Según una nota publicada por la agencia EFE, Álex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, presentó este lunes su caso de extradición de Cabo Verde a Estados Unidos ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO).
Saab fue detenido el pasado 12 de junio cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amílcar Cabral de la isla de Sal, a solicitud de una orden de arresto emitida por los Estados Unidos y que cursada a través de Interpol por supuestos delitos de blanqueo de dinero.
El abogado nigeriano, Femi Falana, dijo: «Estamos objetando la legalidad de su detención» ante el tribunal de la CEDEAO, organismo con sede en Abuya (Nigeria) y del que es miembro Cabo Verde.
Cuando fue detenido Saab, Venezuela alegó que es un ciudadano venezolano y un «agente» del Gobierno que estaba «en tránsito» en Cabo Verde, por lo que sus abogados sostienen que «tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela».
«Estamos cuestionando todo el proceso y estamos pidiendo una indemnización porque ha sido detenido ilegalmente», insistió Falana, sin concretar esa compensación.
La corte africana tiene jurisdicción para escuchar quejas individuales sobre posibles violaciones de derechos humanos desde la aprobación de su protocolo de 2005.
El abogado hizo énfasis en que «los derechos humanos deben ser respetados en la región por todos los miembros de la CEDEAO» y añadió que también se solicitaron «medidas protectoras» para Saab.
Preguntado si esta acción emprendida ante el tribunal de Abuya podría detener la extradición de Saab a EE.UU., Falana respondió que ésa es «parte de la reclamación» interpuesta ante la corte.
«Porque cualquiera que entre en un país africano, sólo puede ser expulsado o extraditado mediante el debido proceso. Tienes que cumplir la ley», argumentó el letrado, al recalcar que «EE.UU. no tiene un tratado de extradición con Cabo Verde».
A su juicio, se trata de «algo elemental en la legislación internacional: sin un tratado de extradición, no se puede extraditar a alguien».
Frente a ese argumento, el procurador general de Cabo Verde, José Landim, reconoció a Efe el pasado julio que su país «no tiene un acuerdo bilateral de extradición con Estados Unidos, pero está vinculado a las convenciones de las Naciones Unidas que le obligan a cumplir con la solicitud si se hace».
Tanto el Gobierno como un tribunal del país insular africano han aprobado la extradición del empresario colombiano a Estados Unidos, si bien la defensa ha presentado un recurso de apelación contra la decisión de esa corte ante el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) de Cabo Verde.
Según Falana, «cualquiera que sea la decisión del STJ de Cabo Verde, todas las partes tendrán que esperar a la decisión del tribunal de la CEDEAO».
«Estamos seguros -agregó- de que el tribunal (de Abuya) considerará el caso con rapidez dado que atañe a la libertad del detenido».
Tras mantener un bajo perfil en Colombia, el nombre de Saab, de 48 años, apareció en la prensa cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.
El empresario, nacido en Barranquilla (Colombia) y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, cuyas ayudas se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron, al parecer, con «cientos de millones de dólares».
Washington también presentó cargos contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares (unos 296 millones de euros) supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
Según EE.UU., entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015 Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso. EFE