Nueva demanda reabre el frente judicial contra Venezuela por su deuda soberana
La República Bolivariana de Venezuela enfrenta una nueva acción judicial en Estados Unidos por el incumplimiento de su deuda externa. Dos inversionistas presentaron este 8 de julio de 2026 una demanda ante la Corte Federal para el Distrito Sur de Nueva York (Southern District of New York) reclamando más de 7,19 millones de dólares por el impago de bonos soberanos conocidos como AT10, emitidos bajo legislación del estado de Nueva York.
La demanda fue presentada por Faisal AlFaour y Talal AlFaour, quienes sostienen ser los propietarios originales y actuales de 2,7 millones de dólares en valor nominal de dichos bonos, adquiridos entre 2014 y 2017 a través de Arab Bank y Bank Audi. Según el escrito judicial, nunca han vendido, cedido ni gravado esos títulos.
Una deuda que dejó de pagarse en 2018
Los bonos objeto del litigio fueron emitidos originalmente en 1998 y 2004, bajo el número ISIN USP922646AT10, al amparo del Fiscal Agency Agreement (FAA) de 1998, contrato que establece que cualquier controversia será resuelta bajo la legislación de Nueva York.
Los títulos tenían vencimiento el 15 de agosto de 2018 y pagaban un elevado interés anual del 13,625 %, distribuido en cupones semestrales cada 15 de febrero y 15 de agosto.
De acuerdo con la demanda, Venezuela:
- nunca pagó el capital al vencimiento;
- dejó de cancelar los intereses pactados;
- continúa acumulando obligaciones financieras año tras año.
La reclamación supera los siete millones de dólares
Los demandantes incluyen un cálculo detallado de los daños. Según su estimación, al 30 de junio de 2026, Venezuela adeuda:
- USD 2,7 millones de capital;
- más de USD 3,26 millones en intereses contractuales;
- alrededor de USD 1,23 millones en intereses prejudiciales.
La suma asciende a USD 7.196.037,23, cifra que continúa aumentando mientras permanezca el incumplimiento.
Los acreedores decidieron salir de una demanda colectiva
Uno de los aspectos más relevantes del caso es que ambos inversionistas renunciaron voluntariamente a permanecer dentro de la acción colectiva iniciada en 2024 por otros tenedores de los mismos bonos.
La demanda explica que existía una class action certificada por la jueza Denise Cote para todos los poseedores de bonos AT10, pero los demandantes optaron por retirarse del proceso para reclamar individualmente el pago completo de sus títulos.
Esta estrategia no es inusual en litigios de deuda soberana, especialmente cuando algunos acreedores consideran que una acción individual puede ofrecer mayores posibilidades de recuperación.
Nueva York sigue siendo el principal campo de batalla
La demanda recuerda que Venezuela renunció expresamente a invocar inmunidad soberana respecto de estos bonos al suscribir el Fiscal Agency Agreement.
Por ello, la Corte Federal de Manhattan tendría jurisdicción para conocer el caso, además de que el contrato establece expresamente a Nueva York como foro competente para resolver controversias relacionadas con estas emisiones.
Este aspecto jurídico resulta fundamental porque limita una de las principales defensas que suelen alegar los Estados extranjeros en litigios internacionales.
Un litigio que refleja un problema mucho mayor
Aunque la cuantía de esta demanda representa apenas una fracción del enorme endeudamiento externo venezolano, el caso ilustra cómo continúan apareciendo acreedores que buscan recuperar sus inversiones mediante los tribunales estadounidenses.
Durante los últimos años, Venezuela ha enfrentado múltiples procesos relacionados con bonos soberanos, obligaciones de PDVSA, laudos arbitrales internacionales y reclamaciones comerciales. Cada nueva sentencia favorable fortalece la posición de los acreedores y aumenta la presión financiera sobre cualquier futura reestructuración de la deuda.
La presentación de este nuevo caso confirma que el frente judicial internacional permanece abierto y que los litigios derivados del incumplimiento de la deuda venezolana siguen creciendo, incluso ocho años después del vencimiento de estos bonos.