Consultoría jurídica avaló contrataciones a dedo de PDVSA Servicios

Por Maibort Petit
@maibortepetit

Una comunicación dirigida por el gerente de Consultoría jurídica de PDVSA Servicios, Alexis Chacón, a las distintas unidades de la filial de Petróleos de Venezuela, S.A., le dio el visto bueno a la decisión adoptada en 2011 por el entonces ministro de Energía y Petróleos y presidente de la estatal petrolera, Rafael Ramírez, de proceder a hacer adjudicaciones directas en los procesos de contratación con las diferentes empresas con las que la empresa procediera a hacer negociaciones.

El memorando de fecha 14 de abril de 2011 referido a las “Adjudicaciones directas contrataciones internacionales Costa Afuera”, Alexis Chacón comunica a los distintos despachos de PDVSA Servicios que “siguiendo estrictas instrucciones del Ing. José Luis Parada”, presidente de la filial petrolera para la fecha, “todas las contrataciones costa afuera serán autorizadas por la presidencia de la filial, previa revisión y visado de esta Consultoría Jurídica”.

Añade que todas las contrataciones se realizarán bajo la modalidad de adjudicación directa, una decisión que justifica en la “emergencia operacional declarada en fecha anterior por el ciudadano Ministro Presidente”.

Chacón giró instrucciones para que las unidades contratantes procedieran a remitir a la Consultoría Jurídica “todos los expedientes en curso, para agilizar los procesos de contratación y poder revisar toda la documentación (Fianzas y Pólizas)”.

Advirtió Chacón finalmente, que cualquier proceso que no cumpliera con estos lineamientos, sería desconocido y el analista y gerente de unidad contratante, habría de ser objeto de sanciones disciplinarias.

En un mesaje publicado en su cuenta de la red social Twitter, Alexis Chacón dice”Yo no soy culpable, José Luis Parada me obligó hacer los cambios del contrato (plataforma semisumergible Aban Pearl) salvo amenazas de despido”, tratando de desligarse de las evidencias que muestran que fue el responsable de cambiar las cláusulas del contrato de alquiler de la plataforma que representó pérdidas enormes al patrimonio de Petróleos de Venezuela.