Por Maibort Petit
@maibortpetit
Juan Antonio Hernández Alvarado, alias «Tony Hernández», excongresista y hermano del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue apresado bajo acusaciones de tráfico de drogas, cargos de armas y declaraciones falsas ante un tribunal federal. La información la dio a conocer la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos y fiscales federales.
El caso de Hernández Alvarado tiene asiento en el tribunal federal de Manhattan, pero al haber sido arrestado el pasado 23 de noviembre de 2018 en Miami, le correspondió rendir declaración este lunes 26 de noviembre en la Corte del Distrito Sur de la Florida ante un juez de primera instancia.
El agente especial de la DEA, Raymond Donovan, refirió que «El tráfico de drogas y la corrupción en todo el mundo amenazan el estado de derecho, alimenta la violencia y la inestabilidad, y perjudica a familias y comunidades inocentes (…) Hernández y sus asociados criminales supuestamente conspiraron con algunas de las redes criminales transnacionales más mortales y peligrosas del mundo en México y Colombia para inundar las calles de Estados Unidos con drogas mortales. La DEA espera que Hernández se enfrente a la justicia estadounidense y responda por sus presuntos delitos».
Entretanto, el fiscal de Manhattan, Geoffrey S. Berman, informó que “el excongresista hondureño Tony Hernández estuvo involucrado en todas las etapas del tráfico de drogas a través de Honduras de cargas de varias toneladas de cocaína que estaban destinadas a los EE. UU.», al tiempo que agregó que el hermano del mandatario hondureño “supuestamente organizó la seguridad para los envíos de cocaína, sobornó a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para obtener información sensible para proteger los envíos de drogas y solicitó grandes sobornos a los principales narcotraficantes. Gracias al trabajo en curso de la DEA, Hernández está ahora bajo custodia en territorio estadounidense y enfrentando a la justicia en las cortes estadounidenses”.
La acusación no sellada producto de la investigación de la DEA indica que desde alrededor de 2004, hasta aproximadamente 2016, múltiples organizaciones de narcotraficantes trabajaron juntas en Honduras y en otros lugares con el apoyo de ciertos individuos públicos y privados prominentes. Se trataría de políticos hondureños y oficiales de la ley, quienes recibieron cargas de cocaína de varias toneladas enviadas a Honduras desde Colombia —entre otros lugares— a través de rutas aéreas y marítimas, para entonces proceder a su traslado hacia el oeste de Honduras y de allí a la frontera con Guatemala hasta llegar a los Estados Unidos.
De acuerdo con la investigación de la DEA, los narcotraficantes pagaron sobornos a funcionarios públicos, entre ellos a miembros del Congreso Nacional de Honduras, con el objeto de que los protegieran de la interferencia oficial y para facilitar el paso seguro a través del territorio hondureño de cientos de kilos de cocaína.
Los cargos también refieren a Hernández como excongresista, hermano del presidente de Honduras y como un narcotraficante a gran escala que trabajó con otros agentes del narcotráfico en Colombia, Honduras y México, para importar cocaína a los Estados Unidos, hecho que jabría ocurrido aproximadamente desde 2004, hasta alrededor de 2016.
Juan Antonio Hernández Alvarado estuvo involucrado —de acuerdo a la averiguación— con el procesamiento, recepción, transporte y la distribución de cargas de cocaína de toneladas múltiples que llegaron a Honduras a través de aviones, buques rápidos y, al menos en una ocasión, en un submarino. El acusado tuvo acceso a los laboratorios de cocaína en Honduras y Colombia, en los que parte de la cocaína estaba marcada con el símbolo «TH», es decir, las iniciales de «Tony Hernández», el alias con el que también se le conoce. Igualmente habría coordinado y, a veces, participó en proporcionar seguridad fuertemente armada para los envíos de cocaína transportados dentro de Honduras, incluso por miembros de la Policía Nacional de la nación centroamericana y con narcotraficantes armados con —entre otras armas— ametralladoras.
Hernández y sus coconspiradores igualmente habrían sobornado a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con el objetivo de obtener información sensible que permitiera proteger los envíos de drogas y, supuestamente, solicitaron grandes sobornos a los principales narcotraficantes.
Se indica que Hernández Alvarado, alrededor de febrero de 2014, habría tenido una reunión en Honduras con Devis Leonel Rivera Maradiaga, exlíder de una violenta organización de narcotraficantes hondureña conocida como los “Cachiros”. Audios y videos grabados de este encuentro mostrarían a Hernández aceptando ayudar a Rivera Maradiaga al hacer que las entidades del gobierno hondureño pagaran el dinero adeudado a una o más compañías de lavado de dinero de los “Cachiros”, a cambio de pagos ilícitos de Rivera Maradiaga. Se conoció que este último supuestamente habría pagado a Hernández Alvarado aproximadamente USD 50.000 durante la reunión.
Los cargos que se le imputan a Juan Antonio Hernández Alvarado en específico son: 1) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos; 2) usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la importación de cocaína de la conspiración; 3) conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína; y 4) hacer declaraciones falsas a agentes federales.
En caso de que el proceso judicial que se le va a seguir a Hernández Alvarado resultara en una declaración de culpabilidad, este se enfrentaría a una sentencia mínima obligatoria de 10 años en prisión y una vida máxima en prisión en el recuento uno; una sentencia mínima obligatoria de 30 años en prisión y una vida máxima en prisión en el recuento dos; un plazo máximo de la vida en prisión en el recuento tres; y un plazo máximo de cinco años en prisión en el recuento cuatro.