afirmó que la diferencia decisiva entre propaganda insistente y una granja digital es la “organicidad”. En la propaganda abierta existe, al menos, un emisor reconocible que intenta persuadir. En la granja clandestina, la identidad colectiva es una simulación. El ciudadano cree escuchar a miles de personas cuando, en realidad, puede estar respondiendo a un operador, una empresa o un programa.

La batalla por la autonomía mental ocurre antes del voto

Las granjas de bots y las streaming farms no reemplazan partidos, campañas, medios ni gobiernos. Se insertan dentro de ellos como multiplicadores. Pueden convertir dinero en visibilidad, visibilidad en cobertura y cobertura en apariencia de legitimidad. Su poder no reside solamente en difundir falsedades, sino en fabricar el contexto social dentro del cual una afirmación parece creíble.

El desafío central no consiste en blindar al ciudadano frente a toda información falsa, una promesa imposible, sino en impedir que una infraestructura clandestina se disfrace de sociedad. La libertad de expresión protege el derecho de una persona a opinar, incluso de forma incómoda o equivocada. No debería garantizar a un patrocinador oculto el derecho a multiplicarse en miles de identidades ficticias para falsear el tamaño de su apoyo.

La democracia puede conservar urnas, partidos y campañas y, aun así, perder calidad si la voluntad ciudadana se forma dentro de un espacio colonizado por señales artificiales. No hace falta cambiar una papeleta para degradar una elección. Basta con alterar de manera encubierta aquello que los votantes creen posible, popular, verdadero o inútil.

La batalla política de la era algorítmica se libra antes del voto. Se libra en la atención, la memoria y la confianza. Defender esos territorios no exige censurar el desacuerdo; exige devolver identidad, transparencia y responsabilidad a la conversación pública.

Departamento de Justicia de Estados Unidos: declaración de culpabilidad de Michael Smith

CISA: inteligencia artificial generativa y riesgos electorales

Meta: comportamiento inauténtico coordinado

Comisión Federal de Comercio: regla contra indicadores falsos de influencia

Código de Negocios y Profesiones de California, artículos 17940-17943

Comisión Europea: Código de Buenas Prácticas en materia de Desinformación

OTAN: guerra cognitiva y defensa de la mente

G7: Informe anual 2024 del Mecanismo de Respuesta Rápida