El Centro Legal de Campaña solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos investigar al ex-representante de la Florida, David Rivera por una posible violación de la Ley de Registros de Agentes Extranjeros (FARA). Rivera, a través de su empresa Interamerican Consulting Inc, habría prestado servicios de cabildeo a la petrolera venezolana PDVSA, controlada por el régimen de Nicolás Maduro, sin cumplir con el requerimiento de registrarse como agente para trabajar a favor de un gobierno foráneo.
Por Maibort Petit @maibortpetit
Kedric L. Payne, Consejero General y Director Senior, Ética del Centro legal de Campaña envió una solicitud formal para la apertura de la investigación contra Rivera al Fiscal General Adjunto de Seguridad Nacional Departamento de Justicia, [División de Seguridad Nacional, Unidad FARA], John C. Demers.
En la misiva, Payne señala que hay una presunta violación por parte de Rivera “porque los servicios incluyeron informar a los responsables políticos y líderes de opinión con respecto a las iniciativas y logros de PDVSA”, acciones que corresponde a las empresas de lobby.
Rivera se comprometió en el contrato a reforzar un mejor posicionamiento entre importantes funcionarios públicos y líderes de opinión con el objetivo de mejorar a largo plazo “la reputación” de PDVSA y su “prestigio” con los “interesados directos”.
“El hecho de que el ex-representante Rivera no se registre, socava uno de los propósitos declarados por el Departamento de Justicia en la ley FARA para “ayudar a proteger la integridad de la democracia estadounidense mediante la lucha encubierta influencia del gobierno extranjero en nuestro proceso político”, dice la carta.
Recuerdan que la democracia de los Estados Unidos es más vulnerable a la interferencia extranjera si se permite a los ex funcionarios de los EE. UU. “presionar en secreto por entidades gubernamentales extranjeras, mientras que el público permanece en la oscuridad sobre cómo los gobiernos extranjeros y sus agentes intentan influir en los estadounidenses política y derecho”.
El hecho de que el Representante Rivera no se registre amerita una investigación, ya que la Ley FARA requiere que las personas que acuerden actuar como agentes de directores extranjeros deben registrarse con el Departamento de Justicia.
Agrega que una persona se convierte en un “agente de un director extranjero” si, bajo la dirección o control del principal extranjero, acuerdan participar en: 1) En actividades políticas para los intereses de dicho principal extranjero; 2) Para actuar como un abogado de relaciones públicas; 3) Consultor político para o en interés de dicho principal extranjero; 4) Representar los intereses de dicho principal extranjero ante cualquier agencia u oficial de el gobierno de los Estados Unidos.
Destaca que la FARA define como “actividades políticas” cualquier acción que la persona que participa cree que hará con la intención de influir de alguna manera en cualquier agencia u oficial del Gobierno de los Estados Unidos o cualquier sección del público dentro de los Estados Unidos con referencia a la formulación, adopción o cambio de una política o relación con un gobierno extranjero.
Rivera como consultor
Sostiene que el ex-representante Rivera acordó realizar “Servicios de consultoría estratégica” para la petrolera estatal de Venezuela. El 13 de mayo de 2020, PDVSA USA, la subsidiaria de propiedad total de PDVSA, presentó una demanda en una corte federal contra la firma consultora de Rivera, Interamericana Consulting Inc. por incumplimiento de contrato.
Según la demanda, el 21 de marzo de 2017, PDV USA (bajo la dirección de PDVSA)” firmó un contrato con Interamerican, para proporcionar “Servicios de consultoría estratégica para mejorar la reputación y la posición de PDVSA”.
En el momento de la firma del contrato, PDVSA estaba controlada por el régimen de Nicolás Maduro.
Resulta llamativo que la empresa contratada por PDVSA sólo tiene dos empleados, Rivera y su hermana, Diana Rivera McKenzie. Adicionalmente, la dirección principal del negocio es la casa del representante.
La comunicación sostiene que Rivera afirmó en informes contractualmente requeridos que los servicios prestados incluían contactos con “importantes formuladores de políticas y líderes de opinión en los Estados Unidos, Funcionarios públicos clave, partes interesadas objetivo, y partes interesadas del sector público y sector privado”, por lo cual Rivera probablemente violó a FARA al no registrarse como Agente extranjero en nombre de PDVSA.
Asegura que Rivera debería haberse registrado como agente extranjero porque aceptó realizar actividades políticas, servir como asesor de relaciones públicas y actuar como político consultor para un director extranjero para PDVSA que es una empresa controlada por un gobierno.
Aunque “Rivera fue pagado por la subsidiaria estadounidense de PDVSA, la evidencia sugiere que él entendió que estaba realizando sus servicios de consultoría para para un gobierno extranjero”, acota.
El trabajo de consultoría estaba bajo la dirección o control de PDVSA, una empresa estatal venezolana y un director extranjero para fines de FARA.
El trabajo de consultoría que, según la denuncia, el Representante Rivera acordó proporcionar abarca los tipos de actividades que requieren registro bajo FARA.
El acuerdo de Rivera lo caracteriza como un “consultor político” al servicio de PDVSA para lo cual debía estar registrado de acuerdo a la ley FARA.