Hasta el momento, el gobierno ha identificado al menos 132 testigos a los que espera llamar en el juicio del ex líder del cartel de Sinaloa.
Por Maibort Petit
@maibortpetit
La defensa de Joaquín Guzmán Loera solicitó a la corte del Distrito este de Nueva York que el juicio previsto para iniciarse el 5 de noviembre de 2018 continúe hasta principios de 2019, para lo cual argumentan que los abogados requieren más tiempo para revisar los materiales.
En una moción entregada al juez Bryan Cogan, los defensores de Guzmán, Eduardo Balarezo y William Purpura, destacan que el acusado pide que la Corte permita que su defensa tenga —al menos— un día completo después de que cada colaborador testifique en un intento directo de asimilar efectivamente el voluminoso material de la sección 3500 y preparar interrogatorio.
Asimismo, Guzmán pide al juez que apruebe una continuación de al menos 2 semanas después de la selección de un jurado, así como la divulgación por parte del gobierno de su orden proyectada de testigos y identificación de aquellos a los que el gobierno no puede llamar.
De esta manera, la defensa no perderá tiempo preparándose para los testigos que no pueden ser llamados, acotan los abogados en el documento entregado este martes al tribunal.
Continuar con el juicio
No obstante a una serie de obstáculo, la defensa de Guzmán pide continuar con el juicio de Guzmán.
El abogado Eduardo Balarezo advirtió que “les preocupa mucho que la capacidad para defender vigorosamente a Guzmán disminuya, en gran medida, por el corto período de tiempo que les han dado para revisar las enormes cantidades de información entregadas recientemente por el gobierno”.
Balarezo afirmó que la defensa quiere “poder defenderlo adecuadamente y que él [Guzmán] tenga un juicio justo. Nada mas. Nada menos.”
En el documento —entregado al juez Bryan Cogan— dice que buena parte de la información está en inglés y que se requiere que la misma sea traducida al español para que pueda ser leída por el acusado.
La defensa resalta que desde que el gobierno de México extraditó a Guzmán el 19 de enero de 2017, la fiscalía ha estado produciendo un extenso material que forma parte de la etapa de descubrimiento[suministro de pruebas].
—Esta es una investigación enorme que abarca el período de 1985 a 2015 e involucra a múltiples países, cientos de individuos y numerosas agencias de aplicación de la ley. La cantidad de evidencias entregada es asombrosa: más de 330,000 páginas de documentos y decenas de miles de comunicaciones grabadas.
En la moción los abogados dicen que si bien el tribunal puede haber presidido casos más voluminosos que el de Guzmán, “esos casos —seguramente— han sido asuntos civiles donde el descubrimiento se completa y todos los testigos son identificados mucho antes de que comience el juicio. Rara vez se ha tratado un asunto criminal de esta magnitud, y mucho menos con más de 14,000 páginas de información crítica de boca de cooperadores no identificados previamente que se produjeron de manera tardía en el proceso. Igualmente, se espera que se produzca más evidencias de tres cooperadores adicionales sin nombre”.
La defensa critica la forma en que el gobierno produjo los archivos PDF, ya que según los abogados, “hace que sea imposible utilizar un software de traducción para facilitar la proceso”.
Recuerdan que Guzmán tiene el derecho constitucional de revisar las pruebas y ayudar a los abogados en su defensa. “El proceso de darle la oportunidad de hacerlo por sí mismo toma una cantidad extraordinariamente grande de tiempo”acotan los litigantes.
El documento de mociones dice que el 3 de julio de 2018 —después de que se suponía que se había producido la mayor parte del descubrimiento de la Regla 16— el gobierno produjo inesperadamente más de 82 gigabytes de datos, incluidas más de 117,000 grabaciones.
Comentan que esta producción tardía requirió una continuación de prueba de dos meses, que estuvo programada para el 5 de septiembre de 2018.
No obstante, advierten, el 5 de julio de 2018, la fiscalía produjo de EE. UU. produjo y entregó el llamado material 3500 que incluye la información de los testigos policiales. “Entre el 5 de septiembre y 5 de octubre produjo material complementario de la sección 3500 para agentes de la ley. Estas producciones se refieren al material para 116 testigos y consta de 1,373 archivos individuales y más de 15,000 páginas”.
Asimismo, —dice el documento— el 5 de octubre de 2018, los fiscales entregaron los materiales 3500 de 13 colaboradores que no habían sido identificados previamente. “Esa producción consistió en aproximadamente 1,061 archivos individuales y más de 14,000 páginas”.
Los abogados insisten que debido al gran volumen de material producido sólo de los cooperadores, la defensa se vió obligada a imprimir el material impreso a través de una empresa de impresión aprobado por el gobierno. Esa compañía produjo copias impresas de la producción el 22 de octubre de 2018, más de dos semanas después de que el gobierno inicialmente “entregó” el material en discos.
La defensa destaca que los fiscales han informado que entregarán más materiales 3500 de al menos tres testigos adicionales no identificados.
Los abogados informan que Guzmán tuvo acceso a una parte de ese material el cual pudo ser revisado por el acusado “en su celta y a su ritmo”, pero que hay una documentación correspondiente a la sección 3500 que el demandado no puede evaluar solo porque no lee inglés.
Entre las dificultades enumeradas en las mociones destaca en hecho que hay una orden de Protección de los materiales de la corte, razón por la cual la defensa pudo tener el material impreso por el proveedor de su elección, sino que estuvo obligado a utilizar un proveedor aprobado por el gobierno.
Aseguran que por ahora desconocen cuánto material involucrará el caso, ya que se está hablando de testimonios de los cooperantes que se refieren a eventos que ocurrieron durante un período de 30 años.
En promedio, “cada cooperador ha sido interrogado más de 20 veces por numerosos fiscales y múltiples agencias de aplicación de la ley. Cada sesión generó típicamente un informe detallado de la investigación que van desde unas pocas páginas hasta más de 90 páginas. Esto no incluye cientos de páginas de jurados anteriores y testimonios de juicios o cientos de páginas de notas manuscritas a veces ilegibles” afirman los abogados.
Reglas en la cárcel para el “Chapo” y sus abogados
Para complicar aún más las cosas —alega la defensa— el gobierno y el Centro Correccional Metropolitano (MCC) han establecido una sala de visita legal específica para uso de Guzmán. Esa habitación tiene aproximadamente cinco pies por diez pies, está dividida en dos por una pared de cemento y una malla de metal / ventana de plexiglás. En el lado del abogado hay un bloque de cemento que mide aproximadamente dos pies por dos pies que contiene un cajón de metal que se desliza en el lado del preso de la sala de visitas. El cajón está destinado a facilitar la transferencia de documentos de un lado a otro y se instaló porque el Tribunal rechazó las visitas de contacto con Guzmán. La configuración de la computadora en el MCC para ver las evidencias implica una conexión HDMI en el lado del abogado de la sala de visitas y una pantalla en el lado de Guzmán para que este pueda ver los documentos.
En en ese sentido denuncian que la defensa “tiene que confiar en una computadora portátil provista por el gobierno para la revisión de documentos porque está prohibido traer su propio ordenador”. Esta “sala de visitas legales” no contiene mesa para que la defensa pueda extender los documentos o incluso escribir. La sala es tan pequeña que a lo sumo solo tres miembros del equipo de defensa pueden estar dentro al mismo tiempo e incluso entonces, no hay espacio para moverse.
Debido a las reglas impuestas por el gobierno y aprobadas por la Corte, y sin perjuicio de los “ajustes” hechos por el gobierno, los aspectos logísticos para que los abogados y Guzmán revisen las evidencias que contiene el expediente (descubrimiento) y el material de la sección 3500 ha sido completamente abismal. El equipo de defensa está visitando al acusado durante al menos 6 horas por día, 7 días a la semana para revisar los documentos. Sin embargo, esto no es insuficiente para prepararse para el juicio.
Derecho a la defensa
Los abogados recuerdan que el acusado tiene derecho a una defensa justa, y las leyes de los Estados Unidos permiten que el demandado pueda confrontar e interrogar a los testigos, “esto ha sido reconocido como esencial para el debido proceso”. Los abogados dicen que “no han tenido tiempo para revisar el material y preparar un contrainterrogatorio efectivo. Aunque el Tribunal tiene discreción para conceder tal receso, su negativa a conceder una continuación razonable es un error reversible”.
El caso contra Guzmán involucra alegatos de una conspiración de 25 años cuyos supuestos delitos ocurrieron principalmente en el extranjero, donde las investigaciones han estado en curso durante décadas y donde los cooperadores se han ofrecido al gobierno durante muchos años. Algunos de los colaboradores han testificado docenas de veces. La gran cantidad de material que se debe revisar hace que sea imposible que la defensa esté preparada para interrogar efectivamente a los testigos que cooperaron, alegan los litigantes en el documento.
Debido a que el testimonio de los colaboradores será la pieza central del caso del gobierno, los defensores tienen la obligación ética de leer y asimilar la totalidad de las más de 14,000 páginas de material 3500 de cooperación entregado recientemente para estar efectivamente preparados para el juicio, acotan.
Alegan que la defensa tiene el deber y la obligación de compartir y revisar el material con Guzmán y que las condiciones impuestas por el tribunal y el gobierno al acusado hacen que sea “casi imposible” revisar adecuadamente el material con el acusado.
Tal como está, se espera que la defensa no solo lea decenas de miles de páginas de evidencias recién entregadas, “pero también para darle sentido, digerirlo y prepararse para interrogar a los testigos clave que se identificaron recientemente”.
Los tres abogados litigantes del Guzmán tienen más de 70 años de experiencia combinada en defensa criminal y han par ticipado en docenas de juicios federales, incluidos casos de crimen organizado, casos de narcotráfico y capital en todo el país. Igualmente, han juzgado innumerables casos en los tribunales estatales. No obstante —admiten— con toda la experiencia combinada, los defensores nunca han experimentado, ni conocen a través de numerosos contactos, ningún caso en el que un volumen tan grande de información crítica para la preparación de la defensa haya sido revelada tan tarde en el proceso.
Señalan que la situación es tal que, en ausencia de una continuación, el abogado defensor se verá obligado a solicitar que el tribunal suspenda los procedimientos después de que cada cooperador testifique “por el tiempo que pueda determinar que se requiere razonablemente para el examen” del material 3500 para su uso.
Informan que por ahora saben que al menos 16 cooperantes testificarán contra Guzmán y lo conectarán a varias transacciones de narcóticos, actos violentos y otros delitos. “Estos testigos colaboradores son la pieza central del caso del gobierno”.
Los abogados explican al juez que si bien tienen experiencia y se han estado preparando para el juicio “es simplemente imposible para un abogado cumplir con sus obligaciones éticas y el estándar constitucional de representación efectiva dada la gran cantidad de información que se debe procesar en tan poco tiempo y también para usar de manera efectiva”.
Citan varias jurisprudencias que señala que un tribunal abusa de su discreción y viola el debido proceso, al participar en “una insistencia miope en la rapidez ante una solicitud justificable de demora”. La decisión debe basarse en los hechos y circunstancias del caso. En el caso de Guzmán las circunstancias son simplemente sin precedentes. “No se puede esperar que los abogados revisen y entiendan decenas de miles de páginas de material de la sección 3500 y se preparen para exámenes cruzados efectivos con dos semanas”.
Finalmente, dados los fallos anteriores de la Corte, no se puede esperar que la defensa esté preparada para defenderse al mismo tiempo contra un número desconocido de conspiraciones de homicidios distintos. Obligando a Guzmán y a sus abogados a ir a juicio en las circunstancias actuales, “hará que el derecho a defender con abogado sea una formalidad vacía”.
El juez Bryan Cogan no había respondido a esta solicitud de los abogados del ex líder del cártel de Sinaloa antes del cierre de esta nota. Seguiremos informando.