Por Maibort Petit
@maibortpetit
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Los contratos plagados de irregularidades entregados por funcionarios corruptos del gobierno venezolano a la contratista brasileña Odebrecht en Venezuela siguen generando cuantiosas pérdidas al patrimonio del país. Hasta la fecha, no se ha logrado realizar una auditoría confiable sobre los 32 contratos que a un costo de unos US$20 mil millones de dólares desangran las finanzas públicas. Entre los contratos que mayores pérdidas han ocasionado están los firmados con C.A Metro de Caracas.
Los funcionarios que han estado al frente de la empresa Metro de Caracas han sido cubiertos por el manto de la impunidad. El único investigado por la antigua Fiscal, Luisa Ortega Díaz es Hayman Eltrudi quien se enriqueció durante su gestión como funcionario público y sus propiedades y cuentas millonarias en Francia y en Suiza sirvieron de marco para abrirle una causa que aún no ha concluido.
Corrupción y sobornos en el Metro de Caracas
El Contrato para la ejecución de las Obra Civiles de Línea 2 del Sistema El Tambor – San Antonio, fue otorgado directamente al Consorcio liderado por Odebrecht en el año 2006, con la venia del entonces presidente de esta institución y actual director del SEBIN, general Gustavo Enrique González López, uno de los hombres más cercanos a Diosdado Cabello, quien para le época de la contratación fungía como Gobernador en el estado Miranda y era parte de la Junta Directiva de CA Metro de Caracas.
Contrato mil millonarios y sobornos astronómicos
El mencionado contrato fue otorgado por un monto equivalente de US$ 979.424.234,93. González López permaneció en el cargo hasta agosto de 2008 cuando fue removido debido a los escándalos de las irregularidades que se encontraron en la contratación por adjudicación directa del contrato para la rehabilitación de la línea 1 Pro Patria – Palo Verde, que realizó un consorcio español formado por CAF, Constructora Hispánica, Cobra y Dimetronic por valor de US$1.850 millones de dólares. Ver detalles aquí.
González López fue sustituido por un sindicalista Claudio Farías, quien que había ocupado varias posiciones en el Metro de Caracas, incluyendo el de operador de estaciones. Este funcionario también fue presidente del Metro de Los Teques y duró en los cargos hasta el 2009. Lea más detalles aquí.
El proyecto de sistema integral (Obras Electromecánicas del Sistema) de la línea 2 del metro Los Teques San Antonio de los Altos, se otorgó en agosto del 2011 a la constructora Odebrecht, como una asignación directa a través de un cambio de alcance al contrato de la línea 2 que venía ejecutando el consorcio liderado por Odebrecht desde el año 2007 por un monto equivalente de US$ 889.999.998,99., monto que representa el 90% de monto del contrato inicial de US$ 979.424.234,93.
La entrega del referido contrato violó todas las normas de contratación vigentes para la fecha, que ordenaba proceder por medio de una licitación internacional, previa la definición en tiempo y forma de las especificaciones técnicas y de los requisitos de los vagones, vías férreas, electrificación, sistemas de control, estaciones y otros, como tradicionalmente se había realizado desde el año 1971, cuando se empezó a ejecutar primera línea de Metro en Venezuela (línea 1 ProPatria –Palo Verde del Metro de Caracas).
Este proceso debió haberse definido previamente al inicio del proyecto en el año 2006, mediante la implementación de un plan de contratación general para todas las obras requeridas por el Proyecto, involucrando en la licitación a empresas especializadas en el área electromecánicas. Sin embargo, no se hizo sino que se usó la vía irregular que nunca fue advertida por los órganos fiscalizadores ni autoridades encargadas de garantizar la transparencia de los procesos de contratación del Estado. Ver en la página 4 del contrato este aspecto.
Una de los aspectos reveladores de las irregularidades y de la complicidad que existió en la asignación de esta contratación es que Odebrecht no poseía -al momento de otorgar dicha asignación-experiencia previa demostrable en este tipo de obras para el sistema integral. La constructora brasileña solo poseía experiencia en el área civil y así estaba definido en el objeto del contrato original que colocamos al final de este reporte. Aquí en la página 8 puede observar este aspecto.
Otro dato importante que debe tomarse en cuenta para la evaluación de esta irregularidad es que a partir del 2006, todas las obras nuevas de construcción del Metro y sus sistemas alimentadores como Metro cables, Metro riel, Metro de Los Teques y Metro Caracas – Guarenas – Guatire, etc, fueron asignadas directamente a la constructora Odebrecht. Los documentos legales prueban que el contrato en análisis, al igual que el paquete de obras de la época fueron entregadas cuando José David Cabello ocupaba la cartera de Ministro de Infraestructura.
Destaca además que el financiamiento de las mencionadas obras no dependió exclusivamente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil(BANDES), involucrado en el caso de corrupción LAVA JATO, sino que también recibieron financiamiento del Estado venezolano a través de Créditos Adicionales del Presupuesto Nacional, Ley de Endeudamiento, y vía FONDEN y Fondo Chino Venezolano, PDVSA, entre otras partidas.
Para ejecutar el contrato de Sistema Integral Línea II Obras civiles El Tambor, Odebrecht subcontrató el sistema integral con el consiguiente sobreprecio a la empresa francesa ALSTOM, quien ha sido una contratista proveedora de esto servicios al Metro de Caracas desde sus inicios en 1983. La excusa presentada para justificar este monumental cambio en el alcance del contrato, era que el contratista estaba movilizado y estaba concluyendo las obras civiles y un plan de aceleración aprobado por Chávez.
En la carta # 0348 SI/11 el 15 de Agosto de 2011 del Metro Los Teques (enviada 7 días después de la firma del Contrato), firmada por Haiman Eltrudi en su carácter de presidente, les fue aprobada la cesión o delegación de los trabajos del sistema integral a las empresas subcontratadas por Odebrecht para el sistema integral (ALSTOM y otras ), lo que evidencia que Odebrecht no poseía la experiencia para este tipo de trabajos.
El alcance del trabajo de la línea 2 de Metro el Tambor -San Antonio, comprende un tramo de 12 km de vías y seis estaciones, con un total de 22 trenes. El contrato acordado tiene un sobreprecio escandaloso según puede apreciarse al comprar ese servicio con otro similar, hecho por la misma empresa, en este caso en la línea 2 del metro de Panamá, cuyo contrato para el sistema integral de 21 kilómetros de vías, 21 trenes y 16 estaciones le fue otorgado a ASLTOM el año de 2015 por el consorcio FFC – Odebrecht por un monto de US$ 300 millones. Ver todos los detalles aquí.
Cuando se revisa la naturaleza del proyecto panameño se observa el alcance de la línea 2 es significativamente mayor en longitud y número de estaciones, pero su costo a pesar de haberse otorgado 3 años después es apenas un 30% de lo que aparece asignado a la línea Los Teques -San Antonio, para el sistema integral (US$ 889.999.998,99).
Tal como se evidencia en la próxima imagen, la C.A Metro firmó de manera irresponsable y dolosa, un cambio de alcance por semejante monto, con solo establecer montos globales que luego serían desglosados en un plazo de 60 días, a partir de la fecha de firma del contrato.
Lo mencionado evidencia una flagrante violación a las normas de contratación y representa un daño patrimonial sin precedentes según los expertos. Así mismo evidencia que fue proceso amañado con sobreprecio, al no licitarlo previamente, ni haberse discutido las bases del precio mediante una consulta, para hacer un otorgamiento directo a Odebrecht.
La mayoría de las obras de Odebrecht están paralizadas
De acuerdo a las investigaciones hechas por la organización Transparencia Venezuela, la mayoría de las obras de Odebrecht en Venezuela, se encuentran paralizadas, pero los contratos todavía siguen vigentes y están generando costos millonarios al estado por estas paralizaciones, por cuanto no se ha formalizado la suspensión de estos, con arreglo de los contratos.
Las deudas de Venezuela con Odebrecht por todos los contratos que
ejecutaron y/o están en ejecución, de acuerdo a informaciones de prensa, están por el orden de US$ 5.000.000.000,00. Esto evidentemente demuestra los daños y perjuicios causados a la nación. Ese daño patrimonial sigue ocurriendo sin que los entres fiscalizadores y contralores del Estado actúen de manera responsable. Ni siquiera la Asamblea Nacional se ha dedicado a investigar este asunto hasta ahora.
Rescindir los contratos
Los contratos con la constructora Odebrecht pueden ser rescindidos aplicando la cláusula establecida en los mismos para tal fin. La cláusula K aplica a todas las contrataciones que actualmente mantiene Metro de Caracas con Odebrecht que incluyen la Línea V,
Metro Guarenas-Guatire -Metro-cable, la rehabilitación de la Línea 1, entre otros.
Para la aplicación de la norma debe demostrarse las causales que motivan a la suspensión del contrato, que se encuentran dentro de los numerales A hasta la M, específicamente la letra K, donde se menciona el pago de comisiones o regalías a funcionarios, tal como se confirmó en el acuerdo que firmó Odebrecht con el gobierno de los Estados Unidos, esto se configura en la base para, suspender el contrato y presentar una denuncia del Estado venezolano contra esta empresa, para tratar de resarcir los danos ocasionados al patrimonio nacional y a todos los venezolanos.
La clausula K dice lo siguiente: Por haber comprobado la compañía que el contratista ha suministrado datos falsos, ofrecido, prometido o pagado comisiones, regalías, obsequios u otros beneficios, a cualquier empleado de la Compañía o de los organismos públicos que puedan tener alguna relación con el contrato.
Transparencia Venezuela:
obras de Odebrecht están paralizadas
En un informe de la organización no gubernamental Transparencia Venezuela sobre las obras del Estado, Recursos Destinados a las mismas y Plazos de culminación de obras y empresas contratistas se enumeran una serie de irregularidades e inconsistencias que observaron los investigadores en la ejecución de las principales obras de transporte y vialidad pública ejecutada en los últimos años por el gobierno venezolano.
En el informe se señala se hizo una evaluación de las siguientes obras:
- Sistema Ferroviario Nacional Centro Occidental Simón Bolívar
- Sistema Ferroviario Central Ezequiel Zamora
- Sistema Ferroviario Centro Oriental Tramo Tinaco-Anaco
- Línea 5 Metro de Caracas
- Línea 2 Metro de Valencia
- Línea 2 Metro de Los Teques
- Rehabilitación Línea 1 Metro de Caracas
- Tercer Puente sobre el Río Orinoco
- Metro Cable Mariche
- Metro Guarenas-Guatire
- Línea 2 Metro de Maracaibo
- Segundo puente sobre el Lago de Maracaibo
Transparencia Venezuela presentó las variaciones de los recursos asignados a las obras seleccionadas para el estudio desde su fecha de inicio hasta la última rendición de cuenta presentada en la Memoria y Cuenta 2015.
La grafica anterior muestra la diferencia entre los montos originalmente asignados y las distintas modificaciones presupuestarias realizadas por el ejecutivo para la culminación de la obra, se puede observar como en todos los casos existe un incremento significativo en los recursos disponibles para cada uno de los proyectos.
El reporte destaca que una manera de observar cómo se ha gestado una política de planificación errada en el uso de los recursos públicos, es denotar el incremento porcentual de las inversiones requeridas para ejecutar los proyectos mencionados.
El informe hace referencia -entre otros aspectos- a la variación porcentual de los recursos destinados donde se presenta una relación entre los recursos inicialmente destinados para la ejecución de las obras y los montos reportados (2015) sobre el costo total de las obras; los principales casos a destacar son las variaciones observadas en la ejecución de los proyectos, donde se destaca el desarrollado en este trabajo.
Otra información a destacar, es que todas las obras reseñadas presentan incrementos significativos en las inversiones requeridas para su culminación, si se agrega toda la información recopilada, se obtuvo un incremento porcentual de 302% sobre el total de recursos necesarios para ejecutar los distintos proyectos, dice el reporte.
En los últimos años el sobrecojo presentado en las 12 obras estudiadas en el informe representan una pérdida neta de Bs. 222.082.491.665 para la república, recursos que de haber existido una gerencia competente y un manejo financiero adecuado que cumpliese con los plazos originalmente establecido en los distintos proyectos, pudieron ser destinados a atender otra de las necesidades presentes en nuestra sociedad.
Empresas Contratistas
Otro de los elementos destacados en el informe son las empresas contratistas encargadas de la ejecución de las distintas obras, la información disponible en el registro nacional de contratista permitió la consolidación presentada a continuación:
Se resalta en el informe que la empresa brasileña Odebrech cuenta con 5 proyectos del total de los 12 investigados.
El informe de Transparencia Venezuela advierte que las contrataciones producen un daño al patrimonio público por omisión, retardo o negligencia en las actividades previas a la contratación o en la administración del contrato, lo cual es causal de responsabilidad administrativa y funcionarial conforme a lo establecido en el Art. 91 numeral 2 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF) y a la Ley del Estatuto de la Función Pública.
Asimismo, señala que se presume el incumplimiento reiterado de las metas señaladas en los proyectos de obras, cuya justificación no se desprende de la información pública, lo cual es causal de responsabilidad administrativa conforme al Art. 91 numeral 10 LOCGRSNCF.
Advierte que el incumplimiento de los principios y normas de la Ley de Contrataciones Públicas (LCP), específicamente los relacionados con la economía, planificación transparencia y eficiencia, lo cual es causal de responsabilidad administrativa conforme al Art. 166 numeral 3 de la LCP.
Además señala la existencia de un posible delito de peculado o corrupción propia establecido en la Ley contra la corrupción, en virtud del importante incremento de los precios iniciales y de las investigaciones de corrupción realizadas por las autoridades brasileñas que culminaron con la sentencia a 19 años de presión del presidente de la empresa Odebrecht.