El documento señala que el testigo CS1, José Santos Peña cometió perjurio y violó las leyes norteamericanas, y el uso de su testimonio constituye una injusticia manifiesta.
De acuerdo a los abogados de Campo Flores y Flores de Freitas este “es un caso criminal extraordinariamente raro” ya que el juicio de los demandados fue manchado por el perjurio por parte del testigo principal del gobierno y por la expansiva en la investigación subyacente.
Asimismo, señalan que el juicio de Campo y Flores “es un caso de narcóticos raro”, ya que las drogas nunca fueron obtenidas por los investigadores y el único actor del gobierno que vio los presuntos estupefacientes fueron detenidos durante la investigación y posteriormente juzgados por haber mentido al gobierno.
Recuerdan que el testigo José Santos Peña mintió repetidamente frente al jurado. Estos hechos, por sí solos, considerados en el contexto de la Jurisprudencia, requieren que la Corte adopte alguna medida para remediar lo que era claramente un juicio defectuoso, derivado de una investigación desastrosa.
En el momento de las deliberaciones del jurado en este caso, el jurado había estado expuesto a múltiples días de testimonio de un testigo que mostró desprecio absoluto por las leyes de los Estados Unidos y los requisitos básicos del juramento ante la corte de decir la verdad, dicen los abogados.
El documento señala que el Gobierno introdujo las grabaciones hechas por Santos Peña, quien suscitó numerosas interpretaciones de los argumentos de los acusados en las declaraciones en esas grabaciones.
Como tal, los abogados de los sobrinos de Nicolás Maduro criticaron el impacto de de las declaraciones de CS-1 sobre el pensamiento del jurado, argumentando que los miembros del mismo se formaron una impresión errónea de los demandados en base al testimonio del testigo, de las grabaciones y de las presuntas pruebas de drogas y muchos otros aspectos cuestionables usados en el juicio.
La defensa asegura que es imposible evaluar hoy en día el alcance total de su influencia del testimonio de Santos Peña sobre el veredicto del jurado.
Concluyen asegurando que el juicio fue manchado por el testimonio de CS-1 y su orquestación de la investigación en formas que son demasiado multifacéticas para ser plenamente discernidas. En consecuencia, sólo las infracciones de CS-1 requieren que la corte otorgue a los demandados una sentencia de absolución o como mínimo un nuevo juicio.
Acotan que -inclusive- si la Corte pudiera dejar a un lado estos graves asuntos, el Gobierno simplemente falló en cumplir con su carga de la prueba a través de las grabaciones y otras evidencias presentadas en el juicio.
Dicen que un juez no hubiese podido concluir, más allá de toda duda razonable, que los demandados creían que las drogas objeto de la operación en cuestión estaban siendo introducidos en los Estados Unidos.
Aseguran que las grabaciones revelaron de manera concluyente que, incluso en los momentos antes de su detención, los Demandados seguían planteando preguntas a los informantes que evidenciaron un conocimiento y comprensión insuficientes con respecto a este elemento crítico.
Critican a los miembros del jurado, a quienes consideran que no actuaron de manera razonables, cuando emitieron el veredicto de culpabilidad ignorando que el gobierno había fallado en demostrar más allá de la duda razonable que había una conspiración.
La defensa sostiene que la esencia de la nueva moción es dejar claro que si la Corte puede ignorar de alguna manera los problemas de este caso y permitir que se produzca una convicción que está contaminada de muchas maneras.
Campo Flores y Flores de Freitas sostienen conjuntamente que la Corte no debería aceptar que sean sentenciados, ya que se les negó el requisitos más básico de justicia, tanto durante la investigación subyacente como durante todo su juicio.
Los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela considera que el juicio quedó muy por debajo de la abrupta carga del Gobierno, por lo cual piden a la Corte conceder la moción para la absolución del juicio o alternativamente, ordenar un nuevo juicio.
Muy buenos días, solo es un a crítica constructiva Srta. Mairbott. Es importante mantener informado al público en general lo que realmente está pasando en este juicio, pero aparte de la información me encantaría leer su opinión como conocedora del tema, las normativas y leyes de USA. Siento que a su blog le falta esa parte humana necesaria para mantener a sus seguidores interesados. Lo comento todo esto porque llegue a este blog mediante otro portal de noticias, no por el hecho de estar al pendiente de sus nuevas publicaciones. Saludos.
Mi opinión es que los abogados quieren demorar la sentencia final, probablemente porque les pagan para demorar todo lo posible. En un caso normal, estos dos chamos ya estarían haciendo una condena corta por haber negociado y entregado información sobre el negocio de la droga que llevan a cabo las mafias asociadas al régimen de Maduro.
Estimada Maibort, felicidades por tan detallado reporte, usted está haciendo su trabajo como periodista y eso tiene un gran valor! Siga adelante llevando información veráz e imparcial a quienes la esperamos, haga caso omiso a opiniones impertinentes! Saludos desde Venezuela.
Informar objetivamente es una gran virtud elogiada no solo en el periodismo, también se aplica a los historiadores. Eventualmente un periodista puede si así lo desea emitir sus opiniones del hecho que relata, pero esto es ya otra actividad que puede ser asumida o no por el periodista. en principio se considera buen periodista si informa objetivamente según las recomendaciones de Kipling.