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La política de expropiaciones desarrollada por el gobierno de Hugo Chávez continúa generando pérdidas millonarias para la república. En 2011, Venezuela expropió un proyecto de minería de oro de la canadiense Crystallex, lo que llevó al fallo de arbitraje en 2016 que generó una deuda por casi USD 1.400 millones de dólares. En 2018, el régimen de Nicolás Maduro privilegió los pagos de un acuerdo con la trasnacional canadiense por encima de otros acreedores. El convenio (secreto) no fue aprobado por la Asamblea Nacional que es el poder encargado de darle legalidad a los compromisos de la república. Aunque las cartas pareciera que están echadas, no hay claridad sobre este asunto que podría conllevar a la pérdida de grandes activos de la nación.
Por Maibort Petit
@maibortpetit
La minera canadiense Crystallex ganó un caso de arbitraje en contra del Estado venezolano en 2016, por un monto de USD 1.202 millones más intereses y gastos. Desde entonces, la empresa inició diversos litigios para el cobro de la deuda, incluyendo una demanda en la corte federal de Delaware para intentar ese cobro ejecutando las acciones de PDVSA en PDV Holding, Inc., la empresa matriz de CITGO.
En agosto de 2018, el juez federal de distrito, Leonard Stark, en Delaware, consideró que Crystallex podía vender en subasta pública las acciones propiedad de PDV Holding, Inc., lo que implicaría la pérdida de control de CITGO.
Poco después, el 10 de septiembre de 2018, el gobierno de Nicolás Maduro y Crystallex celebraron un acuerdo que modificó los términos de la transacción anterior firmada en 2017. En esta ocasión, Crystallex obtuvo un pago de 425 millones de dólares. En el contexto de esta negociación, lo primero que llama la atención es la rapidez con la cual se obtuvo el pago de más de un tercio del monto total adeudado.
Lo más sorprende sucedió poco después, en el juicio que Crystallex sigue por la apelación que se lleva a cabo en Delaware por la sentencia que afecta a CITGO. El 27 de diciembre de 2018, Henry Rodríguez, quien trabaja en la Procuraduría General de la República, dijo que Crystallex había cambiado el texto de la transacción inicialmente.
Según declaraciones juradas que forman parte del expediente, el abogado de la Procuraduría, señala que el texto original de la transacción en español, sólo abarcaba a la república, pero en la versión en inglés, Crystallex incluyó también a PDVSA. Fue esa traducción al inglés la que una vez firmada, ha sido utilizada en las cortes, incluyendo el tribunal de Canadá, país en el cual Crystallex mantiene un proceso de bancarrota.
Los documentos señalan que la transacción fue firmada por Reinaldo Muñoz Pedraza en octubre de 2018, esto a pesar de que la Asamblea Nacional ya había declarado que Muñoz Pedraza no ha sido debidamente designado Procurador y, por tanto, no está facultado para suscribir válidamente ningún documento que comprometa a la república.
Finalmente, Crystallex recibió el pago con fondos del Estado venezolano, a pesar de que la Asamblea Nacional no ha aprobado el presupuesto y, por tanto, no era posible efectuar ningún gasto válidamente.
La transacción de Crystallex deja varias interrogantes:
1. ¿Por qué el régimen de Maduro aceptó reconocer la totalidad del monto reclamado por Crystallex y pagarle casi un tercio?
2. ¿Por qué el gobierno de Maduro, que ha incumplido diversas obligaciones, decidió pagar ese monto a Crystallex?
3. ¿Por qué Crystallex cambió el texto de la transacción firmada, según fue declarado por el abogado de la Procuraduría?
Por ahora estas preguntas no tienen respuestas.
Otros detalles del caso
Crystallex International Corporation entró a operar en Venezuela en 2002, a través de un Contrato de Operación, en conjunto con la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) para explotar las minas de oro “Las Cristinas”, localizadas en el estado Bolívar. El contrato fue cancelado por el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez en 2011, lo que generó que minera interpusiera un recurso de arbitraje en 2012 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por USD 3.400 millones el cual estaba basado en los tratados de Inversión entre Canadá y Venezuela. En 2016, el CIADI falló a favor de Crystallex, obligando a Venezuela a pagar USD 1.400 millones (USD 1.200 millones más USD 0.2 millones en intereses desde esa fecha, a 6 meses tasa LIBOR, más 1 por ciento de interés aproximadamente el 3,75 por ciento PA hasta que la deuda se pagara por completo).
Los pagos
La evaluación cronológica de los documentos del caso señala que para el 4 de abril de 2016 la deuda original del arbitraje a favor de Crystallex era de USD 1.202.000.000.00.
El acuerdo señalaba que si Venezuela no cumplía con los pagos acordados antes del 10 de enero, Crystallex reiniciaría los procedimientos legales. Así, Crystallex y Venezuela llegaron a un arreglo en 2018, en el que el país mantuvo el acuerdo de pago luego de transferir USD 74.638.998,43.
Se desconoce oficialmente cuántos pagos ha hecho el gobierno de Venezuela a Crystallex y los montos de los mismos. Sin embargo, se han observado que los términos del precipitado acuerdo firmado entre las partes para evitar la confiscación de CITGO, luego que la corte aceptara el argumento de que PDV Holding Inc. es que el alter-ego de PDVSA, lo que otorgó a Crystallex los derechos sobre las acciones de la citada empresa —PDV Holding Inc— y, por ende, de la filial en territorio estadounidense.
Según los documentos legales, el acuerdo contiene dos tipos de pagos: Una erogación inicial de USD 425.000.000 y el saldo restante, que de acuerdo al contrato es de USD 814.632.217, dividido en 34 pagos, que deberían comenzar a efectuarse el 1° de febrero 2019 y terminar el 28 de enero del 2021.
La suma de los pagos que se han hecho, así como están por hacerse, suman un total de USD 1.314.271.214,43, una cantidad que resulta USD 112.271.214,43 millones por encima de la cifra premio concedida por el CIADI.
Asumiendo que Crystallex haya decidido cobrar intereses por la deuda entre el momento del premio y la fecha del acuerdo, la tasa de interés que se corresponde con ese aumento está en un rango entre 3,34 por ciento y 3,42 por ciento anual, según el momento en el que se hayan hecho los pagos que suman USD 74.638.998,43. A partir de ahí, el acuerdo no contempla ninguna tasa de interés, sólo divide el monto de la deuda total al momento de realizar el acuerdo (USD 1.239.632.216), en dos partes, que se pagan una al inicio (USD 425.000.000) y otra parte (USD 814.632.217) pagaderos en 34 cuotas a lo largo de dos años, y que no conllevan ningún tipo de interés.
Los documentos también señalan que durante toda la duración del contrato, la república se compromete a mantener en garantía activos por el valor de 120 por ciento del monto a pagar en cuotas, conocido como lo “sustancialmente habitual”. En cualquier caso, dada la garantía sustancial en activos líquidos, la tasa de interés debería ser baja y, en efecto, es cero. Asimismo, se sabe que el acuerdo como tal no tiene términos excesivos.
Hasta ahora se desconocen las razones por las cuales, eventualmente, Crystallex decidió capitalizar intereses de entre 3.34 por ciento y 3.42 por ciento anual por el tiempo transcurrido entre la fecha del premio y el acuerdo, y no haya decidido tener intereses mínimos (dada la garantía) en el resto del acuerdo.