Un millonario fraude a programa de asistencia para ancianos venezolanos en Brasil fue develado por la Policía Federal que a través de una investigación puso al descubierto el desfalco al Beneficio de Atención al Anciano (BPC-Loas) que atiende a la tercera edad en estado de Roraima.
El operativo denominado “Cessatio”, permitió a las autoridades policiales brasileñas arremeter contra los criminales señalados cometer el fraude al programa social dirigido a los ancianos de Venezuela radicados en la referida entidad de Brasil.
En el operativo de Policía Federal las autoridades llevaron a cabo una serie de allanamientos —específicamente 14— a despachos de abogados que tramitaban el beneficio. Las averiguaciones determinaron que los profesionales del derecho supuestamente reclutaban a ancianos en Venezuela, les falsificaban sus documentos y registros para garantizar acceder fraudulentamente al programa.
La investigación y los allanamientos
En las ciudades de Boa Vista y Pacaraima, ubicadas en la frontera con Venezuela, tuvieron lugar los referidos allanamientos desinados a determinar la responsabilidad en los hechos de ocho personas investigadas pertenecientes a siete bufetes de abogados.
Se conoció que un agente retirado de la Policía Civil estaba involucrado en el fraude y, de acuerdo a las averiguaciones, habría sido el responsable de tramitar los beneficios irregulares.
La investigación permitió detectar la irregularidad luego de denuncias sobre beneficiarios de programas sociales que no residían en Brasil. Se identificó a los presuntos responsables, miembros de grupos delictivos organizados e independientes que participaban para obtener de manera fraudulenta el Beneficio de Atención al Anciano (BPC-Loas).
El gran fraude en el INSS
Este hecho derivó en el congelamiento de bienes y valores de los investigados por un valor aproximado de 16 millones de reales —equivalente a USD 2 815 456, según nuestros cálculos—, por parte de la justicia federal de Brasil. Estas personas enfrentan cargos por delitos de fraude agravado y asociación para delinquir.
Esta irregularidad formaría parte del esquema de defraudación detectado en el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), por el cual habría despojado de miles de millones de reales a jubilados y pensionados de Brasil.
Por esta razón, el presidente del INSS, Alessandro Antonio Stefanutto, fue destituido, así como también lo fueron otros funcionarios y un policía federal.
La mayoría de los jubilados afectados niegan haber autorizado los descuentos. La Agencia Estatal para la Defensa Jurídica del Estado (AGU, en portugués) conformó un grupo especial para recuperar los fondos robados.
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